BUENOS OFICIOS
Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.
Complicidad de la Iglesia con la Dictadura de Ongania (1966-67)
En oportunidad de irrumpir la Dictadura de Ongania (1966-67), en el seno de las instituciones de educación superior dependientes del Arzobispado argentino se registraron algunos actos de resistencia que tuvieron más luego repercusiones políticas. A continuación reproducimos aquellos eventos que consideramos tuvieron alguna relevancia. Una Ceremonia (La Razón, 29-VIII-1966) Bendijo el Cardenal Caggiano la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica en presencia del Ministro del Interior. Destacó el Rector Monseñor Derisi, el prestigio logrado por la institución de alta enseñanza. A su vez el Padre Mercedario Juan V. de la Vega dijo que “debemos rehacer la Patria” y que “ésta es la última oportunidad que Dios nos concede para ello”. Sostuvo también que la Iglesia jamás estuvo ausente, aún en los momentos más difíciles, en aportar soluciones a los grandes problemas nacionales. Un joven reclamó de viva voz la libertad de los estudiantes detenidos y manifestó su apoyo a la autonomía universitaria. Los detalles. El Cardenal Primado doctor Antonio Caggiano, en su calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, presidió anoche el acto inaugural de la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de dicha institución de enseñanza superior y cuya construcción data de 1601. ………………………………………………………………………………………..l Actualmente se encuentra bajo la custodia de los Padres Mercedarios. Además, el Arzobispo de Buenos Aires, a quien acompañaban el Ministro del Interior e interino de Educación y Justicia, doctor Enrique Martínez Paz –que concurrió en representación del jefe del Estado, teniente general Juan Carlos Ongania—y el titular del Consejo de Administración doctor Carlos Pérez Companc, bendijo las instalaciones de la casa de altos estudios. Seguidamente el Rector, monseñor Octavio N. Derisi, hizo notar que la Universidad poseía 12 Facultades, varios institutos, mas de 750 profesores y alrededor de 4.000 alumnos. No se ha limitado –dijo—a los cursos normales de las carreras, ha creado cursos superiores para graduados en diversas disciplinas como los abogados de empresas, y tres tipos de doctorado en derecho, los de investigación operativa en Ingeniería, los cursos especiales para las Fuerzas Armadas, y últimamente cursos para directores y gerentes de empresa. ………………………………………………………………………………………….. Concluyó [el Prior] formulando la siguiente pregunta al Purpurado: ¿No habrá llegado ya el momento oportuno para que la Basílica de la Merced se reintegre para completar el Convento Grande de San Ramón? No sé lo que Dios reserve para el futuro, pero personalmente creo, pienso, que vuestra eminencia debe crearnos la parroquia universitaria”. Al terminas su discurso el Padre de la Vega se produjo un incidente protagonizado por el alumno Eduardo Saguier que prorrumpió gritando: “¡Que se libere a los estudiantes detenidos¡ ¡Viva la libertad y la autonomía universitaria¡ Varios jóvenes rodearon en esas circunstancias al nombrado y forcejeando con el mismo lo alejaron del lugar, restableciéndose la calma. A continuación el cardenal acompañado por las autoridades mencionadas, monseñor Derisi, el decano de la Facultad Dr. Francisco Valsecchi, otros miembros de la Universidad, ayudantes de autoridades militares, el escribano mayor de gobierno Jorge Garrido, el párroco de la Merced y varios invitados especiales recorrió las aulas y salones que han sido restaurados dentro del estilo colonial. Fuente: La Razón, 29-VIII-1966
Cartas desde el exilio Chileno (1967) ESTUDIANTES En virtud del silencio que se impusiera a sí mismo sobre los conflictos existentes en su institución el rector de la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires”, Monseñor Dr. Octavio N. Derisi, en el reportaje que le hiciera la revista de su digna dirección cumplimos con el deber de informarle de los acontecimientos que han llevado a dicha institución a la crisis presente que padece. Infinidad de actitudes, individuales y colectivas, formales e informales, signaron este largo proceso. Ya en 1964 los estudiantes de Derecho Pedro González Trabucco, Rubén Mendoza y Miguel A. Sejem manifestaban en la Declaración de Principios del Movimiento de Acción Comunitaria de Extensión Social (A.C.E.S.) lo siguiente: “No podemos conformarnos con una Universidad llamada no sin sentido ulterior ´privada´, sujeta a la beneficencia también privada, y a los peligros que de ella se derivan. Los inconvenientes económicos de su mantenimiento, bien se sabe, traen un aumento arancelario excesivo que vedan o dificultan el ingreso o la permanencia a los estudiantes de vastos sectores del pueblo. El peor mal que puede aquejar a una casa de estudios católica es la de ser clasista, siendo el dinero un factor relevante…Como católica debe ser de todos; estar espiritualmente y de hecho al lado de los que padecen necesidades como siempre lo sostuvo Cristo”. Con motivo de ella el Rector reunió a los alumnos de todos los cursos para afirmar que tal Declaración obedecía a la debilidad del Decanato y para enrostrar a sus firmantes delante de sus compañeros la condición de becario que gozaba uno de ellos. Como es de suponer renunció el Decano, Dr. Bidart, más luego a pedido del Rector retiró su dimisión al cargo. Con respecto a los alumnos, les pidió una retractación bajo amenazas de expulsiones. De ahí en adelante A.C.E.S. vio trabado permanentemente su accionar tanto en lo que hace a los Boletines donde se denunciaba el creciente autoritarismo, clasismo y profesionalismo en que estaba cayendo nuestra universidad como en lo que se refiere a las conferencias, que a diferencia de los permisos brindados al R.P. Meinvielle y al denominado Instituto de Sovietología, prohibiéronse los del R.P. Gera, decano de la Facultad de Teología, y las del Pbro. Mejía, profesor de la casa y perito conciliar.
Finalmente la misma existencia de A.C.E.S. fue vedada en nuestra casa de estudios. En 1965, 45 estudiantes del penúltimo curso de la Escuela de Administración fueron severamente amonestados por reclamar con energía la reimplantación del turno nocturno, uno de los factores condicionantes de la actual estratificación social de su población, y las inquietudes que algunos de sus miembros elevaran al rector y a uno de los visitadores apostólicos fueron desatendidas. Cabe decir que lo mismo aconteció con los memoriales presentados por A.C.E.S. y los estudiantes de Sociología. En el mes de septiembre, el director y cuerpo de profesores de la Escuela de Sociología conjuntamente con el centro de estudiantes de la misma, A.C.E.S., y otras entidades católicas se vieron en la obligación de esclarecer a la opinión pública sobre el significado y entronque del moderno concepto del cambio social dentro de la Doctrina Social de la Iglesia (La Nación, 8-IX-65).
Dicha actitud mereció de las autoridades severas amonestaciones a sus autores y la sanción de la conocida Ordenanza XXIV. Durante el pasado año los aumentos arancelarios motivaron a o0tro numeroso grupo de alumnos de diversas facultades a indagar por los ocultos balances anuales de la Universidad la tan mentada situación deficitaria. Pactose una tregua merced a la intercesión de algunos miembros del Consejo Superior, y posteriormente, uno de dichos estudiantes, luego de citado a comparecer frente al Rector, fue severamente amonestado por retirarse de dicha citación. Abandono este provocado por el descomedido trato sufrido. El patrocinio de nuestra universidad a las conferencias del profesor Frederick D. Wilhelmsen (La Nación, 4-VIII y 9-VIII-66) y la disociasiva disertación del Dr. Estanislao del Campo Wilson en nuestra casa de estudios (La Nación, 28-VI-66) caldearon los ánimos. La conferencia pronunciada en 1962 por el entonces Ministro de Economía e interino del Interior, Ing. Alvaro Alzogaray (La Nación, 4-X-62), los conocidos cursos para oficiales de las Fuerzas Armadas inaugurados el ante-año próximo pasado, el gran número de profesores que aceptaron cargos en el gobierno de facto instaurado en el país, la visita del rector al Gral. Ongania a los cuatro días del golpe militar (La Nación, 2-VII-66), la declaración publicada con motivo de la intervención a la Universidad de Buenos Aires por nuestro Consejo Superior (La Nación, 6-VIII-66) y el cursillo que sobre el Acta y Estatutos de la Revolución Argentina dieran en nuestra casa de estudios los Dres. De Pablo, Bidart y Estrada (La Nación, 28/29/30-ix-66) nos fue revelando una abierta complicidad de nuestra universidad con la Revolución Argentina. Complicidad que se acentúa con las amonestaciones recibidas por 42 profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y con la suspensión de 78 alumnos de Sociología, Administración y Derecho en virtud de declaraciones públicas de condena a dicha intervención (La Nación, 6-VIII-66 y La Prensa, 7-VIII-66). Fue entonces que dirigentes de la Liga Humanista y de Derecho, Administración y Sociología de la U.C.A. conversaron con autoridades de F.E.U.S. y F.E.U.C.A. a los efectos de lanzar una declaración conjunta. Frustrada ésta por la amenaza de ambos rectores sólo se celebraron dos misas, casi a hurtadillas, por el alma de Pampillón. En el mes de agosto en un acto que contaba con la presencia del ex ministro del Interior Dr. Martínez Paz y el Arzobispo de Buenos Aires Cardenal Caggiano, y a renglón seguido de un discurso del Prior de los Mercedarios un estudiante de 5º año de Administración y 3º de Derecho, Eduardo Saguier, reclamó a viva voz la libertad de los estudiantes presos y la autonomía universitaria. Ello le significó dos años de suspensión en ambas carreras. Cabe consignar que dicho Prior dijo entre otras cosas: “Esto que se está dando en llamar la Segunda República es la última oportunidad que Dios nos concede para rehacernos en el plano institucional, moral, económico e intelectual. La opción sólo puede ser por uno de los dos términos del dilema: el orden o el caos” (La Prensa y La Razón, 30-VIII-66).
En el mes de septiembre el Consejo Superior rechazó la propuesta, a un estudiante, para una ayudantía de cátedra por el motivo de haber firmado la anterior declaración. Ese mismo alumno, Enrique Amadasi, presidente a la sazón del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología, fue luego suspendido por el término de un año al expresar en el Boletín del Centro que “se nos ha prohibido lo más grande que tiene el interesado en problemas humanos: el hablar, el llevar nuestro propio mensaje, lo que equivale a prohibir el pensamiento. Era lo último que nos quedaba como universitarios, como católicos y como argentinos”. Por esa época, la revista estudiantil Reencuentro, dirigida por Carlos Grosso, de Letras, fue erradicada de circulación y suspendida en adelante su publicación por orden del rector. La Asociación de Estudiantes de Sociología, entre tanto, elabora los “Pasos a seguir en orden a lograr algunos cambios significativos en la universidad” ocupando el principal lugar la institucionalización de la libertad académica mediante la provisión de las cátedras por concurso en virtud del derecho natural del alumnado de aprender y escuchar en sus mismas universidades disciplinas y profesores con puntos de vista contrarios o diversos sin discriminación alguna por razones de orden racial, político, ideológico o religioso, pues tratase de una universidad agnóstica o de una dedicada a un credo único siempre se trata de una necesidad interna de síntesis ecuménica.
Asimismo eleva, al igual que el cuerpo de profesores, un memorial a los obispos reunidos en la Conferencia del Episcopado Nacional donde entre otras cosas dice: “Creemos expresar con justeza nuestro pensamiento si decimos que la Universidad Católica Argentina no es plenamente una universidad, y creemos llegar al fondo del asunto si agregamos que ello obedece a que no es plenamente católica, todo lo cual lleva a no ser tampoco plenamente argentina”. Más luego expresa: “La autoridad jerárquica ha adquirido características autoritarias y paternalistas totalmente reñidas con el sano ideal de la autoridad que alientan la apatía de unos y la rebeldía de otros, que tienden a acallar el sano dinamismo de los cuerpos intermedios de la universidad y pretende imponer una suerte de uniformidad de ideas, métodos, y criterios, generalmente algo rígidos, lo cual choca contra el espíritu de comunidad y de diálogo que debe imperar en todo centro de estudio y de investigación como condición previa para que del esfuerzo de todos surja y se proclame la luminosa verdad… La universidad tiende a convertirse así en una “torre de marfil” en la cual no resuenan “el gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de los hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos de todas clases´”. Termina expresando: “La Universidad Católica Argentina, salvo excepciones, se proyecta muy débilmente sobre la sociedad que la rodea, ilumina muy pobremente y escruta muy escasamente ´los signos de los tiempos´, se adapta muy poco ´a las perennes interrogaciones de los hombres´ ni ´conoce ni entiende el mundo en que vivimos, sus expectativas, sus deseos y su condición a menudo dramática´”. Pese a todo ello el Episcopado confirma al rector dándole un voto de confianza (La Nación, 20-XII-66). Sobrevino luego la prohibición del ciclo de conferencias a cargo del Lic. Hugo Callelo, sobre el tema Cambio Social, aduciendo para ello el Dr. Valsecchi, determinados antecedentes ideológicos del orador. A continuación suspendiese a un alumno del último curso de Sociología, ex presidente de su asociación de estudiantes –Juan José Llach—por los siguientes términos de su renuncia a un cargo del centro, publicada en su Boletín, a saber: “La conducción actual de la Federación ha absorbido ahora nuestros símbolos de protesta y se embandera con ellos. Pero se trata tan sólo de los símbolos pues la Universidad espantosamente burguesa que somos lo seguirá siendo quizás por mucho tiempo…” Ante este hecho el claustro de profesores envía al Consejo Superior por intermedio del Rector un pedido de revocatoria de la sanción que no sólo no es cursada al órgano destinatario sino que es devuelto por considerar improcedente sus términos. Coincidentemente con la publicación de un semanario se revoca dicha sanción. Esta, no está demás decirlo, afirmaba que nuestra Universidad es autocrática, sectaria y clasista, y carece de libertades académicas, igualdad de oportunidades en el acceso a sus claustros y autonomía con respecto a la Jerarquía Eclesiástica (Confirmado, número 72). Pero a partir de estos hechos y como culminación de muchos otros se suceden renuncias masivas de profesores en solidaridad con la del Director del Departamento de Sociología Dr. José E. Miguens (La Nación, 17-XII-66). La Universidad, entonces, los acusa públicamente de no actuar limpiamente (La Nación, 20-XII-66, La Prensa, 21-XII-66).
Posteriormente, el Consejo Superior suspende por el término de un año a tres alumnos del 2º curso de Sociología –Carlos Prego, Fernando Perera y Roberto Martínez–, miembros del Consejo Directivo de la revista del Centro, en virtud de la orientación impresa en ella donde estos mismos alumnos habían publicado una carta dirigida al rector del siguiente tenor: “quizás haya errores en nuestra concepción de la Universidad; pero si hay algo de lo que estamos íntimamente convencidos es que ésta sólo puede surgir de la libre confrontación de las ideas, y que la coacción y la represión siempre fueron caminos burdos para lograr su fuerza, aún cuando aquéllas estuvieren contaminadas por el equívoco. Por ello no creemos defender slogans cuando proclamamos vigorosamente la exigencia de la libertad académica, de pensamiento y de expresión, sin discriminaciones ideológicas; y como miembros de la Universidad Católica Argentina lo sabemos muy bien, porque vivimos su necesidad demasiado frecuentemente. Por eso hoy no podemos acallar nuestra voz…porque somos partidarios de la crítica leal y abierta más que de la obediencia obsecuente; porque las conciencias no pueden silenciarse indefinidamente. Y, sobre todo, porque somos responsables de la publicación que hoy provoca la injusta sanción de un compañero, que afecta sus estudios, si situación en la Universidad, y su dignidad como persona. Somos responsables de ese delito y lo seguiremos siendo, pues estamos moralmente obligados a ello. Porque no creemos que sea delito crear una publicación al servicio de la libre expresión de las ideas mientras ellas no afecten la moral, máxime cuando expresan toda una trayectoria existencial y pueden colaborar efectivamente al bien común de la institución, aunque duelan como duelen muchas realidades, tristes pero ciertas. Y porque nuestras conciencias nos impiden seguir confirmando con nuestro silencio un tal estado de cosas, con visas de prolongarse indefinidamente, apilando injusticia sobre injusticia”. Como colofón a todo este repertorio de arbitrariedades se suceden las declaraciones agraviantes a la persona del R.P. Justino O´Farrell por parte del Rector de la Conferencia del Episcopado Nacional, la toma de partido de la Universidad en un diferendo suscitado en el seno de la Iglesia (La Prensa, 21-XII-66), nuevas renuncias de profesores y la guardia de asalto policial en las puertas de la Facultad solicitada por el señor Decano –en resguardo de una supuesta ocupación que jamás estuvo en el ánimo de sus alumnos–. A fines del año el Rector manifestó, en un acto de inauguración, aclarando “sobre algunos casos desagradables aparecidos en los periódicos” que “no era posible que tantas cosas fueran indiferentes al espíritu del mal. Si tenemos que morir, moriremos por la verdad” (La Nación, 20-XII-66).
Últimamente, las declaraciones del rector en la revista Criterio y en el semanario Esquiú y las falsas ponderaciones logradas de una publicación de esta capital (Primera Plana, N.221) nos confirman plenamente en nuestra actitud. Por todo lo anterior se produce un éxodo masivo de estudiantes, unos hacia Chile, los más hacia la UBA y el Salvador. Sobre estos últimos sólo se conocen los impedimentos formulados en forma de equivalencias, debido a presiones de la Curia, que harían imposible dicho traslado. Guillermo Salatino, 3º Sociología Eduardo R. Saguier, 5º Administración Daniel Cormick, 3º Sociología Fuente: Inédito (Buenos Aires), año I, n.16, del 12 de abril de 1967, pp.30-31 Cartas desde Chile (Propósitos, n.197, Buenos Aires, 20-VII-1967; y Confirmado, Buenos Aires,10-VIII-1967, p.76)
Santiago de Chile, junio 20 de 1967 Sr. Director de Propósitos De nuestra mayor consideración: De resultas de la honda crisis recientemente desencadenada en la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” con motivo de la larga y penosa lucha contra su estructura altamente clasista, dogmática, autocrática y profesionalista, y que culminara en el despotismo hecho sistema por sus autoridades merced al voto de confianza que a las mismas brindara la 16ª sesión de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino (La Nación, 20-XII-66) tácitamente confirmada por la última Asamblea Extraordinaria del mismo celebrada en Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba, los abajo firmantes, voluntariamente exilados en este país hermano de Chile, hacemos pública la denuncia elevada a la Asociación Internacional de Universidades Católicas, la Unión de Universidades de América Latina, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de la Santa Sede, la Unión Internacional de Estudiantes, la Confederación Latinoamericana de Estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, la Unión de Federaciones de Universidades de Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, con el fin de poner en conocimiento lo siguiente: 1º) Que a los 42 profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas amonestados por condenar públicamente la intervención a las Universidades estatales; a los 78 alumnos de Sociología, Economía y Derecho suspendidos por idéntico motivo; a la liquidación de los periódicos estudiantiles “Reencuentro” y “Sociología”; a los carros de asalto de la Guardia de Infantería apostados en las puertas de la Universidad a solicitud del Decano Dr. Valsecchi; a la suspensión por dos (2) años del alumno Eduardo R. Saguier y por uno a los alumnos Roberto Martínez, Fernando Perera y Carlos Prego, hechos todos ocurridos con anterioridad al voto de confianza otorgado por el Episcopado Argentino, viene a sumarse hoy la suspensión por un año del casi egresado alumno del Departamento de Sociología, Juan José Llach, con pérdida de la medalla de oro y recepción de su diploma en público, por el solo acto de refutar falsas apreciaciones hechas sobre la universidad por parte de un semanario de Buenos Aires (Primera Plana, 4-10/IV/67); 2º) Que el Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina, destruido durante el año próximo pasado por haber resistido el autoritarismo del Rector –como lo corroboran las renuncias de 29 profesores que constituyen el 95% de su cuerpo docente específico—subsiste hoy con el beneplácito de ambas Asambleas del Episcopado Argentino en el fraude más inescrupuloso e impune y en un clima de terror para la libre expresión de las ideas, atestiguado por el reciente éxodo voluntario de treinta (30) de sus doscientos (200) alumnos a la Universidad del Salvador (Buenos Aires), seis (6) a la Universidad Católica de Chile (Santiago) y otros a diferentes instituciones del país y el extranjero; 3º) Que el Cardenal Caggiano, tras haber obtenido para las autoridades de la Universidad un voto de confianza de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino (La Nación, 20-XII-1966), incurre –en las declaraciones formuladas en un acto específicamente universitario (La Prensa, 20-XII-1966)—en la total confusión de su rol de Arzobispo de la Iglesia Católica con el de Gran Canciller de la Universidad, erigiendo a esta en tribuna de los diferendos suscitados en el seno de la Iglesia, confusión que convalida de inmediato el Consejo Superior tomando partido en ellos (La Prensa, 21-XII-1966); todo lo que sumado a una serie interminable de arbitrariedades ha herido profundamente la autonomía universitaria, la cual aunque bajo una necesaria coordinación y planificación central exige total independencia tanto del control estatal como del eclesiástico, pues trátese de una universidad agnóstica como de una confesional siempre ha de satisfacer una permanente necesidad interna –esencial a la naturaleza filosófica del espíritu universitario—de acelerada síntesis ecuménica en todas las dimensiones de la composición social, racial, religiosa y nacional y del conocimiento científico, artístico, filosófico y teológico; 4º) Que el Episcopado Argentino tanto en la Asamblea Plenaria celebrada en Buenos Aires a fines del año próximo pasado como en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el presente año en Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba, ha convalidado con el voto de confianza otorgado a las autoridades de la Universidad Católica (La Nación, 20-XII-1966) la declaración del Consejo Superior de ésta con motivo de la intervención a las Universidades estatales (La Nación, 6-VIII-1966), donde en base a falsos criterios de preservación ideológica y perpetuación elitista se avala la conculcación de la autonomía universitaria y la violación de las libertades académicas con que se ha sumido a nuestro pueblo en un más acentuado subdesarrollo intelectual y acrecentado limitacionismo educativo, que agudiza la relación de dependencia con el imperialismo cultural de los centros del mundo y las oligarquías consulares porteñas, alimentando así el éxodo de científicos y técnicos, la caza del éxito, el prestigio, el poder y el dinero a través de las cátedras, la investigación y cultura importadas y la recreación de “fábricas de títulos” y “torres de marfil”, en detrimento de la formación de un hombre nuevo que dé lugar a la personalidad del argentino del mañana para la comunidad de una Latinoamérica integrada y un mundo donde reine la Paz y la Justicia. Sin otro particular, le agradecemos infinitamente la atención y le saludamos muy atte. Patricio Biedma, 5º Sociología Daniel Cormick, 3º Sociología Fernando Perera, 3º Sociología Hugo Perret, 5º Sociología Carlos Prego, 3º Sociología Eduardo R. Saguier, 5º Economía, 3º Derecho Guillermo Salatino, 3º Sociología P.D. Para cualquier referencia dirigirse a Patricio Biedma, J. Miguel de la Barra 536, Dpto. 501, Santiago de Chile Fuente: Propósitos, n.197, Buenos Aires, 20-VII-1967 y Confirmado, 10-VIII-1967, p.76)