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27Noviembre 2013
El autoritarismo administrativo se expande como mancha de aceite. La política, entendida desde hace siglos como ese espacio público donde la sociedad dirime sus discrepancias y construye sus acuerdos, está siendo archivada en aras de una ambigua idea de gobernabilidad que se impone por todos lados. En otras palabras, en aras del pragmatismo tecnocrático.
Los gobiernos, sin importar su identidad ideológica, echan mano de los mecanismos más eficaces para evitar que el manejo de la cosa pública se salga de ciertos parámetros. En otros términos, para no lidiar con las presiones democráticas desde los movimientos sociales. La ebullición social, componente inevitable de las sociedades contemporáneas, desquicia la noción de orden esgrimida desde una concepción técnica del poder.
En España, el gobierno derechista del Partido Popular intenta aprobar una ley de seguridad ciudadana que ya ha sido calificada por la oposición como “una patada en la boca de la democracia”. La medida pareciera inspirada en el Decreto 16, recientemente aprobado por el gobierno ecuatoriano. Frente a las múltiples expresiones de descontento popular, la respuesta de Mariano Rajoy apela a las sanciones administrativas: multas para todas aquellas formas de irreverencia que desde siempre han caracterizado a las luchas sociales. Como ocurre en nuestro país, el equivalente español de un yucazo podría hacerle la vida a cuadros a cualquier ciudadano.
Ni se diga de las marchas callejeras y de la ocupación de las instituciones públicas. Irónicamente, el soberano, es decir el pueblo, queda marginado de un espacio que en esencia le pertenece. En la práctica, las instituciones públicas –de aprobarse la mencionada ley– serán privatizadas a favor de la policía.
La respuesta desde el poder político español no deja de ser delirante. Después de haber alentado durante tres décadas un consumismo desaforado, ahora pretenden castigar los excesos de una población que se ufanaba de sus nuevos estándares de vida y del ingreso triunfal al mundo europeo. Es como pegarle una nalgada al niño empachado después de su fiesta de cumpleaños.
El gobierno ecuatoriano no permanece ajeno a esta forma de autoritarismo. La reducida participación partidaria en el próximo proceso electoral se origina en el verticalismo que impone el Ejecutivo en sus relaciones con los gobiernos seccionales. Es la derrota de la política y el triunfo de la gerencia. Así, la diversidad de visiones e intereses locales no se dirime en la esfera pública, sino en la esfera administrativa del Estado: candidatos a alcaldes, prefectos y concejales acuerdan sus funciones y proyectos directamente con la Presidencia de la República, de espaldas a sus electores y en función del más pedestre oportunismo.
