Sacar más petróleo para importar su derivados a precios internacionales, es un mal negocio para el país.
En el período 2007-2013 el régimen de la revolución ciudadana importó aproximadamente USD 29.000 millones, esto es, cerca del triple del Presupuesto General del Estado del año 2007, el cual fue de USD 9.767 millones. Estos son los resultados económicos del “cambio de época”, frase que utilizó el Econ. Rafael Correa al ceñirse la banda presidencial al inicio del año 2007.
En materia de contratación petrolera cabe destacar, que el régimen de la revolución ciudadana ha mantenido vigente el mismo sistema de contratación petrolera que se puso en vigencia en el período 1992-2006, así como sus políticas, prácticas y procedimientos, las cuales han afectado enormemente la economía petrolera del país, conforme se explica en los siguientes antecedentes:
El Ecuador exporta el hidrocarburo en condición de materia prima aceptando un fuerte castigo en el precio de cada barril de petróleo, y a su vez, importa sus derivados a precios internacionales del que se benefician un grupo oligopólico de empresas extranjeras dedicas por décadas a la intermediación de este negocio, ya sea por el lado de las exportaciones del petróleo crudo como por el lado de las importaciones de los combustibles, con lo cual cabe preguntar ¿para quién trabaja este gobierno?
El régimen de la revolución ciudadana ha mantenido vigentes los contratos petroleros de “prestación de servicios”[1], de “participación” y de “campos marginales”, el primero reformado parcialmente en el año 2010, así como un mecanismo de contratación petrolera denominado de “alianzas estratégicas”[2] que se pusieron en vigencia en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Gustavo Noboa Bejarano respectivamente.
Igualmente en materia de contratación petrolera, el gobierno de la revolución ciudadana procede de la misma forma como actuaron los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Gustavo Noboa, al usar ilegalmente el contrato de “servicios específicos” para concesionar la operación de los campos petroleros a compañías extranjeras, el cual fue creado en la época de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para contratar “obras y servicios específicos” y no para explotar hidrocarburos. Sin embargo, utilizaron este contrato para entregar ilegalmente varios campos petroleros a compañías extranjeras, tales como el campo Tivacuno a la compañía Maxus, Shiripuno a la compañía ELF, Mauro Dávalos Cordero, Huachito, Paraíso y Biguno a la compañía ENAP de Chile.
La definición del contrato de “obras y servicios específicos” consta en la Ley de Hidrocarburos, y sus reformas deben tramitarse mediante reformas de ley y no mediante reglamento. Sin embargo, el régimen reforma dicho contrato definiéndolo como contrato de “servicios específicos integrados con financiamiento”, al que se incorporan criterios fundamentales como si se tratara de un contrato para explorar y explotar hidrocarburos, como los siguientes: se trata de un contrato para incrementar las reservas petroleras, las inversiones que realicen las compañías extranjeras tienen el carácter de riesgo[3], que las compañías petroleras extranjeras participarán de la producción incremental y seguramente les pagarán los costos de producción de cada barril de petróleo que produzcan de la producción histórica, adicionalmente se incluyen los conceptos de recuperación mejorada, producción incremental y la curva de declinación petrolera, entre otras condiciones[4].
Con este instrumental jurídico creado mediante reglamento y no mediante reformas a la Ley de Hidrocarburos, a pesar de que tienen una mayoría parlamentaria para hacerlo, se adjudican ilegalmente 17 campos petroleros a cinco consorcios internacionales, cuyas matrices son de Estados Unidos, China, Francia, Argentina y de Colombia, son las siguientes: Schlumberger de Francia y de EE.UU y Tecpetrol de Argentina; Sinopec International y Sinopec Services de China; Sertecpet de Ecuador, Montecz y Edinpetrol de Colombia; YPF de Argentina; y, Halliburton de EE.UU (de esta última, el principal accionista es Dick Cheney, ex – Vicepresidente del gobierno de George Bush), a las cuales, el régimen de la revolución ciudadana adjudicó los siguientes campos petroleros: Edén Yuturi, Pañacocha, Tumali Sureste, Lago Agrio, Palo Azul, Pucuna, Pata, Charapa, Indillana, Limoncocha, Yanaquincha Este, Víctor Hugo Ruales, Tipishca-Huaico, Chanangue, Araza, Pacoa y Yuralpa.
Con la adjudicación de estos campos petroleros y los que se entregaron a las compañías petroleras a partir del año 2010 mediante el contrato de “prestación de servicios”[5] reformado, la mayoría de los campos petroleros que estaban bajo el control del Estado en el gobierno de Izquierda Democrática, actualmente están bajo el control de empresas extranjeras, públicas y privadas, cuyo interés, de los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos se venía moviendo intensamente en el país desde que concluyó el contrato tipo consorcio con la compañía Texaco, es decir, desde inicios de años noventa. Lo que no pudieron conseguir en dichos gobiernos lo lograron con el gobierno de la revolución ciudadana; por sus obras los conoceréis dice un principio bíblico.
Si el gobierno de la revolución ciudadana tiene un compromiso con la ética pública, le debería entregar al país, es decir a los mandantes la siguiente información debidamente fundamentada:
1.- Un listado de todos los contratos petroleros suscritos con las compañías petroleras extranjeras a partir del 2007 hasta la actualidad, así como el número y nombres de los campos petroleros adjudicados en dicho período.
2.- Un informe económico de los costos de producción pagados a las compañías petroleras extranjeras por cada barril de petróleo que han explotado de la región amazónica desde el 2007 hasta la actualidad, así como los montos totales de pago anual cancelados a dichas compañías en el período 2007 hasta la actualidad.
En materia de contratación petrolera, las cartas sobre la mesa señor presidente.
* Asambleísta de Pichincha (A)
[1] Sobre el contrato “prestación de servicios” existen varios informes de las enormes pérdidas económicas que causó al Estado dicho contrato, por medio del cual, se pagó a las compañías petroleras extranjeras altísimos costos de producción por cada barril de petróleo crudo de baja densidad API que explotaron de la región amazónica en la década de los años noventa.
[2] Esta iniciativa la impulsó el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, mediante la cual propuso reformar la Ley de Hidrocarburos para entregar directamente, sin licitación, a empresas estatales extranjeras los campos petroleros que estaban en producción bajo el control del Estado.
Esta reforma fue negada por el Congreso Nacional, porque la consideró lesiva a los intereses del país, sin embargo el gobierno de Noboa la puso en vigencia mediante un decreto ejecutivo con el cual entregó cuatro campos petroleros a la empresa ENAP de Chile mediante el contrato de “servicios específicos”.
[3] Qué riesgo pueden tener los campos petroleros que están en producción?, menos todavía los campos petroleros Edén Yuturi, Palo Azul, Pañacocha y Limoncocha ricos en yacimientos, le están tomando el pelo al país, no es correcto aprovecharse de su desconocimiento.
[4] Todos estos criterios fueron incluidos en el contrato de “Gestión Compartida” que se creó en el gobierno de Fabián Alarcón Rivera, el cual fue modificado por el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, cuyas reformas estratégicas han sido retomadas por el gobierno de la revolución ciudadana, las cuales fueron derogadas por el Tribunal Constitucional de aquella época por ser inconstitucionales y porque afectaban al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, con cuyo contrato se pretendía entregar a las empresas extranjeras los principales campos petroleros que estaban en producción bajo el control del Estado, con el argumento de incrementar las reservas y la producción petrolera.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por el bloque de diputados de Izquierda Democrática con el objetivo de preservar las reservas petroleras para un largo plazo de explotación petrolera, para evitar la sobre explotación de los yacimientos petroleros y el incremento de las aguas de formación, así como para modificar la matriz productiva del petróleo, en vez de exportar petróleo crudo en condición de materia prima exportar los derivados del petróleo con valor agregado.
No es ético agotar la mayor parte de las reservas petroleras en un solo período de gobierno.
El régimen de la revolución ciudadana le apostó a explotar aceleradamente las reservas petroleras del país y no ha mejorado la producción agropecuaria y las artesanías del país, así como no ha fortalecido la suscripción de convenios comerciales con los principales mercados del mundo a fin de mejorar las exportaciones productivas con valor agregado como la hace Brasil, Colombia, Perú y Chile a través de convenios comerciales soberanos.
[5] Esta reforma a la Ley de Hidrocarburos entró en vigencia por el ministerio de la ley mediante maniobras políticas, a toda costa se evitó su debate en el parlamento nacional a pesar de que el régimen de la revolución ciudadana tenía una mayoría parlamentaria para aprobarla mediante dos debates como manda la ley de la legislatura, pero no lo hizo, con lo cual se evitó el debate público de aquella reforma, la misma que tenía una enorme presión desde los años noventa, especialmente de los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos.
