BOLIVIA, TIPNIS: LA CONSULTA GUBERNAMENTAL DEPREDADORA E INCONSULTA

“Es triste el papel de los asambleístas, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir órdenes y no deliberar nunca…..”
BOLIVIA, TIPNIS: LA CONSULTA GUBERNAMENTAL DEPREDADORA E INCONSULTA
Raúl Prada Alcoreza
5 de febrero de 2012

A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices.

Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto.

La táctica contra la marcha no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada anteadamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención.

Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.

Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido.

Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.

El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a ver dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en el Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.

Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde pasó, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de una marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.
Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles.

Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos antes haber consensuado, empero habla de los del CONISUR. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?

Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Es triste el papel de los asambleístas, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar nunca, no representar nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice