EL GOBIERNO Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA: ¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁN DE LA DERECHA?[1] Por Edgar Isch L.

Para sostenerse, el poder de las clases dominantes se basa en dos mecanismos fundamentales: la cohesión y la coerción. Dependerá de las condiciones concretas cuál se prioriza, pero ambos se emplean desde el poder como sostén de las sociedades de clase y sus injusticias permanentes. La democracia formal, expresada a través del voto, no es sino una fachada con la que se pretende que hay algún resquicio de libertad, pues cohesión y represión la anulan y ponen a la gente ante una solo opción: mantener el estado de cosas aunque pueda haber cambios de forma y no de fondo. En este sentido, los neoliberales fueron cínicos con su fórmula TINA (There Is No Alternative – No hay otra alternativa), con la que anulaban todo debate y la libertad quedaba perdida en una sola opción, la que ellos decidían. Y a los que querían buscar nuevas posibilidades, pues la represión los controlaba.

El primero de estos mecanismos, la cohesión, apunta a lograr un apoyo social mediante todos los aparatos ideológicos del Estado y la clase dominante: los medios de comunicación, el sistema educativo, las iglesias ligadas al poder, son parte sustancial de esos aparatos ideológicos. El propósito es lograr que la gran mayoría de la población se unifique alrededor de la ideología del poder, que incluso los de abajo piensen igual como los de arriba y se sientan parte del empresariado, aunque sea un lustrabotas (“microempresario de la limpieza del calzado”, le llamaran para confundirlo), parte de los que toman las decisiones (en ridículas “socializaciones” de proyectos en las que su opinión no es considerada) o sencillamente asuma que si su familia está en la pobreza es por su propia culpa por no superar los parámetros de la “meritocracia” (que es usada para justificar que haya “perdedores” eternos).

En torno a esto, Frantz Fanon, revolucionario que luchó por la independencia del África, recalcaba que la esclavitud solo es posible si los esclavos piensan que su condición es “natural”, que por tanto es aceptable y no se puede cambiar. La “esclavitud asalariada” sufre de una alienación semejante por el peso de la propaganda del sistema capitalista. Una vez alienado, el trabajador (con empleo o sin trabajo) justifica la injusticia, se siente incapaz de entender la realidad social de la explotación y argumenta sin sonrojarse: “siempre ha habido y habrá pobres y ricos”.

Cuando los de abajo ponen en juicio lo que sucede en la sociedad, como ocurre fácilmente en tiempos de crisis, se refuerza el segundo mecanismo: la coerción. Los instrumentos usados: cortes, leyes, fuerzas represivas y también, saliéndose de la ley, grupos de choque y paramilitares. La coerción es toda forma de presionar a alguien para forzar su voluntad o su conducta, como las restricciones y la presión violenta. Por ello se puede decir con corrección que en Ecuador se usa la legislación penal, la vigente y la que se está cocinando en los cuarteles de Alianza País, con el propósito de disciplinar a la ciudadanía en torno a lo que el gobierno quiere.

¿Hacia dónde va lo que hace el gobierno en estos planos? Sencillamente a reforzar un modelo de acumulación de capitales que requiere la explotación de la mano de obra y la expoliación de la naturaleza con un extractivismo exacerbado. Desde lo ideológico trabajan como si la competitividad fuera el valor supremo convertido en el “sálvese quien pueda”, y encubierto en términos como “meritocracia” o “emprendedores”, dentro de los que solo se admite a los que entran a una actividad de lucro, junto a instrumentos de clasificación de los seres humanos y sus instituciones. Desde la coerción, quieren reconocer como válidas solo las grandes empresas persiguiendo, por ejemplo, a los mineros artesanales, limitar la organización independiente y criminalizar todo acto de protesta. La aplicación del neo-institucionalismo, visible a estas alturas, ha servido en este propósito, para que nada amenace a la propiedad privada y al modelo de acumulación. “Nuestro interés no es afectar a los ricos”, resumió el Presidente en 2012.

No solo en el Ecuador

Un aspecto destacado de nuestros días es que incluso en los países en los que se decía que existían “democracias sólidas”, como los europeos, la criminalización de la protesta está generalizándose. A muchos, esto recuerda la creciente fascistización previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando Mussolini, Hitler y otros lideraron mecanismos de represión que paulatinamente se convirtieron en una de las mayores vergüenzas en la historia de la humanidad. El autoritarismo, las dictaduras, el fascismo, en realidad están unidas por su afán de sostener a toda costa el poder y el modelo de acumulación de capitales.

Pongamos unos ejemplos:

–          el gobierno derechista de España plantea una Ley de Seguridad Ciudadana que dicen que pretende “proteger a la policía” de las manifestaciones restringiendo derechos ciudadanos. Esto a pesar que solo en el 0,7% de las 14.721 concentraciones o manifestaciones realizadas en 2012 hubo actos que califican de violentos. El proyecto garantiza impunidad a los excesos de la Policía e incluye como infracción leve el uso de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “que atenten contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen”, cuando eso antes era un delito. Por el contrario convierte en faltas graves una manifestación no anunciada a las autoridades, usar capuchas o faltar al respeto a las instituciones. Se incluye como “delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad”, así que ni las manifestaciones pacíficas serán aceptadas.

–          En México, la alianza derechista del PRI y el PAN establecen cambios en la Ley Antiterrorismo, incluyendo como terrorismo “daños a la propiedad privada en manifestación” (ni en Estados Unidos consideran eso como terrorismo), prohibiendo manifestaciones en la vías principales del Distrito Federal. Planean también facilitarle al Ejecutivo federal la declaratoria de “suspensión de derechos y garantías” ante protestas que impliquen “perturbación grave de la paz pública”.

–          En Montreal, Canadá, tras las enormes manifestaciones estudiantiles de inicios del año pasado, se instauró la Ley Provincial 12 (Bill 78) que por primera vez exige que, en caso de una reunión pública de más de 50 personas, esta debe estar informada y autorizada con rutas y tiempos precisos; además prohíben taparse el rostro “sin motivos razonables”. Se da discrecionalidad a la policía para decidir el tipo de armas para reprimir una manifestación.

–          El presidente interino de Egipto, Adli Mansour, promulgó en noviembre pasado una nueva ley que restringe el derecho de los ciudadanos a asociarse y a protestar pacíficamente. La nueva legislación establece la necesidad de un permiso previo de la policía antes de cualquier manifestación y la policía puede dispersar cualquier grupo considerado “sospechosos”.

Son pocos los ejemplos, casi escogidos al azar, pero se repiten en demasiados países. Uso de leyes antiterrorismo, limitaciones a los derechos básicos, cambios en los códigos penales para criminalizar la protesta, normas para permitir solo a ciertas manifestaciones y maneras de expresarse, romper la presunción de inocencia para considerar que si alguien se cubre el rostro ya es culpable de un delito, controles a las vías de comunicación, son, entre otros, los cambios comunes en todos esos gobierno de derecha y otros llamados “progresistas”, a más de lo cual hay un uso de la fuerza oficial y de los aparatos judiciales incluso rompiendo las normas legales para imponer proyectos extractivos.

Ecuador se parece a esos gobiernos de derecha

Un lector que juzgue la realidad de nuestro país por los hechos y no por la propaganda oficial, encontrará muchas similitudes en la forma en la que se criminaliza la protesta. La acusación de terrorismo se vuelve común cuando alguien piensa distinto y sale de los cánones de la modernización capitalista que se empuja desde el gobierno.

Esta similitud, como suele decirse, no es casualidad. La criminalización allá o acá es consecuencia de un modelo de acumulación de riqueza en pocas manos. Y en eso también, aunque con matices distintos, se parecen esos y otros gobiernos de derecha con el que encabeza Rafael Correa. Las transnacionales que vienen a explotar nuestros recursos mineros y petroleros son una de las cadenas de dominación, como la ha sido la deuda externa que hoy crece nuevamente de manera acelerada con China y los Tratados de “Libre Comercio” cuya negociación se reactiva con la Unión Europea.

Lo justo es cuestionar la manera en la que algunos siguen sosteniendo que es de izquierda un gobierno que hace lo mismo que los gobiernos de la derecha. Simplemente, quien actúa con los parámetros de la derecha y con la misma finalidad de la derecha, es de derecha aunque tenga ciertas diferencias de forma. Un gobierno neoliberal es inevitablemente de derecha, pero hay maneras de ser de derecha sin ser neoliberal. No es asunto que sea neoliberal, desarrollista, keinesiano, post-neoliberal, es asunto que no topa el modelo de acumulación como Correa mismo afirmo hace casi dos años, remarcando que en ese campo hacían lo mismo que antes, pero mejor.

Hay quienes que, con condescendencia, dicen que solo son coincidencias del gobierno con la derecha más recalcitrante: su oposición al aborto en caso de violación, su ataque a la organización popular independiente, sus expresiones racistas, su convicción en la competitividad (es decir en el mercado como garante de justicia social), el uso de leyes dictatorías para perseguir a la oposición de izquierda y popular (la lista de cerca de 200 acusados de terrorismo no incluye a ningún pelucón), las concesiones tributarias y de otro tipo en favor de las empresas, el menosprecio a las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos, el rechazo a los derechos de la naturaleza que Correa llamó “supuestos” como si no constaran en la Constitución, la calificación de “hiper-garantista” a la Constitución para justificar el ataque a derechos humanos, la elaboración de un código penal que extrema la cárcel y las sanciones, su eliminación de las guarderías y centros de salud en los lugares de trabajo con más trabajadores y muchas más. Tantas coincidencias, que al final no se sabe dónde termina el gobierno y dónde empiezan los partidos de derecha tradicional. Tantas, que no se puede decir que el gobierno “le hace el juego” a la derecha y a los millonarios, sino que trabaja para ellos.

Ciertamente el gobierno no está aplicando el recetario neoliberal. Tiene diferencias. Además, quedan algunas conquistas tras décadas de lucha popular que fueron incorporadas en la Constitución. Pero su política económica extractivista, lo delatan. La criminalización de la protesta junto a la pretensión de eliminar a organizaciones populares y defensoras de derechos humanos, que entra en una nueva etapa con la ilegalización de la Fundación Pachamama, hace pensar que teme perder capacidad de cohesión y refuerza la coerción. El autoritarismo crece y recuerda regímenes de oprobio en el continente.