Por Jorge Basilago*
En varios aspectos, “la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es una colcha de retazos, le falta unidad y visión de sistema”, nos dice el exviceministro de esta cartera, Alfredo Astorga, y miembro del Contrato Social por la Educación (CSE). Se refiere, como es obvio, a la desprolija urgencia con que esa herramienta legislativa –ahora analizada por la Corte Constitucional–, fue diseñada y aprobada, en los últimos meses de la gestión presidencial de Lenín Moreno; pero podría englobar a todo el sistema educativo sin que el concepto perdiese un ápice de precisión.
Como las casi eternas cobijas que elaboraban nuestras abuelas, las políticas dirigidas a este estratégico sector de la vida nacional resultan una despareja colección de parches, enmiendas y reciclajes. Lo irónico es que, a diferencia de aquellas, brindan menos calor y contención al paso del tiempo, resignan elasticidad con cada nueva costura y, luego de múltiples recortes, cuando uno quiere cubrirse la cabeza se destapa los pies, y viceversa.
Durante el último año, la aparición de la covid-19 desnudó y profundizó muchas de las taras e inequidades del modelo; pero también puso de manifiesto la enorme capacidad de adaptación de diferentes actores colectivos o individuales, que evitó una catástrofe aún mayor. “La pandemia presentó retos gigantescos para todos los ámbitos (rural, indígena, urbano), pero también oportunidades para la innovación, porque nos obligó a cambiar pedagogías y metodologías. Sería muy valioso hacer una recopilación de los cambios producidos e intentar mantenerlos”, propone Gabriela Oñate, psicóloga investigativa y autora de una interesante aproximación al proceso educativo en situación pandémica, en la comunidad achuar de Saapap-Entsa.
Esa perspectiva conduce las búsquedas de La Línea de Fuego, en este primer informe sobre el estado de la educación en el Ecuador: reconocer las debilidades y fortalezas del sistema a través del testimonio de sus protagonistas, recolectar una buena cantidad de retazos de nuestra desigual realidad, identificar las posibles uniones e imaginar con todo ello la confección de una nueva “manta”, más amplia y abrigada para el futuro.
Puntadas sueltas I: estudiantes
Las puntadas que se sueltan primero son siempre las más débiles, comenzando por los estudiantes. Si bien el Ecuador es uno de apenas cuatro países latinoamericanos que mantuvieron clases virtuales sincrónicas durante el confinamiento, también está entre los ocho que no aplicaron políticas de entrega de dispositivos electrónicos a la población, con lo que se profundiza la brecha en el acceso a la conectividad. En promedio, según datos de Unicef, apenas un 37,2% de los hogares del país cuenta con este servicio, cifra que desciende a un dramático 11,7% en los segmentos más pobres de la población. Con el agravante de que la calidad de esa conexión es, a menudo, deficitaria.
A esto se añade el hecho de que en 7 de cada 10 hogares ecuatorianos con Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), al menos una persona perdió el empleo durante la emergencia sanitaria. Y un 39% de las familias que se beneficiaban de la colación escolar antes del aislamiento, dejaron de hacerlo. Por estas causas se generó una lógica migración de estudiantes, dentro del ámbito particular, hacia instituciones de menor costo; y en otros casos hacia escuelas fiscomisionales o fiscales. “El Estado se encuentra ahora en un problema, porque en la virtualidad quizás cuenta con cupos para todos estos alumnos, pero ante un posible retorno a la presencialidad, sería muy complejo sostenerlos”, razona Karen Mejía, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (FEDEPAL), que agrupa a cerca de 80 instituciones de la Sierra y la Amazonía.
En medio de tales mudanzas se produjeron casos insólitos, como el de una madre de familia del centro-sur de Quito, quien matriculó a su hijo menor en su colegio habitual, pero al iniciar las clases en línea recibió una desconsiderada sorpresa: “Como hubo muy pocos inscriptos en primero de Bachillerato, las autoridades hicieron un convenio con otra escuela sin avisarnos, y mi hijo se encontró de pronto con que no conocía a ninguno de sus compañeros y profesores en el aula virtual”, relata Clara (nombre protegido), quien pide reserva de su identidad por temor a posibles consecuencias.
Pero, sin duda, el fenómeno más doloroso en este sentido es el de la deserción, que según distintos cálculos (como ha sido usual en el gobierno saliente, no se han presentado cifras oficiales al respecto) se sitúa entre los 90 y 100 mil estudiantes. Sin embargo, con solo comparar las cifras de matriculados en los dos últimos ciclos lectivos, la magnitud del daño se duplica: en el régimen Sierra-Amazonía para 2020-2021 se registraron 40.270 alumnos menos que en el período anterior, mientras que en el de Costa-Galápagos la reducción fue de 147.504. “Lo que ha pasado es un crimen, un retroceso de más de veinte años. Al Ministerio le tocará inventarse alguna estrategia especial para recuperar a esos chicos cuando volvamos a la presencialidad, si es que volvemos”, subraya Astorga.
La cancelación de las clases presenciales desde marzo de 2020, produjo asimismo dos hechos semejantes, aunque de signo opuesto, que problematizan un poco más la situación en las aulas. Así, mientras hay NNA felices de educarse en casa porque de ese modo evitan las situaciones de bullying o acoso que sufrían en su escuela, otros grupos padecen porque tienen a los acosadores –padres o familiares- en casa, muy cerca.
En 7 de cada 10 hogares ecuatorianos con Niñas, Niños y Adolescentes, al menos una persona perdió el empleo durante la emergencia sanitaria. Y un 39% de las familias que se beneficiaban de la colación escolar antes del aislamiento, dejaron de hacerlo.
Parches que se cosen a sí mismos: profesores
“Durante la carrera, en los primeros semestres, solo tuve una clase de dos horas sobre las plataformas y herramientas para clases virtuales. Ni siquiera fue una materia y nunca se profundizó”, recuerda Daniela Romo, una joven docente de Quito, quien comenzó su ejercicio profesional en plena pandemia. Las y los docentes tuvieron que recurrir a sus propias inquietudes o a la cooperación con sus compañeros para sortear gran parte de los desafíos de enseñar a distancia: “Muchas veces, los mismos profesores deben pagar de su bolsillo una parte de las capacitaciones que reciben”, advierte Astorga.
Todavía más compleja resultó esta misión para los educadores con mayor antigüedad, que nunca antes habían empleado herramientas digitales para el trabajo y apenas si las usaban en su vida particular. En ciertos casos, con demora de algunos meses tras el inicio del confinamiento, recibieron talleres básicos por parte de las propias instituciones educativas, colectivos sociales o varias ONG relacionadas con el sector; en otros, fue el Ministerio de Educación el que trató de aportar algunas soluciones, como el Curso de Autoaprendizaje para Docentes “Mi Aula en Línea”.
“Esa fue una propuesta interesante, pero si alcanzas a un número limitado de docentes, por un período de pocos meses, no sirve de mucho; se debe apuntar a la capacitación permanente”, analiza Josué Villagómez, fundador y responsable de la Red Ecuatoriana de Pedagogía (REP), con sede en Riobamba. Claro que si se cruza esta posibilidad con la creciente burocratización de la labor educativa –cuestionada por todas las personas entrevistadas, como un factor que incrementa la desconfianza y la falta de motivación- y una jornada laboral que llega a extenderse hasta 15 horas, con injusta sobrecarga profesional-doméstica sobre las mujeres, vuelve a evidenciarse que nuestra colcha no cubre a todos como debiera.
Por otro lado, definitivamente fuera del abrigo del sistema, se contabilizan alrededor de 10 mil docentes desvinculados solo en 2020, de acuerdo a cifras de la Unión Nacional de Educadores (UNE): “Eran maestras y maestros con nombramientos provisorios, a quienes no se les renovaron los contratos con el argumento de la crisis económica”, revela Carlos Calderón, profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador (UCE). “Se dice que no hay recursos pero yo tengo mis dudas, porque acabamos de comprar armas hace unos meses: lo que hay es falta de equidad social en la distribución”, puntualiza Astorga.
Modelos para armar: teleducación
Desde luego, para imaginar esa “educación diferente” y hacerla posible, se requiere conocer las condiciones educativas actuales. Esta iniciativa toma cuerpo en investigaciones como “Análisis de las condiciones laborales del magisterio ecuatoriano durante la pandemia”, realizada por docentes –en activo y jubilados- de la UCE, que incluye una encuesta a 761 trabajadores y trabajadoras del sector. “Nuestra perspectiva era alcanzar por lo menos a 3 mil docentes, pero por diversas circunstancias como la conectividad, la falta de equipos o de tiempo, muchas personas no pudieron participar”, explica Calderón, uno de los autores de ese trabajo junto con Martha Racines, Guillermo Castañeda y Fernando Rodríguez.
La sobrecarga y el acoso laboral, la salud mental y emocional, las divergencias urbano-rurales, la violencia intrafamiliar o la confusión de los espacios de ocio y trabajo, afloran en la encuesta como datos clave, para armar el rompecabezas que el encierro ha dibujado. “Lo que hizo la pandemia fue sacar a la luz el hecho de que la educación y la salud son siempre las cenicientas de la inversión del Estado; porque más allá de la crisis económica, antes de la covid-19 nuestro sistema educativo no estaba avanzando hacia la incorporación del teletrabajo o de las TIC bien desarrolladas, tuvo que hacer ese camino de manera forzada”, indica Castañeda.
También el CSE lleva adelante un relevamiento semejante, a través de una encuesta en línea –disponible hasta finales de mayo- que busca conocer mejor las diversas realidades de los educadores. “Este proyecto se extiende hasta agosto-septiembre y tiene dos partes: la primera es un estudio académico sobre las condiciones de vida, con un enfoque de investigación-acción participativa; y, la segunda son propuestas de políticas alternativas”, describe Astorga, quien coincide con los investigadores de la UCE en señalar la sensación de “acoso” que padecen los docentes.
“El maestro es tratado como un sospechoso y hoy se le multiplican las tareas administrativas y burocráticas para demostrar que sí está trabajando; sufre una alteración total de su vida rutinaria, se han incrementado enormemente los casos de estrés, depresión e insomnio, con una dificultad adicional: los docentes no tienen un buen servicio médico”, alerta el entrevistado. Esto implica, para Astorga, la negación tácita de tiempos y espacio para “la vida cultural, la recreación o las relaciones familiares”, actividades imprescindibles para sostener la condición humana y ciudadana.
Puntadas sueltas II: capacidades especiales
A mediados de marzo de 2020, la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) presentó su informe “Efectos de la crisis del coronavirus en la educación”, en el cual sostiene que, a causa del confinamiento, los estudiantes pierden alrededor del 11% de lo que se aprende en un año de cursada regular. Para los NNA del Ecuador, las afectaciones académicas tienen formas y colores tan diversos como las sociales: son otras puntadas sueltas, que amplían las brechas entre el mundo urbano y el rural, entre géneros –las niñas, en promedio semanal, hacen 4 horas más de trabajo doméstico que los niños, lo que obviamente reduce el tiempo que dedican a las tareas escolares-, entre las modalidades regulares y extraordinarias, y entre culturas y necesidades educativas específicas.
“La prohibición de ir a la escuela no cambió para nada la interacción entre los niños achuar, no limitó el contacto ni el contagio; entonces, esa medida no fue eficaz dentro de estos contextos, y en lugar de hacer un bien generó un perjuicio en la educación”, cuestiona Gabriela Oñate. En contraposición, el aislamiento contribuyó a desmontar la supuesta superioridad de ese saber normado y foráneo: cuando la covid-19 castigó a la comunidad, ante la ausencia de médicos occidentales, los habitantes pudieron curarse gracias al uso medicinal de las plantas autóctonas. “Vivimos en un mundo globalizado y ellos necesitan tener las herramientas para defenderse en él, pero sin desvalorizar los conocimientos ancestrales que les permitieron vivir sosteniblemente durante miles de años”, completa la investigadora.
En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) –que suman 30.833 en todo el país y en los distintos niveles educativos-, el desafío que plantea el distanciamiento pasa por la propia dinámica pedagógica, asociada a los ritmos particulares de aprendizaje en las aulas inclusivas. “A los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por ejemplo, se les dificulta mucho mantener la atención en clases virtuales; y, son pocos los docentes que se sienten preparados para afrontar esta realidad de la inclusión”, considera Karina Rengel, educadora parvularia de Latacunga y una de las autoras del ensayo “Inclusión educativa en los procesos pedagógicos”.
“Hasta que encontramos la Unidad Educativa Francesco Bernardone, fue muy duro recorrer escuelas y que nos cerraran las puertas, porque no se sentían capacitados para acompañar a mi hijo”, coincide María Fernanda Constante, profesora de Educación Inicial de la Universidad Técnica de Cotopaxi y madre de un niño con TDAH y autismo. Para Constante, los controles neurológicos permanentes y el apoyo pedagógico personalizado de Edith Mena, fueron vitales en la evolución de su pequeño: “El cambio que provocó la covid-19 fue muy fuerte. Si en lo presencial era complicado el seguimiento individual, con la virtualidad es todavía más difícil, porque muchos niños de estos grupos vulnerables no cuentan con las condiciones necesarias en el hogar, ni con el apoyo de sus padres, que a veces no aceptan su condición”, describe Mena.
Pero incluso cuando existe esa contención familiar, la distancia motivada por la emergencia sanitaria puede ser una tentación: “A veces los papás les ayudan con las tareas o evaluaciones virtuales y eso sesga mucho la información, porque no se evidencian todas las dificultades que puede tener el estudiante”, remarca Daniela Romo, también especializada en NEE. El excesivo interés por la calificación, afirma la docente, puede llevar a que muchos padres prioricen “que el niño tenga un 10 en el examen, aunque realmente no haya adquirido los conocimientos”.
Alrededor de 30.833 niñas, niños y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales han debido enfrentarse el desafío de la teleducación en la que no se considera sus ritmos.
Recortes y añadidos: un sistema sin presupuesto
“Durante la pandemia, la educación fue uno de los sectores más maltratados: se le recortaron 900 millones de dólares de presupuesto, se le redujo el número de horas a muchos profesores, otros fueron despedidos o se les bajó el salario… esto revela que el gobierno y la sociedad ecuatoriana no la tienen entre sus prioridades”, enumera Astorga. Incluso la nueva LOEI, en opinión del exviceministro, es “un regalo envenenado” de Lenín Moreno para Guillermo Lasso, cuya gestión tendrá que afrontar el dilema de conseguir los recursos para financiar el nuevo escalafón salarial docente, una vez que la Corte Constitucional decida su futuro.
La promulgación de la nueva ley, de hecho, fue entendida por ciertos sectores como una conquista de la lucha gremial, y estimuló la convocatoria a marchas callejeras con otras demandas asociadas. El 3 de mayo pasado, por ejemplo, militantes de la UNE se manifestaron para exigir la reincorporación de los maestros despedidos durante 2020, la inmediata aplicación de las reformas a la LOEI y para declarar “enemigo de la educación pública” al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. “El panorama futuro no es halagüeño en relación con la educación, y peor con otros aspectos: hay que ver qué pasará con el presupuesto y el aumento salarial a los maestros, pero creo que nos tocará ir a la movilización”, intuye Martha Racines.
Por su parte la presidenta de Fedepal, Karen Mejía, argumenta que “no era el momento” oportuno para reformar la LOEI. “Pero dado que el cambio ya se aprobó, solicitamos que el reglamento que la haga viable sea muy claro e incluya un capítulo específico sobre la educación particular”, sugiere, como mecanismo para restablecer parte de la afectada autonomía de las instituciones educativas. Al mismo tiempo, la entrevistada cuestiona otros dos aspectos de la norma, preocupantes desde la óptica de su organización: la composición del Consejo Nacional de Educación, sin presencia de los colegios particulares; y, la obligación de instalar un Gobierno Escolar –con decisión sobre las finanzas de cada institución- con representantes de los padres de familia y alumnos.
“A la educación particular se le aplicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para reducir el costo de las pensiones, pero no se le exigió lo mismo al sector farmacéutico o a los hospitales privados, que durante la pandemia han tenido ganancias extraordinarias”, adiciona Mejía. Si bien se trata de una medida transitoria mientras dure la pandemia –y por 180 días adicionales-, es la aplicación selectiva lo que incomoda a los promotores educativos agrupados en Fedepal. “Todos estamos de acuerdo en que haya control sobre las diferentes actividades, pero como un monitoreo que también nos permita crecer”, opina.
Zurcir con elegancia: el futuro
Con leves diferencias en la perspectiva y los caminos a seguir, todas las personas entrevistadas coincidieron en la necesidad de hacer cambios profundos en el sistema educativo, recuperando el valor de la socialización cuando sea posible, y aprovechando las fortalezas y competencias digitales adquiridas por el obligatorio confinamiento. Como una forma de zurcir, con elegancia e hilos nuevos, los retazos dispersos de esa colcha que pide a gritos ser reparada.
“Si se mejoran los salarios y se reducen las trabas burocráticas, los docentes tendrán más tiempo y posibilidades para cursar otras carreras o recibir formación continua, e incorporar elementos innovadores a su labor”, reflexiona Josué Villagómez, quien junto a su equipo de trabajo ha organizado numerosos talleres y webinars en línea, dictados por especialistas de diferentes países, para los más de 3 mil educadores asociados a la REP. “Espero que la futura ministra de Educación, María Brown, y sus funcionarios, tengan el liderazgo que se requiere para realizar los cambios necesarios”, concluye.
Otras propuestas abarcan desde el regreso al bachillerato por especialidades, hasta tomar en cuenta los matices culturales, geográficos, de género y condición social para diseñar mallas curriculares más elásticas. “Lo que hay ahora son procesos impuestos por el Ministerio, donde la estandarización o la homogeneización son un problema, porque la educación tiene que responder a las necesidades del contexto. Comparto que debe haber elementos generales comunes para el país, pero sin olvidar las particularidades de acuerdo a las regiones”, enfatiza Carlos Calderón.
Hasta detalles en apariencia menores, como el horario de clases, cobraron nuevo significado durante la emergencia sanitaria: “Entiendo que el horario de las 07h00 es parte de un sistema burocrático, porque dos horas después los padres entran a trabajar. Pero en las clases virtuales yo sí veo a los niños más animados. Creo que eso es un beneficio para ellos. Lo noto en la actividad cerebral: reaccionan más rápido, no están tan dormidos”, describe Daniela Romo.
A manera de resumen, aunque admite que “no existe una visión compartida” de lo que debe hacerse, Alfredo Astorga propone “abrir la discusión” al respecto, e identifica cuatro líneas conductoras a considerar para una mejora sustancial del sector: presupuesto, currículo, autonomía y manejo de tecnología. Junto con ello, para el entrevistado, la superación de divisiones y desconfianzas mutuas permitirá crear un sujeto político colectivo, con peso propio para proponer modificaciones: “Lo que hace falta es un gran movimiento pedagógico, que nuestros docentes se metan en ese tema, en las políticas, y no vivan amenazados o bajo sospecha”, finaliza. Un gran movimiento capaz de contener a todos los actores y diversidades, igual que nuestra vieja manta, cosida y vuelta a coser, pero mejor.
Durante la pandemia, la educación fue uno de los sectores más maltratados: se le recortaron 900 millones de dólares al presupuesto, se le redujo el número de horas a muchos profesores, otros fueron despedidos o se les bajó el salario… esto revela que el gobierno y la sociedad ecuatoriana no la tienen entre sus prioridades
–Alfredo Astorga, integrante del Contrato Social por la Educación
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
Ilustración principal: VilmaTraca para La Línea de Fuego.
