Modesto crecimiento de la economía
La producción de bienes y servicios de Ecuador (PIB) en 2018 se estima que alcanzó un valor de $108.398 millones. Entre 2006 y 2017, la economía registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3,4%, tasa realmente modesta comparada con las tasas de Perú 5,4%, Bolivia 4,9%, Colombia 4,1%, entre otros (World Bank Group, 2019).
En 2019, al relacionar el PIB con el total de la población -17 millones de habitantes- se obtiene el PIB per cápita, cuyo valor se estima en $6.155, que es un indicador referencial del nivel de ingresos que tiene una persona en Ecuador. En América Latina y el Caribe, en el mismo año, Uruguay registra un PIB per cápita de $17.118, Panamá $16.629 y Chile $15.777; en el otro extremo, Haití $854, Honduras $2.569 y Venezuela $2.724 (Fondo Monetario Internacional, 2019).
El PIB per cápita deducido la inflación, se obtiene el PIB per cápita en valores constantes. Ecuador, entre 2006 y 2017, el PIB per cápita, en valores constantes, creció a una tasa promedio anual de 1,7%, tasa anémica comparada con las tasas de Colombia 3,1%, Bolivia 3,3%, Perú 4,1%. La “década ganada” fue un mero slogan publicitario del gobierno de Alianza País, con este propósito se destinaron ingentes recursos económicos.
Ecuador no tiene su propia moneda, a raíz de la crisis financiera de 1999 adoptó el sistema de la dolarización, por lo cual en cierta manera ha mantenido la capacidad de compra de sectores de la población que perciben sueldos, salarios y pensiones. No obstante, sistemáticamente se ha producido incrementos sustanciales de los precios de los bienes y servicios que lo ha ubicado al país como uno de los más caros en el contexto de América Latina.
El sector industrial y agroindustrial por lo general no incrementaron la productividad, no invirtieron en actividades de investigación y desarrollo, no realizaron actividades de innovación, no generaron bienes con un enfoque de calidad, no consiguieron colocar sus productos en los mercados internacionales, como consecuencia de ello perdieron competitividad. Cientos de empresas que producían bienes nacionalmente migraron a actividades de importación, puesto que era más rentable importar que producir locamente.
En la carta de intención suscrita con el FMI, el Gobierno se compromete a la optimización de los subsidios a los combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial, actualizar las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas que reflejen con mayor exactitud los costos, una reforma al sistema tributario con el objetivo de ampliar la base contribuyentes, eliminar exenciones tributarias, regímenes especiales y preferencias no justificadas, todas estas medidas se van a traducir en incrementos de precios de los bienes y servicios, por lo cual, al contrario de lo que se pretende alcanzar, se deteriorará aún más la competitividad del país.
Los gremios empresariales siguen pregonando las bondades del “libre comercio”, que según ellos crean más fuentes de empleo y la balanza de pagos se ajusta automáticamente a través de la “mano invisible”. En 2018, Ecuador exportó a la República Popular China $ 1.494 millones, pero importó $3.589 millones; a Brasil exportó $107 millones, no obstante, importó $962 millones; a Corea del Sur exportó $104 millones, aunque importó $707 millones; a México exportó $148 millones, sin embargo, importó 732 millones (BCE, 2019).
La balanza comercial no petrolera básicamente del sector privado, en 2018, registró un déficit de $4.959 millones que fue compensado con la balanza petrolera positiva de $4.444 millones en su mayor parte del sector público. No obstante, la balanza comercial global registró un déficit de $515 millones, lo que significa mayores salidas de dólares al exterior que ingresos al país (Ibidem).
Un importante grupo de productores nacionales han propuesto al Gobierno Nacional la fijación de umbrales para las importaciones, que frenen el contrabando técnico, que es mercadería que ingresa al país por rutas legales, pero paga poco en aranceles. De aprobarse, textiles, calzado, maquillaje y cerámica que entre al país tendrán montos mínimos de pago. Según textileros y tabacaleros, el gigante asiático es el principal proveedor de productos irregulares en el mercado ecuatoriano. Más del 60% de los productos de contrabando llegan de China (Expreso, 2019).
Los países desarrollados y economías emergentes (BRICS), a más de los aranceles, establecen políticas no arancelarias como normas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y medidas no técnicas para restringir las importaciones especialmente de los estados en desarrollo. El 26 de febrero de 2019, Brasil impuso medidas de restricción a las importaciones de banano de Ecuador, a través de una decisión judicial y administrativa con las resultantes perdidas para los productores ecuatorianos (El Telégrafo, 21 de mayo de 2019).
En el país paradigma de la “economía de libre mercado”, el inquilino de la Casa Blanca mantiene una política proteccionista, que incluye una guerra comercial con la República Popular China por el déficit comercial de bienes y servicios de $621.000 millones en 2018. Donald Trump amenazó con subir los aranceles del 10 al 25% a las importaciones por las subvenciones estatales y la transferencia de tecnología impuesta por el gigante asiático (VOA, 2019).
En el ámbito nacional, paradójicamente con toda la saturación del tráfico vehicular en la capital de la República y la necesidad de acumular un elevado stock de la divisa norteamericana para mantener el sistema de la dolarización, se sigue importando masivamente vehículos, especialmente del gigante asiático que ya supera el 30% del mercado nacional. La principal actividad económica en Quito se ha constituido el sector automotriz: venta de autos, repuestos, mantenimiento y reparación, lavadoras, vulcanizadoras, parqueaderos. Se expande las actividades comerciales y de servicios, pero se contrae las actividades productivas que generan valor agregado.
Acelerado endeudamiento público
El Primer Mandatario en un acto público de entrega de un plan habitacional en Calceta, provincia de Manabí, afirmó que la deuda pública que dejó el expresidente Rafel Correa bordea los $75.000 millones y representa un servicio de la deuda de $11.000 millones (El Universo, 2019).
Seguramente la información que entregó el Primer Mandatario está dentro del marco de la Carta de Intención firmada con el FMI, componente “Acciones Previas y Metas Estructurales”, numeral 3, donde se establece:
“Entrega de información detallada sobre la deuda externa del sector público no financiero, incluyendo información sobre toda la deuda colateralizada y deuda con acuerdos similares, tales como transacciones de recompra, deuda que requiere depósitos en garantía (scrow) u otras cuentas en garantía en el extranjero que cumplan el rol de colaterales, y otras deudas análogas que involucren una prenda, venta/reventa, o bloqueo de activos”.
Si a la deuda de los $75.000 millones se agrega la deuda contratada por la administración actual aproximadamente $8.108 millones, así como la deuda que está en proceso de contratación con el FMI y los organismos multilaterales más $2.000 millones, en este año, la deuda pública total a fines de 2019 superaría los $85.000 millones, lo que representaría más del 78,5% del PIB.
En la carta de intención, en el Anexo 1 del “Memorando de Política Económicas y Financieras”, numeral 5, el Gobierno Nacional se compromete:
“… con el endurecimiento de las condiciones financieras globales y la incertidumbre en el futuro de los precios internacionales del petróleo, el gobierno está comprometido con la restauración del orden en las cuentas fiscales. Nuestra meta es revertir rápidamente la trayectoria creciente de la relación de la deuda pública con el PIB y, en un plazo corto, reducir la deuda por debajo de la meta referencial del 40% del PIB. Una vez alcanzada dicha meta, esta volverá a constituir el límite legal para el endeudamiento público futuro”.
La meta que se plantea el Gobierno para fines de 2021 de bajar la relación deuda/PIB al 40%, va a ser poco probable que se consiga alcanzar por el ritmo de endeudamiento que han registrado los dos gobiernos de Alianza País. El FMI aprobó un préstamo de $4.200 millones, cuyos desembolsos se realizarán en un periodo de tres años, previo a la verificación del cumplimiento de las metas establecidas.
A más de los créditos del FMI, hay que agregar los préstamos de $6.000 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR) y el Banco Mundial (BM), así como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones $380 millones, el Fondo Latinoamericano de Reservas $280 millones y la Agencia Francesa de Desarrollo $150 millones (DW, 2019).
Según el Ministerio de Finanzas, en 2006, el total la deuda pública agregada fue de $13.493 millones y a marzo de 2019, el saldo de la deuda pública sube a $51.215 millones, registrando una tasa de crecimiento de 279,6%. Del total de la deuda pública, $37.080 millones corresponde a deuda externa y $14.135 millones a deuda interna (Ministerio de Finanzas, 2019). Los datos develan que la información que publica el organismo público no refleja lo que en la realidad estaba sucediendo.
Los créditos que prevé desembolsar el FMI y otros organismos multilaterales por más de $10.000 millones en un plazo de tres años, le dan “más oxígeno” al Gobierno, en el corto plazo, pero a partir de 2022 se tiene que empezar a pagar amortizaciones e intereses. Por lo tanto, ya no serán $11.000 millones anuales, sino muchísimo más que se tendría que destinar al servicio de la deuda. Al próximo gobierno también se dejaría sin la “meza servida” y sin recursos para las actividades fundamentales del Estado.
El Gobierno ha promovido el llamado “Acuerdo Nacional 2030”, donde se pretende llegar a consensos con los principales actores sociales en temas como educación, seguridad social, democracia y reforma institucional, sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana, no violencia y prevención de adicciones, así como competitividad, empleo e innovación.
La propuesta del Gobierno es adecuada en el sentido de llegar a consensos con los principales actores sociales sobre temas relevantes para el desarrollo del país. Sin embargo, a dos años de la administración del presidente Moreno, se empieza a conformar las mesas de diálogos y se establece como fecha tope para levantarlas a fines de noviembre, posteriormente en caso de ser necesario tendría que ser debatido y aprobado en la Asamblea Nacional, con la fragilidad política del Ejecutivo y cuando inicia la fase preelectoral, seguramente va a ser poco probable alcanzar los objetivos que se persigue.
Además, el Gobierno se comprometió con el FMI concesionar o delegar empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Seguros Sucre, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, proyectos hidroeléctricos y otras empresas estatales, lo que, a su vez, significará mayor desempleo e incremento de precios y tarifas. El Acuerdo Nacional se podría interpretar como orientado a legitimar la “monetización” de los activos del Estado establecidos en la carta de intención.
El ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, marcando distancia con el organismo multilateral manifestó: “(el) Fondo Monetario Internacional no es malo porque presta dinero, por la cantidad o los intereses sino porque en lugar de ponerlo como condición al país que cure la enfermedad que reduzca el gasto estatal lo que hace es empobrecer a la gente, al sector privado, saca dinero de la población lo que hace es sacar plata del pueblo a través de subir impuestos, aranceles y combustibles” (Confirmado.net, 2019).
Desidia de la población
A más del deterioro de la economía y abultada deuda pública, se agrega los altos porcentajes de desempleo y subempleo, pobreza y extrema pobreza, contaminación ambiental y visual en las principales ciudades, elevados niveles de inseguridad, narcotráfico, deforestación a gran escala, crónica corrupción. Sin embargo, en general se observa una desidia de la población como algo natural ante todos estos problemas.
No se perfila alguna organización social y política que se comprometa a cambiar radicalmente las condiciones económicas y sociales orientadas a alcanzar el crecimiento sostenido de la economía y a mitigar los efectos del cambio climático como han emergido en otros países.
En Suecia, una niña de 15 años, llamada Greta Thunberg, a los 11 años vio en su escuela, documentales sobre la contaminación marina que lo provocó depresión, dejó de comer y en dos meses bajó 10 kilos, los médicos le diagnosticaron síndrome de asperger, quienes lo padecen tienen dificultades para relacionarse con su entorno (TED, 2018).
Sin embargo, leyó mucho sobre los efectos del calentamiento global. Un día viernes dejó de ir a clases, fue y se sentó sola frente al parlamento sueco, en Estocolmo, con el cartel que había hecho en su casa, llamando a la huelga estudiantil para exigir medidas contra el cambio climático, así continúo su protesta durante todos los viernes (El País, 2019).
Al principio sus compañeros de clases no aceptaron la huelga, pero semanas después se fueron sumando a su causa adolecentes de su escuela y de otras instituciones educativas. El movimiento rápidamente se extendió a varias ciudades y meses después se sumaron jóvenes de más de 90 países. Los jóvenes dejaban las clases para exigir a los políticos medidas contra el cambio climático, hacían huelgas porque los políticos les defraudaron (Ibidem).
Greta y otros jóvenes de Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos redactaron un artículo titulado “No podemos esperar”, subtitulado “Jóvenes de todo el mundo no vamos este viernes a clases para exigir a los adultos responsabilidad para parar el cambio climático”, donde entre otras cosas manifiestan:
“Hemos presenciado años de negociaciones, acuerdos lamentables sobre el cambio climático, empresas de combustibles fósiles con carta blanca para abrir y perforar nuestras tierras y quemar nuestro futuro en beneficio propio. Hemos visto que continúan las fracturas hidráulicas, las perforaciones en aguas profundas y las extracciones de carbón. Los políticos saben la verdad sobre el cambio climático y han entregado voluntariamente nuestro futuro a especuladores cuyas ansias de dinero rápido ponen en peligro nuestra existencia” (El País, 2019).
Greta Thunberg, a los 16 años se ha convertido en una figura emblemática contra el cambio climático. El mensaje de la adolescente sueca ha sido escuchado en la cumbre del clima de Naciones Unidas, Foro de Davos, por el presidente de la Unión Europea, Papa Francisco. Su voz respaldada por estudios científicos ha sido más potente que la del inquilino de la Casa Blanca, quien en la campaña electoral se burló reiteradamente del cambio climático, consideró como un “cuento chino”. No en vano, ha sido nominada al premio Nobel de la Paz por un grupo de diputados noruegos.
En el ámbito nacional, periodistas de investigación -Fernando Villavicencio, Christian Zurita- han develado decenas de casos de corrupción, los últimos “INA papers”, “Arroz verde 502”, han dado a conocer a la opinión pública mucho más de lo que debería haber hecho la institución pública que por disposición constitucional le correspondía. Los organismos encargados de investigar, administrar justicia y sancionar han creado un clima de desidia en la población por falta justicia.
Igualmente, en las principales ciudades del país impera el desempleo y subempleo, delincuencia y narcotráfico, contaminación ambiental que genera el parque automotor que mata a más personas que los accidentes de tránsito, sin embargo, para amplios sectores de la población les es indiferente porque los políticos que llegaron al poder no cumplieron las generosas ofertas que hicieron en las campañas electorales.
Con fecha de corte 29 de mayo de 2019, el “Top 500 deudas firmes a nivel nacional” con el Servicio de Rentas Internas (SRI) ascendía a $1.405 millones y el “Top 500 deudas impugnadas” fue de $1.116 millones, que en conjunto suma $2.521 millones.
En el segundo grupo figura en primer lugar Exportadora Bananera Noboa, con una deuda de $61,8 millones, Corporación Quiport $48,1 millones, Licores Nacionales y Extranjeros $43,1 millones, Movistar $37,4 millones, Consorcio Bloque 7 y Bloque 21 $27,8 millones, WorleyParsons International $24,4 millones, entre otros.
Sobre las deudas que tienen los empresarios y empresas extranjeras con el SRI no se menciona nada en la carta de intención ni tampoco el Gobierno Nacional se ha pronunciado en referencia a ¿qué acciones va a tomar para recaudar esos recursos? Lo mismo sucede con los deudores de la Seguridad Social, $1.400 millones.
El autor de estas líneas formuló algunas propuestas alternativas a las medidas que se prevé implementar, descritas en la carta de intención suscrita por el Gobierno Nacional y el FMI, en el artículo titulado ¿Por qué no crece sostenidamente la economía nacional?
*Economista, docente universitario, ex asesor del Consejo Nacional Electoral, ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
Bibliografía
- World Bank Group. Disponible en: https://bit.ly/2JTmEcN
- FMI, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2WbEI3p
- Banco Central del Ecuador, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2dROgA0
- Expreso, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2wDVPR2
- El Telégrafo, 21 de mayo de 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2WDbPBG
- VOA, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2Xv2fhy
- El Universo, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2ELvIwf
- WD, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2XQtT97
- Ministerio de Finanzas, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2ERuZcZ
- net, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2MIG9Dp
- TED, 2018 (Tecnología, Entretenimiento y Diseño). “Ideas dignas de difundir”
- El País, 2019. Versión electrónica disponible en: https://bit.ly/2KqbtYH
- El País, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2UWBKQE
