Por Jorge Basilago
La noticia del aluvión en La Comuna y La Gasca, en enero pasado, no solo alertó a la opinión pública quiteña o ecuatoriana. A la investigadora y académica colombiana Andrea Gómez Salazar, magíster en Estudios Socioambientales por Flacso-Quito, ese suceso le recordó sus investigaciones en las laderas del Pichincha y también una catástrofe ocurrida en Cali en 2019. “Fue algo muy similar: una zona de ladera donde la quebrada estaba rellenada, tenía basura, las personas construyeron sobre la franja de protección… Hubo un aguacero fuerte, colapsó la montaña y afectó hasta la zona plana. Estos son temas que se deben estudiar y trabajar a nivel latinoamericano”, aventura Gómez, convencida de que los contrastes socioeconómicos y la falta de políticas firmes y de largo plazo contribuyen a potenciar los riesgos en las ciudades de la región.
“El ser humano no está para pasar por encima de la naturaleza, para contaminarla, dañarla o destruirla, sino para conservarla, cuidarla y aprovecharla de manera sostenible y equilibrada”, razona la especialista al comenzar su charla con La Línea de Fuego. En su opinión, la necesidad de analizar este tipo de tragedias desde perspectivas diversas, es tanto una deuda histórica en América Latina, cuanto el necesario paso previo para el diseño de políticas de prevención o mitigación más adecuadas y conscientes. “Es importante que las nuevas generaciones, que serán los futuros gobernantes o tomadores de decisiones, crezcan teniendo un conocimiento y una conciencia más amplios de ese equilibrio que debe existir entre la sociedad y la naturaleza”, añade Gómez.
Una visión panorámica
A fines de 2015, Gómez presentó su tesis de maestría, “La historia ambiental de los asentamientos informales de Quito (1980-2014)”. El título trasluce apenas uno de los aspectos analizados a lo largo del trabajo: el incesante crecimiento poblacional y urbano sobre las laderas del Pichincha, la cara visible de un fenómeno cuyo carácter descontrolado es el fruto amargo de una larga historia. La búsqueda de una visión panorámica de ese proceso, a la luz de la catástrofe natural y social ocurrida pocos meses atrás en el centro-norte de Quito, resulta imprescindible para que las consecuencias no acaben siempre por ocultarnos las causas de ciertos hechos.
¿De qué manera pueden ayudarnos los estudios socioambientales a comprender la gestación y el desarrollo de sucesos como el aluvión de La Comuna–La Gasca?
Nos permiten mostrar, desde diferentes enfoques, la interacción que siempre ha existido entre el ser humano y la naturaleza; y, en el caso puntual de mi investigación, desde la historia ambiental urbana. Esto es muy interesante porque, sumado a lo socioambiental, miramos la parte cronológica y vemos cómo la misma naturaleza tiene una historia. Las laderas del Pichincha tienen toda una evolución histórica natural: es un volcán inactivo donde había zonas de cultivo, grandes haciendas que luego se eliminaron y empezaron a cambiar el uso del suelo, como el sembradío de eucaliptus y de pinos, que no se relaciona con las características geomorfológicas y climáticas del lugar.
Hay muchas dinámicas que se pueden analizar, porque todo lo que interviene sobre la naturaleza está condicionado por diferentes concepciones, visiones, intereses y necesidades humanas. Entonces conjugamos lo que lleva al ser humano a tomar ciertas decisiones y acciones sobre la naturaleza –ya sea para protegerla, conservarla, o también para utilizarla en beneficio económico y productivo propio-, pero a veces no advertimos los graves impactos que se pueden generar. Los estudios socioambientales permiten ver todas esas realidades y comprender mejor las consecuencias de ese cambio. Es decir, qué papel juegan tanto la naturaleza como el ser humano en el devenir histórico.
En ese proceso de cambios en las condiciones de ocupación de las laderas del Pichincha, ¿qué tipo de modificaciones y afectaciones sufre el suelo?
Ese es un tema muy interesante, porque es lo que sucedió con el aluvión de La Comuna-La Gasca recientemente, pero también ocurrió algo similar en la década del setenta. Estamos viendo ya las consecuencias de todas las acciones generadas desde hace algunos años. Anteriormente, las laderas del Pichincha eran una zona de conservación, una reserva ecológica; todavía tienen esa categoría y deben mantenerla, porque la reserva en esta zona genera servicios ecosistémicos para la humanidad y para el ambiente en general. Entonces, en los relatos que me encontré durante mi investigación, las personas me contaban que cuando llegaron a vivir allí había bastante bosque, había fauna… Pero cuando las personas comenzaron a destruir el bosque, a eliminar esa cobertura vegetal, hicieron que se desplazara la fauna más arriba, a buscar otro hábitat, un ecosistema en el cual puedan continuar desarrollándose.
Todo esto genera una interrupción en los ciclos normales de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos. Al talar el bosque, el suelo queda desprotegido y se genera erosión; sembrar eucaliptos o pinos no es la solución, porque demandan mucha agua y a la vez compiten con las especies nativas de la zona andina, y no permiten que crezca nada más alrededor, ni siquiera pasto. Son muy territoriales, hacen que se pierda la cobertura vegetal y eso conlleva a que no haya suficiente materia orgánica, por lo tanto no hay microorganismos, no crecen otras raíces o plantas que ayudan a “amarrar” el suelo, a sostenerlo, para que también haya una mayor absorción de agua.
Cuando se registran fuertes precipitaciones, vemos el resultado de todo lo anterior: el agua baja a gran velocidad, hay un proceso de escorrentía y se generan derrumbes o deslizamientos. Pero las consecuencias no solo afectan a los barrios vulnerables –llamémoslos así-, que están en la zona de ladera, sino que también las sufren los barrios ubicados más abajo. Entonces es toda una cadena de sucesos, una serie de niveles de causas y consecuencias.
En tu tesis mencionas la contradicción que existe, en Quito, entre los conceptos de “formalidad” e “informalidad”, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
Bueno, primero hay que aclarar que la mayor parte de Quito inició de manera informal, en lotes de antiguas haciendas. La reforma agraria influyó mucho para que se dejara de utilizar estos terrenos para cultivo. Pero los dueños, los grandes hacendados, las lotearon y entraron a ese mercado –en su época ilegal-, con lo cual se empezaron unas construcciones con materiales no muy adecuados. Luego, después de consolidarse el barrio, se empezaron a solicitar los servicios de acueducto, alcantarillado, en fin, todos los servicios básicos. Y finalmente se dio la formalización.
Otros barrios de los que yo investigué, todavía están en ese proceso de legalización. Y lo que se hizo desde los gobiernos de turno –porque tuvimos huecos históricos allí también-, es que al ver tan avanzada la consolidación urbana, con grandes zonas construidas y pobladas, ya era muy difícil relocalizar, reubicar o hacer un análisis técnico y ambiental de estos barrios; entonces más bien se procedía a dotarlos de los servicios públicos, a equiparlos con hospitales, escuelas, parques, vías… todo ese tema de infraestructura que les da la categoría de “formales”. Y obviamente las escrituras, que eso es importantísimo.
La mayoría de los barrios quiteños crecieron así. Y a los que todavía están en esa lucha –al ubicarse en unas zonas de riesgo y de vulnerabilidad mucho más alta, como pasa en las laderas del Pichicha-, lo que les suceda en la parte de arriba, afecta a los barrios más abajo. Eso fue lo que vimos con La Comuna y La Gasca, y lo que se ha visto ya en dos ocasiones, en dos períodos históricos distintos. Si está el suelo desprotegido arriba, por tantas viviendas, por las quebradas y ríos taponados, por la cantidad de basura también en estos sitios, pues eso hace que aumenten los riesgos socionaturales. Ese es otro concepto que es importante trabajar: no son riesgos naturales; son riesgos socionaturales porque hay causas antrópicas allí, unos impactos sobre la naturaleza, y el detonante de estos riesgos son las lluvias, los vendavales, una granizada… Si se afecta la naturaleza, todas las condiciones climáticas naturales provocan desastres.
Respecto de ese “rebote” que genera la acción humana sobre el entorno, ¿qué conclusiones pueden extraerse, acerca del tipo de materiales utilizados para la construcción de las viviendas?
Esto nos muestra varias cosas, como las condiciones socioeconómicas y los conocimientos de estas personas. Si alguien tiene que construir con palos, con plásticos, con madera… es indicador de que sus ingresos son muy fluctuantes, muy bajos y no puede acceder a otro tipo de elementos; y, el tener que vivir en esas condiciones precarias le genera una vulnerabilidad.
Por otro lado, quienes puedan acceder a ladrillos y cemento, es claro que tienen unas condiciones económicas un poco más elevadas. Pero de todas maneras, si no se hacen unos buenos cimientos a las viviendas, o no se realiza un estudio del suelo, se puede hacer una casa de varios pisos pero en cualquier momento también puede caerse. Y es probable que las consecuencias sean mucho más graves con este tipo de construcciones. Pero más allá de los materiales hay que tener en cuenta las condiciones del suelo, porque esa es la base de las viviendas.
Largas (ir)responsabilidades
Los componentes sociales, históricos y naturales mencionados hasta el momento por Andrea Gómez, determinan una parte de los riesgos potenciales que desatan las catástrofes. Dentro del mismo recipiente, se cuecen largas (ir)responsabilidades políticas y económicas, muy pocas veces asumidas con el rigor correspondiente. En esta segunda parte de la charla, la especialista colombiana transparenta algunos de estos desmanejos, desde la comodidad de señalar siempre “al otro” como culpable, hasta las medidas tan necesarias como postergadas para gestionar las vulnerabilidades del modo más adecuado. “Es necesario equilibrar las necesidades humanas, como el derecho a la vivienda, con los derechos de la naturaleza, para que no se la altere tan drásticamente, porque eso nos afectará a nosotros tarde o temprano”, enfatiza.
Desde ciertos sectores oficiales e incluso académicos, se enfatizó que la “negligencia social” era la principal responsable de lo sucedido con el aluvión en la quebrada El Tejado. ¿Cuál es tu reflexión acerca de ese señalamiento?
Hablar de irresponsabilidad ciudadana me parece muy apresurado, porque esto es algo histórico y que tiene varios frentes. Primero, las diferentes reformas estatales que obligaron a los campesinos a moverse a la ciudad, el crecimiento de la industria, las reformas agrarias, los desplazamientos en busca de mejor calidad de vida, los altos precios del mercado inmobiliario que no les permitían el acceso a la “ciudad formal”, llamémosla así… y la poca intervención del Estado para generar oportunidades que permitieran a las personas acceder a una vivienda en condiciones adecuadas. Entonces, ¿es la irresponsabilidad o responsabilidad de quién? Es una corresponsabilidad, no es solamente echarle la culpa a quienes habitan la zona, sino que la alcaldía y la gobernación tienen personal idóneo, con los conocimientos y los equipos para ir a estos barrios a hacer los diferentes estudios técnicos, sociales y ambientales de las zonas, para revisar las decisiones que no se tomaron adecuadamente en su momento. Lo que se ha visto ahora son las consecuencias de las malas decisiones, de una escasa o inadecuada acción política, que jalona el hecho de que más población llegue a vivir allí, o que vaya a otro sitio y haga lo mismo. Porque no se ataca al problema de raíz y se genera un efecto dominó. Es una cuestión de corresponsabilidad, de conocimiento y de conciencia sobre la interacción entre el ser humano y la naturaleza, para encontrar el equilibrio y la sostenibilidad para todos.
¿Cómo influye, en el incremento de los riesgos, el surgimiento y consolidación del mercado informal de tierras? De acuerdo con tu investigación, es otro proceso de larga data.
Yo pude identificar que la mayor demanda de vivienda, y de suelos para vivienda, era causada por el aumento en la población urbana por diferentes motivos: desplazamientos del campo a la ciudad, altos costos en los alquileres… y el mercado de tierras, el mercado inmobiliario. Muchas personas no tenían los recursos económicos para acceder a un mercado inmobiliario formal, ni a créditos hipotecarios, sino que su única solución era invadir terrenos. Adicional a eso también surgieron unos personajes con intereses económicos, que son los lotizadores de predios o traficantes de tierras, que llegaban a invadir grandes lotes y subdividirlos, para generar sus propios ingresos económicos, sin tener en cuenta las condiciones ambientales de la zona ni pensar en la seguridad de las personas cuando se asentaran allí. Su intención, simplemente, era aprovecharse de la necesidad de vivienda y generar un mercado ilegal que no fue controlado a tiempo por el Estado, con el que a veces se generaban complicidades, porque no eran traficantes comunes sino de un alto poder económico.
Ese proceso de asentamiento derivó en una serie de impactos negativos para el medioambiente: se talaron árboles, se rellenaron quebradas, se contaminaron algunas fuentes hídricas por usarlas como botaderos de basura, lo que provoca también un aumento de enfermedades… Entonces, al expandir o eliminar esta frontera de reserva ecológica, y construir viviendas allí, se necesita abrir caminos, remover grandes pedazos de tierra y emplear maquinaria pesada, en algunos casos. Todo esto de manera muy empírica, hecho por personas sin conocimientos técnicos tanto del terreno como de la construcción de viviendas. Así, vemos construcciones cerca de la franja de protección de las quebradas, a veces justo en el borde, pese a que la ley dice que como mínimo se deben dejar cincuenta metros entre la quebrada y una construcción. También vemos que algunas de esas viviendas están hechas con materiales poco resistentes –como plástico, madera o zinc-, sin cimientos; y en otros casos fueron construidas muy cerca de taludes, sin ninguna separación prudente con la zona de la montaña que han eliminado, como para que haya una protección en caso de lluvias. En esas casas hay permanente humedad y todas están expuestas a los movimientos de tierra.
El relleno de las quebradas es otro agravante porque, cuando hay fuertes precipitaciones, el agua tiene cubierto su cauce natural y va bajando por las calles hechas de manera artesanal, por las viviendas, arrastrando lo que encuentra a su paso. Como no hay capa forestal que retenga y regule la velocidad del agua, baja a gran velocidad y arrasa con todo: con piedras, con lodo, con palos, con las casas, con todo.
¿Cuál es tu perspectiva sobre el manejo que las autoridades quiteñas han hecho de estas circunstancias? ¿Qué opciones ofrece la ciudad para posibles relocalizaciones de barrios asentados en zonas vulnerables, por ejemplo?
Algunos de los informes de gestión de riesgo a los que tuve acceso, decían: “Esta zona es de riesgo no mitigable, por tanto no se puede hacer ningún tipo de obras técnicas para mitigar los impactos”. Lo que sugerían era relocalizar. Sin embargo, en los informes no se indicaba: “Vamos a reubicar a las personas en este otro barrio o sector”. No mencionaban la solución. Eso no estaba claro en ningún documento de los que yo revisé.
Por otro lado, también es importante, desde los estudios socioambientales, tener en cuenta la perspectiva social. Al conversar con los habitantes de los barrios, ellos decían “nosotros construimos este lugar con el corazón, con nuestras manos”; se genera allí un tema de arraigo, de vecindad. Encuentras personas que llevan 30-40 años en un barrio con los mismos vecinos, tienen ya unas dinámicas sociales establecidas, toda una parte colectiva o comunitaria de ese tejido social que se rompe al hacer una reubicación. Entonces hay que tener en cuenta ambas cosas, lo técnico y lo social, porque van de la mano.
Pero es complejo pensar en qué lugar se podría dar una relocalización, porque la zona urbana de Quito es bastante particular, por esa forma alargada que tiene y por sus barreras naturales –como las laderas del Pichincha, que por la parte oriental también tienen grandes pendientes-… Es difícil manejar el tema demográfico, ante las condiciones geográficas de la ciudad.
¿Qué sucede con la adecuación permanente de las normas, para ampliar las áreas urbanizables? La polémica generada por la autorización del Centro Comercial “El Bosque”, que disparó el avance poblacional por encima de la Av. Occidental, es un buen ejemplo de ello…
En teoría, según los planes de la alcaldía, de la Occidental hacia arriba estaba la zona de reserva ecológica del Pichincha. Pero luego, en ese sector, se autorizó la construcción de barrios de estrato socioeconómico alto. Ahí hay un juego de poder e intereses económicos: las grandes inmobiliarias, aprovechando la ventaja de su interacción con el poder político, logran que se regularicen estos grandes conjuntos habitacionales y provocan un efecto dominó. Porque después comenzaron a llegar personas sin autorización a organizar barrios y les iban dotando de servicios públicos, hasta convertirlos en sectores formalizados por encima de la Occidental.
Desde mi punto de vista, el poder económico es el que gobierna, el que pone las reglas de juego para gobernar, tanto en Ecuador como a nivel mundial. Y es curioso como se ve ese gran contraste en las ciudades latinoamericanas, no solo en Quito: en las laderas tenemos unas grandes casas, o edificios de apartamentos de estrato socioeconómico alto; y, casi al lado, de vecinos, vemos esos tugurios o barrios informales. ¿Qué es lo que pasa entonces con las autoridades? ¿Falta firmeza o falta que la ley se cumpla para todos? Porque si nos vamos a eso, El Bosque y todo ese sector no deberían estar allí.
Y retomando el tema de la firmeza de la ladera: para colocar estas viviendas en ese sitio volvemos a la tala de los bosques, a dañar la capa vegetal y forestal, a que el suelo quede desprotegido, haya erosión, las fuertes lluvias lo laven y se genere el debilitamiento. Si se hubiera respetado la Occidental como límite, y por encima estuviese la zona boscosa, ahí tendríamos una barrera natural que protegería a la ciudad. Pero ahora hacia arriba hay potreros, ganados, cultivos… no se conservó la protección ecológica.
¿Cuáles serían las medidas imprescindibles para evitar la recurrencia de catástrofes como el aluvión en La Comuna–La Gasca, o al menos para atenuar la gravedad de sus efectos?
Es clave proteger el suelo, dar un amarre a través de la reforestación con especies nativas. Si el suelo está desprotegido hay muchas consecuencias, sobre todo en zonas como Quito, donde llueve bastante y con mucha fuerza. También generar unas políticas un poco más drásticas, que se hagan cumplir, en cuanto a las normas de construcción, los permisos y no entrar en ese juego de poder económico-político, porque beneficia a unos pocos pero no al resto.
Y por otro lado, generar políticas adecuadas para todos, para el medio ambiente y para encontrar un equilibrio entre la construcción urbana y la parte natural (ver especial sobre la quebrada Ortega). Hoy en día se está hablando mucho de huertas urbanas, de reforestación, de jardines verticales, es decir, volver a traer la naturaleza hacia la ciudad. Porque cuando pavimentamos el suelo, cuando lo llenamos con cemento, es como una pista de patinaje para el agua de lluvia. Adicional a esto, el manejo inadecuado de residuos genera taponamiento de las quebradas, las alcantarillas se colapsan y no sólo vemos derrumbes sino también inundaciones.
Es un conjunto de cosas que tal vez no se puedan solucionar de manera inmediata, sino a largo plazo: tener en cuenta los conocimientos técnicos, la parte social e incluir a la naturaleza como sujeto activo, que cumple un rol importantísimo en la calidad de vida de los seres humanos. A veces los gobiernos o los políticos de turno prometen las cosas que quiere escuchar el pueblo, pero a la hora de la verdad deberían ver más allá y buscar de verdad lo que se necesita. Es un tema muy complejo, son muchos frentes para trabajar a la par.
Desde mi punto de vista, el poder económico es el que gobierna, el que pone las reglas de juego para gobernar, tanto en Ecuador como a nivel mundial. Y es curioso como se ve ese gran contraste en las ciudades latinoamericanas, no sólo en Quito: en las laderas tenemos unas grandes casas, o edificios de apartamentos de estrato socioeconómico alto; y, casi al lado, de vecinos, vemos esos tugurios o barrios informales.
-Andrea Gómez Salazar, Mg. en Estudios Socioambientales
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
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