Hace más de un mes, el presidente Rafael Correa firmó el decreto de creación de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), organismo que definirá una metodología para realizar una auditoría integral de cada uno de los tratados de protección recíproca de inversiones suscritos por Ecuador, y de las disposiciones en materia de inversiones contenidas en instrumentos internacionales de los que el país es parte.
Cecilia Olivet, experta uruguaya en temas de comercio e inversiones internacionales, es co-autora del libro Cuando la injusticia es negocio, en el que presenta evidencia de cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (TBI). Olivet ha sido nominada como miembro para conformar la Caitisa.
¿Qué experiencias ha habido sobre el tema para nutrir la propuesta que está planteando el Ecuador?
El Ecuador es pionero en la creación de una comisión para auditar los TBI. No hay otra experiencia similar sobre el tema. Lo que ha habido son comisiones auditoras ciudadanas de la deuda en países como Brasil, Argentina, Grecia, etc. Iniciativas que tomaron como inspiración la comisión para la auditoría integral de la deuda externa que hizo Ecuador, y que han ido reproduciéndose en otros contextos, más aun cuando Europa está crisis y requiere de ese tipo de auditorías.
¿Cuáles serán los alcances de esta comisión?
La comisión va a ser muy importante en dos ámbitos. En el estudio mismo de los TBI en Ecuador, que partirá del análisis de los contextos históricos y geopolíticos en los cuales fueron firmados los tratados. También se evidenciará quiénes fueron los autores involucrados en ese momento, donde por un lado están los negociadores nacionales y, por otro, las instituciones financieras mundiales.
En este punto, se busca determinar si hubo presión externa para firmar los TBI. Aunque es un análisis que se ha hecho, no se lo ha realizado de manera contundente. Por otro lado, la comisión estudiará las normas sustantivas que se han incluido en los tratados, y qué relación, compatibilidad o incompatibilidad tienen con otros marcos jurídicos internacionales de los cuales Ecuador también es parte, como son las normas de derecho internacional laborales, de derechos humanos, indígenas y ambientales, entre otras.
¿Cómo será el trabajo sobre los casos específicos en los que el Ecuador ha firmado un TBI y se ha visto demandado?
El estudio de los casos es otro de los ámbitos de alcance de la Comisión. De los más de 30 que hay, debemos ver en cuáles Ecuador ha sido demandado ante tribunales internacionales. Ahí habrá que hacer un análisis de procesos por cada caso. Ver quiénes fueron los actores involucrados, tanto desde el lado de los árbitros como de los bufetes de abogados. Habrá que analizar cuáles fueron las razones que produjeron la demanda, y en consecuencia, determinar si son ilegales e ilegítimas, según los resultados de los procesos y de los laudos que se han emitido.
La comisión va a permitir crear un cuerpo de conocimiento mucho más profundo de lo que hay sobre el tema. Pero además, la comisión tendrá, no solo una incidencia regional, sino internacional, y considero que ahí la comisión de la auditoría de la deuda externa también ha servido de inspiración, pues ha aportado con metodologías de trabajo. Tendremos que esperar los informes que surjan de las investigaciones, pero es probable que esta comisión arroje aun mas evidencia sobre reflejará los peligros asociados a la firma de os TBI.
¿A qué se refiere sobre la ilegitimidad e ilegalidad de un TBI firmado? ¿Cómo entender esas dos categorías?
Son dos categorías diferentes. En el caso de los TBI de Ecuador, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales, pues la Constitución de 2008, en su artículo 422, no permite que “el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”. En cuanto a la ilegitimidad, entran a jugar otros elementos que van más allá del ámbito de la legal. No son elementos jurídicos necesariamente, pues se los puede analizar desde el punto de vista de que si los tratados han contribuido al desarrollo del país, al respeto de los derechos de los pueblos, al cuidado del ambiente.
En la firma de un TBI los inversores te dicen que eso apalancará una fuerte Inversión Extranjera Directa (IED) y promoverá el desarrollo. Habrá que determinar si fue así en la práctica, o si fue todo lo contrario. Es decir, sin han tenido consecuencias negativas en las políticas públicas, como puede ser la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales y los servicios públicos.
¿Cuáles podrían ser las responsabilidades civiles o penales en el caso de que las detecten?
Eso es difícil determinarlo desde ahora, porque no sabemos qué surgirá de la investigación. Habrá que esperar y ver si hay responsables directos o es un tema más de Estado. Pero aun así, si surgieran nombres específicos, eso quedará en manos de la justicia ecuatoriana. Como comisión, únicamente emitiremos recomendaciones y evidencias, y lo otro, le corresponde a las autoridades del país.
¿Esta comisión aceleraría la creación de un centro de solución de conflictos de inversiones regionales?
La creación de un centro de solución de disputas ya está avanzando en el contexto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Es un tema que lo lleva un grupo de alto nivel en el marco de esas naciones. Por lo que tengo entendido, aquello estaría siendo aprobado máximo para finales de este año. La comisión, de alguna manera, presentará documentación que apoyará la iniciativa de un centro de solución de controversias.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias geopolíticas de todo lo que arroje este trabajo?
Sin duda, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina o Sudáfrica, países que están cuestionando el régimen de protección de inversiones, sienten una presión internacional, tanto de las naciones que propiciaron la firma de los TBI, que son los desarrollados, exportadores de capital, como EE.UU. o los de la Unión Europea, como también de los lobbies corporativos que se ven beneficiados con esas normas protectoras. Y son amenazas como: “Si denuncian los TBI les quitamos preferencia arancelaria o les cortamos la cooperación”. Pero hasta ahora muchas de esas amenazas no se han cumplido
