Nancy Verdezoto F. El Comercio <www.elcomercio.com>
Domingo 21 octubre 2012
Cuándo usted llegó a la Corte Constitucional hace cinco años dijo que esta no iba a ser una Corte ‘correísta’. ¿Sigue creyendo lo mismo, ahora que está por finalizar su período como jueza?
Cuando empezó la Corte Constitucional en el 2007, las condiciones en ese momento generaban una expectativa muy interesante de cambio para fortalecer la democracia, la participación ciudadana y el principio de inclusión. Estos temas estaban ligados a la convocatoria de ese año a la Asamblea Constituyente. Pero frente a toda esa expectativa hay una frustración.
¿Frustración por qué?
Porque si bien en el marco teórico doctrinario de la Constitución de Montecristi se logra imprimir la necesidad de una renovación, lamentablemente esta aspiración no ha ido de la mano con la independencia institucional. Pese a que los cambios normativos demostraban que había visos de querer cambiar algo, su aplicación, a la fecha, sigue siendo superficial o débil, ante la ausencia de una independencia de la Corte Constitucional.
Luego de la aprobación de la nueva Constitución, el ex Tribunal Constitucional se autonombró Corte de transición. Si para esos momentos ya había visos de una falta de independencia, ¿por qué Ud. accedió a continuar y apoyar esta prolongación que no tenía respaldo jurídico?
Debemos tener presente el origen de designación de autoridad. Al amparo de la Constitución de 1998, el período que estuvimos en funciones fue muy corto. Luego hubo la etapa intermedia en la que la Asamblea Constituyente nos encargó el mandato de la Corte Constitucional hasta que haya una nueva. Toda esta transición representó al país cinco años… Cuando se aprobó la Constitución y el Régimen de Transición hubo un vacío normativo; esto es que debíamos quedarnos hasta ser cambiados cumpliendo el procedimiento establecido en la Carta Política vigente, pero nada se decía sobre si este organismo de transición iba a seguir con el carácter de tribunal, acatando las funciones de la Constitución de 1998 o como Corte Constitucional con las competencias del 2008. Nada podía quedar en el aire. Por eso, hasta ser renovados, como lo señalaban la Constitución vigente y el Régimen de Transición, había que asumir como Corte con las nuevas competencias señaladas.
En derecho público no se puede hacer lo que no está escrito. Y esa fue la principal crítica de varios sectores políticos y jurídicos a la autoprolongación de la Corte.
Me parece que hay una falta de análisis integral o que el entramado político es demasiado parcializado e interesado. No había otra salida porque se daba una acefalía institucional. Recordemos lo que pasó con la extinta Corte Suprema de Justicia.
¿A qué se refiere?
De no haber estado constituida la Corte de Transición no se hubiese resuelto el problema de la integración de la Corte Nacional de Justicia y se generaba un caos y eso no podríamos permitirlo. En el análisis que hicimos entonces, sobre nuestra decisión, dijimos que fortaleceríamos la autonomía institucional. Y, bueno, si eso no cumplieron los otros jueces es una pena, pero en lo que a mí concierne, yo estuve aquí para batallar. Lo frustrante es que una mayoría de la Corte no ha respondido. Habría una deuda en la construcción del Estado con plena independencia de esta Corte.
Usted dice que ha batallado. ¿Cuáles han sido las batallas que dio Nina Pacari?
Una de las más visibles fue la de la consulta popular, un tema que fue manipulado desde el concepto para enfocar el debate sobre el derecho del pueblo a la consulta popular. Ese punto no era el centro del debate, sino el procedimiento para reformar la Constitución vigente.
¿En qué aspectos?
La norma dice que cuando una reforma involucra la restricción de derechos se debe hacer mediante una Asamblea Constituyente y no por la vía de consulta popular. Yo dije que así debía ser y fui atacada por el presidente Rafael Correa, pero no nos amilanamos ni perdimos los estribos. Esa es la respuesta que debe dar un juez cuando hay independencia.
Usted estuvo a favor de la primera pregunta de esa consulta, sobre la caducidad de la prisión preventiva. Eso desbarató a la minoría que había con los jueces Hernando Morales y Alfonso Luz Yunes. ¿Su posición permitió que finalmente la Corte aprobara todo el texto?
No, porque hay que analizar todo el contexto y mirar lo que había que hacer: no pronunciarse a favor o en contra de todo, sino fundamentar razonadamente la discusión, considerando el entramado constitucional. La tarea de un juez es muy dura.
Las preguntas que aprobaron ustedes no fueron las que al final votamos todos los ecuatorianos en el 2011.
La Corte Constitucional, luego de expedir una sentencia, no puede entrar al debate o la discusión política. En eso yo he sido contundente, no creo que podemos entrar al plano de la discusión política. Así actué yo, no sé el ánimo de los otros jueces.
Cuando hay una sentencia y no se la acata, como en este caso, ustedes como jueces debían actuar por desacato.
Hubo una demanda del abogado León Roldós porque se estaba desvirtuando la decisión de la Corte Constitucional, pero no se la llegó a procesar. Esa sustanciación no estaba en mis manos y el Pleno no dio una respuesta; dar un pronunciamiento público no correspondía sino emitir una sentencia de incumplimiento. Nunca se resolvió porque quien controla la Corte es quien lleva los ritmos administrativos de los casos.
¿Por qué no dieron un pronunciamiento categórico sobre su sentencia?
No, la Corte Constitucional no puede pronunciarse en un foro público sino a través de sus sentencias. El caso se dejó pasar. Pese a que estaba listo el proyecto de sentencia no hubo una decisión. Nunca fue colocado en el Orden del Día de sesión alguna.
Esta Corte Constitucional no ha respetado el orden cronológico de los casos presentados. Se trataron primero los temas que eran importantes para el Gobierno y los casos que no eran políticos se los relegó. ¿Violaron la Ley de Control Constitucional?
Algunos magistrados pedimos permanentemente que se respetara el orden cronológico. Esto consta en actas, pero por más que se ha exhortado al Pleno no fue acogido el requerimiento. La decisión ya no está en nuestras manos, que éramos parte del grupo de minoría. Un ejemplo de ello fue el caso de La Cocha (supuesto ajusticiamiento indígena ndlr); el presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, ofreció tratar el tema. Se reunió con las organizaciones sociales, pero él ha obstaculizado y evitado todo para tratar el tema.
¿Por qué se ha mantenido hasta hoy en la Corte Constitucional si tiene tanta frustración por sus resultados?
Si uno asume la responsabilidad hay que seguir hasta el final y no dejar a medias tintas, lo otro sería correr, eso sería lo más fácil y así no se construye nada. El hecho de haber sido disidente y que opine distinto es importante.
¿No le preocupa pasar a la historia como parte de la Corte ‘correísta’?
No, porque puede que como institución sí sea una Corte ‘correísta’, pero hay excepciones identificadas, como somos los jueces de la minoría.
¿Y como parte de la ‘Corte Cervecera’? ¿Qué significó para usted este escándalo?
Fue un impacto, una sorpresa e indignación. Creo que aquí empezó, a mi criterio, el declive de la Corte Constitucional, del que todavía no ha podido levantarse como institución. Esto nos afectó a todos, pero yo exigí que ocurriera una investigación y estuve de acuerdo con la auditoría que realizó Contraloría General.
Se creó una comisión para indagar el caso y ¿qué pasó?
Sobre el caso, el Dr. (Édgar) Zárate y yo presentamos un comunicado indicando que no había sentencia definitiva del inferior. Esa fue la razón central para anular y dejar sin efecto jurídico el caso a partir de fojas 1. Luego se devolvió la causa a la Corte Provincial para que concluyera el trámite. Lo de la Comisión fue para indagar sobre las falencias administrativas, la comisión presentó el informe en el Pleno, pero nunca se lo trató a pesar de mi insistencia conforme consta en las actas.
La Corte deja 186 acciones de protección pendientes. Esto significa que varias personas han quedado en indefensión ante la violación de sus derechos. El ejemplo más claro es la demanda contra el despido de los trabajadores por el Decreto 813. ¿La Corte Constitucional se ha olvidado de la función de defender a las personas?
Sí. Yo he pedido muchas veces que se trate en el Pleno este caso, pero nunca fue colocado en el orden del día por el presidente (Pazmiño) o quien lo haya subrogado en determinadas sesiones. Desde el punto de vista doctrinario, la Constitución vigente es garantista, lo cual significa que se deben respetar los derechos ciudadanos. Me parece que la mayoría de la Corte tiene una confusión. Ha quedado para un segundo plano el derecho de los ciudadanos, porque se ha encargado de vigilar que el Estado sea el que siempre gane en los procesos.
¿Los jueces de la minoría nunca trataron de buscar los votos de alguien de mayoría?
Sí lo tratamos, pero fue inútil. Había casos en que ellos nos decían: sí les apoyamos, pero al momento de votar lo hacían en contra y en ese momento nos quedábamos de una sola pieza.
¿Quiénes eran ellos?
El país los conoce por sus pronunciamientos. Hemos tratado de buscar apoyo siempre. Cuando eran casos que no tenían repercusión política, lográbamos uno o dos votos más en la sala, pero en los casos gruesos había posiciones marcadas por más que decíamos que tenemos razón, no teníamos los votos.
¿Cuántos casos para sustanciación deja usted pendientes para la nueva Corte?
Al momento de esta entrevista quedan apenas 82 casos por sustanciar y enviar al Pleno de la Corte Constitucional. La semana próxima remitiré todos los expedientes a la Secretaría General.
¿Qué va a hacer ahora?
Voy a trabajar con el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari, del cual soy fundadora, y que tiene por objeto irrumpir desde los indígenas en la investigación de las ciencias considerando su filosofía en cuatro ejes principales. El jurídico, la gobernabilidad, la medicina y la filosofía. Quiero aplicar mi experiencia para promover el quehacer de investigadores, historiadores, literatos indígenas, especialistas en gobernabilidad y justicia intercultural.
¿Cómo lo va a hacer?
Para este objetivo se está ejecutando el proyecto Chakana (construcción del Edificio) con el financiamiento de la Cooperación para el Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias.
¿Seguirá cerca de Pachakutik o se retira de la política?
Seguiré. Este es un proceso político en el que yo he sido parte desde su fundación.
¿Qué futuro le ve a la nueva Corte Constitucional?
Me preocupa. Si los jueces no tienen la formación sólida o una visión de país, la nueva Corte simplemente rendirá cuentas a la autoridad de donde proviene su origen. Este riesgo es visible, porque hay miembros de la actual Corte que van a continuar.
¿No habrá cambios?
Si antes había por lo menos una minoría, ahora me temo que no. Todo dependerá si se despojan de ese origen de designación para asumir la independencia de la Corte Constitucional.
Hoja de vida Nina Pacari Vega C. Quién es. Doctora en Leyes. Es una de las dirigentes históricas del movimiento indígena y de la creación de la Conaie y Pachakutik. Fue constituyente; diputada y Canciller con Lucio Gutiérrez. Su punto de vista. La Corte Constitucional que está por fenecer termina muy debilitada por la falta de independencia de un grupo de jueces.
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