06 Mayo 2014
Informacion adicional
Un paro con desarrollos. Tras una semana de movilización campesina, el gobierno Santos reconfirma en los hechos su incapacidad para cumplir los acuerdos firmados en septiembre del 2013, tras el fin de aquella intensa movilización del país rural. 5.3 billones de pesos a través del pacto agrario nacional, con destinación definida por el Ministerio de Agricultura, las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales no fueron más que paños de agua tibia para algunos pocos campesinos, recursos que funcionaron, al mismo tiempo, como tabla de salvación temporal para los sectores terratenientes.
Las acciones iniciadas el 28 de mayo pasado traslucen la existencia de un proceso de movilización en el cual confluyen dos paros nacionales: el primero, concitado por las Dignidades Agropecuarias (DA) y que convoca a paperos, cafeteros, cacahuateros, arroceros, cebolleros, que han hecho retumbar algunas de las regiones más próximas de Bogotá, Medellín, Neiva y Villavicencio; el segundo, el paro convocado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (Cacep) punto de conjunción de las principales plataformas de la izquierda de masas en el país y de importantes sectores que movilizan el mundo rural: Congreso de los Pueblos (CP), Marcha Patriótica (MP), la Coalición de Movimientos Sociales y Políticos (Comosoc), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), entre algunas de estas. Según Andrés Gil, vocero de este proceso, la Cumbre agrupa a no menos del 80 por ciento del movimiento agrario colombiano.
Dos paros, dos pliegos, dos territorialidades, para un solo nuevo campo
La primera semana de estos dos paros agrarios, punto de inflexión campesina, obligó al Gobierno a centrar su atención en una protesta que puede desatar solidaridades y despertar descontentos por doquier. Adelantándose a este escenario, el Ejecutivo, raudo y veloz, designó al Ministro Lizarralde, a sus viceministros y al Incoder, para atender las mesas de diálogo social; las primeras sesiones de la negociación han tenido un camino truncado.
En el caso de las DA, al frente de la mesa se sitúan Cesar Pachón, Luis Ernesto Gómez – dirigente de La Calera–, y Juan Matamoros –líder agrario, ambientalista y luchador contra la minería en Villa de Leyva (Boyacá), en contracara nuevamente Rubén Darío Lizarralde.
Al instalar la mesa de diálogo, el 28 de abril, el ministro Lizarralde, de manera ágil, les planteó a los campesinos una agenda en la cual simplemente hacía un recorrido alrededor de los acuerdos firmados al finalizar el anterior paro agrario, confundiendo con habilidad los desarrollos del pacto agrario con las exigencias de las DA, situación denunciada por los voceros campesinos.
Por su parte, Cesar Pachón rechazó la no interlocución directa con el Presidente de la República, y enfatizó que los temas de diálogo son cuatro: 1) la renegociación de los tratados de libre comercio en sus capítulos agropecuarios y la instalación de un nuevo comercio internacional; 2) condonación crediticia, firmando un indulto a los campesinos del país que no han podido pagar los empréstitos del ultimo periodo gracias al desigual comercio con productos agrícolas importados, a su vez se concita la necesidad de conformar una nueva política de fomento agropecuario; 3) abaratamiento de los insumos agropecuarios y reconversión agroeconómica de la producción del país rural; 4) protección de paramos, fuentes fluviales y el medio ambiente en contra de la minería.
La mesa fue interrumpida por el gobierno el miércoles 30 de abril, al levantarse con la justificación de los bloqueos presentados desde el 29 de abril en la vía La Calera –goteras de Bogotá. Sin embargo, fuentes de desdeabajo alertaron que la discusión de las primeras rondas fueron alrededor del tema de financiamiento y condonación crediticio, y ante la negativa del ministro Lizarralde por debatir cualquier punto que afectara al sector financiero, así como los intereses del banco Agrario –que actúa como entidad privada–; los voceros de la Dignidad enjuiciaron en la mesa al gobierno Santos retirándose también de ella. Esta realidad de no poder negociar sobre los intereses de la burguesía financiera criolla, y sobre los tratados de libre comercio (TLC), obstruye las posibilidades de solución inmediata de los problemas agrarios del país.
La tensión prosiguió por varios departamentos, y las llamadas para reactivar las negociaciones surtieron efecto. Al medio día del domingo 4 de mayo la mesa tomó forma en la sede del ministerio de Agricultura. La discusión fluye en caliente, pues las dignidades adelantan más de 15 bloqueos en el país, destacándose las concentraciones en La Pintada (Antioquia), las del Eje Cafetero (sobre los conectores viales de Risaralda), en el Huila (sobre poblaciones arroceras), y en el centro del país (con bloqueos sobre la vía a La Calera), además de puntos de protesta en la carretera Tunja–Bogotá, y Tunja–Sogamoso. A este paro (de las Dignidades) llegan los apoyos de la Confederación Colombia de Transportadores, que a través de Jorge García –ex candidato al Congreso por el Partido Verde– exige reducción de los precios de la gasolina.
Doble escena
La otra cara de la moneda es la Mesa Única de Negociación, organismo constituido por la Cumbre Agraria, cuyo pliego incluye más de 48 medidas concretas agrupadas en ocho grandes puntos: 1) Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, 2) La economía propia contra el modelo de despojo, 3) Minería, energía y ruralidad, 4) cultivos de coca, marihuana y amapola, 5) Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, 6) Derechos sociales, 7) Relación campo-ciudad, 8) Paz, justicia social y solución política. Aunque han mencionado que tienen 20 sitios de concentración en todo el país, los activados hasta el domingo 4 eran cinco, toda vez que la hora cero para desatar toda su fuerza fue centrada para el 5 de mayo.
Marylen Serna y Alonso Campiña –del Congreso de los Pueblos–, voceros de la Cumbre Agraria informaron sobre la firma de un decreto presidencial que oficializa el inicio de una mesa de negociación con este sector, tras negociaciones consumadas en la noche del 3 de mayo.
Tres serán los bloques temáticos por trabajar con el Ejecutivo nacional: primero garantías de negociación y movilización, incluyendo la libertad de los presos del anterior paro agrario nacional; segundo, un bloque de economía campesina, que negociará como punto fuerte la construcción de un fondo de economía campesina regulado por las organizaciones agrarias y no por el gobierno nacional, como ocurre con los dineros aprobados producto del anterior paro agrario y, tercero, reglamentación de la política agraria nacional, que tiene que ver con la implementación de la ley 160 de reforma agraria, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la construcción de figuras territoriales: zonas de reserva campesina, agroalimentarias, y de reserva ambiental, resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos.
De acuerdo a lo anunciado por los líderes de la protesta, el 5 de mayo escalará el paro nacional, lo que sucederá a pesar de la represión que hasta ahora produjo más de dos decenas de heridos, un muerto e incluso empadronamientos por parte del ejército, así como los bloqueos de la Policía a productos alimentarios en regiones como el Catatumbo. Pese a todo ello, 20 mil campesinos, indígenas y comunidades afro instalarán su fuerza en 20 puntos de bloqueo a nivel nacional que tocaran al suroccidente del país, al Magdalena medio, los Llanos Orientales (en los departamentos de Casanare y Arauca) , así como Putumayo, Caquetá, y Choco.
De esta manera, la protesta campesina tensa al Gobierno, para el cual esta negociación es una guerra de posiciones, con el 25 de mayo como plazo asfixiante, necesitando menoscabar la influencia de un paro agrario que puede acrecentar las opciones de la no continuidad de Santos en la Casa de Nariño.
Así las cosas, el Gobierno tendrá que aceptar negociar con bloqueos, mientras que los dos paros agrarios en curso ponen en debate la imperiosa necesidad de reconstruir una política agraria nacional que supere tanto al libre comercio como al ordenamiento territorial, así como el desequilibrio agropecuario, caldo y cultivo de la guerra en Colombia.
