2 de enero del 2018
“La reducción de los salarios no constituye un remedio contra la depresión, debido a que los capitalistas no dedican inmediatamente las ganancias derivadas de ello a la compra de bienes de inversión”
Michal Kalecki
“La economía no está libre de valores y los economistas deben ser transparentes sobre los juicios de valor que hacen. Esto aplica especialmente a aquellos juicios de valor que podrían no ser visibles para el ojo no entrenado”
Tesis 3 de las 33 tesis para una reforma de la economía
La economía es una parte del conocimiento humano que aún está en ciernes e incluso está atrapada entre laberintos y reformulaciones. Por eso es común encontrar en su interior varios dogmas. Un ejemplo es el argumento “ortodoxo, conservador y prudente: OCP” de que aumentar pensiones y salarios mínimos reduce o deteriora el empleo; o, en otras palabras, reducir los costos laborales crea más empleos y mejora la competitividad. Para los defensores de esa visión OCP, pensiones y salarios mínimos “traban” la tendencia “optimizadora” del libre mercado, de modo que su incremento crearía condiciones “no óptimas” de mayor desempleo o peores condiciones laborales. Además, mayores pensiones ampliarían el déficit fiscal, creando mayores distorsiones económicas, rezan los economistas OCP.
¿Por qué decimos que esta lectura podría ser un dogma? Pues hasta la actualidad los economistas no han demostrado con evidencias que esa sea la única dinámica posible. Es más, hay realidades que difieren de esa visión. Un ejemplo es Portugal, país que luego de sufrir la severa crisis de 2008 y aplicar políticas de austeridad ortodoxas, saltó a medidas diferentes que fortalecieron pensiones y salarios, reduciendo con fuerza el desempleo y hasta el propio déficit fiscal (a más de significativas mejoras sociales en comparación a otros países europeos), al tiempo que creció la economía y aumentaron hasta las inversiones extranjeras. Algunos hasta han sugerido que “la experiencia portuguesa parece sustentar la idea de que la economía no es una ciencia exacta”, apreciación con la que coincidimos plenamente.
Cabría anotar que, más bien lo que sí se ha comprobado es que una mayor flexibilización laboral asegura una mayor concentración de la riqueza, tal como sucede también con una liberalización financiera…
¿Cómo mayores salarios mínimos y pensiones pueden ayudar a mejorar la situación económica de un país? Aquí proponemos al menos dos posibilidades: por un lado, pueden incrementar la demanda interna al otorgar mayor capacidad adquisitiva a los perceptores de pensiones, así como a los trabajadores que sobreviven con el salario mínimo y con ninguna capacidad de ahorro; por otro lado, pueden ampliar la oferta –sobre todo de bienes locales: premisa fundamental para conseguir los fines propuestos-, especialmente si las pensiones y bonos no tienen meros fines consumistas o clientelares, sino fines productivos (p.ej. usar el bono para conformar unidades de producción comunitarias).
Ambas posibilidades deberían juntarse en una sola gran estrategia de política económica con objetivos claros y que incluya, de forma simultánea y planificada (con un análisis serio que use todo el instrumental disponible) a muchas otras medidas financieras, productivas, laborales, comerciales, fiscales, monetarias, etc. Además, en sociedades de la periferia capitalista, la política económica integral debería enfatizar el uso de programas masivos de empleo -planificados desde el gobierno central con gran participación de los gobiernos descentralizados- en beneficio de los trabajadores que ni siquiera llegan a tener el “privilegio” de ser explotados (desempleo) o que son sobreexplotados (subempleo).
Para el caso ecuatoriano, en donde desde 2015 hay una fuerte desaceleración económica (que, por cierto, se sembró desde antes), ninguna de estas posibilidades debería desecharse. Es más, ante una caída del PIB a niveles inferiores a los de 2014, toda alternativa debería analizarse a profundidad, sobre todo si sabemos que la década correísta no dejó ninguna mesa servida (pero sí un terrible legado de corrupción y pérdidas económicas) y que su sucesor -el gobierno de Lenín Moreno- no muestra luces claras de a dónde quiere ir.
En efecto, la política económica del gobierno de Moreno no muestra un carácter integral, sino disperso. Un claro ejemplo se lo observó a fines de 2017: por un lado, el gobierno amplió el bono de desarrollo humano según el número de hijos de los perceptores de 50 dólares a un máximo de 150, así como el bono a personas mayores de 65 años de 50 a 100 dólares (mejoras justas, aunque en el primer caso generando incentivos -en situaciones extremas- a la tenencia de más hijos…); por otro lado, se definió un salario básico unificado para 2018 de 386 dólares mensuales, es decir, un aumento de apenas 11 dólares al mes, lo cual no equivaldría ni a 40 centavos diarios (aunque supera al incremento de 9 dólares que el gobierno de Correa determinó entre 2016-2017).
Ambas medidas se tomaron de forma aislada, sin pensar en la posibilidad de juntarlas en una sola gran estrategia de recuperación que combine los potenciales efectos de oferta y demanda. Decimos ésto pues el incremento del bono mantiene la lógica asistencialista y hasta clientelar (respuesta de una oferta de campaña electoral), sin ver que la transferencia podría fomentar la producción, en especial de las pequeñas y medianas empresas. Respecto al incremento salarial, con apenas unos 40 centavos más al día es casi imposible que los trabajadores que reciben el salario básico incrementen con fuerza la demanda interna (más bien parecería que el salario se incrementó solo por cumplir una obligación legal). A eso último sumemos que la política gubernamental no muestra preocupación por los trabajadores subempleados, muchos en condiciones de informalidad y que ni siquiera llegan a ver un salario mínimo…
Si bien idear una combinación adecuada del incremento de bonos y salarios mínimos (junto con medidas que reduzcan el subempleo) requiere de mucho más que unas pocas líneas y un par de cabezas, al menos podemos sugerir ideas para nutrir un debate que los neoliberales OCP –aupados por muchos medios de comunicación- intentan volver monólogo. Es preciso, hoy más que nunca, dar luces alternativas a una política gubernamental que parece caminar sin rumbo… y que puede caer definitivamente en el precipicio neoliberal, hacía donde nos enrumbó el correísmo senil.
Partamos notando que a septiembre de 2017 unas 423 mil personas se beneficiaron del bono de desarrollo humano, bono que, para 2018, sería financiado con un desembolso de 383 millones de dólares del gobierno, alrededor de 1,1% del Presupuesto General del Estado (de 34.853 millones). Cabe destacar que estas cifras son inferiores en comparación a 2013, cuando se desembolsaron alrededor de mil millones de dólares para el bono (3,1% del presupuesto) beneficiando a unas 1,7 millones de personas. A pesar de la reducción considerable, los 383 millones de dólares de desembolso presupuestado para 2018 pueden tener un efecto favorable sobre la economía si se transforman en bonos productivos, socialmente inclusivos y ecológicamente sostenibles.
¿Cómo lograrlo? Pues el bono debe dejar de direccionarse a un consumo que muchas veces es apropiado por grandes -y oligopólicas- cadenas comerciales y hasta se satisface con productos importados. Más bien, como en su momento ya se propuso, podría usarse para:
“Promover a campesinos y pescadores, así como a pequeñas asociaciones de productores que constituyan un capital de base para generar ingresos, y cuyo destino esté ligado a procesos productivos comunitarios. Por ejemplo, los beneficiarios del bono podrían proveerse en mercados populares o tiendas articuladas a la producción campesina y a la pesca artesanal (Makita Cusunchik o Camari, por ejemplo). De esta manera el Bono podría hasta duplicarse siempre y cuando los beneficiarios demanden productos de los campesinos, de la pesca artesanal o de los artesanos [fomento a la demanda, NdA]. Si los beneficiarios del bono en una comunidad se unen para impulsar un proyecto comunitario productivo, el Bono también podría duplicarse [fomento a la oferta, NdA]. El objetivo es potenciar la economía comunitaria.” (Acosta, 2012)
Así, el bono ya no sería asistencialista sino productivo (tanto desde la oferta como la demanda) al promover núcleos de producción campesina y pesquero-artesanal, que produzcan bienes de consumo masivo y amplíen la autodependencia del mercado doméstico. Tales núcleos hasta podrían abastecer el desayuno y almuerzo escolar, guiados y direccionados por gobiernos locales (con apoyo del gobierno central). Todo esto potenciando los emprendimientos claramente sustentables en términos sociales y ambientales.
Sobre la posibilidad de duplicar el bono en los casos antes expuestos, podría entrar en juego el dinero electrónico (eso sí, manejado desde el Banco Central y las cooperativas vinculadas a la economía popular y solidaria, más no desde la oligopólica banca privada). Se podría usar dinero electrónico para financiar el incremento del bono y hasta como herramienta para reubicar la liquidez del sector público, por ejemplo, pagando una fracción de sueldos de servidores públicos y pagos a grandes proveedores en dinero electrónico y así liberar dólares en efectivo para pagar el aumento del bono.
Igualmente, el uso del bono con fines productivos debería promover la generación de empleo, y es aquí donde la cuestión podría conectarse con el salario básico y otras políticas de empleo. Si las unidades económicas pequeñas (de hasta 9 empleados y que, por cierto, proveyeron el 70% del empleo en 2016) encuentran en el bono un impulso a la demanda de sus productos, les resultará más viable incrementar salarios. Aquí surge la posibilidad de que el salario aumente muy por encima de los ínfimos 11 dólares mensuales, especialmente si parte del incremento también se lo paga con dinero electrónico (el gobierno podría ayudar a las empresas pequeñas a pagar salarios incrementados con dinero electrónico a cambio de, por ejemplo, menos impuestos o aranceles).
Por ejemplo, se podría promover un aumento del salario básico en 40 o 50 dólares (hasta llegar por lo menos a una canasta básica por persona empleada -706 dólares a noviembre de 2017- que, por cierto, debe ser el punto de referencia de lo que constitucionalmente se conoce como “salario digno”: Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia;). De ese incremento, la mitad podría ser en dinero físico y la otra mitad en dinero electrónico con beneficios especiales (p.ej. reducción del pago del IVA, de servicios básicos: teléfono, luz, agua, etc.). Es más, si de dinero electrónico y empleo se trata, también se podría fomentar la demanda interna creando un seguro electrónico de desempleo, muy diferente al seguro de desempleo propuesto desde el correísmo que es financiado con los fondos de los propios trabajadores. Y aquellos empresarios que no puedan incrementar inmediatamente los salarios deberían entregar a sus trabajadores una participación correspondiente en la propiedad de sus empresas.
Asimismo, se deberían diseñar mecanismos para que gran parte del incremento salarial pagado en dinero físico y electrónico, así como el seguro electrónico de desempleo, se gasten en las mismas unidades económicas beneficiarias del bono productivo, sobre todo en los mercados populares. La idea es generar retroalimentaciones y “círculos virtuosos” por medio de redes de oferta-demanda cada vez más autosuficientes. Y dichos “círculos” deberán complementarse -reiteremos- con programas masivos de empleo planificados y empujados desde los gobiernos central y descentralizados, en donde la misma obra pública sea replanteada para volverla más intensiva en el uso de mano de obra (p.ej. uso de trabajadores en vez de mezcladoras en preparación de cemento en el caso de infraestructura, tal como se hace en China, en donde existe toda una visión de defensa de las actividades intensivas en mano de obra). Aquí, de nuevo, el dinero electrónico puede ser una alternativa de financiamiento y/o una herramienta para redirigir recursos.
Reiteremos que éstas ideas son apenas un esbozo que intenta ampliar el debate sobre la posibilidad de que una auténtica ampliación de pensiones, salarios y programas masivos de empleo ayuden a enfrentar el estancamiento económico. Además, podrían complementarse con otras propuestas, como, por ejemplo, el incremento de impuesto a la renta a los grandes grupos económicos y a quienes ganen más que el presidente de la República, y la reducción del mismo a las pequeñas unidades de producción, sobre todo aquellas que generan más empleo.
Siempre lo más importante será tener claro el objetivo de la política económica que, a nuestro parecer, debería ser la búsqueda de alternativas frente a crisis sin permitir que los costos sean pagados por las clases trabajadoras y populares. Además, estas políticas deben engarzarse con visiones de largo plazo para transformarlas en herramientas que promuevan transformaciones estructurales del aparato productivo (superando los extractivismos, por ejemplo) y de la sociedad misma. Intentos de este tipo existen, lo crucial es discutirlos (sea a favor o incluso en contra) para crear una propuesta estructural y colectiva.
Penosamente, ese no parece ser el rumbo del gobierno de Moreno, el cual da señales de estar más preocupado de su supervivencia política de cortísimo plazo, que de la supervivencia del pueblo. Ojalá la memoria histórica ayude para que el gobierno de Moreno no caiga en el mismo desperdició en el que cayó su predecesor.-
Este artículo de Acosta tiene sus aspectos positivos y negativos.
Entre los positivos cabe destacar lo siguiente:
1. Dice: “¿Cómo mayores salarios mínimos y pensiones pueden ayudar a mejorar la situación económica de un país? Aquí proponemos al menos dos posibilidades: por un lado, pueden incrementar la demanda interna al otorgar mayor capacidad adquisitiva a los perceptores de pensiones, así como a los trabajadores que sobreviven con el salario mínimo y con ninguna capacidad de ahorro” Totalmente de acuerdo.
2. “Por ejemplo, los beneficiarios del bono podrían proveerse en mercados populares o tiendas articuladas a la producción campesina y a la pesca artesanal (Makita Cusunchik o Camari, por ejemplo). De esta manera el Bono podría hasta duplicarse siempre y cuando los beneficiarios demanden productos de los campesinos, de la pesca artesanal o de los artesanos [fomento a la demanda, NdA]. Si los beneficiarios del bono en una comunidad se unen para impulsar un proyecto comunitario productivo, el Bono también podría duplicarse [fomento a la oferta, NdA]. El objetivo es potenciar la economía comunitaria.”
Pero tiene aspectos negativos muy importantes:
1. “Sobre la posibilidad de duplicar el bono en los casos antes expuestos, podría entrar en juego el dinero electrónico (eso sí, manejado desde el Banco Central y las cooperativas vinculadas a la economía popular y solidaria, más no desde la oligopólica banca privada).” Es decir, propone la emisión de dinero inorgánico como si el dinero por si solo fuera un generador de recursos pero todo economista debería saber que para generar riqueza se tienen sólo mecanismos limitados como incrementar la productividad mediante el uso los recursos naturales, el trabajo eficiente o la tecnología y algunos de esos mecanismos requieren de verdadero capital y no emisiones inorgánicas de dinero ficticio.
2. Propone usar ese mismo dinero electrónico ficticio en un ficticio “seguro de desempleo electrónico”, hasta ese nombre es ridículo.
3. Dice: “Siempre lo más importante será tener claro el objetivo de la política económica que, a nuestro parecer, debería ser la búsqueda de alternativas frente a crisis sin permitir que los costos sean pagados por las clases trabajadoras y populares.” Sin embargo, crear un dinero electrónico ficticio es abrir las puertas al bimonetarismo, la emisión desaforada de efectivo, las prácticas especulativas de los banqueros y empresarios (conocidas en el pasado como “gimnasia bancaria”, que Acosta las debe conocer muy bien como familiar de banqueros) y posiblemente la inflación desbocada que a corto y largo plazo perjudicaría a los trabajadores y clases populares que no pueden practicar ese “deporte”.