EL GRAN SILENCIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. por Amalia Ospina Palacios

Lalineadefuego  11 de septiembre 2012

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUCIONALIZADA

 La historia de la participación y control social dentro de la estructura del Estado se escribió mucho antes de la Constitución del 2008. Tiene sus inicios a mediados de los años noventa del siglo pasado, cuando las protestas sociales estaban en plena efervescencia y las organizaciones y movimientos sociales denunciaban el neoliberalismo y la corrupción a viva voz. Entre los resultados de aquellas movilizaciones figura el derrocamiento del ex presidente Abdalá Bucaram (1997), acontecimiento que marcaría la tendencia de las movilizaciones en los años siguientes. Pero no fue la única consecuencia. Otro resultado importante de las protestas, que a largo plazo podría tener implicaciones profundas para la sociedad ecuatoriana, fue la conformación en ese mismo año de la Comisión Anticorrupción, entidad que pudiera canalizar las demandas de la sociedad civil hacia los poderes del Estado, fortalecer su participación y hacer frente a los actos de corrupción y violación de derechos.

 Sobre esa base, la Asamblea Nacional Constituyente institucionalizó, un año más tarde, en 1998, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). El organismo – de derecho público, con autonomía e independencia económica, política y administrativa – se creó  para representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Fue un logro: el primer intento de control social institucionalizado financiado por el Estado, pero dotado de autonomía. 

 Si bien existían otras instituciones con funciones similares, como la Defensoría del Pueblo, estas no estaban conformadas por representantes ciudadanos. La CCCC funcionaba de otra manera.  Su modelo institucional era más parecido al Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución de 1978, que fue formado por representantes de gremios sindicales y empresariales. Los delegados de la Comisión, por su parte, se  seleccionaron entre diferentes sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, sectores productivos, grupos de derechos humanos, movimientos indígenas, sindicalistas y mujeres. Todos fueron designados a través de colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral. La CCCC tenía como misión realizar veedurías ciudadanas que investigaran casos de posible corrupción y entregaran informes que posteriormente serían usados por los jueces o los fiscales para iniciar juicios. Y a pesar de no tener atribuciones para sancionar, fue un precedente. Marcó el inicio de una experiencia de control social institucionalizado, que se enfocó en el combate a la corrupción, estableciendo lo que se considera hasta la actualidad como un modelo de participación.

 Entre los casos emblemáticos del CCCC figuran el de la deuda externa o “Jubileo 2000”, la violación de derechos humanos en el caso “Fybeca”, investigaciones ambientales como el caso “Texaco” o casos de estafa como los de “Filanbanco” o del “Notario Cabrera”. Y salvo el intento malogrado del régimen de Lucio Gutiérrez de sustituirla por una institución propiamente gubernamental, la Comisión funcionó de manera regular hasta el año 2007, cuando se inició el proceso de la Asamblea Constituyente y la redacción de la nueva Constitución en Montecristi en el año 2008.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN

 El proceso de elaborar la nueva constitución en Montecristi fue en sí mismo un ejercicio de consulta y participación nunca visto previamente en el país. Liderada por Alberto Acosta durante su primera fase, la Asamblea Constituyente invitó a los más diversos grupos sociales a participar en el debate y en la redacción de la nueva Carta Política. Acosta mismo dice que el proceso de Montecristi fue único:

 “Nunca en la historia del país había tanta participación por parte de tantos agrupaciones provenientes de tantos sectores de la sociedad ecuatoriana. Fue una experiencia de participación ciudadana inédita. Y para mí ese proceso de discusión y debate fue tan importante como el resultado final.”

 Fue una experiencia esperanzadora para muchos ciudadanos y dentro de la lógica participativa de la Asamblea uno de los temas que más se debatió fue precisamente la participación ciudadana cómo forma de supervisar y hasta controlar los poderes del Estado.  El resultado fue su elevación a nivel de “poder del Estado”: el llamado Quinto Poder. Oficialmente denominada Función de Transparencia y Control Social[1], este Quinto Poderse conforma por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, las Superintendencias (Bancos, Comunicaciones, Compañías, entre otras) y finalmente el novedoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La entidad, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, tiene como funciones principales designar autoridades, promover la participación ciudadana e impulsar y establecer mecanismos de control social. Y aprobada la Constitución en septiembre del 2008, se nombró un Consejo de transición, hasta que el 18 de marzo de 2010, el Consejo se formalizó y se posesionaron a los Consejeros y Consejeras definitivos[2].

 La forma de designación de sus funcionarios es la gran novedad del diseño de la CPCCS. Según la Constitución, debían ser seleccionados con la condición de no pertenecer formalmente a un partido para así garantizar su autonomía política y luego de rendir un examen de méritos y oposición. El objetivo era establecer un sistema independiente e ‘incontaminado” por la política partidista para seleccionar a jueces y a organismos de control del Estado.

 Fue un objetivo loable pero existen contradicciones evidentes. En efecto, ¿cómo se designa a líderes de la sociedad a través de un concurso de méritos y oposición? ¿Qué pensaríamos si utilizáramos el mismo procedimiento para la selección del Presidente de la República? Y en la práctica era difícil que funcionara. Echada por la puerta, la política entró por la ventana, con el resultado de que, se dice, cuatro consejeros, incluyendo a la Presidenta Marcela Miranda, son afines al partido gobernante,  Alianza País, mientras tres son afines a la oposición.

 Sin embargo, ese fue el mecanismo establecido en la nueva Constitución para garantizar la transparencia, la autonomía y la eficiencia de las personas que debían asumir la responsabilidad del cargo. Fue también la punta de lanza de la visión “meritocrática” propugnada por el gobierno. Esta visión, enfocada desde una perspectiva crítica, podría no solo distinguirse sino oponerse al sentido de la participación ciudadana, pues no parte de un principio de igualdad de condiciones entre ciudadanos en tanto todos son posibles líderes sociales y políticos.

 Hablando de su experiencia como postulante a consejera de la entidad, Gayne Villagómez, abogada y feminista, hace un fuerte reclamo a la institución por la deficiencia en el proceso de selección. Señala que había preguntas mal formuladas para el concurso de méritos y oposición y un sistema de puntajes de la carpeta profesional que subvaloró la experiencia laboral y organizativa. Ella impugnó y consiguió que le reconocieran la mitad de los puntos. Por esta experiencia, no quiere volver a participar en un proceso similar. Villagómez también fue consultora para la institución y declara que una serie de propuestas de políticas públicas para el fortalecimiento de la participación de las mujeres fue archivada. Sus recomendaciones no fueron socializadas ni puestas en marcha. Manifestó que:

 “El dinero invertido en consultorías está perdiéndose por la nula voluntad política que existe por parte de los y las consejeras por poner en práctica lo que allí se propone”.

 Aunque el reclamo de una persona que no ganó el concurso podría considerarse sospechoso, su testimonio introduce una discusión muy agitada sobre el mecanismo de selección de autoridades. En efecto, ese ha sido uno de los temas más debatidos, tanto de la misma institución como las que, por obligación constitucional, debe hacer. EL CPCCS designa al Procurador General del Estado y a los superintendentes de entre la terna propuesta por el Presidente de la República. A través de Comisiones Ciudadanas de Selección, tiene el deber de designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General del Estado. Nombra además, a través de concurso y oposición a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura (Art. 208). Tareas de pesadas consecuencias políticas para una institución que se quiere “libre” de las influencias políticas.
 Designación de autoridades

En sus dos años de existencia[3] las obligaciones de designación han concluido casi en su totalidad, pero el proceso se ha visto afectado por la imposibilidad de consolidar una autonomía efectiva frente al poder ejecutivo. Una de las consejeras consideradas “de oposición”, Andrea Rivera Villavicencio, en una entrevista realizada con la autora el 24 de julio de 2012 dijo:

 “En resumen yo puedo decir que todos esos procesos fueron utilizados, manipulados, se podría hablar de participación y veeduría, pero en realidad no fueron transparentes, tuvieron muchos inconvenientes, fallas, dudas, denuncias de que se calificaba con distintos criterios a los  postulantes, de que no se respetaba la impugnación ciudadana, de que no se respetaba el orden del día, los reglamentos. Luego del concurso del Fiscal que fue el que inició mal, teníamos la oportunidad de mejorar los siguientes concursos y lo que sucedió es que antes de que inicien los siguientes concursos, se reformó el reglamento y en vez de para bien, fue para ocultar, para dificultar la vigilancia, la transparencia de los procesos.Entonces, las denuncias que hay afuera de que los concursos han servido para que ganen las personas cercanas al gobierno y al régimen, yo creo que son muy ciertas. Y es lamentable porque la intención era que estos concursos fueran diferentes y que exista participación y mayor democracia, entonces esto no se dio.”

 Polémica declaración que apunta a lo que ha sido el centro de la crítica a la institución, sobre todo por parte de organizaciones políticas, grupos ciudadanos y medios de comunicación. Tras este telón, las funciones de promoción de la participación ciudadana se han visto casi anuladas. La presión y el interés político inmediato por designar autoridades han primado en estos primeros años de funcionamiento, ayudando a reforzar la idea de que hay una sobrecarga de funciones disímiles para la institución. Dificultades de diseño que quizás le sirven a un gobierno que no está comprometido todavía con la participación ciudadana, pues permite que la fuerza y el eje principal de la institución se descentralice y pierda contundencia.

 Respecto a la voluntad política, o falta de la misma, Piedad Córdoba, Presidenta del Movimiento de Colombianos por la Paz y ex integrante del Senado colombiano, habló de su importancia para el funcionamiento adecuado de instituciones como el CPCCS[4]. En su exposición planteó que la discusión “pasa por preguntarse ¿qué quiere el presidente Rafael Correa con el poder popular?”, además de la necesidad de que la ciudadanía sea consciente de lo que quiere. Pues a pesar de que existan avances y un Estado moderno en cuanto a derechos, “se requiere de una absoluta compenetración del gobernante con lo que quiere, con su pueblo, con su comunidad, por eso creo es positivo que se den los debates, las movilizaciones”.

 Piedad Córdoba, Presidenta del Movimiento de Colombianos por la Paz y ex integrante del Senado colombiano, fue invitada al Encuentro Internacional “Buenas prácticas de participación ciudadana en la región” que se realizó en Quito el jueves 23 de agosto de 2012, donde habló de la importancia de la voluntad política del gobernante para el funcionamiento adecuado de instituciones como el CPCCS. En su exposición planteó que la discusión “pasa por preguntarse ¿qué quiere el presidente Rafael Correa con el poder popular?” además de la necesidad de que la ciudadanía sea consciente de lo que quiere. Pues a pesar de que existan avances y un Estado moderno en cuanto a derechos, “se requiere de una absoluta compenetración del gobernante con lo que quiere, con su pueblo, con su comunidad, por eso creo es positivo que se den los debates, las movilizaciones”.

La política y el proceso

Distanciar oficialmente al CPCCS de la política, le otorga a la institución cierta legitimidad frente a la opinión pública, sobre todo por el desprestigio de la “partidocracia” que hay en el Ecuador, por eso se creyó que ciudadanos “libres” y de “manos limpias” son los únicos que podrían liderar procesos de control social totalmente objetivos. Pero, dadas las funciones que tiene, es difícil creer que eso sea posible de manera total, quizás no es necesario erradicar las posturas políticas de esta institución, por el contrario, lo que se busca son líderes que desarrollen nuevas formas de hacer política en las que quepa la pluralidad y el compromiso irrestricto de empoderar a la gente para tomar decisiones, aún cuando, como líderes, no se esté en total acuerdo, pero en el que se acepte y de paso, a que la ciudadanía organizada y consciente sea la que decida su destino.

 Al contrario de lo que la Constitución y la selección por “méritos” pretendían, al final no se pudo expulsar la política del proceso. La dinámica poco transparente de selección de autoridades claves para la función pública repitió la de años anteriores, cuando la designación se hacía a través del Congreso Nacional. Las pugnas y negociaciones políticas por situar en estos puestos estratégicos a personas afines al ejecutivo se mantuvo, y es posible que lo siga haciendo, pues la política no puede estar fuera de un proceso de estas características. En teoría la Constitución pretendía que el proceso se “limpie de la intervención política” a través de una institución liderada por ciudadanos “autónomos”. Pero ¿cómo puede exiliarse la política de la elección de autoridades políticas? Tal vez la solución no sea el imposible exilio de la política sino otra política, porque de lo que se trata es de repolitizar a la gente, a la ciudadanía.

 Hay muchos que atribuyen la ineficiencia en esta tarea a la falta de voluntad política por parte de quienes presiden la institución. Han terminado convirtiéndola en una entidad que funge al mismo tiempo como juez y parte, de acuerdo a posturas políticas estrechas. Gayne Villagómez piensa que la población debe exigir al Estado dinero para la participación, para movilización, para reuniones, para el apoyo técnico de sustento a las posiciones de organizaciones y movimientos sociales. Pero, por otro lado, opina que:

 […] políticamente es inviable el CPCCS. Es parte del Estado y se va a poner del lado del Estado siempre. No es un organismo autónomo, es una entidad del gobierno y del partido que esté gobernando en ese momento, no le va a criticar. Lo que hacen las organizaciones sociales nadie lo puede reemplazar, porque lo hacemos de manera autónoma, no dependemos económicamente del Estado, no tenemos ningún compromiso con ningún gobierno y decimos las cosas porque viene desde nuestras legítimas necesidades, intereses y demandas y eso nadie lo va a poder reemplazar.

 Añade que la participación impulsada desde el Estado podría darse para temas más concretos como control de las obras y servicios públicos, pero para otras cosas no es posible, pues cuando se inmiscuye un espectro más político, las dificultades son mayores: “regular toda la participación es imposible y es un absurdo”.

 El desafío entonces, radica primero en encontrar la mejor forma de nombrar autoridades para promover la participación social y ciudadana. Y segundo en cómo consolidar una institución estatal que promueva una participación ciudadana autónoma del gobierno de turno. ¿Es posible? De las entrevistas realizadas, todos coinciden en que es necesario que se promuevan y garanticen mecanismos de participación ciudadana y control social desde el Estado, como una actividad democrática y necesaria para la consolidación de una cultura participativa más fuerte. Pero, asimismo, la mayoría concluye que esta institución, a la larga, no debería exceder sus funciones e ir más allá de una facilitación técnica. Es decir, que el Estado brinde los recursos y garantías necesarias para las veedurías y los observatorios y que atienda la formación en metodologías de participación, etc., pero que al mismo tiempo procure, en lo posible, evitar el cruce con las posturas políticas, porque es allí donde su gestión se parcializa. Ese delicado equilibrio siempre generará controversias y damnificados: eludir la política en los debates sobre la gestión del poder es un juego de equilibristas.

GESTIÓN

 A pesar de los cuestionamientos y de las dificultades inherentes a la ambivalencia de su propósito, la CPCCS debe cumplir con sus obligaciones constitucionales.

 Primero, promover la participación ciudadana, la deliberación pública, y la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Segundo, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar en procesos de veeduría ciudadana y control social (Art. 208). En el año 2010 el Ministerio de Finanzas aprobó un presupuesto de 5’969.780 dólares, del cual el 70% fue para pago de empleados[5]. Sin embargo, para el período 2011-2012 se marcó un crecimiento institucional que le permitió percibir un presupuesto de 16’641.122.55 dólares[6], un incremento que ronda el 265%

 Pese a la mayor disponibilidad de fondos,  casa adentro la institución tiene una realidad compleja, ya que se le ha asignado tal cantidad de atribuciones que sus funcionarios dicen no darse abasto. Solo la designación de autoridades comprendía una tarea titánica que luego de dos años de trabajo recién va finalizando, con errores y aciertos. Mientras tanto, la voluntad de los constituyentes de integrar y fomentar la participación ciudadana en la gestión del país sigue pendiente. Todavía queda desarrollar la participación como un todo integral, entendida como un proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

 Y, en la práctica, sus logros en cuanto al fortalecimiento de procesos que estimulen la participación ciudadana han sido modestos. El informe de rendición de cuentas de marzo de 2011 a marzo 2012, indica que se han realizado talleres con gestores culturales en Ibarra, Quito, Cuenca y Guayaquil con un total de 6.000 participantes.

 Por el lado positivo, la institución también ha avanzado en la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción elaborado con las demás instituciones que conforman la Función de Transparencia y Control Social.  La conformación de asambleas en diferentes provincias y parroquias del país[7], también ha sido importante. Estas asambleas, conformadas por líderes de diferentes organizaciones de la localidad, tienen el objetivo degenerar espacios de diálogo, discusión y de participación ciudadana a nivel local en coordinación con los municipios y gobiernos locales.

 En lo que se refiere al fortalecimiento de mecanismos ciudadanos de control social, la comisión informa que ya cuenta con un diagnóstico de la situación actual y se ha iniciado el diseño de políticas. Se han tramitado 269 solicitudes de veedurías que equivale al 96,76% (2.180 veedores) del total de 278 solicitudes de veedurías que ingresaronentre el 2011-2012. Entre las veedurías que se han realizado, constan aquella sobre el proyecto Coca Codo Sinclair, otras sobre Registradores de la propiedad, el Consejo de la Judicatura Transitorio, designación de autoridades, y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género[8], en donde se realizó la respectiva capacitación de los veedores.

 Las veedurías pueden considerarse el “fuerte” de la acción del Consejo, pero no puede decirse que su promoción esté sujeta a algún tipo de “estrategia” ordenada. Tampoco existe coordinación de políticas con las otras instituciones, ni del Estado ni con las que conforman la Función de Transparencia y Control Social. La Consejera Andrea Rivera manifiesta que en la práctica, cada entidad realiza proceso de participación ciudadana y control social de manera individual y aislada.

 En el campo de la creación de mecanismos de rendición de cuentas, el CPCCS ha creado una metodología y propiciado reuniones de coordinación con instituciones como el CONAGOPARE (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador), el CONGOPE (Consejo Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador) y la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador), con quienes hicieron talleres de capacitación sobre el tema. También se han publicado 7.000 guías en castellano, 1.000 en kichwa y 1.000 en shuar[9].

 No obstante estas actividades y avances en la consolidación de la institución, siguen planteándose interrogantes y críticas al proceso en su conjunto. La institución tiene casos donde no ha demostrado solvencia y en donde las garantías ciudadanas han quedado debilitadas, como en el caso de la veeduría para los contratos que el Estado firmó con empresas relacionadas a Fabricio Correa. Según Andrea Rivera:

 En este momento a varias autoridades del Ejecutivo ya no les gusta mucho lo que está escrito en la Constitución, en la Ley, en cuanto a la participación, porque la participación justamente implica que la ciudadanía sea crítica, que sea consultada, que tenga amplia decisión, que critique, que ejerza su derecho a la resistencia, que ocupe la silla vacía, que dé su opinión, que controle, que vigile, que denuncie, y eso ya no está gustando mucho.

 Permitir por parte del Estado y ejercer por parte de la ciudadanía, la participación ciudadana a través de mecanismos concretos, como los presupuestos participativos por ejemplo, implica un compromiso serio de las dos partes involucradas. En el Encuentro Internacional “Buenas prácticas de Participación Ciudadana en la región”, Antonio Navarro Wolff, quien fue candidato a la Presidencia y Ministro de Salud de Colombia, así como Copresidente de la Asamblea Constituyente, dijo:

 es una experiencia que hace que la participación se vuelva irreversible, la gente se empodera y luego no se deja quitar el derecho a tomar decisiones que tienen que ver con el uso de su dinero que es el dinero de sus impuestos.

 Esta práctica de poder implica cambios radicales en la forma de ejercerlo, sobre todo de los políticos quienes siempre lo han detentado y quienes, bajo esta dinámica, se ven obligados a ceder su poder a la hora de decidir y de justificar sus acciones a través de la transparencia de los procesos.

CONCLUSIONES

 La institución ha debido enfrentarse a una ciudadanía polarizada, donde la gente tiene recelo y miedo a involucrarse en procesos viciados, con poco o débil respaldo de una institución. Además, le ha tocado enfrentarse a un Poder Ejecutivo que se rehúsa a ser auditado, vigilado y que prefiere obviar la participación crítica y cuestionadora. Se suma a esto, la sobrecarga de funciones y actividades de gran relevancia y complejas en su aplicación, que se le han asignado. El presupuesto no es suficiente y su trabajo ha sido desvalorizado en reiteradas ocasiones, no solo por parte de los medios de comunicación sino por el mismo Presidente de la República que no ha aceptado veedurías. Rivera declara que

 se han archivado las impugnaciones como en el concurso del Fiscal, donde ninguna fue aceptada, o en el CNE, que no aceptaron ninguna impugnación para los señores Domingo Paredes, Paúl Salazar y Magdala Villacís.  No aceptaron impugnaciones para el Tribunal Contencioso Electoral, con pruebas claras incluso de falsificación de documentos o de información falsa.[10]

 Además hay que considerar la existencia de otras instituciones del Estado con funciones similares de veedurías y participación que se crearon a través de Decreto Ejecutivo, como la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y la Secretaría de Transparencia de la Gestión que le significan una competencia directa, y que al ser una institución dirigida directamente por el Ejecutivo es más ágil, no tiene oposición, obtienen más recursos y no requiere de muchos procedimientos burocráticos como el CPCCS para funcionar.

 Varios funcionarios/as del CPCCS hablan de la poca o casi nula coordinación que existe entre esta institución y los otros poderes del Estado, no se ha trabajado de manera conjunta para iniciar procesos de participación ni veedurías ciudadanas que le permitan consolidarse como una entidad que apoye la gestión de otras instituciones, que llame a la ciudadanía a involucrarse, a tomar decisiones en todos los niveles de manejo del Estado. La pugna de intereses por el ejercicio del poder es evidente, el gobierno no ha dado señales claras de que le interese que se inicien procesos de empoderamiento de la institución en otros ámbitos de control estatal y, por el contrario, se han creado instituciones similares que se desprenden del ejecutivo, para realizar veedurías y control social, bajo los intereses del gobierno y así justificar y “cumplir” con los mandatos constitucionales referentes al tema de participación y control social.

 Pero, ¿qué sabe la ciudadanía sobre esta institución, sobre sus derechos a participar en la toma de decisiones y planificación de la gestión de lo público? ¿Sabe sobre su derecho y obligación a la vigilancia de las instituciones del Estado? Según una encuesta realizadas por Perfiles de Opinión contratada por diario el Universo en enero de 2011 se revela que la mayoría de encuestados en Quito y Guayaquil no sabe de la existencia de esta institución:

 El 55,9% de encuestados dice no conocer o haber oído. Del resto, que afirma conocer o haber oído, el 46,3% dice no saber cuáles son sus funciones. Solo el 15% atina a decir que debe haber veeduría y control del sector público. El resto expresa versiones erradas[11].

 Es evidente que todavía hace falta la conformación de un espacio público donde la ciudadanía pueda expresarse y ser escuchado/a, organizarse y donde se pueda discutir las orientaciones y propuestas de políticas públicas, reformas de reglamentos y procedimientos de cómo debe fomentarse la participación. Con las garantías necesarias y con autonomía del Ejecutivo. No se trata de rechazarlo en su totalidad como lo explica la Consejera Tatiana Ordeñana:

 El que yo pertenezca a una institución no quiere decir que yo no pueda coordinar con otras instituciones ciertos temas […] Específicamente con el Ejecutivo, en este caso, nosotros hemos mantenido como con cualquier otra función, una relación de los temas que se han dado.

 Coordinación que, se espera, tenga capacidad crítica y que permita la consolidación de la democracia entendida en todas las formas que establece la Constitución: representativa, participativa y comunitaria. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como institución solo podrá funcionar si la ciudadanía, empoderada como sujeto político, la interpela permanentemente, si le exige un funcionamiento efectivo y eficiente, si vigila sus procedimientos y resultados. Pero allí reside la ironía de su propia existencia, pues la institución solo funciona por los medios que ella misma busca promover y fortalecer y que son o permanecen muy débiles todavía.

 Piedad Córdoba dice que “la participación popular se ha relegado en la forma en cómo la comunidad se ha venido organizando, inclusive saltándose instancias del Estado para lograr derechos concretos”, pero ampliando sus alcances, la participación ciudadana es mucho más, es una actividad y un derecho que existe y se consolida por sus propias vías, lógicas de configuración y situaciones coyunturales, por ejemplo. Podrá haber intentos desde el Estado, que no se pueden desmerecer en su totalidad, pero el centro de la participación ciudadana y el control social en el sistema socio-político imperante, surge de una relación en permanente conflicto y disputa con el Estado, por lo que depende de la voluntad política de cada habitante de un país por hacer valer sus derechos, por la capacidad que construya de reclamar y de opinar, de preguntar, de proponer pero también de las garantías que un gobierno, que se dice democrático, pueda brindar para que sus mandantes recobren la voz y el accionar político, ejerzan su pleno derecho a decidir y se levanten, si es el caso, incluso en contra de su propio mandatario para lograrlo.

*  Este artículo fue producido gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo <www.rosalux.org.ec>