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12 Diciembre 2013
Galo Chiriboga, fiscal general, ha sido duramente criticado por la acción de su institución en el caso de la matanza de taromanane y el destino de las dos niñas secuestradas. Aquí responde.
Su institución ha sido cuestionada por el manejo de la matanza de taromenane y el destino de las dos niñas. ¿Qué responde usted a la crítica de que ha tardado la Fiscalía General en resolver este caso?
Bueno, nosotros iniciamos este caso el 7 de mayo con un peritaje antropológico, porque yo soy mestizo y no entiendo la cultura huaorani. Este peritaje antropológico nos permite entender, de mejor manera, los hechos que ahí ocurrieron. La tercera semana de junio se terminó el peritaje antropológico, y hemos ya trabajado sobre la base de esa pericia.
¿Quién hizo la pericia?
El perito antropólogo Roberto Narváez. Luego, en la parte de acercarnos al lugar de los hechos, hicimos siete vuelos en los que no tuvimos la suerte de poder llegar. En primer lugar, por condiciones climáticas de la zona; segundo, había unas coordenadas que nos dieron que no correspondían al sitio; entonces, tuvimos que hacer otro trabajo para ubicar exactamente el lugar, y la semana pasada ya pudimos entrar al sitio. Hemos encontrado huellas, vestigios de la infracción. Ahí se encontraron casquillos de las armas que usaron ellos. Los presuntos autores de esta infracción reconocieron, en sus versiones, que efectivamente ellos atacaron a estas otras personas basadas supuestamente, según ellos, en un derecho que ellos tienen -uno es nieto de Ompure y Buganey- a matar.
Por supuesto, eso no lo compartimos, y también les hemos dicho a los huaoranis, con quien mantenemos una cercanía en esta investigación, que no hay pueblo en el mundo, que no hay cultura en el mundo que no respete la vida. Y, por lo tanto, siendo la vida un valor fundamental de nuestro sistema, la Fiscalía tiene plena competencia jurídica para conocer ese caso.
Desde el 9 de abril la Fiscalía y la gobernación de Orellana dijeron que la matanza era un rumor…
Pero la indagación la iniciamos el 4 de abril. Apenas ocurrieron los hechos, la Fiscalía comenzó las investigaciones. Sin embargo, no podíamos ir tan rápido por este asunto: íbamos a conocer y conocimos el tema relacionado a una cultura diferente a la nuestra. Para eso me asenté en un proceso técnico; una antropología jurídica.
Usted dijo, el 12 de abril, que se manejaba la hipótesis de una avioneta que habría lanzado comida envenenada que al ser ingerida habría causado las muertes. ¿Qué sustentó esa versión?
Fue una versión que dio una de las niñas que comentó que ella vio que de una avioneta lanzaron posiblemente alimentos y que esos alimentos fue la causa de la muerte. No se comprobó, pero vino de una de las niñas.
La versión de que sí hubo matanza ya la dieron los propios huaorani el 29 de marzo. Y hasta el 30 de abril la Fiscalía mantenía que era un rumor…
Jamás hemos dicho que es un rumor. Aquí se ponen palabras en boca Fiscalía que no ha mencionado. Tanto es así que iniciamos una indagación penal. Por un rumor la Fiscalía no inicia una indagación penal.
Si los huaorani dijeron el 29 de marzo que que sí hubo matanza y el 28 de abril uno de ellos dijo, en un programa de televisión, que había habido la matanza… ¿hasta cuándo la Fiscalía tuvo la certeza de que así fue?
La declaración de una persona que se dice autora de una infracción no es suficiente para nuestro sistema. Tenemos que verificar. Hemos encontrado armas, vestigios, hemos tomado versiones, hemos recogido información en la zona que nos permite ahora, ya, decir la Fiscalía, o sea, el Estado ecuatoriano presume que usted cometió tal delito.
Cualquiera pudiera sorprenderse de que hubiera tardado tanto el Estado para corroborar que hubo una matanza de la cual hubo versiones, confesiones…
No creo que sea demasiado el tiempo. No se olvide de que lo que hacemos es llevar evidencias ante los jueces. No olvidemos de que este hecho no ocurrió en un barrio de Quito; es en una zona de muy difícil acceso. Estamos tratando un caso que no es común para los mestizos, tiene particularidades que tenemos que entender de debida forma. Ese es el tiempo que nos ha llevado. Seguramente las personas con todo derecho reclaman de que las cosas sean más rápidas, pero para nosotros la rapidez puede generar un problema posterior ante los jueces.
Hay versiones confusas o contradictorias sobre las niñas. Se dijo que estaban con ancianos sabios, después se reconoció que sí las tenían los presuntos asesinos de sus familiares. ¿Qué ha fallado ahí? ¿La información de campo que ha tenido ha sido suficiente?
El hecho cierto es que las niñas fueron arrebatadas por los huaoranis cuando hicieron incursión en el territorio de ellos y se trajeron a dos niñas que las tomó la Fiscalía bajo el sistema de protección de víctimas y testigos. Ellas están bajo protección del Estado ecuatoriano, pero como no podemos contactarnos con ellas porque las enfermaríamos. En fin, preferimos que sean los mismos huaoranis los que las tengan.
Pero se cuestiona que se hayan dado versiones desde la Fiscalía que parecen contradictorias.
No hemos dado ninguna versión sobre este hecho por una sencilla razón: está en indagación. No podemos dar opiniones públicas sobre estos casos mientras están en indagación. Lo único que transmitimos al país, fue cuando recibimos la noticia de una de las niñas que dijo que ella vio que de una avioneta botaron cosas, nada más. Ahora, ¿por qué razón se entregó o se tuvo bajo la protección de víctimas y testigos a estas dos niñas? Porque ellas fueron extraídas en forma arbitraria por los huaoranis.
Pero luego se las entregaron.
Bajo protocolos de cuidado de la Fiscalía.
Pero la Fiscalía sabía que ellos eran los supuestos asesinos de sus padres y familiares.
No sabíamos eso por una sencilla razón: hasta ahora tenemos presunciones de que son ellos. Cuando un juez les imponga una sentencia, recién ahí ellos perderán su derecho a ser considerados inocentes. Ese es nuestro sistema.
Ustedes tuvieron el 15 de mayo, una reunión en la Presidencia de la República. La Fiscalía dijo que no tenía fotos. Sin embargo, el informe de campo del Ministerio de Justicia fue entregado el 7 de mayo. ¿No les dieron a conocer esas fotografías?
No teníamos las fotos. Yo, en esa reunión, plantee justamente eso: que entregaran las fotos a la Fiscalía. Esto lo tenía el Ministerio de Justicia. En una reunión posterior que tuvimos, hace una o dos semanas atrás, estuvo el funcionario del Ministerio de Justicia, Enrique Vela, y le dije: estas fotos nos llegaron en septiembre. Y me dijo: yo, señor Fiscal, entregué a la Ministra para que las remita a usted. Le dije: usted no debió haber hecho eso, tenía que entregarlas directamente a la Fiscalía. Es igual que si usted ve que se ha cometido un crimen, no habla con la ministra de justicia: tiene que poner en conocimiento de quien es la autoridad competente. Para eso que es la Fiscalía.
¿Usted sabe quién tomó esas fotografías? Porque algunas, presumiblemente, fueron tomadas en un sobrevuelo.
Son fotos que ellos mismo se tomaron y hay sobrevuelos también.
Pero ¿quién hizo los sobrevuelos?
Esas fotos nos llegaron a nosotros si mal no recuerdo el 17 de septiembre. ¿Quién las tomó? No estuvimos en el momento que se tomaban esas fotografías y no puedo especular sobre eso. El hecho cierto es que tenemos unas fotos -unas que se ve que se toman desde una altura- y otras que están frente a la cámara.
¿Cómo se decidió el rescate de las niñas? Hay críticas que, seguramente Usted ha visto, sobre ese operativo Hollywoodiano. ¿Que responde usted?
La zona geográfica donde estaba esta niña, era una zona de ataque y teníamos información de que podía producirse otro ataque…
¿De quién contra quién?
Nuevamente de los no contactados a los huaoranis ahora para vengar las muertes ocurridas. Hemos encontrado, en el lugar donde se produjo el hecho, lanzas que, según la cultura de ellos, es una advertencia de que van a atacar. Había evidentemente la posibilidad de un riesgo para la niña que está bajo nuestra protección. Por eso consultamos con la dirigencia de los huaorani para tratar de sacarla.
¿A qué dirigentes concretamente consultaron?
(El Fiscal explica que no puede dar nombres, pues todo hace parte del proceso que lleva la Fiscalía). Este proceso no lo hemos llevado nosotros solos. Hemos trabajado con ellos y no lo hacemos sino por una simple razón: ellos son los que conocen la zona y ellos son los que manejan sus códigos culturales.
En una entrevista a Vistazo, en agosto, usted habló de que iba a recurrir a la Corte Constitucional para ver exactamente cómo resolver este caso. ¿Ya lo hizo?
Estoy trabajando con la Corte. Hemos hecho ya tres reuniones para ver qué tratamiento se le da, porque este no es un caso típico. No estamos tratando un delito cometido por unas personas que están involucradas en nuestros valores culturales y, por lo tanto, tengo que recurrir a la Corte que es, finalmente, la que interpreta la norma constitucional.
¿Ya hizo ese pedido a la Corte Constitucional?
Formalmente no lo he hecho, pero tengo conversaciones con ellos. La Fiscalía quiere y, de hecho, va a dar un mensaje: que estos hechos no pueden pasar a pesar de que ellos tengan, en su tradición, el supuesto derecho de venganza. Ellos tienen que reconocer que viven con una cultura diferente, que hay valores que ellos tienen que respetar, así como nosotros también respetamos valores de ellos. Pero el valor de la vida es innegociable.
Usted dijo que la sanción debe tener proporcionalidad a los valores culturales de esos pueblos. ¿Hay conciencia en la Fiscalía de que es un caso diferente?
Es absolutamente consciente la Fiscalía de eso. Tanto es consciente que pidió, para entender de mejor manera, un estudio antropológico jurídico de este caso. ¿Cabe pedir una pena de 25 años? yo me pregunto a mí mismo…
¿Y qué se responde?
Creo que no. Sin embargo tienen que ser sancionados y severamente.
¿Qué responde usted a aquellos que, haciendo valer precisamente esa diferencia y los acuerdos, dicen que ustedes no respetaron su territorio e irrumpieron en él de forma violenta?
No hubo ningún tipo de violencia. Ese fue un acto organizado sin que se produzca el más mínimo acto de violencia. Se fue, se tomó a la niña, se la embarcó en un helicóptero y fue sacada de la zona.
Se cuestiona igualmente a la Fiscalía porque los presuntos atacantes o involucrados en la matanza, están en una cárcel normal, como si fueran mestizos.
Ellos están en una cárcel pongámoslo entre comillas normal. Pero están separados del resto de detenidos y lo que estamos haciendo con ellos es un trabajo de explicarles culturalmente qué es lo que han hecho para que tengan clara conciencia de lo que ocurrió. De tal manera que no están en condiciones similares al del resto de detenidos.
¿Qué mecanismos está moviendo la Fiscalía para que este tema tan complejo pueda desembocar en un acuerdo global?
Hemos hecho algunas sugerencias: hay un plan de medidas cautelares que dispuso la Comisión Interamericana que van y deben generar unas condiciones de seguridad. La Fiscalía busca que haya una sanción. Adicionalmente, queremos que haya y que, por lo tanto, se preserve tanto a los huaorani como a los no contactados.
¿Qué están haciendo para ello?
Estamos trabajando con Naciones Unidas, con la Corte Constitucional, con la Función Ejecutiva. Hemos trabajado con el Ministerio de Justicia, del Interior, de Salud. Es decir, es todo un complejo de instituciones que están participando en esto precisamente para resolver los temas estructuralmente y que esto no vuelva a pasar.
¿Por qué no le respondió la carta a Miguel Ángel Cabodevilla? También él aboga por un solución estructural y cultural?
Seguramente es una carta que se ha traspapelado. Yo finalmente no la llegue a tener
¿La carta está publicada en el libro Una tragedia ocultada?
Trato de ser una persona cortés con todos y, por lo tanto, si hay esa omisión, ofrezco disculpas. No tengo en mi cabeza haber recibido ni leído esa carta. Tú compartes el criterio de que es un tema complejo y los temas complejos no se resuelven de la noche a la mañana. Por lo tanto, la crítica que se hace, de que en 8 meses hemos procedido hasta donde hemos llegado, es una crítica que puede obedecer a precisamente no entender la complejidad del caso.
Esa crítica la hizo Cabodevilla. Él ha estudiado el tema, lo conoce y su comunidad está en la zona.
No me explico. Pero fíjate que él hace afirmaciones que no son correctas, no se ajustan a la verdad .
¿Pero cuáles para que le replique como es su derecho?
¿Cómo les parece ciudadanos, dice, el diagnóstico que ha demorado más de 9 meses del Señor Fiscal (…) Nosotros no hacemos un diagnóstico. Estamos utilizando los instrumentos jurídicos que tiene este país. Dice 9 meses negando contra todo y contra todos algo obvio (…) ¿Cuándo la Fiscalía ha negado? Si lo hubiéramos hecho no hubiéramos iniciado una indagación. Dice que ahora deberían reconocer por coherencia todos los errores cometidos hasta el momento. Jamás el Fiscal General puede presumir siquiera de que todo lo que hace es perfecto. Nuestro trabajo tiene deficiencias.
¿Cuáles, en este caso, reconoce usted?
No tener un experto dentro de nuestro sistema que comprenda de mejor manera esa cultura. Otra es no tener la facilidad de movilizarnos a esa zona con nuestros propios recursos; tenemos que recurrir a otras instituciones del Estado para que nos faciliten el acceso. Otra deficiencia: no tener una Fiscalía mucho más operativa, más cercana a la realidad donde se produjeron esos hechos, no tener fiscales lo suficientemente capacitados en esa zona para trabajar estos hechos y los hemos tenido que trabajar desde Quito.
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