EL IMPUESTO BERGOGLIO. Por Santiago Ortiz Crespo

Cuál es la explicación del inusitado envío del proyecto de impuesto a las herencias por parte del Presidente? Hay varias hipótesis: se dice que es el eslabón final de un proyecto reformista, antes de entrar en la temporada electoral; otros afirman que es la reconfirmación jacobina de un presidente que debe de cuando en cuando convocar a la lucha de clases; otros señalan que es una reforma limitada y demagógica.   Propongo otra explicación: debido a la visita del Papa Bergoglio e inspirado en la nueva encíclica, Rafael Correa mandó el proyecto a la Asamblea.

Sostengo esto porque Correa, en su discurso del 29 de Mayo, habló al país y a los capitalistas como un cristiano de los años 70, partidario de la justicia social y del socialismo comunitario. Según algunas vertientes de la teología de la liberación el capitalismo peca si no distribuye, es decir si no comparte la riqueza y la propiedad de las empresas con los trabajadores. Correa sumió dotes de profeta que culpaba a los capitalistas por no democratizar la riqueza, por no modernizarse y no sacudirse de viejas estructuras oligárquicas; las empresas según el Presidente no deben destruirse, deben modernizarse.

En una de las últimas sabatinas de Correa aparecía como un economista cristiano convencido, partidario de la justicia social, principio que ha vuelto con la fuerza del testimonio del Papa Francisco y de su Encíclica Laudato Si, que está ya molestando a los millonarios, comunicadores trasnacionales y a la internacional neoliberal.

El Presidente Correa considera que el Estado está para defender los intereses generales de la sociedad, el bien común, no para proteger los intereses mezquinos del 2% de la población que se muestran insensibles ante la desigualdad, que no les interesa pagar impuestos, y menos tener una autoridad que les ponga en orden. Los millonarios se dicen cristianos, pero a la hora de la verdad solo velan por sus bolsillos.

El proyecto de la Ley de Herencias, que en realidad debería llamarse el impuesto Bergoglio, tuvo prontamente la reacción de ese 2%. En Quito los pelucones se pusieron las camisas negras, recordando las bandas fascistas de Mussolini, para salir a las calles; los grupos de derecha liderados por Duces criollos Blasco Peñaherrera y Andrés Páez, se mezclaron hábilmente con jóvenes libertarios de los sectores medios, para manifestar por varios días en la Shyris. Luego vinieron las marchas de Guayaquil, en donde se demostró que es Nebot y no Lasso el que manda en la derecha y la marcha de Cuenca, dirigida por Paúl Carrasco.

Es decir Correa le dio a la derecha, en bandeja de plata, una bandera, para ganar a amplios sectores de la población, empezando por grupos de clase media, que luego de una década de bonanza y confort, aupados por la fiebre del consumo y los beneficios generados por la Revolución Ciudadana, no les gusta que les bajen de la nube rosada.

Por otra parte el gobierno, más allá de su medida redistributiva en el que pudo tener la razón, no tomó en cuenta que una de las marcas de la identidad ecuatoriana es el sentido de familia y propiedad. Mal que nos pese a los socialistas, muchos interpretaron la medida “Franciscana” como acción estatal expropiatoria. Creyeron que se ponía en riesgo su pequeña vivienda -a la que han accedido con los créditos y bonos facilitados por la Revolución Ciudadana, o los pequeños negocios, talleres, tiendas y servicios de barrio,  construidos con el esfuerzo familiar y que sobreviven en medio del auge del consumo propiciado por las políticas gubernamentales. Y es que la pequeña propiedad es un valor cuasi sagrado, una especie de seguro social de los pobres, que algún día entregarán a sus hijos. Y es en ese caldo de cultivo del sentido común que la derecha logró incidir con su mensaje mezquino.

La impresión que dejan estas disposiciones es que el gobierno va perdiendo el rumbo de la política y se aleja de la gente. Decide medidas sin pensar en los actores sociales, en la política. Hay que señalar que esa pérdida de rumbo se manifiesta en varias medidas equivocadas que ha tomado mes a mes: la Ley Orgánica Penal que afecta a los médicos y enfermeras, y a varios extensos grupos profesionales, los exámenes de ingreso a las universidades que deja a cientos de miles de jóvenes sin futuro, las reformas laborales que afectan a miles de trabajadores públicos, el retiro del 40% de apoyo estatal al Seguro Social, el Plan Familia, el cambio forzado de la administración de fondos de cesantía de gremios importantes como los maestros, las actitudes intolerantes del gobierno contra Bonil, el niño de la Yuca al Presidente o los juicios contra jóvenes estudiantes por terrorismo o líderes sociales por su lucha contra la minería. Casi todas esas medidas no afectan a los ricos, sino a los sectores medios y también populares, de manera que están propiciando su alineamiento con el discurso de la derecha que ataca a un supuesto autoritarismo y que defiende la “libertad de expresión”.

Y ello se da meses después de la pérdida electoral del 2014, en Quito y en las 20 ciudades más importantes, pérdida que Alianza País evaluó alegremente sin estimar la significación estratégica que tuvo en el conflicto por la hegemonía. Pero ahora se ven las consecuencias: las marchas actuales fueron organizadas en esas ciudades, convocadas por los alcaldes que ganaron el 23F.

La falta de visión sobre la oportunidad de la medida, tiene que ver además con un fenómeno nuevo y sumamente grave: los efectos que traen la baja del petróleo y la subida del precio del dólar en la economía. En medio de la incertidumbre económica, cuando es notorio la angustia de las personas por su situación económica, cuando en todas las encuestas bajan la confianza en el futuro de la economía familiar, el empleo y la política económica, se toman esas medidas, que además son trasmitidas de un modo confuso a la ciudadanía.

Es más son los mismos empresarios a los que Correa convocó hace un par de meses para concretar acuerdos y enfrentar la “crisis” los que manifiestan su rechazo a las medidas. Parece que a la conducción de la política le falta un poquito de coherencia para mantener condiciones de diálogo.

En resumen hay varios elementos que no fueron reflexionados por el gobierno al enviar los proyectos: bajo la sombra de la pérdida electoral del 24F, el pesimismo económico, la afectación al sentido de pequeña propiedad y del sustento familiar de muchos ecuatorianos, la acumulación de errores y la subvaloración de una extrema derecha que está dispuesta a atacar con todos sus recursos, siguiendo el ejemplo de la ultraderecha venezolana.

Un equipo de gobierno que siempre ha mirado las encuestas para tomar decisiones debería reflexionar muy bien en el bajón del 25% de la popularidad del Presidente desde el inicio de su mandato y la confianza en la economía y en las instituciones y sobretodo el bajón del 10% en varios de los índices de confianza en el último mes.     Está muy bien que Correa siga al Papa Francisco, pero también debe medir las consecuencias políticas de sus acciones. No debe olvidar que ¡Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios!

En este nuevo escenario la salida planteada por el gobierno ha sido retirar los proyectos y convocar a un diálogo nacional coordinado por Semplades. Mi impresión es que ambas medidas son insuficientes y poco creíbles y corren el riesgo de postergar el problema, para un momento en donde las cosas se pueden complicar. No hay que perder de vista que no hemos salido aún de la crisis y que a la vuelta de la esquina, luego de que pase la visita del Papa, se pondrán sobre la mesa las enmiendas para la reelección.

Es importante por tanto darle credibilidad al diálogo, lo cual implica tratar de reconocer que existen conflictos reales, que hay actores reales, que pese a su relativa significación electoral, tienen peso, capacidad de movilización y estrategias, tanto a nivel gremial, como político, tanto en la izquierda como en la derecha. Es importante, por tanto, que el diálogo sea fiable y contar con una mediación creíble que asegure que los acuerdos lleguen a buen puerto. Además debe meditarse en la agenda de debate hacia temas claves que han movilizado la atención ciudadana en este último año.

El diálogo no es una sabatina ni una socialización de esas que acostumbran los tecnócratas del gobierno. El gobierno no se da cuenta que está jugando con fuego y que puede quemar las naves de la Revolución Ciudadana. Se requiere urgentemente un cambio de actitud por su parte. Un primer paso es que reconozca que ya pasó el tiempo de las vacas gordas y que la bonanza petrolera ya no será el maná que neutraliza los conflictos (Remember Bombita). En segundo lugar que deje las actitudes arrogantes que tienen hasta la coronilla a muchos sectores y finalmente que realice gestos sustantivos que revelen una nueva actitud. Solamente con esos cambios se pueden crear condiciones para un diálogo y para tomar medidas que generen una modificación del escenario político.