Como todo niño en edad escolar lo sabe, hay tres ramas en el gobierno de Estados Unidos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este es el cimiento y el concepto básico de educación cívica. Solo hay un problema: que no es exactamente así.Durante los años de la Guerra Fría y más acentuadamente en el siglo XXI, el gobierno de EE.UU. ha experimentado un cambio. Ha desarrollado una cuarta rama: el estado de seguridad nacional, cuya principal característica podríamos decir que es un impulso insaciable para expandir su poder y alcance. Si bien aún carece de prerrogativas formales de poder gubernamental esta Cuarta Rama goza incluso de menor supervisión que el Congreso y el Ejecutivo. Esto es notable en este momento en que el ejecutivo y el legislativo brillan por la inactividad para contrarrestar sus respectivos poderes; una situación impensable en el pasado. Los líderes de seguridad nacional, amparados en una penumbra de secreto, toman decisiones sobre asuntos cruciales, haciendo por lo general lo que quieren, en el contexto de la reciente polémica en torno a la posibilidad de hacer público un informe del Senado sobre las prácticas de tortura y transferencia ilegal de prisioneros ejecutadas por la CIA.Todo esto es o debería ser obvio, pero sorpresivamente no es reconocido en el mundo estadounidense. El crecimiento de la Cuarta Rama comenzó en un momento de movilización por un conflicto global, la II Guerra Mundial. Ganó fuerza y se consolidó con la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la otra superpotencia, la Unión Soviética, proveyó la excusa para la expansión.Los funcionarios de la seguridad nacional tuvieron dificultades, después de la caída de la Unión Soviética, cuando el “terrorismo” aún no había aparecido en el horizonte y los enemigos eran escasos. En la era posterior al 11 de septiembre de 2001, en una falsa atmósfera de guerra, alimentada por billones de dólares de los contribuyentes y bajo la bandera de la “seguridad” de EE.UU., ha crecido a un nivel sin paralelo en tamaño y capacidad de poder. Tanto que ha sido la chispa para un boom inmobiliario en Washington y sus alrededores (al igual que en el resto del país). En las series del diario Washington Post del 2010 “Top Secret America”, Dana Priest y William Arkin presentaron un resumen del alcance de ese boom para el sector que trabaja en inteligencia en EE.UU. Dice: “En Washington y sus alrededores, desde septiembre de 2001, se están construyendo o se han construido 33 complejos de edificios para actividad de inteligencia ultra secreta. En conjunto ocupan el equivalente de casi tres Pentágonos o de 22 edificios del Capitolio; un área de unos 17 millones de pies cuadrados”. Y la construcción continúa en 2014.En este siglo, se estableció un segundo “Departamento de Defensa” a escala completa: el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Alrededor de este se ha desarrollado una mini versión del complejo militar-industrial, con el consabido conjunto de asesores, gente que hace lobby en los centros de poder de Washington, contribuciones políticas y relaciones de poder: el tipo de conglomerado sobre el cual alertó el Presidente Eisenhower en su famoso discurso de despedida en 1961. Mientras tanto, el complejo militar-industrial original ha ido ganando fuerza e influencia.
De manera creciente, después del 11 de septiembre, bajo el rótulo de “privatización”, aunque para ser más precisos debería ser rotulada “corporatización”, el Pentágono llevó consigo a la guerra a una serie de compañías predilectas. En el proceso, le dio al término “guerra capitalista” un significado más literal, gracias a su apoyo financiero global y al traspaso de tareas que tradicionalmente permanecían dentro del ámbito militar hacia una serie de corporaciones guerreras.
Al mismo tiempo, los 17 integrantes de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. –sí, hay 17 agencias de inteligencia en el estado de seguridad nacional– han seguido creciendo, algunos a un ritmo prodigioso. Algunos de ellos se han transformado en modelos particulares de corporaciones, transfiriendo algunas de sus operaciones hacia contratistas privados de manera drástica, con lo que ahora tenemos también “servicios de inteligencia capitalistas”. Con el temor post 11 de septiembre inyectado en sociedad y el viento del terrorismo soplando a sus espaldas, los Servicios de Inteligencia gozan de una notable libertad para desarrollar sistemas de vigilancia que abarcan esencialmente a todos, incluidos, según parece, las demás ramas del gobierno.
Pensemos en Edward Snowden, el ex empleado de la CIA que pasó a trabajar en el lado corporativo de la economía de seguridad nacional en desarrollo, como el primer efecto boomerang desde y contra el mundo de “inteligencia capitalista”. Gracias a el tenemos una visión desde adentro sobre la magnitud de las ambiciones y operaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. El alcance de las operaciones de vigilancia y el rango de las comunicaciones locales e internacionales que esta agencia recolecta son asombrosas, y aún existe más información que será revelada. Y tengamos en cuenta que esto se refiere a una sola de las agencias.
También sabemos que este mundo secreto ha desarrollado un conjunto de leyes secretas al igual que su propio sistema legal secreto, basado principalmente en el principio de legalizar todo lo que quieran hacer. Como lo ha reportado Eric Lichtblau en The New York Times, tiene su propia Corte Suprema equivalente: la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Y sobre todo esto, las otras ramas del gobierno solo tienen un conocimiento limitado mientras que los ciudadanos estadounidenses no saben casi nada.
Desde el Pentágono al Departamento de Seguridad Nacional y al laberíntico mundo de los servicios de inteligencia, el ascenso al poder del estado de seguridad nacional ha sido un verdadero espectáculo. Toda vez que alguna noticia de las operaciones especiales -con el potencial de enervar al público- comienza a surgir, la Casa Blanca y el Congreso plantean “reformas”. Pero dichas reformas, en el mejor de los casos, solo controlarían de manera limitada los poderes expansivos de este estado dentro del estado. Hablando en términos generales, los poderes y prerrogativas del estado de seguridad nacional están más allá de cualquier control de la tercera rama del gobierno, el poder judicial. Con demasiada frecuencia, la Cuarta Rama del gobierno es tratada con deferencia por el poder ejecutivo y, salvo honrosas excepciones, el Congreso le rinde pleitesía y expresa muy pocas dudas sobre su accionar.
Además, hay que tener en cuenta que de las cuatro ramas del gobierno, solo dos de ellas –la Corte Suprema activista y el estado de seguridad nacional– parecen capaces de formular políticas en este momento.
“Confundir” al Congreso
Desde esa perspectiva, examinemos un conjunto de sucesos relacionados que han sido tratados por los medios de prensa como una pelea de gatos entre los privilegiados y poderosos. Me refiero a las acusaciones y contraacusaciones, a la ira, a la indignación e irritación, al igual que a las noticias de actos ilegales alrededor de las 6300 páginas del “reporte sobre la tortura” de Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés), compilado por el Comité de Inteligencia del Senado, que aún no ha sido publicado. Esta polémica revela mucho acerca de la naturaleza de los mecanismos de supervisión y control sobre la Cuarta Rama del gobierno en 2014.
Uno de los deberes del Congreso es vigilar el funcionamiento del gobierno usado sus poderes para investigar y supervisar. En el caso del programa de la CIA de la era Bush abarcando la “entrega” de prisioneros (rendition), los sitios negros (prisiones en el extranjero) y las “técnicas de interrogatorio perfeccionadas” (es decir, tortura), el Comité de Inteligencia del Senado inició una investigación en marzo de 2009 para averiguar qué ocurría cuando algunos sospechosos eran llevados a prisiones en el extranjero y brutalmente interrogados. “Millones” de documentos de la CIA, entregados por la Agencia, fueron analizados por los integrantes del Comité de Inteligencia en un sitio seguro de la CIA, en el norte de Virginia.
Entre los papeles entregados a los investigadores del Comité de Inteligencia del Senado, se encontraba una copia parcial del documento conocido como “Revisión interna Panetta”, informe que había sido compilado para el anterior director de la CIA. Dicho informe habría llegado a conclusiones claras sobre los excesos de los interrogatorios llevados a cabo por la CIA en esos años. Según la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien dirige el comité, este documento estaba dentro de una pila de documentos entregados por la CIA. Nadie sabe si fue intencional o por descuido o gracias a un denunciante. (La CIA sostuvo hasta hace poco tiempo, que miembros del comité lo habían robado del sistema digital de la CIA.)
La Agencia o sus contratistas privados (¡los sistemas de inteligencia capitalista nos acechan!) hicieron diversos esfuerzos para obstruir la investigación del comité como eliminar documentos del sistema de computadoras al que tenía acceso “seguro” el comité. No obstante, el comité finalizó el reporte en diciembre de 2012, y se lo entregó a la Casa Blanca “para comentarios”, y luego comenzó la diversión.
A pesar de que se filtraron pocos detalles sobre el contenido específico del informe, se dice que su efecto será devastador. Mostraría, entre otras cosas, que las “técnicas de interrogación perfeccionadas” usadas por la CIA fueron significativamente más brutales que las descriptas a los supervisores del Congreso; que fueron mucho más allá de lo delineado en el “memo de la tortura” por los abogados del gobierno de Bush (las que ya eran suficientemente brutales); de que gracias a la tortura no se descubrió ningún complot; y que figuras de alto rango de la Agencia, en declaraciones bajo juramento, “confundieron” al Congreso (un término amable para no decir “mintieron”, que potencialmente implicaría un delito llamado perjurio). Senadores que han tenido acceso al informe han asegurado que cuando sea hecho público, los estadounidenses se sentirán en shock.
Recordemos que la senadora que preside el comité de inteligencia, Dianne Feinsten, era una de las congresistas que más respaldo le había brindado al estado de seguridad nacional y a la CIA. Hasta hace poco tiempo, había sido esencialmente la senadora modelo del estado de seguridad nacional. Ella y sus colegas, impactados por la información recibida, quieren que el informe sea desclasificado y que se haga público sin más demoras. Pero se decidió que el informe sea revisado para asegurarse de que no se mencionaran nombres de agentes activos y colaboradores. Dos años y medio más tarde, luego de incontables revisiones y objeciones por parte de la CIA y de la Casa Blanca, el informe aún no ha sido hecho público (a pesar de que haya reportes sobre que será o no será revelado pronto).
Durante este periodo, la CIA decidió que estaba en emergencia y puso en práctica sus habilidades para espiar al Comité y a sus empleados. Esgrimiendo el argumento de que los empleados habían “hackeado” las computadoras de la CIA para obtener el informe “Revisión Interna Panetta”, la CIA hackeó las computadoras del Comité. Mientras tanto, Robert Eatinger, el abogado general interino, quien había sido el jefe legal de la unidad antiterrorista a cargo del programa de interrogatorios de la CIA, y cuyo nombre fue mencionando1600 veces en el reporte del Senado, presentó (citamos a Feinstein) una “acusación de actividades ilegales contra los mismos empleados del Congreso que están investigando y elaborando un informe que detalla cómo los funcionarios de la CIA -incluyendo al mismo consejero general- proveyeron información incorrecta al Departamento de Justicia sobre el programa”. (Años atrás, en 2005, Eatinger fue uno de los dos abogados responsables de no haber impedido la destrucción de cintas de videos de la CIA documentando interrogatorios brutales de sospechosos de terrorismo en prisiones secretas.)
Además, según la senadora Feinstein, cuando el director de la CIA, John Brennan se reunió con ella, le mintió y trató de intimidarla diciéndole que “la CIA había penetrado la red segura del comité donde se hallaba el producto del trabajo interno del comité y las comunicaciones entre los integrantes, y que iba a ordenar la recopilación de evidencia adicional de la red interna para averiguar más datos sobre las actividades de supervisores del comité”. En otras palabras, el que estaba bajo investigación, espiaba a sus investigadores. Y más aún, en base a un episodio, en el que una de las personas que más respaldo les daba desde el Congreso, había cruzado una línea, la Agencia lanzó sus dardos contra la senadora.
El mensaje era claro: supervisión o no supervisión, “no te cruces en mi camino”.
Agreguemos que, dado que la CIA es la responsable de perjurio y no la víctima, no hay razón para tomar en serio los argumentos interesados de sus funcionarios, pasados o presentes, o ninguna versión de sucesos o cargos presentados por ellos. Estamos hablando, después de todo, de una institución responsable de actos de interrogación brutales, de dar una descripción falseada de los mismos, de mentir al Congreso acerca de su accionar, de destruir evidencia de sus peores actividades, de espiar al Comité del Congreso y su sistema de computadoras, y de obtener “mensajes de e-mail legalmente fuera de su alcance y otras formas de comunicación entre denunciantes y abogados relacionados con la Agencia y el informe del Comité”. Además, según un reciente artículo de portada del New York Times, el exdirector durante el gobierno de Bush, George Tenet, ha realizado maniobras conspirativas “en un contraataque contra el voluminoso informe del Comité del Senado” en conjunto con el actual director y varios exfuncionarios de la Agencia. (Y hay que tener en cuenta que “unas 200 personas bajo la responsabilidad de Tenet que han participado de alguna manera en el programa de interrogatorios” siguen trabajando para la Agencia.)
La Era de la Impunidad en Washington
En diciembre de 2012, el informe comenzó un recorrido en zigzag a través del proceso de “revisión y desclasificación, que aún no termina. La CIA se interpuso una vez más. El Senado estaba resuelto a desclasificar la evidencia recopilada en el informe, sus conclusiones y las 600 páginas del resumen. La CIA, que ya había hecho su trabajo de bloqueo del proceso de investigación del Senado, ahora se aseguró de que el proceso de aprobación fuera interminable.
Para comenzar, la Casa Blanca le otorgó a la CIA el rol central en la revisión y en el proceso de veto, lo que significa que le dio las facultades para demorar la marcha, detenerla y también para eliminar información crucial o perjudicial del informe mediante la reescritura del mismo. Para tener una idea del poder que poseen en Washington los organismos que componen la Cuarta Rama del gobierno (y cuáles son sus límites), solo hace falta examinar este caso.
A catorce años del inicio del siglo XXI, nos hemos acostumbrado tanto a este tipo de situaciones que raramente pensamos en lo que significa que la CIA –acusada de diversos delitos– sea la agencia que decida qué puede ser conocido por el público, en conjunción con la condescendiente Casa Blanca. El actual director de la Agencia, hay que hacerlo notar, ha sido un confidente cercano y un amigo del presidente, y durante años fue su asesor clave en el área de contraterrorismo. Para tener una idea de lo que esto realmente significa, quizás sea útil hacer el siguiente paralelo: imaginemos que en 2004, la Comisión del 11-S estaba forzada a entregarle su informe final a Osama bin Laden para que lo revisara y aprobara antes de que sea hecho público. Puede sonar como algo extremo, pero la CIA no está menos involucrada en el proceso. Y este proceso interminable que todavía continúa, aunque se suponga que la Casa Blanca debe presentar algo, posiblemente con muchas correcciones, quizás en los días tórridos de agosto.
Tengamos en cuenta también que solo estamos hablando del asombroso poder de una de las 17 agencias que componen la Comunidad de Inteligencia, que es solamente una parte de un vasto estado de seguridad nacional. Solo una. Pensemos en ella como si fuera una prueba de fuego para el estado de transformación de las relaciones de poder en el nuevo Washington. O podríamos mirarlo desde esta perpectiva: en base a un solo informe negativo del Senado sobre sus actividades, la CIA estuvo dispuesta a atacar a una legisladora conocida por ser una de las más fervientes defensoras del estado de seguridad nacional. Trató de intimidarla, intentó presentar cargos contra sus asesores, y la empujó a que ella “reticentemente” y casi con desesperación presentara frente al Senado una significativa denuncia de la agencia a la que había defendido durante mucho tiempo. Luego, la semana pasada, el director de la CIA retrocedió, quizás dándose cuenta de que habían llegado demasiado lejos, incluso para Washington en el 2014. Entre pedidos del Senado para que renunciara, pidió disculpas por las acciones extremas de empleados de bajo rango de la Agencia. (Sería una pérdida de tiempo esperar una reforma verdadera en la CIA.)
En su discurso ante el Senado, Feinstein acusó a la Agencia de atentar potencialmente contra las leyes y la Constitución. Dijo: “Estoy seriamente preocupada pues pienso que la búsqueda de la CIA [en el sistema de computadoras del Comité] podría haber violado los principios de la división de poderes que la Constitución de Estados Unidos garantiza, incluyendo la cláusula sobre libertad de expresión y debate. Podría haber afectado el marco constitucional que es esencial para que el Senado pueda ejercer una supervisión eficiente sobre las actividades de inteligencia o sobre cualquier otra función gubernamental… Además de las implicaciones constitucionales, la búsqueda de la CIA podría estar en infracción de la Cuarta Enmienda, el Acta de Abuso y Fraude relacionado con computadoras al igual que la Orden Ejecutiva 12333, que prohíbe que la CIA haga vigilancia o investigaciones internamente”.
En el proceso, describió detalladamente a una agencia cubriendo sus pasos, reacia a admitir cualquier error o de brindar información crucial, mientras intentaba bloquear e incluso desmantelar toda supervisión del Congreso. El equilibrado discurso de Feinstein debería ser leído por todos los estadounidenses, especialmente porque ella no ha sido una opositora sino una constante defensora de la Cuarta Rama.
Retrospectivamente, este “incidente” podría ser considerado como un momento crítico en la todavía no finalizada evolución del poder del gobierno en EE.UU. La prensa cubrió brevemente el discurso de Feinstein, como un alboroto más de Washington, y luego lo dejó para ir tras otras noticias más candentes. Mientras tanto, el llamado proceso de aprobación del informe del Senado continuó durante otros meses adicionales en la Casa Blanca y en la sede de la CIA en Langley, Virginia, como si nada hubiera ocurrido; la Casa Blanca se negó a intervenir en el tema; y el Departamento de Justicia se negó a presentar cualquier tipo de cargo contra la agencia. Mientras que un puñado de senadores amenazó con invocar la Resolución 400 del Senado –un poder en desuso, que data de hace 40 años, y que le da al Senado la facultad de desclasificar información- pero no dejó de ser una amenaza trivial. (Para lograr poner en efecto dicha ley hubiera sido necesario que una mayoría del Senado votara contra la CIA y la Casa Blanca, algo altamente improbable.)
Suceda lo que suceda con el informe del Senado y a pesar de las disculpas pedidas por la CIA, no podemos contar con que el Senado presente cargos de perjurio contra los ex directivos de la CIA por mentir al Congreso. (No lo hizo, después de todo, en el caso previo que involucraba al Director de Inteligencia Nacional James Clapper.) Ni tampoco podemos esperar que se presenten cargos contra figuras importantes dado que el Departamento de Justicia se negó, en los años de gobierno de Obama, incluso a investigar a integrantes de la CIA que fueron responsables de la muerte de prisioneros.
El hecho es que, para la Cuarta Rama, esta sigue siendo la era de la impunidad. Ocultos por un velo de secreto, alimentados por leyes y cortes secretas, rodeados por las corporaciones y los políticos de su agrado, su poder para elaborar políticas y actuar como les plazca en nombre de la seguridad de los estadounidenses sigue visiblemente en ascenso. A pesar de los retrocesos que pueda experimentar, la tendencia hacia una mayor expansión y control pareciera ser indetenible en este momento. En el contexto del informe del Senado sobre la tortura, la pregunta sigue vigente: ¿Quién gobierna en Washington?
Tom Engelhardt es co-fundador de American Empire Project y autor de The United States of Fear al igual que de una historia de la Guerra Fría, The End of Victory Culture . Dirige TomDispatch.com del Nation Institute. Su nuevo libro, Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single Superpower World (Haymarket Books) será publicado en septiembre.
* Traducido para Rebelión por Silvia Arana
