* El Expreso se negó a publicar la carta
Cuenca, 10 de noviembre de 2016
Licenciado Galo Martínez Merchán,
Fundador de Diario Expreso
Doctor Galo Martínez Leisker,
Director de Diario Expreso
Doctor Francisco Huerta Montalvo,
Subdirector de Diario Expreso
Licenciado Fernando Cazón Vera,
Editor Memorias Porteñas
Doctor José Luis Ortiz,
Columnista
De mis consideraciones:
En relación con las crónicas sobre el caso Isaías y la historia de los movimientos subversivos en América Latina, aparecidas en las últimas tres entregas del suplemente Memorias Porteñas que publica este diario, considero necesario hacer algunas aclaraciones.
Una de las principales y más trascendentales reivindicaciones del movimiento Alfaro Vive, Carajo fue la democracia. No se puede entender este proceso sin referirse a las complejas limitaciones que vivía la sociedad ecuatoriana, y particularmente el estamento político, respecto del sentido insustituible de la democracia como proyecto de transformación social. Y cuando me refiero al estamento político incluyo también a la vieja izquierda. Fueron justamente las visiones anquilosadas, dependientes e inconsecuentes de esa izquierda las que nos empujaron a optar por un proyecto diferente en sus contenidos y en sus métodos.
Este análisis retrospectivo es indispensable para entender, entre otras cosas, la deriva autoritaria del actual gobierno. Una parte considerable de los cuadros y dirigentes de Alianza País fue parte de esa izquierda, que no entendió –ni todavía entiende– el potencial transformador de la democracia.
En ese sentido, la lucha inquebrantable contra el gobierno despótico de Febres Cordero fue parte de esa concepción democrática de la revolución social, que va más allá de un régimen transitorio. Febres Cordero fue un accidente –no por ello inocuo o secundario– en el largo e inconcluso proceso de dominación que vive el Ecuador. Aún hoy, tres décadas después de su gobierno, los ecuatorianos seguimos luchando por librarnos del autoritarismo, por institucionalizar condiciones democráticas básicas como la libertad de expresión, por conseguir reivindicaciones históricas como la autonomía de los movimientos sociales. Aún hoy resistimos a un gobierno arbitrario, corrupto ynepotista.
La retención de Nahím Isaías (tema central de las tres entregas de Memorias Porteñas) fue concebida como un golpe al centro del poder oligárquico nacional. No solo a su representación política, sino a su real estructura de poder. En la práctica, el señor Isaías cumplía el papel de patrón financiero de Febres Cordero. Coincidentemente (y esto lo pueden verificar en diarios de la época), días antes del operativo de marras, el propio Presidente de la República visitó al banquero en su residencia del Malecón Simón Bolívar para solicitarle la inyección de cinco millones de dólares al mercado cambiario a fin de estabilizar la cotización de la moneda.
¿Qué otros favores de alto calibre había solicitado Febres Cordero a Nahím Isaías? Esta pregunta constituye el meollo de la explicación del desenlace de la retención del señor Isaías y del comportamiento del principal personaje del episodio. Pregunta que no me la formulo ni me la formulé yo en aquellos días; se la formularon miles de guayaquileños que contemplaron con estupor la precipitación con que Febres Cordero ordenó el asalto a la casa de La Chala, donde perecieron todos los miembros del comando del M-19 y de AVC y el propio rehén.
En este punto, la comidilla que se suscitó a propósito del imprudente manejo de la crisis por parte del gobierno de entonces no debe distraernos de las sórdidas intenciones que derivaron en la masacre de La Chala. El cotilleo no necesariamente anula la verdad; quizás la maquilla, la difumina, pero no la desaparece.
En efecto, no es descabellado suponer que la decisión de incursionar violentamente en la casa de La Chala incluía el propósito de terminar también con la vida del cautivo… y, por añadidura, terminar con compromisos y obligaciones adquiridos por el empleado con el patrón. Bien es sabido que a esos niveles nunca quedan recibos de las deudas. Se habría consumado lo que desde la jurisprudencia se conoce como crimen de oportunidad.
¿Se han preguntado ustedes por qué al año siguiente apareció el agujero patrimonial en Filanbanco, agujero que progresivamente se fue incrementando hasta provocar la catástrofe financiera nacional de 1999? ¿Se han preguntado qué hacía el señor Marcel Laniado, principal accionista del casi quebrado Banco del Pacífico, en el equipo de crisis? ¿Se han preguntado por la condescendencia y pasividad de los hermanos Roberto y William Isaías con una decisión tan drástica como la de eliminar a su tío, si de por medio no existía la oferta de quedarse como principales ejecutivos de Filanbanco?
Pero no solo se cometió un crimen de oportunidad. La conducta de las principales autoridades políticas que se pusieron a la cabeza del operativo de represión policial también configuran un crimen de Estado. La tortura a la que todos los implicados fuimos sometidos, y el asesinato de varios militantes de AVC y del M-19, contó con la anuencia y conocimiento de quienes en ese momento cumplían funciones políticas y administrativas. No se trató, como usualmente quieren presentarlo los responsables de estos delitos, de excesos o actos incontrolados de algunos miembros del aparato policial; fue, como ya lo señaló la Comisión de la Verdad, una acción deliberada y sistemática para destruirnos física y mentalmente.
En buena hora un periódico como Expreso refresca la memoria del país. Recordar y analizar estos hechos desde el desapasionamiento que interpone el paso del tiempo contribuye a entender con mayor claridad los complejos entramados de la política. Las injusticias cometidas, como la tortura y los asesinatos a los que fuimos sometidos los militantes de AVC, no pueden ser revertidas. Pero el esclarecimiento de los hechos sirve al menos como reparación para nuestro derecho a la justicia.
Atentamente
Juan Cuvi
C.I. 1301872592
