ESTADO FRANKENSTEIN, EL MONSTRUOSO POLÍTICO DEL SIGLO XXI. por Natalia Sierra

América Latina entró al siglo XXI con la presencia de lo que se han denominado los gobiernos progresistas. Después de tres décadas de gobiernos neoliberales y de intensas luchas sociales en contra de la aplicación de la política económica emanada por el Consenso de Washington, se abrió una nueva época en América Latina. La resistencia popular desplegada en contra de la aplicación del neoliberalismo hizo posible que grupos políticos, cercanos a los movimientos sociales, conquisten la administración del Estado  recogiendo en sus ofertas de gobierno gran parte de las demandas populares. Este hecho creo la ilusión de que se abrían las puertas hacia un proceso de cambio social. Pasada más de una década del poder político de los gobiernos progresistas lo que tenemos es una consolidación del capitalismo en la región.

Resulta que, lo que los gobiernos neoliberales no lograron implantar en la región (ampliación del marco mercantil, reprimarización  de la economía, modernización del capitalismo en función de sus nuevas articulaciones a nivel mundial, control ideológico de la población, autoritarismo legalizado) lo están logrando los gobiernos progresistas con un usurpado y falso discurso de izquierda. Esta constatación dibuja un nuevo patrón de poder hegemónico capitalista en la región que intenta encubrir las nuevas formas de la contradicción social y principalmente la contradicción civilizatoria.

Entre el capitalismo liberal y el capitalismo estatal 

Antecedentes necesarios     

Con el desplome del Socialismo Real, el capitalismo occidental se extendió por el planeta como el gran triunfador del largo periodo de la Guerra Fría, el gran triunfador del siglo XX. Ante la desaparición de su enemigo comunista, utilizado durante un siglo como chivo expiatorio para ocultar sus contradicciones internas, la victoria política del occidente capitalista  comenzó a tener serios problemas para mantenerse sin que su inconsistencia salga a flote. Ya no había a quien acusar de los males del sistema, ya se había terminado el comunismo que acechaba la tranquilidad del desarrollo capitalista, no había donde justificar sus crisis sociales, económicas, políticas e incluso culturales, ya no había como justificar su salvaje política internacional.

A parecer no resultó tan buena la desaparición del bloque socialista para el occidente capitalista. De hecho, la guerra fría fue un buen periodo para la consolidación de la hegemonía norteamericana en el planeta. Desparecido el Socialismo Real, las luchas de resistencia en red emergían y se radicalizaba en el seno mismo del mundo industrializado. Resistencias múltiples y diversas frente al proceso de globalización capitalista neoliberal, que dejaban visible la inconsistencia o contradicción del sistema triunfante. En Latinoamérica las luchas de resistencia al neoliberalismo generaron la formación de movimientos sociales de la fuerza del Movimiento Indígena en Ecuador, de los Zapatistas en México, de los Sin Tierra en Brasil, de los piqueteros en Argentina, entre otros muchos que se desplegaban por todo el subcontinente. Abierto el desequilibrio del sistema que pone  en duda la hegemonía capitalista norteamericana fue necesario construir otro enemigo. Así, 12 años después del derrumbe del Muro de Berlín en 1989, se derrumbaron las Torres Gemelas con lo cual quedó establecido el nuevo enemigo de occidente, el terrorismo árabe-musulmán y el narco-terrorismo latinoamericano.

La invención de este nuevo chivo expiatorio no tuvo la fuerza del comunismo y pronto se desgastó, todo el cuento del terrorismo no consiguió justificar en la conciencia mundial las intervenciones genocidas de los aliados, ni la depredación de la expansión capitalista. El movimiento antiglobalizador no pudo ser detenido con la ofensiva antiterrorista del Estado norteamericano. La búsqueda de una sociedad distinta seguía latiendo en la conciencia social mundial y particularmente en la de América Latina, donde se desarrollaba un proceso de politización crítica de los sectores sociales.

Ante la expansión de la resistencia social mundial y frente a la crisis económica de los países centrales se ensaya una nueva estrategia de dominación capitalista. A nivel económico se descongelan mercados, hoy conocidos como los BRICS, lo que supone una rearticulación de la acumulación de capital que le posibilita su regeneración, A nivel político se pone en marcha un nuevo patrón de dominación en América latina. Un experimento político que intenta contener la contradicción del sistema en una las zonas geopolíticamente importantes.  

El péndulo entre liberalismo y estatismo

Después de las guerras de independencia, América latina quedó bajo el control económico y político de Inglaterra y Estados Unidos. Esta dependencia significó la formación de débiles y parasitarios estados nacionales que respondían a los intereses del capitalismo central en perjuicio de los intereses de los recientemente formados países latinoamericanos. Los fragmentados y débiles estados del subcontinente fueron desde el inicio de su vida administrados por caudillos y dictadores que trabajaban bajo las políticas emanadas primero por Inglaterra y luego por Estadios Unidos.

Desde su nacimiento los estados latinoamericanos estuvieron marcados por la dependencia económica, la inestabilidad política y el fracaso constante de las Constituciones. En las primeras épocas los administradores del Estado fueron jefes militares de la guerra de la independencia que pronto se convirtieron en caudillos de un pueblo con poca conciencia política, lógica que marcó el futuro político de América latina. Cabe aclarar que estos caudillos de distintos rostros y con distintos discursos operaron y operan bajo los dictámenes del capitalismo. Ya para el siglo XX, los primeros caudillos dieron paso a los dictadores, la diferencia entre uno y otro radica en que los primeros son elegidos por las masas populares, mientras que los segundos asumen el poder con la fuerza militar.   

Haciendo un corte histórico la década de los 50 y 60 del siglo XX se desarrolla un proyecto de sustitución de importaciones llevada adelante por gobiernos de corte nacionalista, básicamente en México, Argentina y Brasil y en menor medida en el resto de América Latina. En este periodo se intentó pasar de un capitalismo agrario feudalizado a un capitalismo moderno, se hicieron algunas reformes estructurales  que fortalecieron el modelo de sustitución de importaciones, el mercado nacional y la identidad nacional. Así, también, se fortalecieron los partidos socialdemócratas y los partidos de izquierda que hicieron una alianza con las élites empresariales nacionales en función de la modernización económica, la reforma agraria y cierta autonomía del imperialismo norteamericano. (Sader:10) La clase obrera y sus organizaciones se fortalecieron y adquirieron mayor presencia en la política nacional. Sin lugar a dudas este fue una época de ascenso de la conciencia social crítica. Al final el programa de modernización en dependencia fracasó y se hacía necesario la aplicación de la nueva política neoliberal en remplazo del keynesianismo latinoamericano. Como la conciencia social había avanzado junto a formas de resistencia y lucha popular la aplicación del nuevo modelo económico necesitaba despejar el camino, desarmando la disidencia política del pueblo. Así vino la época de las dictaduras militares: “Los golpes militares chileno y uruguayo fueron ejecutados en el año que marcó la transición de un largo ciclo expansivo a uno recesivo desencadenado por la crisis del petróleo de 1973.” (Sader:10).  

Las dictaduras de Centro América y del Cono Sur (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay) marcaron un profundo retroceso tanto en los procesos de modernización vía sustitución de importaciones, cuanto en el ascenso de la conciencia social. La violencia  terrorista del  Estado que aplicaron las dictaduras  provocó una regresión de la organización y la lucha social que dejaba libre paso a la política neoliberal, el mejor ejemplo de esto fue Chile en la era de Pinochet, quien fue el primero en aplicar la doctrina emanada por el consenso de Washington. Con el camino despejado se abre el periodo de los gobiernos “democráticamente” neoliberales.    

 A partir de los años 80 hasta fines del siglo pasado Latinoamérica entra en una época de democracias, más o menos populistas más o menos caudillistas, encargadas de llevar adelante el programa económico neoliberal. Los nacionalistas y los socialdemócratas optarán por los intereses del capital internacional y darán la espalda a los sectores populares que serán los mayormente afectados por los modelos de libre mercado. El Estado abandona su intentona nacionalista de los años anteriores y se convierte en una dependencia de las grandes transnacionales. Los gobiernos neoliberales trabajan en función de los intereses del gran capital transnacional a través de la aplicación de tratados de libre comercio que beneficiaron no a la industria nacional sino a la transnacional, a la industria de los países industrializados. La defensa del mercado frente al Estado, de la empresa frente a la sociedad supuso una inmensa transferencia de riqueza desde el sur hacia el norte, por la cual los países ricos pudieron sostener sus estados de bienestar. La política neoliberal no es otra cosa que un asalto a la riqueza social nacional basada en la corrupción extendida, en la administración gubernamental, sobre los recursos públicos. Esta lógica dejó como  resultado infraestructuras mal hechas, carreteras antitécnicas, puentes mal construidos, infraestructura hospitalaria levantada en zonas de alto riesgo y peligrosidad, obras inconclusas, sistema de agua potable en mal funcionamiento, etc.

En esta época se privatizan todas las empresas estatales y se destruyen las pocas conquistas sociales del Estado de Bienestar, esto conllevó un profundo deterioro de las condiciones de vida de la gran población de los trabajadores asalariados y agudos procesos de  empobrecimiento y miseria social. La graves consecuencia sociales de la aplicación del modelo neoliberal provocó una nueva ola de resistencia popular en todo el subcontinente, cuyas expresiones más notables son la resistencia Zapatista en México, la resistencia  indígena sobre todo en Ecuador y Bolivia, la resistencia del movimiento Sin Tierra del Brasil y la de los piqueteros en Argentina. Todas estas movilizaciones populares mostraban el fracaso del proyecto neoliberal desde la perspectiva de la sociedad, aunque no desde los intereses del gran capital.

Así, el siglo XX se cierra con el fracaso de la última intentona modernizante del siglo llevada adelante por la política neoliberal dirigida por los grandes centros financieros, que se ejecutó en diferentes grados en todos los países de América latina. Fracaso de la  política económica más depredadora aplicada por el capitalismo en América latina. Como ya se apuntó, la ejecución de esta doctrina profundizo las contradicciones, por un lado las económicas en lo que tiene que ver con la depreciación de la población como potenciales consumidores y, por otro, las sociales de clase que se expresaron en fuertes estallidos populares en contra del neoliberalismo. Lo cierto es que en el siglo pasado el capitalismo oscilo entre el liberalismo, el keynesianismo, y el neoliberalismo concluyendo cada uno de estos periodos con profundas crisis económicas, sociales y políticas producto de la crisis de sobreacumulación de capital a nivel mundial.  

Para el nuevo siglo, marcado por la misma crisis de sobreacumulación de capital que se arrastra desde los años 70 del siglo XX, en América latina se ensaya una “nueva” oscilación política (patrón de poder) en tiempo simultáneo. Por un lado, se mantienen[1] los gobiernos neoliberales en países como México, Colombia y Chile de Piñera y, por otro lado, se experimenta con los denominados gobiernos progresistas.  Lo curioso  de esta oscilación que se presenta como dos opciones es que en términos económicos las dos “alternativas” son exactamente lo mismo, incluso en términos políticos, lo que cambia es el manejo ideológico del discurso. En términos económicos se está aplicando lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión.        

El patrón de poder político e ideológico en los gobiernos neoliberales

Los gobiernos neoliberales democráticamente elegidos en América Latina ejecutaron en las tres últimas décadas del siglo XX un patrón de poder político e ideológico que, en atención a las tesis económicas neoliberales del libre mercado, comprimió el Estado a su mínima expresión para asegurar los “libres” intercambios mercantiles. La reducción del poder del Estado que dejó el camino libre para la aplicación de la doctrina económica neoliberal, provocó, como parte de todo el plan de Washington, la destrucción de la política social que junto a la destrucción de los derechos laborales generó un acelerado proceso de empobrecimiento y miseria social. La reacción de la población frente a las graves consecuencias sociales traídas por la economía neoliberal intentó ser controlada por el Estado con políticas represivas de la movilización social.      

La represión política de los gobiernos neoliberales en contra de la población fue de dos tipos: Las abiertamente autoritarias como fue el caso de Febres Cordero en Ecuador o Alberto Fujimori en Perú, y las “democráticas” con  Rodrigo Borja en Ecuador o Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Las del primer tipo pusieron en marcha una política explícitamente represiva y autoritaria que suponía privación de las libertades y derechos civiles de los individuos, se entiende persecución, cárcel y asesinato de activistas de izquierda; censura de pensamiento, opinión, prensa, asociación y reunión. Las del segundo tipo optaron por una represión que jugaba dentro del marco del “respeto” de las libertades y derechos liberales. 

Tanto los gobiernos autoritarios como los democráticos administraban un estado y una democracia famélica con un discurso que: Por un lado, movilizaba la ideología política liberal del “respeto” y defensa del régimen parlamentario, la división y separación de poderes, el sufragio universal, el régimen de partidos. Y, por otro lado, extendía la ideología liberal de los derechos y libertades individuales frente al Estado (Libertad de pensamiento, de credo, de expresión, de prensa, asociación, filiación y elección política) Es necesario tener en cuenta que estos  discursos de defensa ideológica del liberalismo político se inscriben al interior del marco de la libertad económica del individuo que, según esta doctrina, es el sostén y garante las libertades políticas y civiles. Esto a su vez supone la libertad de reunión asociación, de expresión, de prensa, de filiación religiosa y política, propia de un Estado laico, siempre y cuando no afecte la libertad mercantil. Es necesario dejar claro que la libertad económica que hace posible las otras se niega en el momento de su ejecución, ya que básicamente es la libertad del trabajador asalariado de venderse como fuerza de trabajo. Esta contradicción en el ejercicio de la libertad económica es la que explica el énfasis que la sociedad burguesa pone en las otras libertades, pues es una manera de ocultar la negación de la libertad del trabajador producto de su libre ejercicio económico. Es esta lógica liberal el fundamento ideológico de los Derechos Humanos consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en este sentido no hay que perder de vista que el derecho más importante es el  derecho del individuo a venderse libremente en el mercado laboral y a hacer todo tipo de transacciones en función de su interés económico.

Más allá del discurso, en América Latina el liberalismo político no logró establecerse en los parámetros que se desarrollo en Europa y Estados Unidos, digamos que nunca se aplicó plenamente los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, el único derecho era el de ejercer la libertad de vender la fuerza laboral y vender los recursos naturales de los países. Esta característica se explica en razón del carácter colonial y dependiente de los estados latinoamericanos. Sin embargo, la insuficiencia estructural e histórica de la forma política de los Estados de América Latina no impidió que los gobiernos neoliberales crearan a través de su discurso la ilusión de libertad y democracia que construye sujetos dispuestos a aceptar de mejor manera la esclavitud en el ámbito económico. La ilusión democrática dio un margen de negociación en torno a los derechos liberales como es la libertad de expresión, opinión, prensa, reunión, asociación, etc. Así también, estableció un espacio para la lucha reivindicativa del pueblo en torno a su derecho a no ser detenido, encarcelado ni condenado a muerte por el capricho de una autoridad irracional. De esta manera las luchas sociales terminaron poniendo un freno a la avanzada neoliberal en la América del Sur. Es importante aclarar que la época neoliberal se desarrolla lo que algunos pensadores llaman el autoritarismo o totalitarismo del mercado.  

El patrón de poder político, económico e ideológico en los gobiernos “progresistas”

Con el fracaso del neoliberalismo, los llamados gobiernos progresistas llegan al poder del Estado con un discurso anti-neoliberal. El punto articulador de su discurso político es la recuperación del Estado que había sido destruido en el neoliberalismo, ofrecimiento que suponía la “gran” diferencia con la época neoliberal. Lo que no se dijo o no quedó claro, al menos en la primera época, fue el para qué se iba a fortalecer el Estado. Se entendía que el Estado iba a recuperar su rol de regulador de la economía, lo que estaba confuso era si lo que iba a regular era la economía capitalista u otro tipo de economía distinta al capitalismo. A estas alturas del nuevo siglo queda claro que lo que se está fortaleciendo con los gobiernos progresistas es un Estado capitalista encargado de regular su economía para garantizar el nuevo patrón de acumulación de capital.

El Estado que se construye y fortalece con los llamados gobiernos progresistas es un Estado que lo voy a denominar Estado Frankenstein, por ser una producción monstruosa carente de sentido humano que intenta rivalizar con el poder humanizante de lo humano. Una entidad fabricada artificialmente de partes ensambladas del Estado Keynesiano, del Estado Neoliberal, del Estado Soviético y del Estado Fascista. Para intentar comprender la formación del Estado que se ensaya en América latina, intentaré establecer las estrategias de poder que corresponden a cada uno de los estados que lo fundamentan. Es pertinente aclarar que muchas de los dispositivos políticos del Estado analizado tienen un origen en dos  o tres de los Estados de base y otra aclaración importante es el hecho de que el Estado no es solo un patrón de poder político, sino que expresa un patrón de poder económico y, claro está, de poder ideológico. A continuación paso a detallar las características de monstruo en atención a las partes de los estados muertos de las cuales está compuesto.

Los rasgos neoliberales  

El famélico Estado Neoliberal ya no era capaz de asegurar la acumulación en la región, no solo porque el nuevo esquema de acumulación por desposesión necesita un Estado que amplíe el marco mercantil a todas las esferas de la vida social, sino porque un Estado esquelético no cuenta con un patrón de poder capaz de detener la lucha social que se abrió en América Latina las últimas décadas del siglo XX.  Sin embargo de esto, hay muchos dispositivos neoliberales que se han incorporado al nuevo esquema de poder del nuevo Estado.

La Apertura comercial, “propia de la globalización neoliberal” orquestada desde Washington, sigue ejecutándose por los gobiernos “progresistas”. El gobierno ecuatoriano acaba de comprometer el TLC con Europa, en su mejor representante económico: la Alemania de Merkel. Como el pueblo ecuatoriano bien conoce, la aplicación de medidas aperturistas no implica una libre y abierta competencia de las partes, pues el poder monopólico u oligopólico sea en la producción o el consumo de los centros económicos no lo permite. Ya conocemos de sobra el chantaje utilizado por los EUA del repetido cierre de su enorme mercado como arma para forzarnos a cumplir sus demandas. (Cfr. Harvey, 2004. 109) Un claro ejemplo de las consecuencias de esta asimétrica relación comercial en nuestro país son los chantajes ligados a la ATPDEA. Acuerdo comercial que nos ha obligado a asumir la política norteamericana contra el narcotráfico y el terrorismo, que bien sabemos las implicaciones que tiene en relación al control de la lucha social, malintencionadamente, calificada como narcoterrorismo o terrorismo. 

La lógica de los tratados de libre comercio con los centros del poder capitalista supone además la obligatoriedad de nuestros países de dar garantías jurídicas a los inversionistas, lo que, dejándonos de eufemismos, significa que el Estado ecuatoriano a través de su gobierno tiene que generar un marco legal absolutamente beneficioso para las compañías extranjeras. Un marco legal “confiable” para las transnacionales no es otra cosa que garantizar sus negocios y ganancias en nuestros territorios, como se hizo durante todo el periodo llamado, por los gobiernos progresistas, larga noche neoliberal. Ahora bien, garantizar los negocios y las ganancias de las corporaciones capitalistas requiere disciplinar y controlar a la población para que no genere inseguridad social ni jurídica, es decir limitar sus derechos humanos en beneficio de los intereses de las mega empresas. Restringir  derechos laborales, limitar derechos civiles como la libre asociación y reunión, la huelga, el cierre de vías, las marchas, es decir todo acto que el pueblo asuma como forma de protesta para resistir los embates del capital, pues será considerado conspiración “terrorista” y en el mejor de los casos atentados contra la seguridad del Estado. Se limitan los derechos territoriales de los pueblos indígenas o ancestrales si su existencia genera  inseguridad jurídica para las empresas, o representa pérdidas en sus ganancias. América latina desde hace más de 3 décadas de gobiernos neoliberales y progresistas conoce las implicaciones de la  criminalización de la lucha social como mecanismo de disciplinamiento  y control que asegura la reproducción y acumulación de capital.     

Los gobiernos progresistas quieren confundir al pueblo con un discurso antinorteamericano, como si no supiésemos que el capitalismo es mundial y que en su depredación no importa la bandera con la que se enmascara. No existe diferencia si el tratado de libre comercio es con EUA, con la Comunidad Europea o con el capitalismo Asiático, las consecuencia para los pueblos latinoamericanos son igual de nefastas.     

La re-primarización de la economía

Sin excepción, todos los gobiernos autodenominados progresistas han establecido contratos de larga duración y a gran escala con transnacionales dedicadas al negocio de la extracción de recursos naturales. Los términos de los acuerdos no son diferentes a los establecidos por los gobiernos neoliberales, de hecho el Ecuador acaba de hacer una reforma a la Ley minera que contradice muchas de las normativas más avanzadas de la Constitución del 2008 en cuanto a limitar las ganancias de las empresas, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, etc.    

Igual que lo hacían los gobiernos neoliberales, los autodenominados gobiernos progresistas, no consultan a las comunidades y pueblos cuyos territorios son afectados por la explotación y los niveles de redistribución de la riqueza obtenida son casi nulos. “La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los productores que trabajan en una agricultura de subsistencia y la de los campesinos y de los jornaleros rurales, muchos de los cuales siguen sometidos a atroces condiciones de vida y de trabajo.” (Petras; 2012:1) Tampoco se observan los daños ambientales que la actividad extractiva conlleva y que de hecho afecta a la calidad de vida de las comunidades. 

En el Ecuador, Alianza País viene prometiendo un cambio en la matriz productiva, sin embargo después de 7 años de gobierno la economía depende cada vez más de la actividad primario exportadora petrolera y ahora minera. La matriz productiva sigue siendo la misma de toda la historia de este país, lo cual significa que la dependencia al gran capital transnacional no solo que continúa sino que se afianza. De hecho, el fortalecimiento del Estado ha servido para llevar adelante los acuerdos comerciales con el capital extranjero estatal y privado y generar políticas “que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y al fortalecimiento del poder ejecutivo.” (Petras; 2012:1)      

Las prácticas de corrupción en el uso de los recursos públicos y las formas en las que se llevan a cabo no son diferentes de las aplicadas en el Estado Neoliberal. Este hecho no es un asunto de ética y menos de moral, sino un rasgo estructural de la economía capitalista en su forma neoliberal. Las grandes y “pequeñas” cantidades de capital que son apropiadas de forma fraudulenta de las arcas del Estado son una entre otras estrategias para hacer circular el capital sobreacumulado.  No es un secreto la existencia de los paraísos fiscales, lugares encriptados donde va a parar el capital saqueado que se transforma en capital de inversión; tampoco es un secreto el hecho de que una cantidad importante de los presupuestos estatales anuales terminan en manos privadas que en muchos casos devienen en pequeños y grandes capitalistas. Son formas ilícitas, pero institucionalizadas, de absorber excedentes. Acaso esta fuga libre circulación de capitales no es parte de la tesis neoliberal de la liberalización del mercado y el comercio mundial, tesis defendida por el FMI, el Banco Mundial y la OMC tan criticados y cuestionados por los gobiernos progresistas de los fortalecidos estados sudamericanos.   

Tómese en cuenta que la fuga de capitales mal habidos es una forma de evadir la recaudación fiscal tan apoyada por la política de un Estado fuerte, de un Estado de corte keynesiano y desarrollista. Queda clara la contradicción entre el discurso de estos gobiernos y sus  políticas efectivas: Por un lado, ponen en marcha una fuerte política de recaudación fiscal para todos los ciudadanos, argumentada en un proceso de modernización y racionalización social,  y, por otro lado, mantienen la corrupción institucionalizada de fuga de capitales, que es un manera de seguir transfiriendo valor en función de la circulación de capital.

Los escándalos de corrupción de los gobiernos progresistas igualan o superan a los acontecidos en los gobiernos neoliberales. Hay quienes hablan de una connivencia entre progresismo y corrupción (Cfr. Valenti, 2013), afirmación que parece comprobarse tomando en cuenta las denuncias de enriquecimiento ilícito con uso de recursos públicos, formación de nuevos capitales ligados a funcionarios públicos de alto rango, negocios turbios, licitaciones manipuladas, concesionarios que amasan grandes fortunas, sobreprecios en las obras estatales, recursos públicos malgastados y desviados, etc. A manera de los mejores ejemplo de esto podemos hacer una conexión entre Menem y Gutiérrez representantes de los gobiernos neoliberales y los Kirchner y Correa de los gobiernos progresistas. Las mismas acusaciones de corrupción que se hicieron a los gobiernos neoliberales de Menem y Gutiérrez se han hecho a los gobiernos progresistas de Correa y los Kirchner. Igual o peor que el neoliberalismo, el progresismo manipula el aparato judicial y se asegura de que toda denuncia que comprometa su poder se desvanezca. El parlamento es maniatado e inducido a hacer una serie de reformas al sistema judicial e incluso a la Constitución para proteger los negocios gubernamentales y garantizar mayor impunidad.            

Es fundamental anotar que la corrupción en la institución estatal es una de las principales actividades del poder gubernamental, es un sistema integral e integrado que atraviesa toda la estructura. “La corrupción no es una desviación del poder, sino parte esencial del propio poder y de la relación entre gobernantes, empresarios de asalto y conveniencia, financieras, transportadores, bancos, paraísos fiscales, empresas truchas.” (Valenti, 2013) Como ya se anotó la corrupción es inherente a la estructura de acumulación de capital, quizá lo novedoso de los gobiernos progresistas es que tienen una capacidad, que no tenían los gobiernos neoliberales, de sepultar en el cinismo la inmoralidad más obscenos cualquier sensibilidad social. “Nadie puede creer en serio y defender sin disponer de una extraordinaria cara de hierro que se puede hablar de progresismo y hasta de izquierda y vivir sentados en una montaña de escándalos permanentes de estas dimensiones.” (Valenti, 2013) Esta innovación progresista en la lógica de la corrupción estatal tiene nefastas consecuencias en la conciencia social. El cinismo genera en la población una actitud pasiva frente a la corrupción, la misma que es asumida como parte de la política real, así se establece la naturalización de la lógica depredadora de la acumulación de capital y la decadencia y resignación de la sociedad frente a ella.

Los Rasgos Keynesianos

Unos de los principios básicos de las tesis Keynesiana es la necesidad de que el Estado intervenga activamente en la economía y la sociedad, complementando el funcionamiento del mercado y garantizando cierto bienestar básico a la población. En función de esta lógica estatal se plantean las siguientes políticas que se las pueden observar en los Estados que están siendo reformados por los Gobiernos “progresistas”.

Se han “recuperado” algunas empresas públicas de algunos sectores estratégicos de la economía como petróleo, minería, telecomunicaciones, etc., privatizada en la época neoliberal. Ahora bien, es necesario anotar que esta recuperación se la ha hecho en función de la formación de capital mixto, que en un futuro volverá a manos privadas.    

La inversión en infraestructura es una de las políticas de corte keynesiano ejecutadas por los llamados gobiernos progresistas, que responde a las necesidades de circulación de capital en el región. “Durante las décadas perdidas de los 80 y 90, la región poco pudo invertir en infraestructura. Urge ahora, tras reanudarse el crecimiento, eliminar la brecha entre una producción en auge y sistemas logísticos y energéticos estancados. La urgencia estimula soluciones de gran escala, supuestamente más eficientes y con hartos resultados.” (Osava; 2013: 1)

La inversión en infraestructura se basa principalmente en la construcción de carreteras, puentes, puertos aeropuerto, hidroeléctricas, más que en infraestructura sanitaria, educativa, cultural, recreativa. Lo nuevos ejes de transporte que se construyen buscan abrir vías para la circulación de mercancías, tanto de las primarias que se saca de la región cuanto de las  elaboradas que entran a ella. Lo que se busca con esta inversión no es tanto la integración y cohesión social, sino bajar los costos de transporte para las transnacionales de agro negocios (biocombustibles), minería, petróleos, etc. De hecho, no hay mucha inversión en vías de transporte que faciliten las cosas a los pequeños y medianos productores agrícolas, que contribuyan ciertamente al desarrollo local o nacional. Es la gran minería y los hidrocarburos los que necesitan gigantes infraestructuras de  transporte y de energía. (Cfr. Osava; 2013: 1)  Estos megaproyectos de infraestructura vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores. (Cfr. Petras; 2012:1) Además hay que decir que toda la inversión en infraestructura se enmarca dentro del proyecto IIRSA concebido en el periodo neoliberal.

En su gran mayoría todas estas megas infraestructuras provocan gran daño ambiental y en consecuencia desplazamiento de los pueblos de sus territorios que no reciben beneficio de esta político, sino consecuencias negativas para sus proyectos de vida. 

El rencauche del Estado, llevado adelante por los gobiernos progresistas, implica cierta recuperación de su papel en la Regulación Económica. Se han creado ciertas normativas obligatorias en ciertos aspectos de la actividad económica como el ajuste a la política de recaudación fiscal que han ordenado más a la clase media que a los grandes grupos económicos, cierta fijación de precios, control al sector financiero, al flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. Sin embargo como sostiene Petras 

En lo referente a las normativas que rigen el sector extractivo, han sido flexibles para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrícolas puedan utilizar de forma masiva químicos tóxicos y semillas transgénicas. Han autorizado la expansión de la minería, de la agricultura y de la industria maderera en reservas indígenas y naturales. (Petras; 2012:1)

Las concesiones que se hacen a las transnacionales extractivas se justifican, como en el caso de Ecuador, en nombre de garantizar ingresos que den estabilidad económica y sirvan para inversión en gasto social.

Quizá el rasgo keynesiano más llamativo que han desarrollado estos gobiernos es  la Política social. No hay lugar a duda que se ha incrementado la inversión en el gasto social que ha bajado el nivel de pobreza en algunos sectores de la población, no así en otros como es el caso de  las comunidades indígenas en Ecuador. Se ha incrementado el salario básico sin que esto implique llegar al nivel del valor de la canasta familiar, se ha concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de tierras públicas sin cultivar, como una pequeña “reforma agraria”. (Petras; 2012:1) Ciertamente en Ecuador la política agraria ha sido nefasta no se podría hablar ni siquiera de una pequeña reforma agraria. La inversión en salud y educación, vivienda, en el caso del Ecuador, se basa principalmente en mejorar la  infraestructura. Es el sistema de subsidios o bonos a la pobreza, ya aplicada en la época de los gobiernos neoliberales, el plan más destacado de estos gobiernos.   

Los subsidios de la pobreza es un rasgo que en sí mismo expresa una monstruosidad producto de la mezcla entre una política de subsidios neoliberales envueltos en una retórica keynesiana. No hay que olvidar que el plan de bonos de la pobreza que intenta tapar la miseria producida por la aplicación de la Política de Ajuste Estructural y contener sus efectos políticos fue ejecutado por los gobiernos neoliberales. En el escenario político actual de América Latina, tanto los llamados gobiernos progresistas como los neoliberales continúan y mejoran la misma política de “inclusión” financiera de los pobres:  Bono Juanito Pinto en Bolivia, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador,  Bolsa Familia en Brasil, Red Protección Social Nicaragua, Tekoporâ y Abrazo en Paraguay, Chile Solidario en Chile, Acción familia en Colombia, Avancemos en Costa Rica, Familia Progresa en Guatemala, Programa de Asignación Familiar en Honduras, Juntos en Perú, Programa Progresas en México, Red de Oportunidades en  Panamá, Solidaridad en República Dominicana, Panes en Uruguay. Esta política, como se observa, hace coincidir a los llamados gobiernos progresistas (Ecuador, Nicaragua, Brasil, etc.) con sus antagónicos los gobiernos neoliberales. (Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, México, etc.) 

Hay que poner mucho cuidado en el hecho de que esta política neoliberal implica una vinculación entre el Estado y el sector financiero privado, digamos una transferencia de la riqueza pública al sector privado. En todos los casos es el sector financiero privado quien ejecuta los pagos y de esta manera: por un  lado, el capital de los bonos que es capital Estatal termina alimentando a la banca privada y, por otro lado, los pobres quedan integrados al sector financiero formal, es decir integrados al marco capitalista, lo cual supone de una u otra manera una cooptación política-ideológica de esta población excluida  potencialmente subversiva. Como es fácil darse cuenta tanto los gobiernos neoliberales cuanto en los  llamados progresistas sostienen la lógica de transferencia de riqueza del Estado al sector privado bancario, más allá de los discursos de izquierda que los segundos maneja. En Ecuador, por poner un ejemplo, en todos los años del gobierno de Alianza País  el sector más beneficiado económicamente ha sido el bancario.

Tanto los gobiernos neoliberales como los progresistas defienden el programa de bonos como una forma de aliviar la pobreza y la desigualdad, sin embargo lo que está detrás de esto es la voracidad del capital. El hecho de que los pobres queden articulados al sector financiero tiene implicaciones no solo económicas sino políticas e ideológicas que se debería tomar en cuenta. Las implicaciones económicas como se conoce son básicamente la concentración de capital en la banca privada, la incorporación de un sector amplio de la población a la lógica financiera mercantil lo que significa hacer circular capital en la totalidad del campo social. Cuando los estrategas de la economía capitalista se dieron cuenta que los hogares pobres pueden ahorrar y sobre todo endeudarse para consumir, descubrieron un nuevo nicho mercantil para mover capital y generar ganancia.

Más allá de lo anotado, la política de los bonos de la pobreza tiene un efecto político-ideológico preocupante. No es tan importante lo que los pobres puedan ahorra y/o consumir de forma real, sino la idea (ideología) de que pueden ahorrar y consumir, este es el objetivo principal de esta política. Uno de los consejos más importantes que ha hecho la teoría neoliberal alemana es la necesidad de neutralizar a la población que, por efecto de la concentración de capital, queda excluida del marco mercantil capitalista de la competencia. Para cumplir con esta “recomendación”, el Estado debe asegurar que estas poblaciones, potencialmente peligrosas para la estabilidad jurídico política del país, queden integradas de manera ideológica al capitalismo. La ilusión de ser sujetos mercantiles, aun cuando sea en el último eslabón de la cadena mercantil, hace que acepten las reglas del capital y pierdan el deseo de otro mundo. Lo mismo pasa con los bonos productivos para los pequeños emprendedores, no hace falta hablar de esto,  lo conocemos bien sobre todo cuando recordamos las “geniales” recomendaciones de Hernando de Soto en “El Otro Sendero”.           

La modernización capitalista impulsada por estos gobiernos ha sido acompañada por un discurso nacionalista y antimperialista.  Hay que precisar que el discurso utilizado ha sido en rigor una retórica para contentar al pueblo que venía demandando transformaciones con claro contenido revolucionario. Como dice Petras:     

En resumen, han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antimperialista, nacionalista y populista para el consumo interno, al tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y con una nueva y creciente burguesía nacional. (Petras; 2012:1)

Los rasgos totalitarios estalinistas-fascistas

Con una retórica del socialismo del siglo XXI, muchos de estos gobiernos han implementado ciertas políticas fascistas-estalinista de control político de la población. La espantosa experiencia del fascismo europeo junto con los errores y desviaciones  del  más importante ensayo histórico de construir una sociedad socialista son tomados, por varios gobiernos progresistas, como modelo de dominación política.

Hiperpresidencialismo es una forma de la política asumida por varios gobiernos progresistas entre los que se puede destacar Venezuela, Ecuador y Argentina. El Poder Ejecutivo en la figura del Presidente concentra toda las decisiones por sobre el Poder Legislativo, Judicial, Electoral y, en el caso del país, Ciudadano.  Las atribuciones dadas y asumidas por el Presidente son casi absolutas, sea de manera constitucional o inconstitucional. En el ejercicio real y práctico del poder, el Presidente se convierte en legislador exclusivo, como sabemos en Ecuador, por ejemplo, la Asamblea Legislativa así como el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, el Ciudadano e incluso la Corte Constitucional funcionan bajo los requerimientos del presidente.

La mayoría parlamentaria que estos gobiernos han logrado gracias a la figura del Presidente está absolutamente subordinada a los dictámenes del Ejecutivo para la elaboración de leyes, la fiscalización o las reformas constitucionales. El Poder Judicial ha sido reconstituido y sus funcionarios nombrados bajo los intereses del Poder Ejecutivo. El Poder Ciudadano creado por el Ejecutivo se ha convertido en una de sus dependencias, así también el Consejo Electoral. En última instancia, más allá de la apariencia democrática, el Ejecutivo controla todas las funciones políticas del Estado.

La mayoría de los autodenominados gobiernos progresistas han contado con las condiciones económicas y políticas para ejercer y asegurar el poder concentrado. Por una parte, han podido ensanchar el aparato estatal y su consecuente incremento burocrático que garantiza el principal sector social de respaldo al gobierno. Por otra parte, el alto presupuesto estatal con el que han contado gobiernos como Ecuador y Venezuela es fundamental para el ejercicio concentrado del poder, así como el respaldo de las FFAA. En el caso de Venezuela el respaldo se ha logrado en gran medida por el origen militar de Hugo Chávez y en el caso de Ecuador con un recambio estratégico de los mandos militares y policiacos y, a partir de allí, con una política bastante complaciente y generosa con las demandas del sector castrense.

Otros rasgo del hiperpresidencialismo es el abuso de los decretos de emergencia, a través de los cuales se toman decisiones por fuera de la normativa de la democracia liberal clásica. A la legislación delegada que convierte en ley la norma gubernamental se suma el inmenso poder que tiene el Presidente sobre el presupuesto nacional. Todo esto supone la eliminación de la participación activa de las otras funciones del Estado, no se diga de la sociedad civil. En definitiva se puede hablar del poder absoluto del movimiento o partido en el Gobierno, a través de un renovado centralismo de una élite tecnocrática y autoritaria sumisa al presidente.

Ligado a la característica analizada, en los párrafos anteriores, está el culto a la personalidad del presidente (léase el líder). Este rasgo es muy cercano a la tradición caudillista de  América Latina, por lo cual no sorprende que se lo asuma con tanta facilidad. La imagen de varios presidentes de los autodenominado gobiernos progresistas, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, ha sido convertida en objeto de culto popular. Este hecho se ha conseguido por medio de una permanente e inagotable propaganda mediática, a través de la cual se enaltece los rasgos de la personalidad individual como signos de inteligencia, sabiduría, responsabilidad, autoridad (autoritarismo) y carisma  propios del “padre”; de un super yo excesivo y asfixiante, guía del pueblo.

La imagen del Presidente inunda la televisión, los periódicos, las radios, las vallas publicitarias colocadas por todo el país, así como en los espectáculos de masas donde la estrella principal y única es el líder. Los informes semanales que hacen a la Nación (Sabatina, Aló presidente) no son más que espacios para la apoteosis del líder.  El objetivo  de toda esta publicidad política es presentar al Presidente como el “Salvador de la Patria” humillada en la época neoliberal. Es claro que se usa la propaganda masiva para trasmitir al pueblo las ideas del Presidente y provocar la adhesión irreflexiva de la población a las mismas. Hay que decir que los espectáculos mediáticos presidenciales son preparados con mucho cuidado por una gran maquinaria de marketing publicitario, que garantiza que la actuación del Presidente afirme su imagen de caudillo. En el Ecuador, las últimas propagandas donde aparece el Presidente tienen un toque contemporáneo, que las distingue formalmente de la vieja propaganda fascista y populista. La imagen vieja del líder y del caudillo es replanteada para el actual consumo mediático, con este fin se ha construido una imagen “fresca” del “salvador de la patria”, que se parece más a la de un artista de Hollywood que al envejecido líder caudillista.

La reutilización que algunos gobiernos progresistas hacen de la estrategia propagandística del “líder”, son por decir lo menos caricaturescas, pero no por ello ineficaces. En la época del fascismo, el culto al Presidente era tan obsesivo que se lo llamaba, justamente, el líder, la versión criolla de esta obsesión en Venezuela es: “padre de la revolución”. De hecho: “El culto a la personalidad de Chávez, que llegaría a su apoteosis con su larga convalecencia en Cuba y su muerte a principios de 2013, acabaría ocupando el centro de la ideología del socialismo del siglo xxi, tal y como ha podido leerse en los principales medios de comunicación y círculos intelectuales de la izquierda latinoamericana.” (Rojas; 2013: 7) En el Ecuador, un poco más sofisticado y personalizado, al Jefe de Estado se lo conoce como “mashi Rafael”, un nombre que recoge un término quechua y que intenta una cercanía con el pueblo. Al mismo tiempo el propio Correa asume y defiende para sí la  “majestad del poder”, en un claro retorno a la monarquía inexistente en América latina.   

Algunos gobiernos progresistas, sobre todo aquellos identificados con lo que se conoce como el eje Chávez, asocian la imagen del “líder” a la idea de “padre” o guía” de la “revolución”. En el caso de Chávez, Ortega, Morales que vienen de procesos de luchas sociales es más fácil posicionar la imagen de “líder revolucionario”, sin embargo en el caso de Correa, los Kirchner y Maduro, es necesario falsificar sus historias personales con la exageración mediática de su imagen. En base a esta  falsificación se afirma y se sostiene el culto a su personalidad, la misma que es puesta como modelo a seguir por toda la masa, por supuesto,  dejando claro que nadie podrá ser como el “gran líder”. En el Ecuador esta falsificación es mayor si tomamos en cuenta que el Presidente no tiene otra presentación de su pasado político que ser un boys scouts. La estrategia planteada como es de suponer tiene un gran limitante en el momento de la desaparición del líder. Como ya sucedió en Venezuela, el sucesor de Chávez difícilmente podrá sostener el apoyo de la población por mucho tiempo, pues es casi imposible que llegue a tener la imagen que se construyó de Hugo Chávez.

Las purgas, es decir la vigilancia, persecución y sanción estatal a aquellos que el partido o movimiento en el Gobierno considera disidentes políticos peligrosos. Es absolutamente visible que las purgas son una práctica de los autodenominados gobiernos progresistas, muchos miembros de sus propios movimientos fueron y son sujetos de éstas. En el Ecuador tenemos muchos ejemplos de dicha política represiva, Alianza País en sus inicios estaba conformada por muchos militantes de izquierda que no solo que fueron expulsados, sino que han sido objeto de vigilancia, persecución, descrédito, despidos, enjuiciamiento arbitrarios, encarcelamiento, etc.  El discurso de justificación que han usado la dirección de los partidos y movimientos gubernamentales para eliminar a militantes de izquierda es muy parecido al utilizado en la época estalinista: “reaccionarios”, “agente de la CIA”, “saboteadores”, “contrarrevolucionarios” y otros inventados para la nueva época como: “ingenuos” “infantiles” “primitivos”, “ineficientes”, bobos, saboteadores, terroristas, etc.      

Hay que destacar que los y las perseguidas no pertenecen a los sectores de la burguesía, sino principal y fundamentalmente a la izquierda disidente que busca ciertamente la transformación social. Ante esto,  los gobiernos progresistas intentan con las  purgas destruir toda oposición política e ideológica de izquierda, para lo cual se usan dispositivos estatales de represión en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes. En el Ecuador se ha llegado a perseguir a estudiantes secundarios, jóvenes universitarios, maestros, sindicalistas, periodistas, activistas sociales, dirigentes indígenas y campesinos acusándoles de rebelión, sabotaje, terrorismo. En esta política  represiva está presente dos ideas: 1. Aquella idea que considera que los sectores populares (obreros, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, etc.) son incapaces de dirigir su proceso de transformación y por lo tanto tienen que ser dirigidos por la “vanguardia tecnocrática” del gobierno. 2. La idea maquiavélica-estalinista de que en nombre de la “revolución” (léase poder del partido o del grupo gobernante) está permitido todo, incluso negar derechos humanos al propio pueblo, sujeto de la revolución. Concepción totalmente contraria al pensamiento de Marx al que se remiten, el cual sostenía que: “la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores”.

Como es de suponer, el objetivo de la aplicación de la política delas purgas es la exclusión y el arrinconamiento de los movimientos sociales autónomos y de las organizaciones  políticas de la izquierda independiente; así también de los dirigentes sociales más comprometidos y de los intelectuales críticos más creativos. En remplazo de los purgados se instalan en el gobierno “funcionarios sumisos, fanáticos y tendientes a uniformar la sociedad”, sin ninguna capacidad de actuar de forma libre y comprometida con la transformación social. En un real proceso de cambio de la sociedad, el Estado mientras exista no debe apropiarse de las organizaciones sociales ni del pensamiento crítico, menos aún, como hacen estos gobiernos, usar el Estado para atrapar a la población en organizaciones sociales sometidas al proyecto gubernamental. En el Ecuador se ha cooptado o creado sindicatos públicos, organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas y de profesionales “aliadas” al gobierno de Alianza País.  

Otra característica es la censura de los medios de comunicación  implementada principalmente en Venezuela, Argentina, Ecuador. Si bien se conoce que los medios de comunicación privados trabajan al servicio o bajo el tutelaje de los grandes poderes económicos y políticos de la burguesía, los autodenominados gobiernos progresistas los censuran como espacios que pueden ser usados por la disidencia política e ideológica, no de la derecha sino de la oposición crítica de la izquierda.

El control de los medios de comunicación operado por estos gobiernos se lo ha hecho en base a regulaciones estatales, como es el caso de la Ley de Comunicación aprobada en Ecuador. Varios de los artículos de este instrumento legal tienen como fin persuadir a los medios de cualquier acción o expresión crítica a la política gubernamental. Como se sabe, el problema no es tanto la ley en si misma, sino su interpretación y en regímenes autoritarios, que concentra todo el poder, la Ley tiene la interpretación penalizadora del aparato gubernamental. Lo que se busca, más allá del discurso democrático sobre la regulación de la comunicación y el combate a la “presa corrupta” como se la llama, es un instrumento legal para callar las voces disidentes que viene desde la izquierda, pues la derecha, en lo que compete al proyecto económico, está bastante a gusto con estos gobiernos. 

Es importante anotar que, últimamente, en Ecuador se está proponiendo penalizar la expresión y comunicación en las redes sociales. Al parecer el control de los medios de comunicación tradicionales no es suficiente, pues el uso cada vez más amplio de redes sociales hace posible abrir un espacio donde la población puede, ciertamente, debatir los problemas del país, lo cual representa un peligro para la pretensión totalitaria de estos regímenes. Un ejemplo de esto son las movilizaciones en Brasil, en México, en Chile, en Colombia y en Ecuador en lo que tiene que ver con el debate sobre la explotación del parque Yasuní.   

7.   Combinado con la censura de los medios se ejecuta una política agresiva de publicidad política de los  Gobiernos, con el fin de controlar ideológicamente a la población. Sin lugar a dudas una de las preocupaciones fundamentales de varios gobiernos progresistas ha sido asegurar el control ideológico de la sociedad. Para este propósito han desplegado una estrategia sistemática de publicidad política del régimen cuidadosamente construida en laboratorios publicitarios. La ausencia de un proyecto real de transformación social es encubierta con una retórica mediática que combina tecismos económicos con ideas-signo de revolución y progreso. Es una estrategia de publicidad política con la cual se convoca al pueblo a apoyar una “revolución” inexistente, lo que supone un apoyo acrítico al gobierno y a su proyecto económico.       

No hay duda que detrás de este tipo de publicidad política existe una bien estudiada sicología de masas que busca garantizar el control ideológico de la población

7. Un discurso nacionalista-“revolucionario” que combina la estrategia fascista y  estalinista basadas en el uso de: 1. Frases, símbolos, himnos y líderes nacionales que  alimentan el sentimiento patriótico de la población. En el Ecuador, por ejemplo, se ha reactualizado himnos casi olvidados o confinados a actos castrenses para ser utilizados en todos los actos oficiales y, obviamente, en la publicidad política que bombardea de manera diaria a  la población. Se intenta crear una identificación ahistórica entre los presidentes de estos gobiernos con los generales de la Revolución de la Independencia como Bolívar y de la Revolución Liberal como Eloy Alfaro. Así también, se utiliza símbolos como los colores de la bandera que se despliegan públicamente por todo el país, como fondo de cualquier propaganda o información oficial. 2. Revueltos con  los símbolos nacionales, se manipulan signos alusivos a la revolución, como son: imágenes de luchas sociales, imágenes de dirigentes populares, canciones protesta de la época de los años 60 y 70 del siglo pasado, la imagen de Ernesto Guevara, Salvador Allende, etc. En los países andinos, también, se manipulan  signos de las culturas ancestrales y de históricos dirigentes indígenas. Queda claro que la utilización publicitaria que se hace de los símbolos de las luchas anticapitalista, así como de las culturas indígenas, provoca el vaciamiento de su contenido histórico y político-revolucionario, de lo contrario no podían ser homogenizados e identificados con la vacuidad de la simbología nacional.     

Un nacionalismo que a nombre de una revolución inexistente, digamos a nombre de la Patria, la masa de votantes y la “revolución” se vuelca en contra del pueblo (indígenas, trabajadores, campesinos, ecologistas, etc.), con una política absolutamente represiva, criminalizadora y autoritaria. Un nacionalismo que niega la plurinacionalidad existente en los países Andinos, un nacionalismo que reedita la ficción ideológica burguesa de una sociedad sin antagonismos, sin contradicciones y por lo tanto funcional para la reproducción de la economía capitalista. A nombre de este nacionalismo “progresista” y del interés general que le es inherente, se renegocian contratos con las multinacionales capitalistas del sector extractivo.      

A pesar del discurso anticorporativo, usado para deslegitimar a los movimientos sociales, y particularmente al movimiento indígena, estos gobiernos protegen el poder corporativo de los grupos de poder económico (en el caso de Ecuador grupos: La Favorita, El Juri, Nirsa, PRONACA, etc.) y sus negocios que se han fortalecido con estos gobiernos. No queda duda de que se ha establecido una muy beneficiosa relación económica-política empresas-gobierno a nombre de la Nación. La protección al poder corporativo de los grupos económicos se encuentra enlazada con un rampante amiguismo y corrupción. Al igual que los clásicos gobiernos fascistas, los gobiernos progresistas están gobernando “con  grupos de amigos y asociados que se posicionan unos y otros en los cargos gubernamentales y usan el poder gubernamental y la autoridad para proteger a sus amigos de la responsabilidad de la responsabilidad de rendir cuentas. No es infrecuente que en los regímenes fascistas los líderes gubernamentales se apropien en inclusive roben descaradamente  los recursos y tesoros nacionales.” (Lawrence; 2004) A estas alturas del proceso, no es un secreto para nadie la existencia de grupos de amigos y conocidos que conforman los gobiernos de Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina. Igual que en los regímenes fascistas no es infrecuente que los líderes-presidente gubernamentales se apropien en inclusive roben descaradamente los recursos y tesoros nacionales. (Lawrence; 2004) Son públicos los escándalos de corrupción en los que han estado involucrados los primeros mandatarios de Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Argentina. Este rasgo fascista es compartido por los populismos de América Latina, quizá por eso no nos sorprende tanto.

Junto a esta alianza disimulada en el discurso tramposo del Socialismo del Siglo XXI, los gobiernos progresistas golpean, persiguen, criminalizan a las organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos públicos, que representan peligro para el ejercicio de su poder. En el Ecuador este tipo de represión se va fortaleciendo en leyes, códigos  y reglamentos como el nuevo Código Penal, la Ley de Comunicación y el decreto 016 con el que intentan eliminar la organización política de la sociedad.    

A pesar del interés mostrado por estos gobiernos de hacer una reforma al sistema educativo superior y a pesar de que, al menos en el Ecuador, gran parte de los funcionarios del Estado empezando por el Presidente viene de la Academia, manifiestan una abierta  hostilidad a la educación superior y a la Academia que no está dentro de los parámetros de la instrumentalización y mercantilización del conocimiento que ellos impulsan. Muchos profesores, académicos e intelectuales críticos a la política gubernamental han sido censurados, deslegitimados, perseguidos e incluso arrestados bajo la acusación de terrorismo.  

“Obsesión con el crimen y el castigo, bajo los regímenes fascistas se le dan poderes casi ilimitados a las fuerzas represivas legales. La gente a menudo es obligada a hacerse la vista gorda sobre los abusos policiales e inclusive a abandonar libertades civiles en el nombre del patriotismo. Existe a menudo una fuerza policial nacional con poderes ilimitados en naciones fascistas.” (Lawrence; 2004) La reedición de este rasgo fascista por los gobierno progresistas tiene un deslizamiento, más que dar poderes casi ilimitados  los aparatos represivos del Estado, lo cual tampoco se niega, se otorga poderes ilimitados al aparato jurídico legal, como aparato represivo de la disidencia política. Se ha implementado la criminalización de la disidencia política de izquierda y su consecuente penalización judicial. Todos los abusos del aparato judicial en Ecuador (casos los 10 de Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico, la condena de Mery Zamora, Pepe Acacho, Clever Jiménez, caso Gran Hermano etc.) han sido justificados por el Régimen en nombre de la Patria y la “revolución”. Como ya se dijo anteriormente, las leyes que se van aprobando tiene una clara intención castigadora. En esta lógica de poder se combina el fascismo y el estalinismo.            

Elecciones Fraudulentas algunas veces las elecciones en las naciones fascistas son un verdadero fraude. Otras veces las elecciones son manipuladas por campañas difamatorias en contra de los candidatos opositores e inclusive el asesinato de los mismos. También usan las legislaciones para el control del número de votos, el control políticos distrital y la manipulación de los medios de comunicación. Las naciones fascistas también usan típicamente a sus tribunales de justicia para manipular y controlar las elecciones. (Lawrence; 2004) Casi todo lo citado ha sido la práctica de los últimos procesos electorales en Venezuela y Ecuador, lo único que no se ha hecho es asesinar a sus opositores y cometer fraude directo. Por lo demás, han manipulado,  han difamado, han legislado para garantizar el triunfo, han controlado los medios de comunicación, han usado métodos de conteo favorables al régimen, han usado todos los recursos del Estado para su campaña. Todos estos mecanismos aseguran, sin lugar a dudas, un triunfo electoral, que después es utilizado para profundizar y justificar un ejercicio totalitario del poder.  

La identificación entre Partido y Estado ejecutada tanto por el fascismo como por el estalinismo, es implementada y ampliada por los gobiernos de Ecuador y Venezuela que intenta una identificación entre Movimiento, Estado y Sociedad.  Este mecanismo no solo que es contrarrevolucionario, sino que permite el control ideológico y político de la población.

Disgusto por el reconocimiento de los Derechos Humanos, debido al miedo a los enemigos y a la necesidad de seguridad, el pueblo en los regímenes fascistas es persuadido que los Derechos Humanos deben ser ignorados, en algunos casos por “necesidad”. El pueblo tiende a mirar de otra forma e inclusive a aprobar la tortura, ejecuciones sumáriales, asesinatos, largas encarcelaciones de prisioneros etc. (Lawrence; 2004)

Reconociendo que muchos gobiernos de occidente, básicamente el norteamericano han usado y manipulado cínicamente el discurso de los derechos humanos para intervenir militarmente en varios países, la carta Universal de los Derechos Humanos es, en gran parte,  resultado de la lucha de los pueblos oprimidos en todo el planeta y a lo largo de su historia. La conquista de los derechos ha permitido a los pueblos resistir la embestida del capitalismo y tener un marco normativo que les ha permitido luchar contra la opresión y la explotación. Curiosamente, los llamados gobiernos progresista y específicamente el de  Ecuador atacan permanente los derechos que el pueblo reclama que se respeten. Por un lado, se han quitado y golpeado derechos de los  trabajadores, de los campesinos, de los indígenas como es el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad laboral, el derecho a la consulta previa, por citar algunos. Por otro lado, la política de criminalización de la lucha social y la disidencia política limita muchos derechos humanos como la libre asociación, la libre movilidad, la libre expresión, la libertad de pensamiento, etc. Además de la ejecución de esta política poco democrática y violatoria de derechos, en los discursos gubernamentales se la justifica en nombre de la “revolución”, del “pueblo”, del “socialismo”, mensaje que llega a ciertos sectores que comienzan a aceptar la pérdida de derechos a nombre de la Patria.            

Identificación de los enemigos o chivos expiatorios como una causa unificada, 
el pueblo es conducido a un frenesí patriótico sobre la necesidad de eliminar un peligro percibido como común en forma de enemigo, ya sean las minorías raciales, étnicas, religiosas, liberales, comunistas, socialistas, terroristas etc. (Lawrence; 2004) El gobierno de la Revolución Ciudadana comenzó configurando como enemigo de unificación de su proceso a la oligarquía, denominada, “pelucona”, pero poco tiempo después desplazo la construcción del chivo expiatorio hacia el movimiento indígena, los grupos de ecologistas, la izquierda disidente, acusándoles de “terroristas”, “infantiles”, “primitivos”, “necios”. Incluso, en muchas ocasiones se ha llamado al pueblo a defender la “revolución” en contra de los “contrarrevolucionarios” de lo que ha calificado como la “izquierda boba”. Últimamente, en el contexto del conflicto en torno a la explotación del Yasuní,  el Presidente ha enfocado la construcción del enemigo en el cantautor Jaime Guevara acusándolo de anarco, virulento, mentiroso, malcriado e insinuando que el pueblo debería golpearlo.

Recogiendo la peor herencia del Estalinismo

Más allá de los rasgos totalitarios que el estalinismo comparte con el fascismo, uno de sus peores legados es la perversa utilización del discurso y la ideología marxista-leninista como desarrollo ortodoxo del “marxismo”, que quedaba así invalidado y desprestigiado como teoría de la revolución proletaria. (Guillamón; 2008) Es justamente esta herencia la que recogen muchos de los gobiernos progresistas, los mismos que han hecho una obscena utilización del discurso de la izquierda revolucionaria y marxista de América latina. El fin de este uso discursivo es justificar su marcado autoritarismo político que nada tiene que ver con el marxismo revolucionario, ni con las apuestas de transformación social gestadas a lo largo de la historia de lucha y resistencia por los pueblos de Latinoamérica. Es pertinente comprender que la actual acumulación de capital en la Región, impulsada por los gobiernos progresistas, se caracteriza por ser  violenta y depredadora, carácter que exige un control autoritario de las poblaciones afectadas para evitar su resistencia y su reacción. En otras palabras la utilización del discurso de la izquierda busca justificar tanto la violencia depredadora de la economía capitalista extractiva cuanto la violencia de represión a las luchas de los pueblos en contra del capital. Al igual que en la época estalinista, hoy muchos intelectuales de izquierda denuncian las aberraciones del progresismo latinoamericano y su obsesión desarrollista basada en el extractivismo, que hace caso omiso de las propuestas transformadoras que viene de lo profundo del mundo agrario latinoamericano.   

El estalinismo no entendió que la liberación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores, que adquieren su conciencia en la propia experiencia histórica, sin necesidad de que unos intelectuales burgueses, desde el exterior de la clase obrera, y ajenos a ella, les enseñen la teoría marxista. (Guillamón; 2008) Estos gobiernos progresistas no entienden o no quieren entender que la liberación de los pueblos de América latina será obra de los propios pueblos con sus propias organizaciones políticas, con sus propias alternativas, con sus propios deseos nacidos en el seno de sus muchas historias de resistencia y de lucha, como es la apuesta por el Estado Plurinacional y el Sumak Kawsay. La liberación de los pueblos oprimidos no es un asunto de tecnócratas que saben las teorías del desarrollo, de la modernización, de la industrialización y el mercado, y que por ello tienen que enseñar a los pueblos a transitar por esos senderos. Menos aún de seudo-académicos que dicen saber la teoría del Sumak Kawsay, como si fuese un asunto de teorías burocráticas. Pensando mejor, creo que los gobiernos progresistas saben muy bien quienes son los sujetos de la liberación y, justamente, por eso recogen el error estalinista de la dirección burocrática del partido para impedir que los pueblos de la América latina conquisten su liberación. De esta forma  garantizan la rearticulación del capitalismo en la región, que es su real objetivo.           

Otro error histórico del estalinismo fue la explotación de los trabajadores, mediante un capitalismo de Estado, dirigido por el Partido-Estado, que militarizó el trabajo (Guillamón; 2008). Es curioso como el gobierno progresista de A. P. ha implementado la  explotación laboral, vía extensión no pagada de la jornada laboral delos funcionarios públicos a nombre del proceso revolucionario. Al parecer los jóvenes funcionarios del “nuevo” Estado no tienen horario de trabajo, pues, como están haciendo la “revolución” el tiempo extra es el trabajo gratuito que ellos entregan al “proceso”. Se entiende que el trabajador del Estado burgués administra políticamente los negocios de la burguesía en  contra la sociedad de los trabajadores, por lo tanto mientras más y mejor trabajen mejor irán los negocios capitalistas. Así como en el estalinismo el trabajo obrero iba en función de la acumulación capitalista en el Estado, hoy el trabajo de los funcionarios públicos va en función de la refundación y consolidación del Estado garante de los negocios de los grupos económicos nacionales en articulación con las transaccionales. Los procesos de acumulación de capital en América Latina ya no estaban funcionando con el débil Estado neoliberal, se necesitaba fortalecer al Estado para abrir el marco mercantil que posibilite la nueva época de acumulación. Que mejor estrategia que consolidar el Estado capitalista sobre la base de la explotación del trabajo de la joven burocracia, ya que los obreros y los campesinos continúan siendo explotados como en la época neoliberal. Lo que se necesitaba en esta “nueva” época del progresismo es un aparato estatal fuerte y eficiente que garantice la reproducción del capital en la región.  

En definitiva, los gobiernos progresistas, en distintos niveles, han recogido el patrón de dominación política del estalinismo, es decir la desviación de la Revolución de Octubre que, valga la pena aclarar, es el intento más importante del proletariado por liquidar el poder del capital e iniciar su liberación a nivel mundial, que lamentablemente se frustró. Y no  digo que estos gobiernos volvieron a cometer el error del estalinismo (aunque de hecho debe haber muchos adeptos a estos gobiernos sobre todo los que vienen de los partidos comunistas que todavía no consideran que el patrón político estalinista fue un error entre  otros que abortó la revolución de Octubre), creo que el proyecto económico que impulsan estos gobiernos requiere que asuman el error estalinista, pues las nuevas demandas de acumulación de capital por desposesión exige un patrón de poder totalitario. No nos olvidemos que fue gracias a ese patrón de poder que la Rusia agraria se convirtió en medio siglo en una potencia industrial y que fue su Estado totalitario el que hizo posible semejante desarrollo capitalista. Hoy que el capitalismo requiere para su reproducción un nuevo y más violento momento de acumulación “originaria”, basado no solo en la sobre explotación del trabajo, sino en la sobre expoliación del naturaleza y el despojo social que ella implica, se  necesita de un patrón de poder absolutamente autoritario. En otras palabras, se necesita convertir el error estalinista en una técnica de dominación, digamos asumir el modelo asiático de desarrollo capitalista. En este sentido, lo que parece que se está operando en América Latina es un experimento político que se basa en la formación de un Estado Frankenstein, un monstro político que garantice que el trabajo muerto y momificado siga viviendo (el capital) sobre la base de succionar la vida de los trabajadores y de la naturaleza.

El Estado Frankenstein es una mezcla obscena de neoliberalismo-extractivista en el ámbito económico, seudokeynesianismo en el ámbito social y fascismo-estalinismo en el ámbito político-ideológico. Un Leviatán de la era cibernética con poder político absoluto que encaje con el poder económico absoluto del mercado mundial, es lo que se está construyendo en A.L. Un Estado totalitario, legal y legítimo, capaz de dominar el devenir político e ideológico de la sociedad que asegure la acumulación de capital en momentos de alta resistencia social. La legitimidad de este Frankeinstein se quiere lograr por efecto de: a) gobiernos elegidos con la mayoría de  votación electoral, y b) por la aplicación de políticas sociales seudokeynesiano que pagan parte de la deuda social contraída en la época neoliberal. La legalidad se la consigue en base a reformas en el marco normativo constitucional y el marco jurídico legal. Así, se implanta un Estado “legítimo” y legalmente autoritario que intervenga y planifique la economía del país en atención a las demandas del capitalismo mundial, en su nueva articulación internacional.        

Además de lo anotado, con el Estado Frankenstein se intenta cerrar la utopía comunista, es decir el deseo de otro mundo posible, en la medida en que el monstruo político que se está produciendo busca eternizar al monstruo capitalista, eternizar al muerto viviente. La obscena mezcla de restos putrefactos de los distintos ensayos estatales del capitalismo, en un mismo tiempo y espacio, crea la ficción de su eternidad, que es la eternidad del capital. Así mismo, la mezcla obscena entre formas políticas de la derecha con discursos de  la izquierda falsifica una identificación perversa entre proyectos distintos. El que gobiernos supuestamente de izquierda administren la política depredadora del capital genera la falsa idea de que ya nada es posible hacer sino resignarnos a vivir el capitalismo por la eternidad. Al final lo que se intenta es clausurar la contradicción social, que en su apertura engendra la esperanza y la posibilidad de otro mundo.            

Bibliografía

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