POLÍTICAS Y MODELOS AGRARIOS EN EL ECUADOR: ENTRE LA MODERNIZACIÓN Y LA REFORMA. por Napoleón Saltos Galarza

Ponencia presentada sobre la POLITICA AGRARIA en la reunión del Grupo de Trabajo de la Clacso la semana pasada.

POLÍTICAS Y MODELOS AGRARIOS EN EL ECUADOR: ENTRE LA MODERNIZACIÓN Y LA REFORMA[i]

Napoleón Saltos Galarza

Quito, octubre de 2011

 “Somos como la paja del páramo, que cuando se quema, vuelve a brotar”.

Dolores Cacuango, Dirigente Indígena ecuatoriana

 No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra.

José Carlos Mariátegui[ii]

 “…más grave que el problema de la falta de acceso a tierra etc., es el problema de la PRODUCTIVIDAD, tenemos una productividad agrícola demasiado baja y en la economía campesina sencilla, la no capitalista, esa productividad es desastrosa.”

Rafael Correa Delgado[iii]

 Resumen

La base del problema agrario está en la propiedad de la tierra y el agua. La propiedad agraria es una relación compleja, en donde hay que restablecer el carácter vital de la madre-tierra y la diversidad de los actores – clases, etnias, grupos económicos y de poder, instituciones –; por lo cual es necesario pensarla como modelos de desarrollo agrario. En el Ecuador existen actualmente cinco modelos: tradicional-oligárquico, agroindustrial, agronegocio con contrato vinculado de la producción campesina, vía campesina, plurinacional; con distribuciones territoriales y articulaciones de actores orgánicos. La política del régimen se mueve entre la agroindustria y el agronegocio, desde una visión de modernización sin reforma, y como parte de un modelo extractivista y reprimarizador del país, dentro de la lógica de la nueva división internacional del trabajo agrícola, del predominio de la renta tecnológica sobre la renta de la tierra y del ordenamiento regional en torno al IIRSA. Esta política consolida una nueva hegemonía, obtiene respaldos electorales, subordina la vía campesina y excluye al modelo plurinacional. La resistencia antisistémica se ubica en los puntos de reproducción ampliada del capital global, en la resistencia al modelo extractivista: el signo actual es la Consulta Comunitaria en Quinsacocha. El modelo plurinacional tiene potencialidades de alternativa, que parte de una reforma agraria integral.

 El tiempo agrario global

Cuatro procesos inciden en el problema agrario global actual:

(i)                 la financiarización del agro, con el incremento especulativo de los precios internacionales de los productos agrícolas (conmodities), a partir sobre todo el 2006 y que tiene los picos de la burbuja en el 2008 y el 2010-2011;

(ii)               el desplazamiento al predominio de la renta tecnológica sobre la renta de la tierra, con la orientación de la producción agrícola para consumos no-humanos, en particular el agro-combustible, como parte de un modelo extractivista integral;

(iii)             un nuevo proceso de concentración y acaparamiento de tierras tanto a nivel local como transnacional como fundamento de una nueva fase agroexportadora neoliberal;

(iv)              la crisis ecológica que muestra los límites estructurales del actual modo de explotación capitalista de la naturaleza.

Estos procesos han desembocado en una crisis agraria global que se presenta como crisis alimentaria y crisis ecológica, en donde el problema de la tierra, del agua y de la biodiversidad se coloca en el centro de la economía real.

El movimiento cíclico del capital ha conducido a una nueva fase de capital rentista-financiero, bajo la forma de “acumulación por desposesión”.[iv] Pero ya no se trata de la vieja forma de la renta de la tierra articulada al comercio de los estados nacionales y a la agroalimentación, sino que estamos ante una nueva forma de renta, la renta tecnológica que subordina a la forma arcaica.[v] La punta visible de esta nueva renta es el modelo de “agro-combustibles”; su forma integral es más bien el modelo extractivista reprimarizador asignado a América Latina en la nueva división internacional del trabajo, a partir de los impactos de la tercera revolución científico-técnica y de las estrategias del capital ante la crisis.

Para nuestro Continente, las décadas del 80 y 90 son el período del “ocaso de la Reforma Agraria,”[vi] y del paso a una “nueva fase productiva, a la que Blanca Rubio llama agroexportadora neoliberal, en la cual las agroindustrias transnacionales controlan el mercado agroalimentario mundial. Se trata de una forma de subordinación de la agricultura desestructurante y depredadora.”[vii]

Una fase en “que las grandes empresas agroalimentarias despliegan un poder y control sobre la producción campesina simulando que pueden prescindir de ella, aunque la producción nativa constituye la fuente principal de su abastecimiento, por lo que la explotación que ejercen sobre los campesinos resulta crucial para su rentabilidad, debido a que los campesinos son capaces de producir a precios bajos y sin subsidios ni apoyos oficiales, lo que permite que las agroindustrias multinacionales obtengan elevadas ganancias. Un modelo alimentario mundial perverso, que ha erradicado la renta de la tierra y somete a los campesinos a una expoliación extrema del excedente, a la vez que impone una visión social donde éstos son vistos como un sector atrasado, premoderno y prescindible. Entonces, les arrebata sus excedentes así como su sentido de utilidad social.”[viii]

” Por dominio excluyente Blanca Rubio entiende una forma de explotación y  subordinación que no es capaz de reproducir las clases subalternas en su condición de explotados, sino que tiende a excluirlos debido a su carácter depredatorio. En el caso de los campesinos, la imposición de precios no rentables y la sustitución de producción nacional por importada desgasta la unidad productiva, con lo cual resultan excluidos de la producción y no logran reproducirse como explotados. Ella identifica tres sectores del capital que impulsan la subordinación excluyente  comandan el nuevo modelo de desarrollo: el sector especulativo financiero, el sector industrial transnacional y el sector agroalimentario transnacional.”[ix]

Con desfases y ritmos diferentes, éste es también el tiempo agrario en nuestro país. Durante los 60 y parte de los 80 está en el centro el tema de la reforma agraria. La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979 inicia un desplazamiento de la reforma al desarrollo y fomento agropecuario. Este viraje desemboca en el represamiento de un centenar de conflictos de tierra, que son la palanca para el resurgimiento de la lucha por la tierra, esta vez ligada a la visión étnica-indígena, bajo el liderazgo de la CONAIE, a partir del levantamiento del 90.

La Ley Agraria del 94 es el punto de inflexión de este viraje: de un lado, desemboca en la legalización de la política neoliberal en el agro, aunque con algunos elementos resultantes de la resistencia indígena; y de otro, allí se da la última lucha importante de la CONAIE en torno al problema de la tierra. Entramos en un largo período neoliberal, dominado por la “empresa agrícola”, orientada al mercado externo, y que tiene en las flores, la palma y el azúcar sus productos estrella.

El problema  agrario empieza a reemerger al inicio del nuevo milenio  desde las luchas sociales, bajo las nuevas formas de la soberanía alimentaria, vinculadas a los temas ambientales y ecológicos y a la resistencia al modelo extractivista.

No falta en el régimen de País la visión del problema y el propósito de solución, sobre todo en el discurso de la primera fase: “El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y los activos productivos que no cumplen su función social (…). La presente estrategia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en el que los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente nocivos al intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización creciente entre campo y ciudad”[x]

La pregunta es saber si los gobiernos “progresistas” rompen esa tendencia, o más bien se enmarcan en el dilema de la modernización sin reforma. Saber si pueden surgir nuevos puentes y fantasmas que recubren las prácticas extractivistas en el lenguaje de la revolución y la integración: el retorno de la utopía tecnológica o del discurso de la productividad para compaginar desarrollo y biodiversidad, la lógica extractivista de la IIRSA como eje de la integración continental.

“En América Latina, y en especial en los países del Cono Sur, el modelo de los agronegocios es hoy el gran proyecto político que domina los criterios de inserción de nuestra región en el mercado global. El proceso de territorialización productiva del agronegocio, como eje de integración de la región, concretada y visibilizada en el mega plan de los proyectos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sur América), determina el sometimiento de los ecosistemas y de los recursos naturales para la producción de materias primas de exportación, impuesta como la única vía de desarrollo y de progreso de nuestros países.”[xi]

Las resistencias antisistémicas de los pueblos y los movimientos sociales se condensan precisamente allí en donde se garantiza la reproducción ampliada del capital global: el conflicto del TIPNIS en Bolivia y la Consulta Popular de Quimsacocha en Ecuador son los signos actuales.

 Tierra y agua

La base de la cuestión agraria está en las relaciones de propiedad de la tierra y el agua, relaciones entre sujetos – individuos, clases, pueblos, nacionalidades, grupos económicos, grupos de poder, naciones y estados, países –. Estas relaciones toman diversas formas históricas y estructurales: estamos en el tiempo del dominio de las relaciones capitalistas, pero se entrecruzan otras formas históricas; y a su vez las formas capitalistas se presentan en variedades y combinaciones complejas.

La propiedad no se reduce al título jurídico, sino que parte de su ejercicio económico, el poder de explotación del trabajo y de su valor por la mediación de la propiedad de la tierra; por ello el centro de las relaciones de propiedad está en el proceso de la renta de la tierra. No se trata de la tierra únicamente como medio de producción, sino más bien como “naturaleza”, como espacio vital, como “madre tierra/pacha-mama”.

La cuestión agraria en el Ecuador tiene sus propias formas y ritmos. Estamos en una fase de cambios cíclicos del capital, pero también encontramos gérmenes de salidas antisistémicas.

El problema de la tierra es un carbón ardiente en manos no sólo de los poderes oligárquicos, sino también de los gobiernos “progresistas”. En las nuevas constituciones el énfasis está en la soberanía alimentaria (Art. 13) o en derechos de la naturaleza (Art. 10) o en el derecho al agua (Art. 12), pero no se puede mencionar el derecho a la tierra para quien la trabaja.

Sin embargo hay una excepción clave: en el Artículo 57 se reconoce los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades a:

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

Se llega incluso a reconocer el derecho a:

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

 Aunque inmediatamente regresa el límite de la democracia liberal, al eliminar el carácter vinculante de la consulta previa:

 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

 Quizás el punto de ruptura está en la vinculación del problema de la tierra con la perspectiva del Estado plurinacional, asentado en el poder del ethos barroco, en la posibilidad de construir una alternativa desde la combinación de nuestra identidad civilizatoria: Latinoamérica es a la vez extremo-occidente y una de las formas de la originalidad “oriental”[xii]

 El retorno de la reforma agraria

La reforma agraria en el marco del Estado nacional estuvo en el centro de las propuestas desarrollistas de los 60 y 70. El neoliberalismo significó no sólo el abandono de esta orientación sino un nuevo proceso de reconcentración monopólica de tierras y aguas, pero esta vez vinculada al capital financiero global.

Retorna la necesidad de una reforma agraria, pero ya no en el marco del Estado nacional y de un modelo desarrollista, sino en el enfrentamiento al capital financiero y rentista global y como fundamento de un proyecto de transformaciones estructurales.

El retorno de la necesidad de la reforma agraria parte de la presencia de un nuevo ciclo de concentración monopólica de la tierra y aún mayor del agua. “El Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra… El coeficiente de desigualdad en el acceso a la tierra (Gini sobre la tierra) es de 0,81.”[xiii] Geográficamente la mayor inequidad se concentra en la Cuenca del Guayas, Cañar y Carchi.

Según el Censo del 2000,[xiv] en el país hay 882.842 UPAS y 12´355.831 hectáreas de tierra agrícola, es decir el 47,97 del territorio está bajo producción de las UPAs. De esta superficie, el 60,40% está dedicado a uso agrícola y el resto tiene otros usos. Solo 29% de la superficie total del país está bajo labor agropecuaria, a lo que se suma un 15,7% de tierras dedicadas a la producción agropecuaria asociada con vegetación natural; entre tanto se amplía peligrosamente la frontera agrícola con la invasión a tierras vírgenes”,[xv] sobre todo en los ecosistemas de páramo y de áreas de alta biodiversidad. “En la actualidad, en el Ecuador no es posible ampliar la frontera agrícola sin poner en grave riesgo la salud de los ecosistemas del país.”[xvi]

Las UPAS de menos de 5 Has representan el 63,51% y controlan apenas el 6,27% de la superficie. El 97,68% de las UPAS son menores a 100 Has y concentran el 57,42%, mientras en el otro polo, las UPAS superiores a 100 Has representan el 2,32% y controlan el 42,58% de la tierra. Y en el extremo superior, el 0,001% de las propiedades más grandes, es decir, 826 propietarios con superficies superiores a 640 Has controlan el 13,7% de la superficie agrícola.

En el diagnóstico coincide también el régimen. El “Plan Tierras”, elaborado por SENPLADES y el MAGAP en el 2010, identifica cerca de medio millón de productores familiares sin tierra y un poco más de medio millón que necesitaría mejorar su acceso a la tierra.[xvii]

El Plan del Buen Vivir del 2009 plantea hasta 2013 reducir el índice de concentración de la tierra en un 22%, del 0,78 al 0,61, “a través del traspaso de 2.500.000 has a campesinos, mediante tres procedimientos; primero, la entrega de 69.000 hectáreas en manos del Estad, segundo, la creación de un fondo nacional de tierras, previsto en la Constitución (art. 282) para compra de tierras y la expropiación y, tercero, la compra a los propietarios de tierras “improductivas” sujetas a afectación por no cumplir su función social (de las cuales solo se mencionan específicamente las tierras improductivas de la provincia de Santa Elena, en la Costa, que debían expropiarse hasta mayo de 2011).”[xviii]

Para el 2010 las metas se reducen: “se plantea ocho resultados medibles: distribuir en cuatro años (hasta diciembre de 2013) 20.000 hectáreas de tierras en poder de instituciones del Estado, titular un millón de hectáreas, comprar mediante el Fondo de Tierras 550.000 hectáreas, expropiar un poco más de un millón de hectáreas y catastrar otros dos millones. El costo estimado del Plan Tierras era de 38 millones de USD en cuatro años al parecer sin contar con los costos de implementar la compra del medio millón de hectáreas ni del pago de las expropiaciones del otro millón de hectáreas porque, de otro modo, estaría claramente sub – valorado”[xix]

La propiedad

En la visión de la propiedad está en juego la concepción sobre la tierra. Desde la visión del capital se trata de la apropiación de un bien, de un objeto. Una visión crítica descriptiva empieza por registrar las cantidades de la propiedad, los tamaños de las upas y la apropiación económica. Pero ello no es suficiente, para entender la naturaleza de la propiedad de la tierra. Esta se ubica en la relación naturaleza-sociedad, por tanto tiene que ser tratada como un proceso orgánico en donde está en juego la presencia de actores. Por ello quizás un acercamiento más adecuado es el análisis de los modelos de apropiación económica, las formas de “desarrollo”, los modelos de producción en al agro.

Un primer elemento es la diferenciación de las formas de propiedad. Del total de UPAs, el 98,27% son privadas, el 1,59% comunales, y 0,14% estatales; del total de la superficie, el 94,5 %  son de propiedad privada,  el 4,9 % de propiedad comunal,  y el 0,6 % tierras de instituciones públicas.[xx]

El cerco a la propiedad comunal ha terminado por reducirla a un porcentaje que limita su incidencia; incluso la propiedad de la población indígena ha tomado la forma de propiedad individual, si bien permanecen diferentes formas de propiedad familiar.[xxi] Aunque en estos datos del Censo del 2000 y del Atlas, no se aborda las nuevas formas de recomposición de los territorios étnicos, como las estudiadas por Galo Ramón en la década de los 90,[xxii] ni el acceso de las comunidades y pueblos amazónicos a los territorios de la región. “La propiedad comunal 4,9% es muy poca para un país plurinacional y pluriétnico.” En una reforma agraria alternativa una línea fundamental sería el fortalecimiento de las diversas formas de propiedad comunitaria y colectiva.

En el tipo de propiedad se combinan tres elementos: el tamaño, la forma de propiedad y la orientación productiva. La realidad del país es que hay una alta concentración de la tierra en manos de la gran propiedad privada orientada a la agroindustria y el agronegocio. Por ello, en una visión alternativa es necesario combinar el límite del tamaño, con la desprivatización y desmonopolización, y con la reorientación del modelo agrario.

En la visión oficial estos tres elementos se plantean desde la visión de la eficiencia y la productividad: El discurso presidencial plantea dos ideas fuerza: la propiedad y la productividad, pero “más grave que el problema de la falta de acceso a tierra etc., es el problema de la productividad”. Y desde allí diluye la diferencia entre propiedad comunal y gran propiedad: “lo importante es la propiedad de la tierra, (…) más que el tamaño.” Compara dos extensiones de 2.000 hectáreas.[xxiii] De un lado, la propiedad comunal: “qué pasa si tengo un terreno de 2.000 has productivo y está en manos de 200 familias campesinas, también es latifundio, lo importante es la propiedad y lo importante es que se esté produciendo.” Y de otro la gran propiedad privada: “incluso con el sistema capitalista si tenemos una producción de 2.000 has en una Sociedad Anónima con 200 accionistas en buena hora, se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra.”[xxiv]

Igualmente la propiedad estatal es reducida. “Si la reforma agraria se queda en tierras públicas, que representan 0,6%, como sucede hasta ahora en la política del régimen, su impacto será ínfimo.”[xxv] Rafael Correa destaca este mecanismo: “hay otros instrumentos que el estado entregue las tierras que tiene y en las próximas semanas vamos a entregar como 10.000 has de tierras de haciendas que tenía la banca que quebró y  pasaron a manos del BCE y del Fideicomiso No Más Impunidad, haciendas que tenían las FFAA, que no entiendo porque deben tener haciendas las FFAA, eso debe ir los campesinos que requieren tierras y no solo la hacienda, sino todo un plan productivo.”[xxvi]

Sin embargo, según Ospina “de las tierras del Estado que debían entregarse hasta fines de diciembre de 2011, para febrero habían sido entregadas 2.881 hectáreas, 2.000 de las cuales eran un predio de propiedad comunal; es decir, muy pocas tierras estatales.” Tampoco ha funcionado el Fondo de Tierras, el presupuesto del 2010 para redistribución de tierras es apenas de 4 millones de dólares y el país carece de una legislación redistributiva, pues la Ley de soberanía alimentaria pospuso el tema y hasta ahora sólo hay comisiones de elaboración de proyectos, sin plazos definidos.[xxvii]

El signo de la orientación oficial en este tema está en la reprivatización del Ingenio Aztra (EQ2), expropiado al Grupo Isaías como parte de la deuda bancaria. En lugar de la redistribución de la tierra se apunta a una reprivatización a través de subastas. Esta venta se articula a dos procesos: la “acumulación por desposesión”, el grupo transnacional obtiene créditos blandos del propio Estado, en un proceso sin trasparencia; y la consolidación del modelo agroindustrial, vinculado a la producción de caña de azúcar para los  agrocombustibles: para el 2011 se prevé un crecimiento del 8,9% en la producción de los ingenios.

“Ecudos, el ingenio azucarero anteriormente del Grupo Isaías, y que pasó a manos del Estado como consecuencia de la crisis bancaria, finalmente se vendió, a un consorcio liderado por el grupo peruano Gloria. Por añadidura a la reactivación de Ecudos, la industria procesadora de caña de azúcar del país está a punto de incorporar dos nuevos actores: el ingenio Miguel Ángel de la compañía Sonino S.A. de propiedad de los cañeros y el ingenio San Juan de la compañía Hidalgo & Hidalgo. Los nuevos accionistas de Ecudos deben llevar a cabo nuevas inversiones para sustituir la caña de azúcar que ahora alimentará al Ingenio Miguel Ángel. Para la zafra 2011 Fenazúcar proyecta que el volumen de producción de los ingenios del país alcance 10,8 m de sacos de 50 kg (541 mil toneladas), un incremento de 8,9% en relación a 2010.”[xxviii]

La inequidad en la tenencia, la concentración monopólica, la descomunalización y privatización se acentúa en el caso del agua.

El 6.91% de la superficie agrícola y el 28,9% de las UPAs cuentan con riego, de las cuales el 54,15% proviene de canales construidos y el resto tiene origen “natural” en ríos, vertientes, lluvias. Mientras en las UPAs menores a 5 Has, cuentan con riego entre el 2,9 y el 9,5%, en el caso de las propiedades superiores a 200 Has, el 30% cuenta con riego.

Pero el problema del agua no se reduce al conflicto en el uso agrario, sino que se concentra sobre todo en la disputa con el modelo extractivista – minas, hidroeléctricas –, con la expansión urbana y con la apropiación monopólica de las transnacionales de las bebidas.

Modelos agrarios

Los modelos agrarios no son meramente económicos, sino referentes de hegemonía, formas de disputa del poder y del sentido: modos de vida que buscan una respuesta a las múltiples determinaciones que inciden sobre la cuestión agraria. Son respuestas simplificadas – sistémicas – a la complejidad de las determinaciones, influjos, presiones: desde las que vienen del mundo global hasta las incidencias de los poderes nacionales y locales.

En el tiempo actual podemos distinguir en nuestro país cinco modelo agrarios actuantes: (i) El modelo tradicional u oligárquico, articulado en torno a la gran propiedad agraria y al comercio agroexportador (el modelo Álvaro Noboa). (ii) El modelo de la agro-industria que responde a las dinámicas de la modernización para la articulación con el mercado mundial y se enlaza con las nuevas formas de renta tecnológica bajo la forma de “agro-combustibles” (el modelo Isabel Noboa). (iii) El modelo de agro-negocio: la agricultura por contrato previo entre el capital comercial y la pequeña y mediana producción; modelo comercial agropecuario, dirigido al mercado interno, con disciplinamiento de la mediana y la pequeña producción, y enlazado al capital mundial por el lado de la importación (modelo PRONACA o SUPERMAXI). (iv) El modelo o vía campesina, articulada al mercado y que apunta a reformas de la propiedad, la producción y el comercio, para garantizar la soberanía alimentaria (modelo FENOCIN). (v) El modelo plurinacional, que parte de un replanteamiento de la visión de la tierra como espacio de vida y se asienta en la preeminencia de la propiedad comunitaria (modelo CONAIE).

El modelo de agroindustria, con dinámicas monopólicas, tiene como base la gran propiedad –concentración de tierra y agua –, el monocultivo, el uso de agroquímicos, la utilización reducida de mano de obra asalariada. Está vinculado a sectores altamente monopólicos dirigidos a la exportación, como flores (empieza a expandirse a partir de la década de los 80), palma africana (triplicó la superficie entre 1995 y 2006), caña de azúcar.

El modelo de agro-negocio, “entendido como el control total o parcial de todos los procesos por los que atraviesa un alimento, desde la siembra hasta llegar al consumidor final”,[xxix] tiene en PRONACA y  Supermaxi sus referentes principales.

El agro-negocio funciona sobre la base del dispositivo del “intercambio desigual”, estudiado por la Teoría de la Dependencia, en los años 70-80, respecto a la relación entre países metropolitanos y países periféricos; pero ahora referido a la relación entre empresa monopólica o controladora y campesinos vinculados o dependientes.  La empresa concentradora desarrolla diversas estrategias  de integración vertical y horizontal, para someter tanto al campesino-productor como al urbano-consumidor. “Tales estrategias implican, a la vez, la fusión por medio de acuerdos, compras, contratos, etc., con las empresas que controlan los distintos procesos de producción agroalimentaria, ya sea generando oligopolios por sector (por ejemplo, las semillas) o por el canal de la comercialización (cadena avícola).”[xxx]

Un modelo en donde el control del proceso está en manos de la empresa comercializadora: el supermercado define el precio del mercado, la calidad del producto, el plazo de pago – en donde funciona una especie de crédito al revés desde el campesino al supermercado, pues la paga puede superar los 30 días a partir de la entrega del producto, lo que significa que primero se realiza la venta y luego se paga al productor, con lo cual los comerciantes juegan con los recursos anticipados por el productor -. “Los pequeños campesinos no tienen ningún poder de negociación frente a un gigante como el Supermaxi.”[xxxi]

“La gran diversidad de productos y gran cantidad de marcas por cada uno de ellos que ofrece la CFCA (Corporación La Favorita Compañía Anónima) a sus clientes, no le permite a sus proveedores ejercer un poder en la negociación y menos aun teniendo en cuenta que una de las campañas que la CFCA implementó hace algunos años fue ofrecer productos con marca propia, tales como pan, arroz, azúcar, leche, productos avícolas, etc. Por lo tanto ningún producto de ningún proveedor será irremplazable.”[xxxii]

El modelo funciona como “aspiradora” en dos direcciones: concentra la producción campesina vinculada y elimina la competencia del pequeño y mediano comercio. “Los supermercados para poder ganar terreno a los mercados de alimentos tradicionales necesitan principalmente bajar sus costos y diferenciar sus productos. Para esto imponen y hacen cumplir una serie de “normas y estándares” (N&E) y condiciones en las transacciones a sus proveedores, enfocándose en la centralización del sistema de aprovisionamiento, el uso de listas de proveedores preferidos y agentes especializados. La CFCA es un ejemplo del uso de todos estos principios para reducir costos, mejorar procesos y diferenciar sus productos. Las Normas y Estándares que utiliza para los productos han aumentado también. Esto ocasiono que la empresa pase de tener 2,500 proveedores en el 2002 a tener solo alrededor de 240 proveedores a finales del 2003. Sin embargo, aumentó sus compras de 120,000 dólares o 350 toneladas métricas (MT) por día a 150,000 dólares o 400 MT por día en el mismo periodo.”[xxxiii]

Surge una nueva forma de dependencia. No se trata de la forma salarial, sino de una especie de encadenamiento de trabajo a domicilio, sin capital previo. “La tierra cultivable ya no pertenece al campesino porque se ve obligado a producir en función de las necesidades y demandas del mercado y las empresas. Ha pasado a ser… un productor “incluido” o “integrado” de materia prima para la agroindustria.”[xxxiv] Pierde no sólo el control del proceso productivo, sino también su “sentido de utilidad social.”

“La agricultura bajo contrato consiste en que el pequeño agricultor, que no tiene acceso a crédito por los canales normales, se ve obligado a firmar un contrato, comprometiendo la venta de su producción a la empresa. A cambio, ésta le proveerá semillas, insumos, asistencia técnica e incluso el transporte de la producción.”[xxxv] Una nueva forma de servidumbre postmoderna, en donde el campesino ya no depende directamente del capital productivo, sino del capital crediticio y comercial: ni siquiera se reproduce la forma salarial, sino que la explotación se desplaza a viejas formas de subsunción formal del trabajo al capital, dejando indefenso al campesino en su poder de reclamo: una “subordinación desestructurante y depredadora”, como señala Blanca Rubio.

Si tomamos en cuenta la ubicación de las propiedades por tamaño y dedicación podemos observar una tendencia regional en los modelos de “desarrollo”. En cuanto al tamaño: “las UPAs menores a 5 ha, se dedican a una gran variedad de cultivos transitorios de alimentos, mientras las grandes UPAs, mayores a 500 ha, tienen más pasto y cultivos permanentes, dentro de los cuales se encuentra con unos 37% la caña de azúcar, un producto de extrema concentración, y otros productos orientados al mercado exterior.”[xxxvi]

El modelo tradicional se ubica sobre todo en la Cuenca del Guayas. La agroindustria se ubica regionalmente en la Costa, aunque en Sierra se han expandido las plantaciones de flores. En la Amazonía aparecen nuevas extensiones dirigidas a la palma africana, vinculadas al agrocombustible. El modelo PRONACA tiene influencia sobre todo en la Sierra Central y en Manabí.

Política agraria

Esta complejidad tiene consecuencias en el manejo de las políticas del régimen y en su correlato, las variaciones de los apoyos electorales.

La tendencia predominante  de la política oficial apunta al crecimiento de la agro-industria y del agro-negocio, como forma de modernización de la producción agraria para articularse al mercado mundial, con la consiguiente descampesinización y crecimiento del proletariado agrícola. La consolidación de la agro-industria y del agro-negocio implica reproducir el modelo primario que ha caracterizado al país, pero bajo una nueva forma, la articulación a la renta tecnológica: bío-tecnologías avanzadas y formas extensivas integradas horizontalmente  en el proceso productivo – agro-industria-comercio –, orientación a bío-combustibles. Los ministros de agricultura del régimen han provenido de los sectores ligados a estos dos modelos dominantes: de la agroindustria, en una primera fase; del agronegocio en el momento actual.

La política del régimen privilegia el acuerdo con el gran capital, en un proceso de modernización acelerado: se alinea con el agro-industria, sobre todo para la Costa, y con la agricultura por contrato anticipado, sobre todo para la Sierra. La vía campesina se presenta como una tendencia de presión que ha encontrado respuestas oficiales desde el discurso de la soberanía alimentaria y el buen vivir, la redistribución de algunas propiedades agrícolas públicas bajo el marketing de la aplicación de la reforma agraria, y la asistencia a los “pobres” del campo. Queda por fuera la demanda de los pueblos indígenas, pues entran en contradicción con el modelo extractivista y la capacidad de decisión autónoma de los pueblos.

En retribución, los apoyos electorales al régimen se han desplazado del respaldo inicial en la Sierra y la Amazonía durante la primera fase constituyente, al respaldo sobre todo en la Costa, durante el período institucional, como reflejan los resultados de la última Consulta el 7 de mayo.

En los resultados de la Consulta hay signos que marcan un cambio de tendencia: la rebelión electoral ante el régimen viene de las provincias en que predomina la población indígena, la marginación y la resistencia al modelo extractivista. Es la confesión de la derrota de la política asistencialista y el retorno de la voz de protesta.[xxxvii]

El NO triunfa en la Sierra y en la Amazonía, mientras el SI se impone en la Costa. Empieza a cerrarse el ciclo sistémico de pugna y alianza burgués-oligárquica – trazado por Agustín Cueva -, con una recomposición del bloque hegemónico en torno al capital financiero-comercial de la Costa. El giro del gobierno, post 30S, a la agenda de la oligarquía guayaquileña permitió una confluencia implícita de Correa y Nebot, que se expresó en el silencio del Alcalde durante la campaña, y fundamentó el desplazamiento del principal apoyo electoral desde la Sierra, presente en la primera fase del régimen de Alianza PAIS, marcada por el discurso del cambio, hacia la Costa, en la fase actual, marcada por el discurso del orden y la segurización de la política.

En el respaldo electoral en la Costa hay participación del campesinado y de los trabajadores agrícolas, en un proceso de confluencia con la modernización impulsada por el régimen, que ha instaurado en algún grado la formalización las relaciones capitalistas de producción, con resultados parciales para la estabilidad y la remuneración laboral. Un signo es el crecimiento del número de afiliados al seguro social en las agroindustrias.

El proceso de modernización permite una reducción de la pobreza rural: pasamos de una cifra cercana al 83% en el año 2000, al 53% en el 2010, o en términos de la CEPAL, una reducción entre el 2004 y el 2008 del 51 al 44%.

La actividad agropecuaria fue “el principal vehículo de reducción. En eso nos diferenciamos de otros países donde fueron las actividades rurales no agrícolas que cumplieron ese papel. Sin embargo, los pobres rurales lograron mejorar sus ingresos hasta ese año, empleándose como trabajador a cambio de un salario, más que trabajando en sus propias parcelas con el concurso de su familia. Los ingresos provenientes de salarios se incrementaron en mayor proporción que cualquier otra fuente de ingresos entre los grupos poblacionales no pobres, justamente en momentos en que se reducía el número total de hogares rurales pobres. Ello es una consecuencia de dos hechos que vale la pena mencionar: el incremento de las oportunidades de trabajo en los años en que se expandió tanto la agricultura de exportación como aquella vinculada a la producción agro-industrial (arroz, maíz, soya), pero también del incremento y unificación del salario mínimo real.”[xxxviii]

El proceso de modernización iniciado en el marco del modelo agro-industrial, permite un mejoramiento de la situación del agro, por la vía del trabajo asalariado. Esta orientación se refuerza durante el régimen actual, con una intervención de control desde el Estado de la formalización de las relaciones salariales en las propiedades agrícolas empresariales. Empero “durante este periodo la agricultura familiar pierde terrenos y no logra, salvo contadas excepciones, mejorar sus ingresos sobre la base de la actividad que se realiza en sus propias tierras. Ello es consecuencia de la ausencia de políticas reales de apoyo a la agricultura familiar durante todos estos años; ella no logró aprovechar las mejores condiciones para la producción agropecuaria de mercado, por serias fallas de mercado y de políticas públicas.”[xxxix]

La exclusión y la resistencia anti-sistémica

Los signos de la exclusión están en torno a la frontera de la resistencia antiéxtractivista, caracterizada por dos elementos: la superposición de áreas de alta biodiversidad o de ecosistemas sensibles (páramo y Amazonía) y áreas de reserva minera.  Implica un choque de modelos, por ello la exclusión se manifiesta en torno al carácter de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas sobre la explotación de recursos en el subsuelo. La primera exclusión estratégica se dio en torno a la Constitución de Montecristi, con la negativa al carácter vinculante del pronunciamiento de las comunidades y pueblos.

Un signo actual es la primera Consulta Comunitaria realizada el domingo 2 de octubre en las Parroquias de Tarqui y Victoria del Portete,[xl] a 30 minutos de Cuenca, sobre los proyectos mineros a gran escala en los páramos de Quimsacocha, conectados con las fuentes del río Yanuncay. La compañía canadiense Iam Gold pretende explotar 3,3 millones onzas de oro, 10 millones onzas de plata y 79 millones libras de cobre. La pregunta fue: “¿está usted de acuerdo con actividades mineras en páramos y fuentes de agua de Quimsacocha?”.

Fueron empadronadas 1.557 personas y acudieron a votar 1 037. De ese total, 958 se pronunciaron por el “No” a la minería a gran escala (92,38% del total), 47 por el “Sí”, 18 votos blancos y 14 nulos. Sin embargo, el gobernador de la provincia, Humberto Cordero, dijo que desconocería la consulta porque solo el Estado puede convocar a esos procesos. Es notoria la virulencia con la que han reaccionado los voceros oficiales, ministros, asambleístas, periodistas, gobernadores de País, en contra de esta experiencia.[xli]

Quinsacocha es el signo del dilema agrario en nuestro país: entre la modernización y la vida, la modernización y la reforma, la extracción y la biodiversidad. Chocan las urgencias del tiempo del régimen y del capital, ante los tiempos largos de la transformación.

Es en este campo de la resistencia anti-extractivista en donde se levanta el enjuiciamiento del Estado a cerca de 200 dirigentes populares, acusados de terrorismo y sabotaje, a partir de los acontecimientos de Dayuma en diciembre del 2007. La “acumulación por desposesión”[xlii] se asienta en la violencia del Estado. “El ajuste fondomonetarista, al menos en el Ecuador, finalmente se agotó, pero cedió sus posibilidades hacia una variante del neoliberalismo que tiene su interés en los terrritorios en el sentido más amplio del término y también en la disciplina y control político a las sociedades. Aquello que está en disputa no es solamente la colonización monetaria y fiscal que realizó el FMI sino la puesta en valor de los territorios por la vía del extractivismo minero, de las industrias de los servicios ambientales, transgénicos, agrocombustibles, ejes multimodales de transporte, etc. Esta puesta en valor de los territorios implica violencia y criminalización social”[xliii]

El caso del TIPNIS (Territorio y Parque Isiboro-Sécure) en Bolivia va en la misma dirección del dilema entre el modelo desarrollista extractivista y el modelo basado en el respeto de los derechos de la madre-tierra.

“El TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia (el 5to país con mayores reservas de agua dulce del planeta). Existe un serio riesgo climático en estas dos regiones (cuenca del rio Mamoré) y valles de Cochabamba, si se da un proceso de deforestación en los bosques amazónicos del sub-andino. Dicho proceso de deforestación es, honestamente, imposible de ser evitado si se dan asientos de colonización en la carretera. Si se ejecuta el proyecto extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando, degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a los ciclos de reproducción de la vida. Cochabamba disminuirá progresivamente su régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS.”[xliv]

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia los nuevos frentes políticos. Por un lado están las naciones y pueblos indígenas originarios, apoyados por nuevos movimientos juveniles y urbanos, y por históricos movimientos como los regantes, los guerreros del agua y los guerreros del gas. Por otro lado, apoyando el trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas, organizadas en sindicatos, todo el conglomerado campesino de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras y que ahora se encuentra llevando al ascenso a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, en desplazamiento constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos y la minería, la empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero.[xlv]

 Modelo extractivista y modelo plurinacional

El modelo extractivista articula diversos procesos: la agro-industria vinculada al agro-combustible, la agro-exportación, la explotación minera, la extracción y comercialización de crudo, los servicios ambientales y el peaje global.

“Ecuador ha sido sucesivamente y de manera sostenida un país-producto: país-cacaotero, país-bananero, país-floricultor, país-camaronero, país-petrolero…”[xlvi] Ahora estamos en un momento de inflexión: la última oleada de la abundancia petrolera, jalonada por la subida del precio internacional del petróleo a partir del 2003; el paso al extractivismo minero; el paso a la preeminencia de la renta tecnológica sobre la renta agraria, bajo la forma de agro-combustibles. En este paso se ubica el papel del agro, como lo confirman las negociaciones en torno a un nuevo TLC con la Unión Europea, bajo la marca de Acuerdos de Cooperación y Desarrollo, que siguen las viejas rutas de subordinación al capital transnacional enarboladas por los TLCs con Estados Unidos.

Nuestra América tiene rasgos comunes, pero los tiempos pueden ser diversos. Quizás ahora estamos en dos tiempos: la tendencia general está todavía en la resistencia al modelo agrario neoliberal, pero en algunos puntos avanzados, sobre todo por la presencia del movimiento indígena y campesino, como en Ecuador y Bolivia, esta resistencia empieza a combinarse con la resistencia también a las nuevas formas de modernización sin reforma, a los nuevos modelos de desarrollo extractivista, impulsados por los gobiernos “progresistas”.

La propuesta del Estado plurinacional es la crítica más radical al Estado liberal y a su variante multiculturalista: “las demandas de los derechos colectivos cambian de perspectiva porque el Estado debe reconstruirse de manera tal que la contractualidad que lo constituye jurídicamente ahora pueda incorporar las diferencias radicales que lo conforman… El Sumak Kawsay, de su parte, es la crítica más fuerte y radical que se ha realizado a los paradigmas de crecimiento económico por la vía de los mercados, y a la noción teleológica del desarrollo como posibilidad histórica… De la misma manera que el Estado Plurinacional es la alternativa a la contractualidad liberal del Estado moderno, y la interculturalidad es la condición de posibilidad para que la sociedad pueda reconocerse a sí misma en las diferencias que la constituyen, el Sumak Kawsay es la alternativa al modo capitalista de producción, distribución y consumo… Hasta el momento, es el único discurso y práctica coherente que puede detener las derivas predatorias e inhumanas de la acumulación capitalista, que al ritmo que avanzan se convierten en una amenaza para la vida humana sobre el planeta.”[xlvii]

El afán del nuevo bloque en el poder es subordinar esta alternativa antisistémica a los juegos de la modernización. Entender esta contradicción y proponer salidas es quizás la tarea más importante del debate teórico sobre el agro.