Por Jorge Basilago*
La primera transmisión radial de la historia cumplió 100 años el pasado 27 de agosto. Vista desde la perspectiva de su primer centenario, aquella no fue exclusivamente una iniciativa comercial o artística –aunque llegara a serlo en el futuro- sino también política: ampliar el alcance y los horizontes de ciertas manifestaciones, democratizar el acceso a ellas, y pensar esa nueva herramienta tecnológica como un servicio cultural accesible a toda la población. Tal vez, por eso, sus responsables fueron conocidos, desde entonces y para siempre, como “Los locos de la azotea”.
Desde aquel lejano 1920 hasta hoy, en todo el mundo, la radio registra un trayecto de avances, retrocesos, luchas y logros sobre el cual merece la pena reflexionar en profundidad. No solo para valorar y contextualizar ese proceso, sino para proyectar sus enseñanzas sobre el desafiante universo de las comunicaciones actuales y futuras. Esa fue la motivación de los investigadores Inés Binder (Argentina) y Santiago García Gago (España) para coescribir el libro Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales, que acaba de publicarse con el apoyo del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (Citsac), el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung (C3 FES) y la Catholic Agency For Overseas Development (Cafod).
Encender las ondas
Como quedó dicho, este año se cumplen 100 de la primera programación de radio. Hasta entonces, desde varios lugares del planeta, muchos habían transmitido experimentalmente a través de las ondas radioeléctricas. Pero fue el 27 de agosto de 1920 que Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico –los ya mencionados “locos de la azotea”–, transmitieron desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires la ópera Parsifal de Wagner. “Ese mismo año, la KDKA de Pittsburgh comenzaría el primer servicio radiofónico regular en el mundo”, señala Inés Binder.
La radio se extendió rápidamente: “Era un medio barato de emitir y recibir y, al contrario que los periódicos, no requería saber leer para acceder a sus contenidos”, reflexiona Santiago García Gago. Pero las emisoras que aparecían, en sus primeras décadas de existencia, no se utilizaron solamente para transmitir noticias, música o publicidad. Muchos sindicatos y escuelas de Estados Unidos hicieron uso de las ondas para defender los derechos de los trabajadores o educar a quienes no podían acercarse a una escuela formal.
Esta tradición de “medios no comerciales” inició en América Latina en 1947 con la aparición de La Voz del Minero, la radio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en el campamento Siglo XX de Potosí. Meses más tarde, el sacerdote José Joaquín Salcedo llegó a Sutatenza, un pequeño pueblito colombiano y fundó Radio Sutatenza con el objetivo de eliminar el analfabetismo de la comunidad.
Durante los años 60 y los 70 del siglo pasado, las emisoras de este tipo proliferaron por toda América Latina, sobre todo de la mano de la Iglesia Católica que las utilizó como un medio para la alfabetización y la evangelización. “En Ecuador, a pesar de que el término ‘radio comunitaria’ se popularizó a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, esta clase de medios se originó a inicios de los 60”, advierte Binder. Concretamente fue en 1962, cuando por iniciativa de Monseñor Leónidas Proaño se fundaron las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE).
“Era un medio barato de emitir y recibir y, al contrario que los periódicos, no requería saber leer para acceder a sus contenidos”.
— Santiago García Gago
Experiencias y movimientos
A medida que se fueron multiplicando las experiencias, el movimiento de radios comunitarias se fue consolidando y adquiriendo demandas propias: el acceso a frecuencias, la pluralidad de actores ante la concentración en la propiedad de los medios, la diversidad de voces, las agendas informativas de base y el derecho a no ser perseguidas, entre muchas otras. “El derecho a la comunicación, un concepto paraguas que aúna garantías como la libertad de prensa, de expresión, de reunión, a la educación o la cultura –y que es un derecho ciudadano, no exclusivo de los medios–, se convirtió en la bandera del sector”, remarca García Gago.
A fines de los años 70, la comunidad internacional se hizo eco de estos debates y comenzó a estudiar los problemas internacionales de la comunicación a través de una comisión convocada por la Unesco. La comisión, llamada MacBride en alusión a su presidente –el activista y político irlandés Sean McBride, Premio Nobel de la Paz 1974-, recogió el guante del Movimiento de Países No Alineados que proponía un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic).
El informe final de aquella comisión denunció el desequilibrio de los flujos informativos entre el Norte y el Sur; y cómo “la concentración de las tecnologías de las comunicaciones en un número relativamente pequeño de países desarrollados y corporaciones transnacionales”[1] afectaba de manera global a los contenidos y enfoques que se difundían. “Pero las presiones de Estados Unidos y el Reino Unido, escenificadas en su partida de la Unesco, lograron enterrar el informe y encauzar a esta organización nuevamente en la tradición norteamericana de la libertad de los flujos informativos que condena cualquier tipo de intervención en el sistema de medios”, lamenta Binder.
Hubo que esperar varias décadas hasta que en América Latina se aprobaron las primeras legislaciones para el sector, que no sólo reconocían a los medios comunitarios, sino que les reservaban cierta parte del espectro para que pudieran transmitir: Uruguay (2007), Argentina (2009), Bolivia (2011) y Ecuador (2013). A pesar de que los citados gobiernos quisieron apropiarse de este logro, en la realidad no hicieron más que capitalizar todo el trabajo previo del movimiento de medios comunitarios, que reclamaba desde años atrás el dictado de políticas públicas específicas para este sector.
Del resumen a la propuesta
Este apretado resumen sobre las radios comunitarias y el derecho a la comunicación se puede leer con más detalle en Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales. “En el libro, repasamos los argumentos de los medios comunitarios en defensa de su derecho a acceder a las frecuencias de radio y televisión para expresar libremente su palabra”, enfatiza García Gago.
Pero el texto no se agota en el repaso histórico. Binder y García Gago dedican un par de capítulos a analizar como se conformó la llamada “Sociedad de la Información”, en un contexto profundamente marcado por la agenda neoliberal de la década de 1980 –con la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente estadounidense Ronald Reagan como sus adalides– y cómo este enfoque terminó determinando el desarrollo posterior de las telecomunicaciones.
La penetración de las tecnologías digitales ofrecía una idea de democratización de la comunicación mediada en la que todas y todos participaríamos, sin distinción, de la esfera pública conectada. Y, aunque parte de esas promesas pueden parecer ciertas, el panorama mediático se ha vuelto cada vez más complejo, con muchos menos actores y cada vez más concentrados, ahora a escala global. “Pensemos en las principales empresas tecnológicas –GAFAM, en Occidente; y BATX, en Oriente[2]– y en los grandes conglomerados de medios –Disney, Comcast, WarnerMedia y ViacomCBS–. La concentración mediática informacional ya no se mide a escala nacional, sino internacional”, detalla Binder.
A mediados del siglo XX, los sindicatos mineros hicieron de la comunicación mediada una aliada estratégica de su lucha política, impulsando a través de la radio procesos de organización social para alcanzar una mejora de las condiciones laborales. “El reclamo de las radios comunitarias por el acceso al espectro radioeléctrico no era por las licencias en sí, sino por los derechos que ampliaba la posibilidad de exigir”, apunta García Gago.
Lo mismo ocurre con las tecnologías digitales: los investigadores sostienen que la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo tecnológico abierto, descentralizado, comunitario, justo y sostenible resulta indispensable para garantizar los derechos humanos en esta era. Muchas comunidades ya están ensayando estos modelos y radios comunitarias de toda la región son parte de estas iniciativas: gestionan redes comunitarias de Internet y telefonía celular, usan y desarrollan software libre, comparten sus contenidos con licencias libres, administran servidores autónomos, y cuidan su privacidad y seguridad digitales.
Politizar la tecnología es una llamada a la acción para que las radios comunitarias asuman la defensa del derecho a la comunicación en los territorios digitales. Binder y García Gago afirman que las radios comunitarias tienen un rol central ante el desafío de politizar la tecnología: “No sólo por su lectura inequívoca sobre cómo la concentración de medios resulta una amenaza para la democracia, sino porque esto las concierne directamente: las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas vitales para impulsar una comunicación transformadora”, concluye Binder. Y para que la radio, en nuevos formatos y formas, siga viva otros 100 años más.
“El reclamo de las radios comunitarias por el acceso al espectro radioeléctrico no era por las licencias en sí, sino por los derechos que ampliaba la posibilidad de exigir”.
— Santiago García Gago
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
Foto principal: Portada del Libro Politizar la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales.
Referencias:
[1]MacBride, S. y otros (1980). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, p. 220,
[2]GAFAM se refiere a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft; mientras que BATX, se refire a Baidu, Alibaba, Tencent, y Xiaomi.
