AGUA Y RIEGO: AVANCES Y LÍMITES DEL DEBATE AGRARIO EN EL ECUADOR: * Alex Zapata.

Sistema de Investigaciones sobre la Problemática Agraria. SIPAE

La década de los 90 es referencia necesaria para ubicar la discusión agraria. Es aquí donde se concreta el desmantelamiento de un modelo de desarrollo cepalino del agro concebido en los 70. A pesar de que este proceso inicia en los 80, se da con fuerza en la siguiente década, a través de la aplicación de proyectos como el Programa de Servicios Agrarios (PSA), entre otros; financiados por organismos como el Banco Mundial o el BID.

Desde la perspectiva institucional este modelo aterriza cuando en 1994 se promulga la Ley de Desarrollo Agrario que arrasó con la Ley de Reforma Agraria y eliminó  el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI) en el mes de octubre del mismo año.

Estas políticas abren un escenario de disputa social en torno al tema del agua. Antes las discusiones tenían un carácter local, se centraban en los lugares donde surgían conflictos por el recurso; solo a partir de 1994 el debate se torna nacional y permanece vigente con diversos picos de intensidad. En el 97-98 el debate se reactivó, existían alrededor de veintinueve proyectos de ley en el Congreso, la expectativa en el 98-99 era contar con una Ley de Aguas.

En respuesta a esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, introdujo varios mecanismos para evitar la profundización de estas políticas, entre ellos, la articulación de una propuesta de Ley de Aguas, presentada al Congreso Nacional en marzo de 1996.

Con esta breve panorámica -que vale la pena recapitular- vemos que, por parte de la CONAIE en particular, y del Movimiento Indígena en general, existe un posicionamiento histórico con respecto al tema del agua.

Desde su perspectiva, el Movimiento Indígena postuló temas importantes en el debate nacional a través del mencionado proyecto. Temas y derechos que hoy parecen obvios, como la gestión social sobre el agua, o las formas de asignación social de los derechos sobre el agua; se encuentran recogidos en dicha propuesta, en la que está incluida una importante reflexión sobre la institucionalización de las aguas en el país.

Sin embargo, – y a pesar de la profundidad de la propuesta del Movimiento Indígena – existen algunas limitaciones y ausencias en el debate actual. Aparentemente, en la discusión sobre el agua, prima un discurso surgido en la urbanidad que se traslada al mundo indígena.

La consigna “Agua para la soberanía alimentaria”, o “Agua para el riego comunitario” no basta. La reflexión sobre los temas de riego debería ser esencial, el riego es un tópico complejo y, a pesar de que la experiencia del mundo rural es riquísima, la formulación de propuestas para el riego desde el mundo indígena parece insuficiente.

Otro de los puntos débiles podría ser el problema tarifario. Es preciso tratar con detalle el requerimiento que se le hace al Estado para establecer una tarifa mínima o gratuita sobre el recurso, pues podría generarse un efecto búmeran sobre las propias comunidades. Una de las características de los sistemas comunitarios de agua es que han sido autogestionarios, lo que les permite conservar una lógica de autonomía frente al Estado. Si el subsidio estatal se otorga, la dinámica de funcionamiento autónoma se modificaría, de ahí la necesidad de trascender el nivel de la reivindicación y adentrarse en las consecuencias reales de lo que se pide.

En el actual debate, la Consulta Pre-legislativa sobre la Ley de Aguas tiene peso. Este mecanismo es risible si se observan las medidas del régimen, cuestiones como el Plan Nacional de Riego, que será publicado en el Registro Oficial; o los Planes Provinciales de Riego, en los que las instituciones provinciales están negociando y presionando de manera directa sobre la asignación de recursos; son las acciones que realmente definen la política del gobierno.

De nada sirve una consulta pre-legislativa con temas simpáticos si los recursos están asignados con anterioridad en las planificaciones y agendas provinciales. Quienes definen la inversión pública son los Consejos Provinciales, hoy llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados; un ejemplo de ello, es lo que ocurre con Montgomery Sánchez, Prefecto del Oro y Presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), quien mantiene una fuerte apuesta por la agricultura de agro exportación, lo que define una línea política de gestión que dirige todo tipo de recursos a proyectos que responden a intereses privados.

Pensemos en el criterio con el que se otorga derechos de agua desde el año 73, muchas micro cuencas tienen sobredemanda, se encuentran adjudicadas más allá de su capacidad; sin que el Estado genere una gestión integral que prevea los alcances del recurso. Parece que los mega-proyectos imponen la lógica de la gestión hídrica actualmente.

La perspectiva de centralización que tiene el gobierno puede ser adecuada, sin embargo los problemas surgen cuando se pretende aterrizar los planes en la realidad. Por ejemplo: los prefectos, como autoridades locales, piden que el presupuesto que se requiere para riego pase a sus manos sin ningún tipo de fiscalización -la propuesta de fiscalización es uno de los ejes del Plan Nacional de Riego del régimen central- o rendición de cuentas.

No quieren criterios de priorización, ni de participación, ni desean presentar planes provinciales de riego, a pesar de que esos criterios son obligaciones constitucionales Exigen sumas exorbitantes de dinero sin que tengan que aplicar ninguno de los criterios legales que promulga el gobierno. Parece que la presión que ejercen los prefectos es la que define la forma de repartición del presupuesto público.

Esto conduce la mirada hacia las autoridades sub-sectoriales que manejan el recurso. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es el encargado de regular el agua para consumo doméstico y su manejo ha sido deplorable. La institución mantiene una relación vertical con respecto de las Juntas Administradoras de Agua, a pesar de que según la Ley de Juntas del 79, ellas son entidades de derecho público. Así mismo, elabora, con apoyo del BID, un proyecto de Ley de Aguas y saneamiento propio, que choca inclusive con la Ley de Aguas que propone el gobierno central. Frente a esto no existen propuestas por parte de los movimientos sociales. Por otra parte ha desaparecido el Instituto Nacional de Riego (INAR) y tampoco hay pronunciamientos al respecto.

¿Quién ha evaluado en este país la gestión de esa institución? La Subsecretaria de Agua y Saneamiento no ha dado explicaciones de su gestión durante todos sus años de funcionamiento. En 1993. Sixto Duran Ballén instauró el organismo, después lo cerraron sin beneficio de inventario[1].

Por lo tanto, el debate no puede dirigirse solo a la crítica contra la autoridad nacional que intenta generar la Secretaria Nacional del Agua, (SENAGUA), son las autoridades sub-sectoriales las que manejan los recursos. De lo que se trataría entonces no es de fortalecer estos espacios sectoriales, sino de democratizarlos. Porque es imposible eliminar la autoridad sectorial, pero su democratización es necesaria.

En Montecristi se reavivo con fuerza el debate sobre el agua, como resultado la actual normativa constitucional contempla algunos postulados sociales sobre el recurso. La constitución habla de las alianzas entre lo público y lo comunitario como una posible solución, cómo asentar esto en la realidad. Se entiende que las comunas tienen una forma comunitaria de gestión; sin embargo, algunos compañeros de Chimborazo están preocupados, porque a pesar de que realizan una gestión comunitaria del agua, ante la ley están reconocidos como una junta de riego privada; hay que levantar planteamientos con respecto a las características que debe tener la institucionalidad pública, para garantizar el derecho comunitario de las organizaciones.

Desde el Movimiento Indígena hay aporte, hay riqueza, hay posicionamiento, hay una referencialidad histórica clave sobre la cuestión del agua; pero existen puntos que deben tratarse con más detalle y profundidad, pues los temas estratégicos del debate podrían ser desplazados por concentrar la mirada únicamente sobre la consulta.

Los siguientes puntos son parte de los temas medulares en los que el debate debería profundizar:

• La obligatoriedad del riego para todos los predios bajo la cota de algún sistema de riego ya está contemplada en la ley de 1972; paradójicamente, el proyecto de ley actual no recoge este criterio.
• No hay una legislación sobre la gestión comunitaria del agua. En el proyecto de ley se debe formalizar la situación de las organizaciones que están haciendo gestión comunitaria del agua.
• La diversidad en cuanto a la gestión del riego es fundamental, desde ahí podrían potencializarse las formulaciones que provengan del movimiento indígena dentro del debate agrario.

El problema no es si vamos a tener o no una Ley de Aguas sino ¿Qué ley de aguas vamos a tener? Una ley hecha dentro de la lógica de la gobernabilidad o la gobernanza del agua o una ley que permita redistribuir, reestructurar la forma en como esta socialmente repartida el agua. Es probable que la consulta continúe siendo una herramienta que instrumentaliza la legitimación de políticas desvinculantes.

Esta mirada podría ser sacrílega en este espacio, lleno de gente tan adherida al mundo indígena. Sin embargo, creo que hay mucho discurso construido urbanamente en el tema del agua, creo además, que se debe recuperar la riqueza propia de la experiencia y organización del mundo indígena para fortalecer las posturas en el debate.

* tomado de: Documentos para el debate No1. lA NUEVA LEY DE Aguas: contrastes, contradicciones y propuesta Indígena-campesina. Observatorio del Cambio Rural (OCARU) Quito 2013. <www.ocaru.org.ec>