Por Isabel Salcedo, Redacción La Línea de Fuego
Febrero 8 de 2017
“El error en estos últimos diez años ha sido querer conciliar el agronegocio con la soberanía alimentaria; eso es imposible”
En una campaña comunicacional previa a las elecciones del próximo 19 de febrero, el Observatorio del Cambio Rural (OCARU) junto a la Campaña AL GRANO abordan la interrogante: ¿es posible un Pacto Ético por el Campo? Con esta entrevista realizada por La Línea de Fuego a Esteban Daza, investigador del OCARU, preguntamos cuáles son las propuestas que los candidatos electorales en torno al agro y qué significaría un Pacto Ético por el Campo.
En la coyuntura actual, ¿cuáles son las propuestas electorales de los binomios presidenciales para el campo?
La coyuntura electoral está definida por la crisis económica y los escándalos de corrupción. Las intervenciones públicas de los candidatos a la Presidencia de la República giran en torno a temas relacionados a esos problemas. Sólo por darte dos ejemplos: Guillermo Lasso ofrece un millón de empleos y Lenin Moreno anuncia que los corruptos de este gobierno y de otros deben ir a la cárcel.
¿La discusión sobre el agro está entre las prioridades de los candidatos?
En dicho contexto, el agro no está entre sus prioridades. Lo que no quiere decir que no tengan ofertas y que, dependiendo del electorado al cual se enfrentan, de vez en cuando las anuncien. Lasso ofrece capitalizar el Ban-Ecuador con créditos baratos y a largos plazos; Moreno, por su parte, ofrece cambiar el machete por maquinaria y tecnología.
¿Cuáles serían los ejes que estructuran sus ofertas de campaña para el agro?
Si indagamos un poco más y nos remitimos a sus programas de gobierno, nos encontramos con dos elementos que revelan los ejes que subyacen en sus ofertas para el agro. En primero lugar, la agricultura es vista exclusivamente dentro de un gran aparataje económico, donde su rol exclusivo es la generación de divisas para el país. En segundo lugar, perciben el campo como algo homogéneo, por eso, como principal objetivo se prevé el aumento de la productividad y de los niveles de exportación. La similitud, tanto en aquellos candidatos que representan a la derecha como aquellos catalogados de izquierda, es realmente sorprendente en cuanto a la agricultura.
Y ahora cuéntanos sobre los cuatro binomios que encabezan las encuestas, ¿cuáles son los puntos de convergencia en sus propuestas?
Alianza País, Creo-Suma, Social Cristianos y Acuerdo Nacional por el Cambio son los cuatro binomios que están encabezando las encuestas. Todos ellos coinciden en la entrega de créditos para el agro pero no proponen un plan diferenciado que permita el acceso. No en vano llamaban al Banco Nacional de Fomento ‘el banco de tormentos’. En cuanto al comercio, además de aumentar la oferta exportable, los cuatro binomios apuestan por los acuerdos comerciales y tres de ellos a firmar un tratado de libre comercio con los EE.UU.
La agroindustria y la transferencia tecnológica son los proyectos emblemáticos para estos cuatro candidatos, apuntan a la transformación de las materias primas al puro estilo de cambio de matriz productiva.
¿Y sus puntos de divergencia?
Llaman la atención dos diferencias importantes: la primera está relacionada con el promotor de los cambios. En Alianza País, el motor de la transformación agraria debe ser el Estado; para el Acuerdo Nacional por el Cambio, debe existir una alianza entre el Estado y los sectores agroindustriales y de exportación; en los casos de Creo-Suma y los Social Cristianos el agente de la transformación es el agronegocio y, en general, la iniciativa privada.
Un segundo factor de distinción se encuentra en la ausencia de propuestas alternativas y respuestas frente a la amenaza que representa el cambio climático. En el caso del Partido Socialcristiano, el camino es el cuidado del mercado mediante los servicios ambientales. En el caso de Alianza País, el énfasis está en el control del Estado. Ambos partidos proponen cuidar las fuentes de agua. Hay que mencionar también las propuestas alternativas de agricultura de Alianza País, que habla de promocionar la agroecología, y del Acuerdo Nacional por el Cambio que apuesta por la agricultura urbana y ecológica.
¿A quién pertenece el programa más progresista?
Como podrás darte cuenta, el programa propuesto por Alianza País aparece como el más progresista: reconoce la necesidad de prácticas agropecuarias alternativas como la agroecología, además de la protección de la biodiversidad, el diálogo de saberes y la recuperación y libre circulación de semillas campesinas. El problema con esta propuesta es que en diez años las políticas implementadas por AP desde el gobierno han ido en contra de esos proyectos: los avances logrados en materia de soberanía alimentaria han sufrido duros golpes. Duros golpes y retrocesos a través de la promulgación de leyes como la de Recursos Hídricos; la Ley de Tierras y su reglamento; el despliegue de una serie de medidas sanitarias y fitosanitarias que controlan y disciplinan a las economías campesinas; la incertidumbre frente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea; el abandono del discurso de justicia relacionado con el acceso a recursos productivos y reemplazado por el de aumento de la productividad. Es decir, que su propuesta del buen vivir rural está entre lo demagógico y la creación de “nuevos” imaginarios.
¿Cuál es el escenario agrario en el que se dan estas elecciones en Ecuador?
Durante los últimos 10 años las élites del sector más modernizante (agronegocio) lograron, a través del “régimen progresista”, consensuar con algunas de las organizaciones del campo la necesidad de una reforma institucional del Estado en materia agraria que superara al neoliberalismo. Al mismo tiempo enfatizaron la idea de que la única forma de hacerlo era a través de la institucionalización de sus prácticas.
La confrontación de argumentos de aquella reforma no se dio dentro de un escenario de diálogo y participación, sino subsumido por los “discursos de verdad sobre el deber ser del campo”, pensado desde las elites que marcaron las reglas de juego, que a su vez limitaron otros discursos y prácticas alternativas. Es así que se consolida el consentimiento de avanzar sobre el aumento de la productividad como horizonte de progreso económico y salida de la pobreza.
Ante este enfoque dominante, ¿cómo se piensa la agricultura familiar desde el poder?
Existe una forma de gobierno del campo expresado a través de una visión única respecto a la problemática agraria, sobre todo insistiendo en los bajos rendimientos productivos de las agriculturas familiares. Frente a esto se promueven una serie de prácticas discursivas y no discursivas, relaciones de fuerza y procesos de subjetivación que tienen como objetivo la administración de las poblaciones indígenas y campesinas a través de su deseo de bienestar.
Se formalizan y legitiman aquellas relaciones de poder basadas en la explotación, la exclusión y la reprimarización de los recursos productivos y se favorece el cambio de matriz productiva agropecuaria. Pongamos los ejemplos: el alza de los niveles de productividad del maíz amarillo duro; avances relativos en la palma aceitera y el cacao; la investigación sobre cultivos transgénicos como la soya, algodón y el maíz; el paso de la soberanía alimentaria a la seguridad alimentaria como despolitización de la propuesta de organizaciones como la CLOC, Vía Campesina y Cumbre Agraria.
¿Las propuestas de los candidatos apoyan o dificultan la construcción de lo que podríamos llamar un Pacto Ético por el Campo?
Actualmente no se puede pensar el campo sin la agroindustria y las exportaciones, y esto lo demuestran las propuestas de los cuatro binomios presidenciales aquí analizados. Por eso, muchos apelan a mejorar las condiciones de la cadena productiva y los derechos laborales, fórmula ensayada en el presente gobierno pero muy limitada por su alianza con el agronegocio.
Sin embargo, existe una propuesta periférica que transita por las fronteras del “deber ser” del campo: la construcción del régimen de soberanía alimentaria que disputa el sentido de la propiedad y uso que se hacen de los recursos productivos. El error en estos últimos diez años ha sido querer conciliar el agronegocio con la soberanía alimentaria, eso es imposible.
¿Es posible proponer en estas condiciones un Pacto Ético por el Campo? ¿Qué condiciones deberían darse?
Para caminar hacia un pacto ético por el campo es primordial que se incorpore a las cuentas nacionales el valor de la producción del 35% de la agricultura de subsistencia que produce aproximadamente el 70% de los alimentos del país. Es esencial que se recupere el sentido de justicia agraria relacionado con el acceso real a los recursos productivos; que se consoliden una serie de alternativas de mercado interno de alimentos; que se revaloricen los saberes ancestrales y que se garantice la libre circulación de las semillas campesinas.
También es necesario promover la agroecología como alternativa productiva y fuente de la reproducción de una vida sana y nutritiva y consolidar redes de consumidores, entre otros.
Sobre todo, hay que dar un paso esencial en la construcción de un pacto ético a más a largo plazo. Se trata de generar una ruptura epistemológica, pues, al parecer, las transformaciones que se requieren deben llevarnos a dejar aquellas concepciones que homogenizan al agro y generalizan su provenir.
