El paso de María Paula Romo por el Ministerio de Gobierno refleja con descarnada nitidez la contradicción insalvable entre propósitos y contingencias, entre deseos y certezas.
Y no me refiero a la incongruencia, por demás obvia, entre las proclamas de un grupo de jóvenes –Ruptura de los 25– que hace quince años propuso una alternativa a la política, y lo que hoy hacen desde sus cargos en el gobierno de Lenín Moreno, sino a reflexiones más complejas. En concreto, a los cortocircuitos entre un discurso libertario y un sistema restrictivo, entre la reivindicación de la paridad de género y la estructura patriarcal del Estado.
Que las mujeres ocupen cargos relevantes en la administración pública no implica, necesariamente, que las políticas patriarcales cambien. Eso lo saben muy bien las organizaciones feministas y de mujeres que han padecido medidas regresivas secundadas por mujeres desde distintas instancias estatales. El Plan Familia, el Código Orgánico Integral Penal o la negación del aborto por violación son las más visibles, aunque no las únicas.
La exministra Carina Vance también propició la eliminación de la Ley de Maternidad Gratuita a fin de viabilizar el Código Monetario y Financiero. Lo hizo en contra del criterio de innumerables organizaciones sociales y de mujeres que defendían un derecho arduamente conquistado luego de años de lucha. La razón superior de las finanzas estuvo por encima de los derechos colectivos.
Quizás el trago más amargo que haya tenido que pasar el movimiento de mujeres durante la última década fue la orgullosa reivindicación de la sumisión femenina oficializada por militantes y asambleístas mujeres de Alianza País. En ese entonces quedó claro que el Estado ecuatoriano oscila entre un patriarcalismo fundamentalista y otro institucional. Todo depende del gobernante de turno, pero, en esencia, el Estado responde a estructuras históricas y culturales muy bien definidas.
Los movimientos sociales lo acaban de constatar. La ministra Romo reprodujo desde su función las prácticas más convencionales de la vieja política nacional. Era obvio: si para ejercer el control de las movilizaciones el gobierno debe echar mano de dos instituciones intrínsecamente masculinas –Policía y Fuerzas Armada–, los resultados no tienen por qué ser diferentes. El Ministerio de Gobierno respondió desde el principio moderno del ejercicio del poder político: la razón de Estado. El orden –el orden patriarcal– está por encima de las convicciones personales de una ministra.
En su cuenta de Twitter María Paula Romo se declara feminista y de izquierda. Ambas definiciones van a contracorriente con la práctica ejercida durante su administración. Su manejo de la crisis durante los últimos paros es lo más parecido a lo que habría hecho un ministro socialcristiano o correísta. Si todavía no ha renunciado es porque está convencida de que las protestas sociales son una anomalía cuántica.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
