"Como hemos visto, la “seguridad jurídica” que estos tratados prometen no es una garantía para los pueblos, sino un candado puesto sobre los Estados: un dispositivo que blinda la rentabilidad del gran capital y criminaliza cualquier intento de transformación. De los TBI de los años noventa al RIGI de Milei, la lógica es la misma, pero el alcance se amplía: ya no se trata solo de proteger al inversor extranjero frente al Estado, sino de universalizar esa protección para todo gran capital, nacional o foráneo, consolidando una alianza de clase que trasciende las fronteras. Los árbitros internacionales son el brazo ejecutor de este orden."
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08 Jul 2013
Cecilia Olivet. Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay. Máster en Política Internacional de la...
