Julio 13 de 2017
Parafraseando el título de un escrito en el que Zizek elabora una reflexión al respecto de la oposición entre posmodernismo y lucha de clases como las alternativas que ofrecen la teoría crítica y las prácticas emancipatorias para el cambio social[1], uno podría argumentar y responder a la dicotomía que nos impone la agenda política actualmente instalada en el país, que enfrenta continuismo y descorreización, de la misma manera que lo hace este autor, es decir con una negativa a elegir. ¿En qué sustentar esta negativa?
Correísmo y descorreización dan cuenta de un enfrentamiento dicotómico asentado en un entrampamiento político, en un cerco construido desde las instancias del poder que no admite más alternativas. En el marco de este enfrentamiento, se hace patente una disputa que ha estado latente durante los 10 años del gobierno de la Revolución ciudadana, y que se actualiza en la presente coyuntura a la luz de las perspectivas que genera el tan aclamado “diálogo nacional”: aquella referida a la disputa en torno a la visión y el ejercicio de la política y su correlato en la politización social, en la construcción política de la sociedad ecuatoriana. La necesidad de reflexionar al respecto de cómo se construye la visión y el ejercicio de la política en torno a estas dos “alternativas” es una tarea fundamental, pues la política se constituye como un momento de lo social en la que opera la relación dialéctica entre dominación y emancipación humana.
La descorreización de la sociedad ecuatoriana
De un lado, la visión dicotómica que define la actual coyuntura política ecuatoriana una vez más afirma la capacidad de los grupos dominantes y su estructura ideológica, de la que hacen parte los medios de comunicación –que realmente operan como un actor político en las sociedades contemporáneas (Cerbino, Maluf y Ramos, 2016)-, para definir la agenda de lo que se debe discutir de manera generalizada en la sociedad. La polarización de la sociedad ecuatoriana y la dicotomización del espacio político, si bien pueden ser atribuibles al “estilo populista” del presidente Correa, en el sentido de haber motivado una oposición entre el pueblo y el no pueblo (De la Torre, 2015), no hacen menos responsables a la oposición y los medios de comunicación como actores político que ha influido en esta situación, específicamente a través de la construcción del correísmo como el enemigo a vencer y la difusión de una visión que posiciona, como enfrentamiento central en esta coyuntura, la lucha de la sociedad ecuatoriana en su conjunto contra el Estado autoritario y corrupto encarnado en el correísmo.
Siguiendo a Cerbino, Maluf y Ramos (2016), puede mencionarse que no es casual la agudeza del enfrentamiento que Rafael Correa sostuvo (y sostiene hasta la actualidad[2]) con los medios de comunicación a lo largo de sus tres mandatos. Este sostenido enfrentamiento mediático da cuenta de la importancia que posee la disputa político-ideológica en el seno de una formación social como mecanismo de producción de hegemonía, así como la centralidad de los medios de comunicación en nuestra sociedad para posicionar temas, definir agendas, incidir en la opinión pública y generar criterios de verdad. Son estos elementos los que, resignificados en base al marco de experiencias sociales de los sujetos, son incorporados en el heterogéneo y disgregado “sentido común” de la sociedad. De aquí la importancia fundamental de la disputa mediática: su incidencia en la construcción del sentido común y su configuración como uno de los elementos que influyen en la politización de la sociedad[3].
En esta línea, es importante señalar que el combate político-ideológico del correísmo durante estos últimos 10 años de gobierno a nivel mediático, de alguna manera habría logrado disputar y redirigir esta agenda, incidiendo también en la politización de la sociedad, posibilidad que se relaciona a las acciones materiales y concretas que mediante sus políticas ha dirigido el gobierno, pero sin socavar totalmente la influencia de las élites y los medios para posicionar agendas de discusión. Por otro lado, la fuerza de las organizaciones sociales autónomas para posicionar una agenda política que transgreda el tablero político ha sido casi nula, y aunque su fuerza logró cierto repunte en la coyuntura anterior, ha corrido detrás del escenario instalado o por el gobierno o por la oposición más conservadora. Indicativo de esto son los temas que han marcado y marcan en la actualidad la conflictividad política en el país.
Derivada de la dicotomización del tablero político, la construcción del correísmo como el enemigo a vencer y la difusión de esta consigna a nivel social, no sólo ha construido al adversario que se debe enfrentar, sino que esto lleva implícito un programa político: la descorreización de la sociedad, programa que fue promesa de campaña de todos los candidatos presidenciales, incluso, aunque tímida y solapadamente, por Lenin Moreno. Pero más allá de las agrupaciones políticas que se convocaron para las pasadas elecciones, la descorreización fue y es defendida por numerosos sectores de la sociedad que cubren todo el espectro político de izquierda a derecha. Aunque no se encuentren necesariamente anclados en el mismo fundamento, en el horizonte próximo si los relaciona una misma finalidad: botar lo que ha sido el correísmo al tacho de la historia.
En esta línea, más allá de las divergencias en las lecturas que se haga del correísmo, sea como un Estado totalitario, autoritario, controlador, e incluso fascista desde la derecha política (como lo mencionara por ejemplo Andrés Páez) o como un Estado que opera como capitalista colectivo en el marco de un proceso de modernización del capitalismo nacional ligado a grupos económicos modernizantes desde la izquierda, el enfrentamiento declarado desde ambas posiciones políticas hacia el correísmo ha contribuido a alimentar una visión liberal de la política y del desenvolvimiento de lo social, visión que estaría caracterizada por una profunda desideologización y un profundo desclasamiento de la política, por tanto por su banalización (Ranciere, 2006). No basta sino un pequeño acercamiento a lo que dice y piensa la gente en las redes sociales, en el transporte público, en los espacios laborales, entre otros espacios, para percatarse de la visión que alimenta el sentido común al respecto de la política. Sería un error pensar que únicamente las acciones del gobierno han sido las que han cavado su tumba, desconociendo el conjunto de relaciones de fuerza que han operado detrás para generar dicho escenario.
De esta forma, el enfrentamiento dicotómico entre correísmo y descorreización de la sociedad orquestado desde la oposición y posicionado como un enfrentamiento entre Estado y sociedad civil, tiene eco en una comprensión liberal de la sociedad civil. En esta comprensión Estado y sociedad civil son concebidos como entidades contrapuestas, conformando un par dicotómico en el que ambas esferas coexisten bajo una lógica autónoma cuya relación opera desde una lógica de exterioridad, y en la que la sociedad civil, en tanto opuesta al Estado, se conformaría como la esfera de lo no político, como la esfera de las libertades individuales, desde la cual se puede controlar los excesos estatales y cuyo locus lo ocuparía el mercado capitalista, que sería el que determina la estructuración de las relaciones sociales y las subjetividades (Acanda, 2002). Por tanto, el liberalismo afirmaría la despolitización y la naturalización económica de la sociedad civil, frente a la cual, el Estado y la política tendrían un sentido instrumental, alineados al rol de garantizar la reproducción del orden natural de la sociedad civil.
Vista de esta forma, la visión de la política que ha contribuido a construir el programa de la descorreización alimenta su banalización y su instrumentalización, por tanto la despolitización, la desideologización y el desclasamiento como las pautas de la construcción política de la sociedad. A su vez, esta visión enarbola bajo una perspectiva mesiánica a la sociedad civil, planteada como homogénea y monolítica, la cual debe salvar al país del Estado, el causante de todos los males sociales, reavivando los recursos ideológicos que acompañaron al resurgimiento del concepto “sociedad civil” en la segunda mitad del siglo pasado (Acanda, 2002). De esta forma, lo que aparentemente se presenta como politización, se alimenta en esencia de un proceso de despolitización fundado en una visión postpolítica del funcionamiento del Estado y de la sociedad (Zizek, 2008).
Esta visión de la política y esta “construcción política” de la sociedad, tiene un firme fundamento en la sociedad civil, entendida como el campo en el cual se produce, se disputa y se reproduce la hegemonía (Acanda, 2002). De esta forma, el reposicionamiento de la postpolitíca como forma que asume la política, se asienta sobre un sentido común liberal largamente sedimentado en la sociedad civil ecuatoriana, que no ha sido disputado de manera efectiva, y profundizado por las pautas contemporáneas del proceso de subordinación de la sociedad a la lógica del capital que recrea las condiciones del desenvolvimiento de la política como experiencia social (Chávez, 2017). Este sentido común liberal, que parte de la oposición entre Estado y sociedad civil, posiciona como principal antagonista del pueblo (sin distinción de clases) al Estado; y propone el ideario de que una sociedad civil armoniosa es aquella que se ha liberado de las trabas que le impone el Estado y que por tanto ha minimizado su rol como condición de posibilidad del despliegue de sus derechos y libertades individuales (Acanda, 2002).
Si bien es cierto lo mencionado hasta ahora no es algo nuevo en la política nacional, es importante plantearlo de esta manera, pues muestra en retrospectiva y en perspectiva, la gran tarea pendiente que tienen las organizaciones sociales autónomas y las posiciones más progresistas del espectro político: disputar esta agenda, revertir la banalización de la política que permea la sociedad -y que de manera a veces más directa y otras más indirecta ha ayudado a configurar- y articular mecanismos para lograr incidir en el sentido común de la sociedad.
¿El continuismo como alternativa a la banalización de la política?
En este punto, articulando algo que ya se mencionó anteriormente, es interesante señalar, aunque pueda parecer paradójico, que este reposicionamiento de la postpolitíca como forma que asume la política, más que por las organizaciones sociales autónomas y demás posiciones progresistas del espectro político nacional situados al nivel de la sociedad civil, fue disputado abiertamente a lo largo de estos diez años por el gobierno nacional, a través de los mecanismos de politización de la sociedad que atravesaban toda la propaganda pública gobiernista, y canalizada a través de los diferentes espacios de comunicación ciudadana que fueron empleados por Rafael Correa, entre ellos las sabatinas. La politización de la sociedad que emprendió el correísmo habría sido la contracara de la banalización de la política. Pero cabe preguntarse, ¿Qué tipo de politización es la que ha dirigido el gobierno?
Si el ideario liberal avanza en la línea, de un lado, de limitar y redirigir la intervención del Estado en la sociedad como condición para el despliegue de los derechos y las libertades individuales, y del otro, plantear su intervención desde una visión postpolítica, por tanto reafirmando la despolitización de la sociedad civil, el gobierno habría avanzado en un proyecto de politización de la sociedad que ve en el Estado la condición de su despliegue. De esta forma, el Estado fue asumido en el proyecto correísta como el fundamento de la sociedad, como pauta para el despliegue de las relaciones sociales, como trinchera para la repolitización de la sociedad y la recomposición de su carácter colectivo. En atención a esta forma de identificación de lo político con el Estado y de politización de la sociedad, nada se ha desarrollado en la década precedente que no haya pasado por el filtro del Estado.
En tanto árbitro de la producción y reproducción del mundo social, el Estado, asentado en la correlación de fuerzas existente en 2006, en la autonomía relativa que logró derivada de esta correlación para mediar las relaciones sociales y los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, y en el fortalecimiento de la institucionalidad pública y sus capacidades de redistribución social, materializadas en obras públicas y demás prestaciones sociales, ha logrado encauzar la politización subalterna desplegada en oposición al neoliberalismo y politizar lo suficiente a la sociedad como para asegurar su despliegue hegemónico, pero no lo suficiente como para garantizar procesos autónomos de organización colectiva por fuera de su órbita.
De esta forma, podría plantearse, retomando a Modonesi (2016), que la politización de la sociedad durante la década correísta se ha efectuado desde el Estado mediante un proceso de “movilización controlada” que ha instrumentalizado la movilización popular, asegurando el consenso activo de los dominados en base a acciones concretas que inciden en sus condiciones de producción y reproducción material y simbólica. Sin embargo, más que un tema de cantidad en cuanto a la politización y el sentido hegemónico al cual se ha vinculado, el tema fundamental que debemos cuestionar se relaciona al tipo de politización que subyace a esta forma de despliegue y reposicionamiento del Estado. Al respecto, podría plantearse que una de las caras de la politización que ha dirigido el gobierno ha tenido un efecto subalternizante en la sociedad.
Este efecto derivado de la forma de politización social que se desprende de las acciones del gobierno, ha incidido en la reproducción y perpetuación de las relaciones de subordinación bajo las cuales se han reproducido históricamente las clases subalternas, las cuales no se limitan a una dominación objetiva que opera a nivel de las relaciones socio-económicas y políticas, sino que se asocia fundamentalmente a la subordinación como relación subjetiva, una forma de subordinación en el marco de las formas de “subjetivación política” (Modonesi, 2010). Por tanto, se plantea que la forma de politización que ha dirigido el gobierno ha tenido desde una de sus caras un efecto subalternizante, a través del cual se perpetua la subordinación de las clases subalternas, como condición que ha permitido garantizar la dimensión hegemónica del régimen correísta, anclada fundamentalmente a la expansión molecular del Estado en la sociedad civil como lo sugiere Gramsci -esto es la difusión de un proyecto ético-político que conduce lo social-. Sin embargo no ha sido el único dispositivo.
Apegado a este principio de politización, el gobierno de la revolución ciudadana a lo largo de su ejercicio gubernamental ha conducido fórmulas subalternizantes que han operado aparejadas al ejercicio de la coerción sobre ciertos sectores organizados de la sociedad. Esto nos recuerda el postulado de Gramsci según el cual un grupo hegemónico lo es únicamente sobre los sectores que componen su base social auxiliar, es decir los sectores de las clases subalternas que se adhieren al proyecto hegemónico, mientras que sobre los sectores subalternos que se postulan como grupos de disputa contra-hegemónica, ejerce formas de coerción. Esto se evidencia en el hecho de que a lo largo de estos 10 años, las medidas que ha adoptado el régimen correísta, han contribuido a reencauzar y dirimir sobre la tensión dialéctica entre actividad/pasividad de los grupos subalternos y minimizar los impulsos progresistas y contrahegemónicos de los movimientos y organizaciones sociales autónomas, cuando no a oponerse a ellos directamente. Además que ha minado las posibilidades de representación autónoma y organización colectiva de las clases subalternas, influyendo en la “pasivización relativa” de la sociedad. Para esto el cesarismo, el transformismo y la desactivación de los elementos autónomos de las clases subalternas son algunas de las fórmulas de subalternización que ha empleado el gobierno.
Es en esta clave de subalternización, por un lado, que pueden ser analizados los efectos de: las estrategias ideológicas y mediáticas empleadas por el gobierno; la cooptación y subsunción de figuras sociales y políticas, proyectos alternativos y los marcos discursivos que sirvieron como plataforma de lucha y de resistencia a las organizaciones sociales; la creación de organizaciones sociales paralelas a las formas de organización autónomas de la sociedad; el despliegue tecnocrático de las acciones estatales como clave de la des-democratización del proceso político correísta; y la criminalización de la protesta social como mecanismo de desactivación/descalificación de los grupos organizados con capacidades de representación autónoma de la sociedad ecuatoriana, lo cual ha ocurrido fundamentalmente de la mano de la coerción. Es en base a estos elementos que se puede caracterizar uno de los efectos del proceso de politización dirigido desde el gobierno.
Más allá de la politización subalternizante del correísmo: la exaltación del “buen sentido”
Más allá del efecto subalternizante que ha tenido la forma de politización dirigida desde el gobierno, es importante señalar que esta muestra un carácter ambivalente, por lo cual no se la puede concebir de manera absoluta bajo a este efecto, sino que ha sentado ciertas bases y condiciones –objetivas y subjetivas- para la producción de una nueva hegemonía y avanzar en la edificación de una sociedad civil desenajenante. Esto invita a reflexionar la relación entre correísmo y politización social más allá de distinciones maniqueas que vean las cosas blancas o negras. ¿Cómo entender esta ambivalencia? ¿En qué radican estas bases y condiciones? ¿Quién debe asumir la tarea de producir una nueva hegemonía y edificar una sociedad civil desenajenante?
El consenso activo de los dominados como condición de un proyecto hegemónico está vinculado a la expansión molecular del Estado sobre la sociedad civil como su campo de acción (Acanda, 2002). Esta afirmación, expresada de esta manera, puede conducirnos a un entrampamiento, concebir al Estado, a un proyecto hegemónico y a la sociedad civil como cosas y no como lo que son en esencia: relaciones sociales. Por más burda que pueda sonar esta afirmación, es fundamental enunciarla de esta manera, pues muchos de los análisis existentes al respecto de lo que ha sido el correísmo, olvidan, no problematizan o no complejizan el aspecto relacional en el que se fundamenta. De esta forma, se cosifica a la hegemonía, cuando es un producto de relaciones en disputa; se habla del correísmo y del proyecto hegemónico correísta como un todo absoluto, coherente, ausente de conflicto, cuando desde su surgimiento representa un proyecto en el que conviven de manera orgánica fuerzas de conservación y de innovación, y es esa dialéctica la que se ha plasmado en las acciones del gobierno; por último se cuelan los postulados de la acción racional para el análisis clasista del Estado correísta, anulando la multiplicidad de dinámicas y lógicas de acción que se dirigen desde las entidades que las componen.
Partir de un enfoque relacional debería permitirnos complejizar nuestra comprensión del correísmo, yendo más allá de caracterizarlo como un proceso político basado en el Estado como una figura única y monolítica que se posa sobre la sociedad y que astutamente vierte un proyecto hegemónico que busca como fin último la dominación social y la reproducción del sistema capitalista, manipulando mediante dádivas a sus adherentes y reprimiendo a sus detractores. Por más caricaturesca que parezca esta afirmación, es el lugar común de muchos análisis. En esta línea es fundamental partir de las lecciones de corte más gramsciano y poulantziano que ven en el Estado una relación social, que lo plantean como un espacio de relaciones de fuerza mediadas por instituciones, en las que se expresan las contradicciones que permean la sociedad y se enfrentan posiciones de innovación y conservación en un marco más amplio de relaciones de fuerza, que condicionan a su vez la capacidad del sistema de instituciones estatales para dirimir al respecto de las relaciones entre los intereses de las clases dominadas y dominantes.
Es necesario, en este sentido, recuperar la visión del Estado como una relación social, no como un único aparato, sino como un conjunto de instituciones que son las que condensan de manera material y específica relaciones de fuerza históricamente dadas, que median estas las relaciones de fuerza, y que albergan y expresan en el seno de su materialidad las mismas contradicciones que se despliegan al nivel de la sociedad civil. En palabras del propio Poulantzas, el Estado es “la condensación material de una relación de fuerza entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de manera específica, en el seno del Estado […] no es una simple relación, sino la condensación material de una relación de fuerzas” (Poulantzas, 1979). Desde esta problematización, el tema del proyecto hegemónico también se complejiza, pues no se debería hablar únicamente de un proyecto hegemónico consolidado, coherente e inorgánico, sino de una disputa entre diferentes proyectos que se actualiza en función de la correlación de fuerzas internas y externas al Estado, que se modifica y se muestra como un proceso vivo, orgánico de frente a la sociedad (Gramsci, 1984). Estas son pautas básicas para avanzar en una comprensión más compleja del significado del gobierno correísta: al interior de la gestión estatal, en relación a la sociedad civil, así como su incidencia en las relaciones contradictorias que se expresan en ella.
Asimismo, si bien es cierto que el poder estatal se inscribe en el marco general del sistema capitalista como un elemento necesario en la reproducción general de la relación capitalista en diferentes sociedades y situaciones, esto no debe llevarnos a desconocer que esto opera compleja y contradictoria. Asimismo, esto no desdice el hecho de que esta operación ocurre en un espacio concreto y en un momento histórico dado, en el marco de una tensión fundada sobre la base de fuerzas sociales históricas y concretas operantes y multiescalares, mediando este conflicto, pero también, impidiendo su aniquilación mutua y asumiendo sus intereses (Jessop, 1977). Por tanto, la dominación social y la reproducción del sistema capitalista no opera de manera mecánica, instrumental y ahistórica desde el Estado, sino enmarcada y atravesada por estas fuerzas en una formación social histórica y concreta. De aquí la importancia de problematizar, por un lado un Estado histórico determinado, y por el otro la eficacia de la superestructura para otorgar dinamismo a la sociedad.
Tomando en cuenta estos lineamientos para la comprensión del correísmo, debería problematizarse, más allá de simplemente afirmar que en estos diez años se ha beneficiado a través de diversas políticas y acciones estatales al gran capital modernizante a nivel nacional e internacional y garantizar la modernización y reproductibilidad del capitalismo ecuatoriano, cómo se ha configurado y dirimido de manera concreta y orgánica al interno del proyecto y a nivel de la sociedad la tensión dominación/emancipación en el marco de relaciones de fuerzas operantes a ese nivel que se condensan y materializan en el seno del Estado; cuáles son las variaciones en la regularidad de la dominación social, política y económica históricamente desplegada en el país; cómo ha operado y cuáles han sido los efectos de la expansión molecular del Estado en la sociedad civil, por tanto cuales han sido los efectos de las condiciones, ideológicas, culturales y políticas de un Estado basado en un liderazgo intelectual y moral que dirige más que obliga; cómo se relaciona e inscribe la contradictoria y ambivalente gestión estatal desplegada durante el período correísta con y en las formas contemporáneas de la dominación y las nuevas configuraciones de los procesos de acumulación de capital; de qué forma el correísmo ha incidido en las condiciones objetivas y subjetivas para un cambio social más estructural de la sociedad. En el marco de estas interrogantes, las respuestas existentes aún no se muestran del todo satisfactorias.
De igual forma, la concepción del Estado como una entidad que opera “manipulando mediante dádivas a sus adherentes y reprimiendo a sus detractores”, debería complejizarse a la luz de la fortaleza y dinámica de los elementos ético-políticos ligados a la expansión del Estado en la sociedad civil y que configuran una de las condiciones de politización de esta última. Esto nos debería llevar a cuestionar al respecto de cómo efectivamente opera la hegemonía al nivel de las subalternidades, y de manera concreta el significado profundo que ha tenido el correísmo en el mundo popular. Al respecto, se puede mencionar que la producción de hegemonía en este ámbito de la superestructura no opera únicamente como un proyecto político o cultural, no se queda ni se recrea únicamente a nivel discursivo, sino cimentado sobre la base de reformas económicas, de la reforma de las condiciones materiales de producción y reproducción de la vida social (Acanda, 2015). Por tanto, la hegemonía correísta hunde sus raíces en un fundamento material, a partir del cual ha generado condiciones para conectarse con el mundo de las subalternidades.
Es importante señalar que este fundamento no es dirigido ni opera únicamente en un sentido racional-instrumental, a partir de lo cual genera adherencias y mantiene una “masa de maniobra”. Este análisis nos llevaría a equiparar el fundamento material de la hegemonía con los clásicos análisis del clientelismo, que vinculan la capacidad de otorgar favores materiales a la posibilidad de mantener masas cautivas, dejando de lado el carácter contingente de esta relación. Volviendo al tema que nos compete, la importancia del fundamento material de la hegemonía debería ser analizado en función de la dialéctica entre lo material y lo simbólico, y a través de ella, en el marco de la profunda heterogeneidad y contradicción de las experiencias sociales que influyen en la inscripción de los subalternos en el mundo social y en su producción como sujetos.
Estas acciones tocarían estas fibras sensibles de la producción material y espiritual de los sujetos subalternos, el acumulado de sus vivencias, saberes y sus prácticas cotidianas y colectivas, no sólo en un sentido inmediato sino también en un sentido mediato hacia el pasado y hacia el futuro. Por citar un ejemplo, testimonios cotidianos relacionados a las acciones gubernamentales como: “Entre nosotros cuando hubo un profesional […] ahora mis hijos tendrán un mejor futuro”, o “Todos tenemos los mismos derechos […] ahora sabemos que nadie nos puede pisar”[4], dan cuenta del profundo sentido de las acciones efectuadas por el gobierno en el mundo material y espiritual de los sujetos subalternos, cuestión que no es de importancia menor.
En estos ejemplos, la referencia al hecho de que las acciones del gobierno los han convertido de sujetos olvidados en ciudadanos que poseen derechos y que son iguales a todos, lo cual se podría criticar en el sentido de que la ciudadanía como relación política anula la distinción de clases sociales y la profunda heterogeneidad social, habría incidido, a nivel objetivo, en la apertura del espacio social y político a muchos sectores antiguamente marginados, y a nivel subjetivo, en la configuración de sentidos, identidades y representaciones sociales y políticas. Asimismo, esto operaría como un dispositivo de agregación de experiencias de lucha, de prácticas colectivas y acciones políticas disgregadas que hacen parte de la cotidianidad del mundo popular, donde aspectos y actividades tan cotidianas y vaciadas de sentido a los ojos de muchos, como el acto mismo de trabajar, son definidas en espacios sociales marginados como una lucha diaria.
Por tanto, la importancia de reflexionar sobre las formas en que el correísmo ha incidido en las condiciones materiales y simbólicas de las clases subalternas, las cuales configuran el sustrato experiencial de los grupos subordinados en el marco de relaciones de dominación, radica en el hecho de que estas constituyen la condición de posibilidad del antagonismo, la autonomía, la disputa hegemónica y la transformación revolucionaria sobre la base de la actividad consciente de los hombres a través de la lucha. Por ello, “rastrear a los movimientos de los subalternos, el proceso de subjetivación política interno a la relación de dominación, fincados en la experiencia de la dominación y las dinámicas de concientización que les corresponden” (Modonesi, 2010: 38), debería constituir la agenda de investigación y la base de acción de la izquierda para lograr articular una nueva praxis política.
Esto supone adentrarse en el sentido común que moldea las vivencias, los saberes, las prácticas cotidianas y colectivas de los subalternos, y reconocerlos como un sustrato de politización y acción política. Por tanto, es un desafío intelegir y comprender la profundidad y la complejidad del efecto de las acciones gubernamentales en el marco de las relaciones sociales que hacen parte de la cotidianidad de las clases subalternas, los mecanismos que han incidido en los aspectos que configuran su construcción como sujetos políticos; la historicidad, la heterogeneidad y el dinamismo en la construcción de los sujetos en relación a sus formas específicas de socialización y subjetivación, a los contextos y espacios socio-históricos en los cuales estos se producen estos procesos, anclados a su vez a redes de relaciones que adquieren una configuración y un sentido material y simbólico determinado, y atravesados a su vez por “relaciones hegemónicas de dominación” que se reproducen en todos los intersticios de la vida cotidiana.
La importancia de esto, hilándola a la vez con posibles hipótesis de estudio y debate, serían las de comprender en qué medida las acciones del gobierno en estos diez años habrían incidido en la matriz liberal que atraviesa el sentido común de la sociedad civil ecuatoriana, en qué medida sus acciones en un plano más material han fundado las bases para la producción de una nueva hegemonía, en qué medida los elementos ético-políticos que ha difundido el gobierno pueden constituir un sustrato intelectual y moral desde el cual disputar la construcción de un nuevo sentido común desenajenente.
Un camino abierto: desafíos para una nueva praxis política
Tras 10 años de haberse instalado, desarrollado y culminado el mandato presidencial de Rafael Correa, constituye aún un debate abierto el significado del correísmo para la formación social ecuatoriana y la forma en que el correísmo trastocó la dinámica de la sociedad civil. Y es que muchas de las lecturas que se realizan aún desde la izquierda al respecto del correísmo, significan a este proyecto político bajo un velo oscurantista, como un agujero negro de nuestra formación social, cuando en realidad, y esto es algo central para la discusión, la Revolución Ciudadana trastocó de manera profunda una superestructura anquilosada. Es por ello que el desafío gira en torno a la comprensión del profundo significado del correísmo en su trastocamiento.
La centralidad que asume la comprensión y el reconocimiento de lo mencionado anteriormente posee una doble importancia: de un lado, no retroceder posiciones mediante la política de “la mano extendida” del actual gobierno y tener claros los riesgos que encarna el diálogo nacional en cuanto a la politización de la sociedad. En esta línea se debe reconocer que el discurso político de Rafael Correa logró posicionar a nivel social conceptos y visiones vaticinadas como superadas en nuestras sociedades posmodernas. Como ejemplo de ellos se puede mencionar la mención de la lucha de clases o socialismo (aunque sea del siglo XXI) (Chávez, 2017), a través de los cuales se posiciona, con limitaciones claro está, una visión de la sociedad que se articula en torno a clases sociales, en la que el conflicto y la desigualdad son una pauta cotidiana, desigualdad que a su vez no es natural sino que compone una concreción histórica de condiciones y relaciones sociales específicas.
En oposición a esto, las derivas políticas del actual gobierno, cuyas medidas en este primer mes y medio de gestión dan visos de sus intenciones de poner un parteaguas entre las prácticas políticas del actual régimen y el de Rafael Correa -entre ellas el diálogo como estilo político-, nos obligan a cuestionar la tónica que está asumiendo el régimen de Moreno. Si el gobierno de Rafael Correa se caracterizó por una politización explícita de la sociedad, el estilo de Lenin parece apuntar hacia la postpolítica, lo cual no sólo parece mostrarse adecuado para la derecha del país, que ha aplaudido las primeras medidas del actual mandatario, sino también los sectores de izquierda. Frente a estas prácticas y este nuevo discurso político, es mérito del gobierno anterior haber librado una guerra de posiciones en la que el enfrentamiento se vinculaba fuertemente a la visión de la política y al modelo de sociedad.
La segunda arista de importancia radica en partir de un “suelo firme” desde el cual avanzar en la disputa hegemónica a nivel de la sociedad civil. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿Quién debe asumir la tarea de producir una nueva hegemonía y edificar una sociedad civil desenajenante? Corresponde a las organizaciones sociales, cuya visibilidad y capacidad de movilización se ha incrementado en estos últimos años (entre ellos el movimiento campesino, indígena, estudiantil, de trabajadores), la tarea de romper este cerco político, partiendo de las bases producidas por el correísmo, más que apuntar a la descorreización, lo que no implica caminar totalmente en la senda del continuismo. Para que esta tarea pueda ser asumida desde las organizaciones sociales autónomas del país. Sin embargo, para ello es necesaria una modificación de la perspectiva estratégica que ha guiado su acción política.
Haber construido al Estado y específicamente al correísmo como el enemigo a vencer en la coyuntura anterior, explicita mucho el punto de partida del análisis político y la perspectiva estratégica coyunturalista de la izquierda. Sin embargo, en un sentido estratégico de largo plazo, más estructural, otra debería ser la postura. Una de las lecciones importantes que debe ser asumida por las organizaciones sociales es que la guerra aquí es de posiciones, para generar condiciones de cambios más estructurales y radicales. En esa perspectiva, retroceder lo que se ha logrado en estos años, que de fondo no es el logro del gobierno sino de las demandas históricas y de las luchas de las clases subalternas, constituiría un gran error. Sin desconocer los garrafales “errores” del gobierno, que más que errores son indicadores de sus limitaciones estructurales y coyunturales, es una lectura de largo plazo y de la revolución como un proceso la que debería guiar la praxis política de estas organizaciones.
En el reconocimiento de esta doble importancia se asienta la negativa a elegir entre continuismo y descorreización, pues más allá de los “cambios moleculares” en el marco de la guerra de posiciones dirigida por el gobierno frente a la banalización de la política, no se puede cerrar los ojos ante las limitaciones estructurales de un proyecto de “cambio” dirigido desde el Estado, cuanto de las limitaciones coyunturales del reformismo correísta. Sin embargo, el reconocimiento de estas limitaciones no debe llevarnos a adoptar una postura alineada a una férrea descorreización de la sociedad, por el profundo significado del correísmo en la dinamización de la formación social ecuatoriana; ni al desconocimiento de los avances que desde el Estado se pueden lograr para generar un escenario marcado por una correlación de fuerzas más favorable a las posiciones progresistas.
El discurso político correísta como contracara a la banalización de la política que atraviesa el sentido común de la sociedad civil constituyó algo fundamental que no debe simplemente botarse al tacho de la historia. Con todas sus limitaciones, asociadas al hecho de que la politización correísta se ha mostrado instrumental, limitando la generación de una conciencia que concite la actividad autónoma de las clases subalternas y su actividad revolucionaria, el gobierno ha logrado difundir, aunque no de manera contradictoria, condiciones para una reforma intelectual y moral en la sociedad civil ecuatoriana, que se fundan en la serie de vivencias, saberes, prácticas y experiencias sociales que atraviesan el tejido social, reforzadas además por las reformas a nivel económico que se han realizado a lo largo de estos años. Por tanto, esta negación más que como una negación nihilista se la plantea como una negación dialéctica.
Conclusiones
Retomar el camino de la disputa hegemónica sobre las bases de lo avanzado por el correísmo en estos 10 años de gobierno es la tarea fundamental de la izquierda en la coyuntura actual, una disputa que si bien debe ser dirigida al nivel de la sociedad civil, debe también dirigirse al interior del Estado para incidir en la actual correlación de fuerzas sociales. Retomar y redirigir la bandera de la politización de la sociedad y sortear los peligros de la banalización de la política que ya no sólo se ligan a las élites y los medios de comunicación, sino al estilo dialógico y consensual del nuevo régimen de gobierno es una tarea fundamental. Por ello la respuesta a la oposición entre continuismo y descorreización plantea una negativa, que debe ser sorteada desde la politización autónoma de la sociedad civil como espacio de disputa hegemónica, pero sin desmarcarla de las esferas institucionalizadas de la política, lo cual implica reconocer la significación del correísmo en el trastocamiento del sentido común para orientar la construcción de una nueva praxis política que sea ejercida bajo la forma de resistencia y emancipación.
*Maestrante de la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales -FLACSO Ecuador.
Referencias:
Acanda, Jorge Luis (2002). Sociedad civil y hegemonía. Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
Acanda, Jorge Luis (2015). Para leer a Gramsci, Quito: Editorial Universitaria.
Cerbino, Mauro; Maluf Marcia; y Ramos, Isabel (2016). Los enlaces ciudadanos del presidente Rafael Correa. Entre la exaltación del pueblo y el combate a los medios. Quito: FLACSO Ecuador.
Chávez, David (2017). Nosotros, los liberales. Disponible en http://xmb.ujz.mybluehost.me/2017/03/30/nosotros-los-liberales-por-david-chavez/
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[1] Ver ¿Lucha de clases o posmodernidad? ¡Sí, por favor! En, Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad, Buenos Aires, FCE, 2000, pp.95-140.
[2] Ver el artículo de opinión publicado en El Telégrafo el 16 de Junio de 2017 por el expresidente de la República Rafael Correa, titulado Hablarle a la ciudadanía, no a los medios.
[3] Como lo señala Gramsci, tanto la ideología como el sentido común que esta configura deben ser entendidos en un sentido praxeológico, como sistema de representaciones que configuran la inscripción de los sujetos en el mundo social y que motivan su actividad práctica y su voluntad de ser sujetos, y no sólo en un sentido negativo de dominación, falsa conciencia y ocultamiento de las relaciones sociales.
[4] Estos testimonios hacen parte de una investigación etno-sociológica aún no terminada que busca comprender el sentido profundo de las acciones gubernamentales en el mundo material y simbólico de los sujetos que residen en barrios urbano-populares y en sus procesos de politización y formas de acción política.
Me parece deplorable el estilo de redacción del autor. Simplemente no contribuye a esclarecer conceptos. Si se pretende comunicar, porque este es el propósito del artículo, por favor recortar las oraciones a unidades digeribles y comprensibles, sobretodo manejable por la retención del ciudadano promedio. Es un error tratar de impresionar al lector con construcciones gramaticales complejas, discordantes con el resto de elementos gramaticales. Esta forma de redactar es como una maraña incoherente que simplemente pone un traspié al lector. Después de tan larga disertación, ni siquiera la conclusión ayuda a interpretar el argumento principal.