Quito, 21 de octubre de 2012
Un nuevo régimen de producción debe basarse en la norma constitucional que establece la Economía Social y Solidaria, y que postula que el centro de toda actividad económica es el ser humano. Pero no desde una visión antropocéntrica, pues el ser humano no solo debe ser solidario con los demás, sino que debe vivir en armonía con la Naturaleza, de la que forma parte. Ese es el punto de partida del Buen Vivir.
Igualmente, como dispone la Constitución de Montecristi, hay que asegurar una relación armónica entre Estado, mercado y sociedad. Al mercado hay que civilizarlo, para lo cual el país ya cuenta con una ley para el control de las operaciones oligopólicas y monopólicas; ley que, sin embargo, carece de poder para afectar las estructuras monopólicas y oligopólicas existentes, que frenan el desenvolvimiento dinámico de la economía. Por ello es importante romper con aquellas estructuras que hegemonizan el aparato productivo.
Si bien es cierto que al mercado hay que controlarle para que este no se sitúe por encima de los intereses de la ciudadanía y las personas, no creemos que sea función del Estado entrometerse en la vida cotidiana de la ciudadanía. El Estado no puede ser una suerte de inspector de las costumbres ciudadanas que prohíbe las conductas sociales (como sucede con la prohibición de vender cerveza los domingos o peor aún que un burócrata estatal pueda decidir cuál debe ser la vocación profesional de la juventud que quiere estudiar en una universidad).
Necesitamos una sociedad fuertemente organizada, que ciudadanice al Estado y civilice el mercado. De igual manera, consideramos que la acción productiva en el país no debe destruir la Naturaleza, pilar sobre el cual se sustenta nuestra economía y el futuro de las generaciones venideras. En tal sentido, también es indispensable fortalecer el control del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Sin embargo, estamos convencidos de la inviabilidad económica, social y ambiental de la megaexplotación minera.
El grueso del cambio político, institucional y socioeconómico se generará desde las pequeñas y medianas empresas, así como desde aquellas organizaciones cooperativas y comunitarias, sobre la base del uso intensivo de fuerza laboral y tecnologías intermedias, insumos local-regionales, concentrando la producción para cubrir prioritariamente las necesidades del mercado interno y garantizar la soberanía alimentaria nacional.
Las prácticas monopólicas y oligopólicas concentran riqueza en pocas empresas grandes, que no son las mayores generadoras de empleo y, muchas veces, en lugar de fomentar la producción, promueven las importaciones. En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas (PYMES) generan la mayor cantidad de empleo: 75%, y participan de un 56% de las ventas nacionales. Las pequeñas empresas, a pesar de ser el 95% del universo de empresas existentes en el país y las generadoras del 44% de empleo nacional, apenas venden el 16% de los productos que se comercializan en el mercado, lo cual refleja asimetrías que han de ser urgentemente corregidas en nuestra economía.
Los grandes empresarios tratan de acumular aplastando a otros; por ejemplo, buscan maximizar las utilidades por cada unidad de producto que se coloca en el mercado, cuando bien podrían aumentar sus utilidades incrementando la masa de productos que colocan en el mercado. Lo que se aplica especialmente al gran capital extranjero, que no sólo desnacionaliza la economía, sino que -al menor indicio de crisis- emigran al exterior, desestabilizando la economía doméstica.
La tarea es fabricar la mayor cantidad posible de productos localmente, para generar mayor valor agregado y evitar la monodependencia del producto estrella del momento (cacao, banano, petróleo). La opción es crear un aparato productivo vigoroso basado en las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, las cuales, además de generar puestos de trabajo, son las que -con frecuencia- menos problemas ambientales generan. El eje de este universo de emprendimientos estaría complementado por las unidades productivas comunitarias, asociativas y cooperativas, así como las unidades económicas populares, con los que se debe construir otra economía, una economía solidaria como manda la Constitución de Montecristi. Es decir una economía inclusiva, sustentable y generadora de puestos de empleo dignos. Proponemos, en suma, incentivar a los que nunca han sido incentivados. Hay que pasar de una economía oligopólica a una economía reciproca y solidaria.
Este sector económico popular y solidario está compuesto por el conjunto de formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Estas formas de organización económica solidaria incluyen cooperativas de producción, de consumo, de vivienda y de servicios, así como a las asociaciones y organizaciones productivas comunitarias. A estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y solidario, que tienen a las cooperativas de ahorro y crédito como uno de sus principales pilares, así como a las cajas solidarias y de ahorro y los bancos comunales.
Estas organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. De esta manera se romperá con toda forma de paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado, y por otro, con toda forma de concentración y acaparamiento; prácticas que han dominado la historia del país: migajas para el pueblo y la gran torta para las minorías. Aquí lo que cuenta, a demás, tal como dispone el mandato constitucional, es que el ser humano debe vivir en armonía con la Naturaleza, buscando, individual y comunitariamente, la construcción el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Estado tendrá que invertir y generar las condiciones que dinamicen a los pequeños y medianos productores, porque son grupos con una enorme productividad del capital. Un pequeño productor con una pequeña inversión le saca mucho más rédito al dólar invertido que el dólar invertido que los grandes grupos de capital y las transnacionales que operan en el país. El problema de ese productor es que no tiene capacidad de acumular. Gana muy poco y vive en condiciones de inmediatez económica, subordinado al gran capital. Muchas veces tampoco tiene una adecuada preparación profesional y formación técnica, dado que el Estado no se ha preocupado en materia de preparación para la adecuada gestión de este sector productivo. Para lograr este propósito se requiere de la cooperación interempresarial de estas empresas de propiedad social, en lo que se denominan “Distritos Industriales”, como lo que existe de alguna manera ya en Atuntaqui. Hay que profundizar y ampliar esta experiencia, haciendo que las diversas empresas compartan costos fijos (maquinaria, edificios, equipo, tecnologías, etc.) y aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor productividad. (Supervisando, por cierto, que se produzca sin afectar al medio ambiente.)
Por ello se vuelve impostergable una repotenciación del aparato productivo del país, superando su sometimiento colonial extractivista, que en la actualidad se consolida de la mano del gobierno de Rafael Correa. Tenemos que superar la herencia colonial extractivista . Esta decisión exige el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, el fomento y la inversión para la innovación científico-tecnológica, la inclusión social, la capacitación laboral y la generación de empleo abundante y bien remunerado. Este último punto es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del ingreso, el desangre demográfico que representa la migración, entre otras patologías inherentes al actual modelo primario-exportador de acumulación.
La transformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario puede ser una interesante opción para superar visiones simplemente asistencialistas. Esto se completará con un sistema de abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos monopólicos, como lo hace el actual gobierno. Los resultados de esta decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato productivo campesino y pesquero artesanal, así como mayor generación de empleo y la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente que debilite las redes de distribución y comercialización que benefician a los grupos monopólicos en detrimento de los demás productores. (Sobre esta propuesta se puede consultar la nota del 14 de octubre del presente año).
En un presupuesto de más de 26 mil millones de dólares el financiamiento de estas propuestas solo requiere voluntad política: la pobreza se supera con producción y empleo, así como con redistribución de la riqueza y una nueva institucionalidad que vele por la justicia, la no-discriminación y la descentralización política y económica!!!
Hacia la desconcentración de la riqueza
Un documento interno del mismo gobierno sintetiza lo que el Ecuador ha vivido en estos últimos años: “nunca antes los grandes grupos económicos estuvieron mejor y los excluidos estuvieron menos peor”. A pesar de lo cual no se entiende el problema de fondo, que radica en el hecho de que mientras se mantenga la brecha, estos grupos en extremo explotados nunca podrán estar realmente mejor. En realidad estos grupos no están marginados: están incorporados a la lógica capitalista del gran capital, viven de las migajas que les deja su dinámica sobre-concentradora y sobre-explotadora heredada del pasado neoliberal y no transformada por las políticas públicas desarrolladas durante el actual gobierno.
La lucha contra la pobreza no puede hacerse sin combatir la excesiva concentración del ingreso y de la riqueza. En nuestro país persisten estructuras heredadas de las épocas colonial, oligárquica y neoliberal, que generan prácticas oligopólicas y monopólicas. Esta es la realidad del país.
Las principales actividades económicas están concentradas en pocas empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así podríamos seguir enumerando uno por uno cada sector productivo y comercial. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron en un 12% entre 2010 y 2011, superando la astronómica cifras de 35.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 fueron (serían) 364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos económicos pasaron (habrían pasado) de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa).
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2007-2009 (durante el gobierno del presidente Rafael Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa el promedio anual de dichas utilidades bordea los 300 millones.
No es simple transformar esta situación, pero es indispensable apostar por un proceso productivo que supere la actitud rentista, ociosa y parasitaria de muchos de estos grupos económicos. Lo que requiere una nueva perspectiva y una creciente movilización desde las bases, partiendo de lo local -trabajando estrechamente con los gobiernos descentralizados- para ir avanzando a lo regional y los espacios mayores.
Con la vista puesta en las dinámicas globales, expandiendo los mercados internos y potenciando la integración regional, postulamos una estrategia que impulse procesos productivos y de desarrollo tecnológico propios. El imaginario colectivo, en consecuencia, estaría dirigido a Valorar lo Nuestro, conduciendo a un desenvolvimiento autocentrado, desde dentro para y por los de dentro, con los recursos y patrones de consumo propios para recuperar las autonomías local-regionales, asegurar la inclusión social y reforzar las identidades socioculturales de los espacios descentralizados.
Tengamos presente que las empresas pequeñas y medianas, así como los emprendimientos asociativos, solidarios, de propiedad social, cooperativos y autogestionarios, son las que más invierten en el país, asumen los mayores riesgos y desafíos, generan empleo y contribuyen a incrementar la riqueza nacional. Fomentando a este segmento de la economía será factible reducir la brecha socioeconómica entre ricos y pobres. No tenemos solo un problema de mucha pobreza, tenemos un problema de unas pocas pero grandes riquezas.
Si a este empeño se suman las otras empresas, tanto mejor. Ese es uno de los retos del momento, impulsar un gran acuerdo nacional productivo, sustentado especialmente en los emprendimientos solidarios, así como en las pequeñas y medianas unidades productivas del campo y la ciudad.
Sin embargo, esto no será suficiente, pues se requerirán medidas que conduzcan a una consecuente redistribución, no sólo de los ingresos, sino especialmente de la riqueza excesivamente concentrada, que abarca gran parte de los activos sobreconcentrados: inmuebles, acciones y grandes predios agropecuarios, así como las tierras yermas, las concesiones minero-petroleras y otras. Para lo que habría que completar la reforma tributaria que cargue el peso del gasto público sobre los grandes concentradores de capital (impuestos directos sobre la propiedad y las utilidades), a la vez que reduciremos los impuestos indirectos que paga la ciudadanía y aquellas excesivas cargas tributarias derivadas del Código de Ordenamiento Territorial, que han incrementado inequitativamente el costo de las transacciones. A dichas medidas, ha de sumarse una adecuada redistribución de tierras agropecuarias e inclusive urbanas, especialmente aquellas que son usadas para fines puramente especulativos o que permanecen improductivas.
Hacia la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir
Lo planteado configura nuestra propuesta de transición, no a mejorar el capitalismo que hemos tenido hasta hoy -como dice Rafael Correa- sino para colocar las bases que nos encaminen al Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Sumak Kawsay es una nueva concepción del sistema de vida basado en las prácticas cotidianas y tradicionales de los pueblos y las nacionalidades. No es una simple alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Por lo tanto es un modelo de organización económica, política y de bienestar que se asienta en los principios de reciprocidad, complementariedad, interdependencia, solidaridad, integralidad, estabilidad y armonía del ser humano con la Pacha Mama para la reproducción sostenible y orgánica de la vida. Es un sistema integral de organización que interrelaciona las esferas política, económica, jurídica, social, étnica, ambiental, cultural y generacional.
El país debe superar el actual modelo hegemónico de desarrollo, basado en la acumulación desenfrenada e ilimitada de capital, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza, y en la subordinación a los requerimientos de la globalización y su agente, el gran capital transnacional y sus aliados nacionales. Sus consecuencias han sido devastadoras para el ser humano y la Naturaleza. La sociedad debe subordinar a la economía a fin de que sirva al ser humano, no al capital.
El trabajo decente y el salario justo, así como el acceso equitativo a los factores de producción, viviendo en armonía con la Naturaleza, constituyen las medidas más acertadas para reducir la pobreza y la desigualdad, bases esenciales para asegurar un desenvolvimiento sustentable y autodependiente de la economía nacional.
simplemente: Alberto Acosta PRESIDENTE…