Por Tamara Artacker*
De la vulnerabilidad de la agroexportación a la resiliencia de la soberanía alimentaria.
Cada día queda más claro que la crisis en la que se encuentra el mundo debido al brote y la expansión del covid-19 es sólo en el primer momento una crisis sanitaria. Más allá de las amenazas directas para nuestros cuerpos y para los sistemas de salud nacionales, nos espera una larga cola de impactos socioeconómicos que recién se van vislumbrando poco a poco, dejando espacio para la imaginación sobre la gravedad de la situación en los próximos meses.
Sobre lo que no queda duda, mientras tanto, es la vulnerabilidad de economías como la ecuatoriana, con una fuerte orientación primario-exportadora, frente a un escenario de caída de precios de las materias primas, cierre de fronteras y reducción de demanda del mercado global.
Para el panorama interno nacional, este escenario hace urgente volver a despertar cuestionamientos sobre el modelo de “desarrollo” y de inserción internacional que se persigue y lo que significa para sectores claves como el agropecuario y la política pública respectiva.
Partiendo de este contexto de crisis generada por el covid-19, ponemos a debate las estrategias del gobierno para perpetuar el agroextractivismo como vía para el “desarrollo” y sus consecuencias para la resiliencia y soberanía alimentaria frente a un momento como este.
“Sobre lo que no queda duda […] es la vulnerabilidad de economías como la ecuatoriana, con una fuerte orientación primario-exportadora, frente a un escenario de caída de precios de las materias primas, cierre de fronteras y reducción de demanda del mercado global”.
Impactos del covid-19 en el sector agroexportador ecuatoriano
Ya a finales de enero de 2020 se publicaron las primeras noticias en el país con alertas sobre los posibles impactos del coronavirus en Asia y sus efectos en los rubros de exportación ecuatoriana, señalando la fuerte dependencia de la economía hacia el mercado chino, siendo este el segundo socio comercial más importante. La relación comercial, además, se basa en la orientación primario-exportadora del Ecuador: Los principales productos que se exportan hacia ese mercado son el camarón, el petróleo y el banano, en este orden, aunque el camarón representa más del 70% del valor de las exportaciones hacia China.
Con esta fuerte orientación de la producción camaronera del Ecuador hacia el mercado chino, las noticias sobre la afectación de este sector por la caída en la demanda y las restricciones de ingreso no se demoraron mucho en llegar. En la primera mitad de febrero ya se comunicó sobre las pérdidas de los pequeños camaroneros ecuatorianos debido a los bajos precios, que cayeron incluso debajo de los costos de producción ya que los precios de los insumos se mantienen iguales o incluso suben. En consecuencia, se produjeron despidos masivos y una crisis de endeudamiento en el sector camaronero.
“[…] el cierre de fronteras genera limitaciones en los cupos de exportaciones y retrasos en los pagos que sobre todo afectan fuertemente a los y las pequeñas productoras”.
La contracción del mercado asiático afectó de la misma manera otro rubro agrario de orientación exportadora que había anteriormente vivido un crecimiento impulsado por la política pública en Ecuador: la pitahaya. La mayor parte de la producción se había destinado al mercado de Hong Kong y con el cierre de este hubo una ausencia de alternativas y los precios de productor cayeron de 4 a 0,80 dólares por kilo, llevando a muchos productores y productoras al punto del quiebre.
En el caso del segundo producto agrario más importante en las exportaciones ecuatorianas, el banano, el cierre de fronteras genera limitaciones en los cupos de exportaciones y retrasos en los pagos que sobre todo afectan fuertemente a los y las pequeñas productoras.
Una situación parecida la vive el sector cacaotero, que sufrió una caída del precio por tonelada de 700 dólares – llegando de 2.925 dólares por tonelada el 10 de febrero a 2.210 dólares el 19 de marzo 2020.
De la misma manera, en marzo el sector florícola se declara en crisis profunda, con una caída del 70% de las ventas, lo que lleva al sector pedirle al gobierno el permiso para mandar a los y las trabajadoras florícolas a una licencia de 90 días sin sueldo ni pago al IESS.
Detrás de estos datos de reducción de exportaciones, de ventas y de ingresos está la realidad de las miles de familias que han orientado su producción a rubros “prometedores” para la exportación como el cacao o la pitahaya -tal vez por impulsos del Ministerio de Agricultura-, o que viven del jornaleo en una de las fincas bananeras o florícolas del país; personas que en la situación de excepción que vive el mundo debido al coronavirus, están entre las más vulnerables porque su ingreso depende inmediatamente de su acceso al mercado global con sus volatilidades y de sus posibilidades diarias de actividades económicas en la producción agrícola.
La vulnerabilidad de su situación socioeconómica, la dificultad de asegurar su sustento de vida por un virus que originó en China, nos lleva a mirar con ojos críticos aquel modelo de “desarrollo” que se implementa sobre sus vidas, sus cuerpos, sus prácticas, aquel “desarrollo” que llegó en forma de programas de fomento productivo, de inserción en cadenas productivas agroindustriales, que les entregó kits agrícolas y les contó que dedicando su tierra productiva a cultivos de banano, de cacao o de pitahaya –en otras palabras, cultivos que demanda el mercado global– saldrán de la pobreza.
Dependencia y desarrollo dependiente del sector agrario
El tambaleo que generaron los cierres de fronteras y la contracción de mercados en Asia y Europa en el sector agrario del Ecuador evoca debates sobre el tipo de inserción internacional y la orientación de la economía interna que se desarrollaron ya 50 años atrás:
La inserción subordinada al sistema mundo (Wallerstein 2004) -de forma periférica-, donde la estructura interna de la economía se orienta hacia las demandas de las regiones del “centro”, demandas externas que dirigen el ritmo, la forma y la especialización de la producción –tal como lo muestran los principales rubros de producción agraria en el país–, lo que puede llevar a la “desintegración funcional” (Stöhr 1983) de las estructuras económicas locales de las periferias.
Sin embargo, como enfatizó por ejemplo Quijano, las configuraciones de poder no son unilaterales, sino complejas y entreveradas, y los intereses de los grupos dominantes en la periferia muchas veces coinciden con los de las élites en los centros, entrelazándolos (Quijano 2014: 78). Por lo tanto, las periferias no están integradas de manera unilateral, sino que a menudo son estimuladas por los intereses de sus propias élites. Esta coincidencia de intereses hacia dentro muchas veces está escondida tras un discurso de “desarrollo” que promete que una mayor orientación hacia mercados globales traerá modernización, dinamismo y crecimiento económico y con eso, un mayor bienestar para toda la sociedad.
La orientación de la política pública para el agro
La política pública evidencia qué sectores prioriza y cuáles son las ideas de “desarrollo” que definen el “norte” de las intervenciones. El aumento de la superficie de cultivos de gran escala está en clara relación con las políticas agropecuarias de este y los anteriores gobiernos que fomentan el agronegocio y la inserción de pequeños productores y productoras en las cadenas agroindustriales a través de incentivos, asistencia técnica, campañas y entrega de kits agrícolas que contienen semillas certificadas e insumos agroquímicos.
En febrero de este año, el Ministerio de Agricultura presentó el plan para la política agropecuaria 2020-2030 con seis ejes, entre los que destaca la meta de una mayor orientación hacia el mercado global y el fomento de la productividad y calidad, para “tener productos competitivos, que puedan llegar a cualquier mercado”.
“Llama la atención, además, que en la propuesta de políticas agropecuarias para la nueva década no se menciona de forma alguna, el fomento de la producción agroecológica, la meta de la soberanía alimentaria como establece la Constitución de 2008, ni la agricultura familiar campesina”.
El primer punto significa fomento de rubros agroexportadores – como ya se está haciendo con el cacao o la pitahaya – y la apertura de nuevos mercados (externos). En este contexto se argumenta específicamente que los ingresos de una mayor agroexportación servirán para reducir la pobreza rural, quiere decir, con una mayor inserción internacional – como primario-exportador – aumentará el bienestar de la población del campo; lógica que se inscribe en un discurso productivista de desarrollo.
Este enfoque va de la mano con el segundo punto, el fomento de la productividad y calidad, donde se menciona la implementación de certificaciones y trazabilidad. También las categorías “productividad” y “calidad” en este contexto obedecen a ideas de modernización, competitividad de mercado y normativización, impuestas desde arriba y que muchas veces no corresponden a la realidad de la producción campesina dirigida a mercados locales, poniéndole obstáculos más que ayudarle económicamente. Además, las certificaciones y los requerimientos de trazabilidad muchas veces se rigen por el dictamen de mercados de países del Norte global, cuya imposición en las prácticas en países como Ecuador aumenta con los Acuerdos Comerciales como el TLC con la Unión Europea.
Llama la atención, además, que en la propuesta de políticas agropecuarias para la nueva década no se menciona de forma alguna, el fomento de la producción agroecológica, la meta de la soberanía alimentaria como establece la Constitución de 2008, ni la agricultura familiar campesina.
Finalmente, en el momento actual de la crisis por el coronavirus, la alianza entre gobierno y grupos económicos del sistema agroalimentario queda expuesta una vez más con el programa “dar una mano sin dar la mano”, promovido por el gobierno: se hace un llamado a la sociedad ecuatoriana de realizar donaciones vía su plataforma, dinero con el que se comprarán productos de las principales cadenas de supermercados para entregar en forma de “canastas” a las personas necesitadas en el país. Entre los aliados del programa aparecen en la página web las empresas Coca Cola, Nestlé y Unilever, transnacionales agroalimentarias y distribuidoras de alimentos ultra procesados, lo que indica a quién el gobierno “da la mano” en estas circunstancias.
Estas acciones por parte del gobierno en vez de fortalecer la economía local, debilitan la producción campesina indígena que es la que en realidad abastece el mercado interno, satisfaciendo las necesidades de la gran parte de la población ecuatoriana a través de los mercados, ferias, verdulerías y tiendas barriales y que es la que debería verse priorizada desde la política pública en momentos de inestabilidad y crisis.
Como visibiliza la situación de excepción actual, fomentar este modelo de “desarrollo” pone en una situación de alta vulnerabilidad a los y las trabajadoras rurales que ahora son despedidas en las florícolas, bananeras o camaroneras; a los y las productoras familiares que tienen monocultivos para producir materias primas para las cadenas agroindustriales y para las demandas volátiles de mercados globales, y que ahora, ven los precios de sus productos desplomarse sin haberle apostado a otras alternativas productivas.
Generar resiliencia
Esta orientación hacia el fomento del extractivismo y de la primario-exportación aumenta la fragilidad de la economía – y con esto también las economías campesinas – frente a eventos externos, como la caída de los precios internacionales, la reducción de mercados claves como el asiático y europeo, el levantamiento de restricciones de importación, etc.
“[…] para una mayor resiliencia es inevitable tomar en cuenta factores multidimensionales, económicos, políticos, sociales y ambientales para generar un mayor bienestar para toda la sociedad desde la autodeterminación y la movilización de las fuerzas endógenas, en orientación hacia las necesidades internas reales”.
Ahora la visible vulnerabilidad nos lleva a plantearnos caminos hacia una mayor resiliencia[1] en el sistema socioeconómico. Una mayor resiliencia implicaría, entre otras cosas, una menor dependencia de decisiones tomadas en otros lugares, un mayor grado de cierre interno, quiere decir una mayor orientación hacia adentro para generar menos vulnerabilidad a los shocks que emanan en otros lugares (Hudson 2016: 208). Ambientalmente también implicaría una huella ecológica más ligera, causando menos impactos fuertes localmente a través de las actividades económicas.
Por lo tanto, para una mayor resiliencia es inevitable tomar en cuenta factores multidimensionales, económicos, políticos, sociales y ambientales para generar un mayor bienestar para toda la sociedad desde la autodeterminación y la movilización de las fuerzas endógenas, en orientación hacia las necesidades internas reales.
Por una soberanía alimentaria resiliente
Para el sector agrario, perseguir una mayor resiliencia significaría entonces direccionar los recursos a fortalecer la producción para el mercado interno, bajo criterios ambientales, sociales y de salud, y bajo una ruptura de la alianza entre el Estado y las élites económicas.
Esto indica un direccionamiento en muchos puntos opuestos al de la política agropecuaria actual que le sigue apostando en primer lugar al agroextractivismo, a la conversión de tierras productivas en monocultivos para la exportación o las cadenas agroindustriales y que mide el “éxito” de sus programas principalmente en el incremento de productividad y la balanza comercial sin tomar en cuenta el agotamiento de los recursos naturales como los suelos, la mayor dependencia de los y las campesinas de las estructuras del mercado con toda la vulnerabilidad hacia efectos externos que pueda implicar, y las condiciones laborales de explotación en las que se encuentran los y las trabajadoras rurales que permiten mantener las cifras altas de agroexportación.
Replantearse caminos hacia una mayor resiliencia significa cuestionar el relato del “progreso” y de la “modernización”, de la reducción de pobreza a través de la exportación de materias primas y la explotación de la tierra – mientras se carga con los costos sociales y ambientales invisibilizados, que no aparecen en ninguna balanza comercial ni en las mediciones de los niveles de productividad.
“Uno de los pasos necesarios frente a la actual situación sería lo que exige Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesina de Cotopaxi: “El Estado debería comprar la producción de los campesinos (y las campesinas)”, a través de un fondo de emergencia sanitaria –en vez de pedir donaciones para canalizarlas hacia las grandes cadenas de supermercados-“.
Significa, en el tema agroalimentario, volver a debates que vivieron un auge alrededor de la Asamblea Constituyente en 2007 y 2008, que lograron ubicar la soberanía alimentaria en la Constitución como “objetivo estratégico y una obligación del Estado” – una soberanía alimentaria que implica la autodeterminación sobre qué y cómo producir, en reconocimiento de saberes ancestrales, en equilibrio con el ambiente, con sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización y que pone las necesidades alimenticias reales de la población por encima de demandas por commodities del mercado global.
También reflexionar sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza, las formas de percibir el mundo vivo del que somos parte, como sustento de todas nuestras actividades y no como naturaleza mercantilizada, bodega de recursos para convertir en dinero.
En lo concreto, construir resiliencia a través de una verdadera soberanía alimentaria implica un giro en la política pública agropecuaria, pero también implica posibilidades de acciones para otros sectores, incluyendo los y las productoras y consumidoras.
Uno de los pasos necesarios frente a la actual situación sería lo que exige Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesina de Cotopaxi: “El Estado debería comprar la producción de los campesinos (y las campesinas)”, a través de un fondo de emergencia sanitaria –en vez de pedir donaciones para canalizarlas hacia las grandes cadenas de supermercados-. Es algo que la misma Constitución exige en el Art. 281: Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.
Pero la canalización de recursos de cierta manera también está en manos de los sectores consumidores, cuyas decisiones de compra influyen en el rumbo que toma la producción y el mercado alimenticio y que necesariamente deben fortalecer las alianzas directas con los sectores rurales campesinos entendiendo que están conectados constantemente a través de la alimentación. “El rol de los consumidores es clave si comprenden que comer es un acto ecológico y político, de modo que cuando apoyan a los agricultores locales, en lugar de la cadena alimentaria corporativa, crean sostenibilidad y resiliencia socio-ecológica”. (Altieri/Nicholls 2020)
En conclusión, la pandemia del Covid-19 expone de manera cruda varias vulnerabilidades, desde los sistemas de salud hasta las dependencias externas por las formas de inserción en el mercado global. Esta situación excepcional debe servirnos para analizar el trasfondo de la política pública agropecuaria con sus metas de profundización del agroextractivismo y “modernización” del sector a través del creciente encadenamiento de campesinos y campesinas, alejándonos cada vez más del proyecto de la soberanía alimentaria.
Frente al escenario actual, la perspectiva de una crisis socioeconómica global y el cambio climático, queda claro que necesitamos apostarle a una mayor resiliencia multidimensional y perseguir la soberanía alimentaria, basada en la solidaridad, el equilibrio ambiental y la equidad y justicia social.
Para la política pública, pero también para los otros actores del sector agrario y consumidor, apuntar a una real soberanía alimentaria no se podrá realizar sin un cambio profundo en nuestros valores y prioridades con respecto a los alimentos locales, la agroecología, la autonomía campesina, la biodiversidad, la sustentabilidad, el bienestar común.
De estas valorizaciones depende cómo vemos el “éxito” de un sistema agroalimentario, si nos enfocamos en una productividad cada vez mayor para generar crecimiento económico o si vemos que desde la agricultura se deben crear sintonías para generar salud, servicios eco sistémicos, sustentos de vida y reproducción de la biodiversidad.
De un cambio en estas valorizaciones sobre qué significa el “desarrollo” depende un nuevo orden de priorizaciones en la política pública, en las decisiones a quién entregar tierras productivas, a quién expropiar, qué tipo de apoyo técnico ofrecer, si fomentar la agroecología o la inserción de campesinos y campesinas en cadenas productivas, si apuntar a la profundización de la agroexportación o de la soberanía alimentaria.
“Para la política pública, pero también para los otros actores del sector agrario y consumidor, apuntar a una real soberanía alimentaria no se podrá realizar sin un cambio profundo en nuestros valores y prioridades con respecto a los alimentos locales, la agroecología, la autonomía campesina, la biodiversidad, la sustentabilidad, el bienestar común”.
*Investigadora asociada del Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural (Ecuador) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (Uruguay). Estudios de Máster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena, trabaja temas de desarrollo rural y territorial, ecología política y alternativas al desarrollo.
Fotografías: Tamara Artacker.
Referencias:
[1] En este contexto, “resiliencia” se refiere a la capacidad de reaccionar ante una crisis o cambios externos, tomando en cuenta tres aspectos: la capacidad de persistencia, adaptación y transformación (Darnhofer et al. 2014: 9); se entiende, por lo tanto, como lo contrario de vulnerabilidad.
