Enero 11 de 2017
Lo que se quiere castigar es que Acción Ecológica ha permanecido junto a los pueblos y defiende sus derechos. Si no hablas en contra del extractivismo y las transnacionales, si no te dueles de la destrucción de la naturaleza, si dejas a su suerte a los más débiles de la sociedad ecuatoriana, el Estado no te tocará. Ese parece el verdadero mensaje de la actuación gubernamental. ¿Ustedes amigos o amigas lectores, de qué lado se ponen? ¿Del gobierno o de los derechos?
La pretensión gubernamental de disolver a la organización de la sociedad civil Acción Ecológica ha sido denunciada dentro y fuera del país como un acto que evidencia una política autoritaria a través de la cual se pretende aplastar los derechos a la organización, la movilización y la protesta.
El proceso se ha mostrado en sí mismo contrario a normas jurídicas básicas, tal como lo han señalado diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos. En la boleta de notificación fechada 19 de diciembre de 2016, entregada un día después, se otorgan 24 horas para que la organización brinde una respuesta y 10 días laborales para presentar “las pruebas correspondientes”. ¿Pruebas? ¿De qué? Pues de acusaciones generales sin que se las acompañe por ningún respaldo, según el pedido del Ministerio del Interior realizado el mismo día (una celeridad que no tienen casos de corrupción como el de Petroecuador). Las “pruebas” de acusación recién se presentan con poco más de 24 horas antes de que Acción Ecológica presente su descargo. Igual que en casos anteriores, se puede considerar que se deja en indefensión a la organización acusada, primero por no definir exactamente de qué se le acusa y, luego, por la demora en presentar los argumentos de la acusación.
Tal como se hizo anteriormente con los cierres de la Fundación Pachamama en 2013 y de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en 2016, se recurre a un procedimiento administrativo basado en el Decreto Ejecutivo 739[1] con acusaciones imprecisas, pero dejando en claro que la medida se toma por haberse opuesto a políticas del gobierno. Políticas que se refieren, en este caso, al impulso del extractivismo, es decir de una estrategia de desarrollo que está atada de pies y manos de las transnacionales, la acumulación de capitales en pocas manos a partir del despojo y de la aplicación del neoliberalismo.
Criminalizar el derecho a la movilización social
Ningún argumento que pretenda ligar a Acción Ecológica con recientes actos de violencia tiene asidero ni histórico ni factual. En sus treinta años de actuación, la organización se ha destacado por impulsar y promover la no violencia activa y, ante el conflicto presentado en la zona de explotación de la Minera china EXSA, se pronunció a favor de una convocatoria por un “baño de paz y verdad”. Paz, como situación deseada y verdad como condición para que la paz sea verdadera. No existen, como señala el Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en su comunicación del 19 de diciembre, expresiones de “respaldo a las acciones y hechos violentos”.
En la misma comunicación, queda claro que lo que se condena es la movilización social. Se dice sin mostrar el menor sonrojo: “… la organización referida ha promovido actividades de planificación, organización y convocatoria de las nacionalidades y ciudadanía en general, a través de plantones y movilizaciones, dejando en claro su posición de rechazo a toda iniciativa de explotación de recursos naturales…”
¿Dónde está el delito? Con argumentos similares toda organización latinoamericana que llame a plantones y movilizaciones debería ser víctima de persecución gubernamental.
Acción Ecológica es una de las 184 organizaciones integrantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), por su labor defensora de derechos, teniendo un lugar de avanzada en la teoría y ejercicio de vinculación de los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza que reconoce la Constitución del Ecuador. Al igual que sus pares defensores de derechos humanos, utiliza plantones y movilizaciones pacíficas para expresar sus puntos de vista y lo hace junto a los sectores violentados por el sistema social imperante. Basta recordar casos emblemáticos como la actuación de las Madres de Plaza de Mayo, para saber que solo de un gobierno con alma dictatorial y antidemocrática puede salir el señalamiento anterior.
Criminalizar la solidaridad
La presencia de EXSA en territorio de la nacionalidad Shuar ha sido motivo de resistencia por parte de quienes defienden los derechos de ese pueblo ancestral. Las vías han sido múltiples y han denunciado la falta de procesos de consulta previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT y derecho de la ciudadanía ante proyectos que puedan causar daño al ambiente. No cumplir este requisito es un acto de violencia, de desconocimiento de la existencia de la nacionalidad Shuar, de imposición de un supuesto interés nacional a espaldas de los pobladores locales.
Pero además, se ha vivido desalojos y la muerte -en diversos momentos y años- de tres indígenas opuestos al ingreso de la minera: Bosco Wisuma (2009), Fredy Taish (2013) y José Tendetza (2014), este último un líder antiminero que fue encontrado muerto con señales de violencia cuando se acercaba su viaje para participar en la Cumbre de los Pueblos en Lima. Se impide actividades tradicionales de la población en territorio que hoy parece ser del país de la minera. La violencia consustancial al extractivismo es la violencia del despojo territorial, de condiciones y formas de vida, de manifestaciones culturales. Despojo que no puede ser desconocido como pretende el gobierno.
“De acuerdo con los registros de la Junta Parroquial de San Carlos de Panantza, el 11 de agosto Explorcobres tomó posesión de la concesión y la fuerza pública desalojó de Namkints a 32 indígenas shuar. Desde entonces se han registrado otros dos enfrentamientos” (diario El Comercio, de 21 de diciembre de 2016).
El 14 de diciembre del año pasado se produjeron hechos lamentables en el campamento minero La Esperanza, que terminaron con la vida del policía José Mejía y otros heridos. Ni Acción Ecológica ni ningún opositor a la explotación minera transnacional a gran escala se expresó a favor de hechos de esta naturaleza y, por el contrario, fueron múltiples las muestras de solidaridad, en especial con la familia del fallecido.
Pero el gobierno aprovechó la situación con una declaratoria de Estado de Excepción, allanamientos de viviendas, envío de centenares de miembros de las Fuerzas Armadas, uso de carros blindados de guerra, desconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo Shuar, acusaciones de vinculación entre pobladores Shuar -especialmente del Centro (comunidad) de Namkintzcon- y actividades paramilitares[2], la detención de Agustín Guachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), y una amplia campaña publicitaria sobre los supuestos beneficios de la minería “responsable”.
Como se ve, se genera un incremento de la violencia. Pero esto no se puede entender si no es analizando el contexto y recordando que aquello de “minería sustentable” es un cuento y que las empresas transnacionales muchas veces han sido identificadas como responsables, sí, pero de golpes de Estado, guerras, muertes y otros delitos, que ha obligado a Naciones Unidas a discutir en nuestros días la vinculación de las transnacionales con la violación de Derechos humanos en el mundo.
¿Cuál es el delito de Acción Ecológica? No se le puede demostrar su participación en los hechos violentos, pero si en la solidaridad con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas durante treinta años. Nada en contra de la Constitución del Ecuador ni alejado a su Estatuto institucional legalmente reconocido.
Lo que se quiere castigar es que Acción Ecológica ha permanecido junto a los pueblos y defiende sus derechos. Si no hablas en contra del extractivismo y las transnacionales, si no te dueles de la destrucción de la naturaleza, si dejas a su suerte a los más débiles de la sociedad ecuatoriana, el Estado no te tocará. Ese parece ser el verdadero mensaje de la actuación gubernamental. ¿Ustedes amigos o amigas lectores, de qué lado se ponen? ¿Del gobierno o de los derechos?
Criminalizar a quienes enfrentan las transnacionales
De acuerdo a la notificación del Ministerio del Interior al Ministerio del Ambiente (MDI-VSI-2016-00033), se acusa a Acción Ecológica de realizar afirmaciones sobre “los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales” en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la “supuestas” violaciones de derechos humanos de las comunidades.
Una vez más, el crimen es opinar. Pero el trasfondo es evitar cualquier debate sobre el futuro del país bajo el extractivismo y los intereses de las transnacionales. Se habla en el vació de la minería sustentable, mientras se ataca a las poblaciones como se lo ha hecho ya en casos relacionados con Intag, El Cajas, Dayuma y otros. Tanto, que parece que el Presidente de la República se prepara para trabajar de propagandista de las transnacionales.
Amedrentar para atacar los derechos a la organización y a la expresión
La referida solicitud de extinción y disolución redactada en el Ministerio del Interior señala que: “La organización Acción Ecológica, a través de publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad shuar…”, es decir que ni organizaron ni motivaron, sino que opinaron en una forma que, según el Ministerio, significa apoyar la violencia. Extraño que se lo haga en un llamado a la paz con la naturaleza y los pueblos y que en los demás pronunciamientos de Acción Ecológica no se haya identificado nada que sea un saludo a la violencia. Solo expresiones certeras repetidas por miles en el país, como por ejemplo, que “Petróleo y minería son la misma porquería”.
El ataque al derecho a la organización fue también advertido el pasado 30 de diciembre por un grupo de cinco Expertos que cumplen funciones de Relatores en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su comunicación criticaron las medidas represivas del Gobierno del Ecuador expresando: “Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”. Además indicaron que “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización“.
Los Expertos alertan también con claridad que: “las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”.
Cierre por ahora
La situación presentada demuestra la sumisión gubernamental ante los intereses de transnacionales y potencias imperialistas. La vulneración de los derechos se va convirtiendo en la norma en este camino, lo que hace increíble que intelectuales que se autocalifican como “de izquierda” se pongan de lado del gobierno y las transnacionales y en contra de los pobladores más débiles de la sociedad. Que absurdo que alguno de ellos crea que es de izquierda quién ataca a los derechos humanos y a las organizaciones defensoras de esos derechos.
Pero el contexto nacional hace que cada vez más el buscado amedrentamiento tenga menos efecto en los pueblos del Ecuador. En las elecciones y en las calles cada vez hay mayor certeza de una creciente oposición al gobierno que impulsa una “caricatura de revolución” -para usar la definición del Che- y que ahora promueve medidas a favor de los sectores dominantes, incluso los estrictamente neoliberales.
De la misma manera que no pudieron matar a la UNE quitándole el reconocimiento formal, la lucha contra el extractivismo continuará más allá del reconocimiento legal o no de las organizaciones ecologistas. Son tiempos en los cuales la Ley no refleja el interés de la sociedad sino el de las clases dominantes. Por ello no se trata de un problema administrativo ni jurídico, sino de un hecho político que debe ser tratado como tal.
[1] El Decreto Ejecutivo 739, que establece el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, fue el Registro Oficial 570 de fecha 21 de agosto del 2015. Su antecedente es el Decreto 16 de 4 de junio del 2013. A la Fundación Pachamama se le aplicó el Decreto 16, mientras a la UNE y a Acción Ecológica el Decreto 739.
[2]En el enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre, el Presidente Correa descalificó a los indígenas afirmando que: “se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales…”.
Totalmente de acuerdo. Yo añadiría que esta acción es una demostración del poco respeto a las libertades de este gobierno, en este caso la libertad de asociación, limitada sólo por un anticonstitucioal, dictatorial y contrario a los derechos humanos.