Desde el ataque terrorista en San Lorenzo el 27 de enero pasado y, especialmente, tras el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio el 26 de marzo, la incertidumbre ha sido la norma en la sociedad ecuatoriana.
Esta incertidumbre se ha agudizado debido a una política comunicativa oficial bastante deficiente. En las últimos semanas, el gobierno ecuatoriano básicamente se ha limitado a reaccionar ante los eventos evidenciando así su incapacidad para lidiar con un problema de esta magnitud y que los ecuatorianos no habíamos experimentado por lo menos en nuestra historia reciente.
¿Cuál es la responsabilidad de Andrés Michelena, el secretario de Comunicación, en esta inoperancia comunicativa? Por un lado, las declaraciones de este funcionario tienden a responsabilizar de los eventos terroristas casi exclusivamente al expresidente, Rafael Correa, y su supuesta “permisividad” con “ciertos grupos de narcotraficantes”. Esta actitud de Michelena demuestra que el gobierno carece de un plan de acción adecuado y, en realidad, no pasa de ser una queja un tanto torpe contra un gobierno del cual, cabe recordar, tanto el presidente, Lenín Moreno, como este funcionario formaron parte.
Las declaraciones públicas de Moreno, por otro lado, han adquirido un tono altisonante o de falsa agresividad que en lugar mostrar fortaleza, sacan a la luz su debilidad y lo vuelven vulnerable ante la opinión pública. Por ejemplo, el plazo que dio a “Guacho” para que presente las pruebas de vida de los integrantes del equipo periodístico o el que dio a sus ministros para capturar a este presunto terrorista fueron inadecuados por decir lo menos. Primero, tras la aparición de unas fotografías en algunos medios de comunicación y en las redes sociales, era claro que los secuestrados habían sido ejecutados antes de las declaraciones del presidente; segundo, porque si se supone que “Guacho” está en Colombia y ese gobierno a pesar de su vasta experiencia en la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico ha sido incapaz de atraparlo hace más de medio año, dar un plazo de diez días a los ministros para la captura raya en lo ridículo.
Si con estos insólitos plazos, Moreno prácticamente obligó a renunciar o se deshizo de sus ministros de defensa y del interior, ¿por qué no hace lo mismo con su secretario de comunicación? Hay encuestas que muestran que el gobierno ha pagado caro el mal manejo de esta crisis: la popularidad del presidente ha caído por lo menos quince puntos en las últimas semanas y ahora se ubica alrededor del 45%. Tras su floja asesoría y pobre gestión en el manejo de la comunicación presidencial, Michelena es uno de los mayores responsables de este brusco descenso y el daño que ha causado al gobierno parece ser irreparable.
2. El presidente Moreno propone de una lucha sin cuartel contra el crimen internacional, esto es, el narcotráfico, sin analizar a profundidad los peligros que ello puede significar para el país teniendo en cuenta la historia colombiana o mexicana de las últimas décadas. Por sus compromisos internacionales, el Ecuador está obligado a combatir el crimen organizado internacional y debe hacerlo con contundencia, eso no se discute; pero es de ciegos negar que las políticas prohibicionistas – de índole militar y policial– en relación a las drogas han generado: la aparición de un nuevo delito, el narcotráfico, el cual no deja de crecer y expandirse por toda la geografía latinoamericana y global dejando a su paso verdaderos ríos sangre; el surgimiento de ejércitos irregulares muy poderosos con alta capacidad de chantaje a los diferentes gobiernos; un significativo deterioro de los vínculos o lazos sociales en las regiones en donde se libra la guerra contra los narcóticos; etc., etc.
La historia de Colombia es uno de los mejores ejemplos del fracaso de la llamada cruzada contra las drogas. Moreno haría bien en denunciar los costos y los daños que está guerra ha provocado en el área andina; no subordinarse, como parece hacerlo tras la firma de los nuevos convenios de cooperación en materia de seguridad, a la política estadounidense cuyo régimen prohibicionista es el verdadero causante de la emergencia y el fortalecimiento del crimen organizado internacional, entiéndase narcotráfico, al que supuestamente se pretende combatir. No podemos pensar en otra cosa más que en la imagen de aquella serpiente que se muerde la cola.
3. El gobierno ecuatoriano, en lugar de unir al país suspendiendo la “política” en aras del interés nacional, como ya lo dijimos, se dedica a atacar a su antecesor haciendo aún más evidente su falta de estrategia ante lo sucedido en Esmeraldas. Es claro que hubo falencias antes y durante el régimen anterior en relación a este tema –el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) es un buen ejemplo de ello–; pero no reconocer que los problemas más graves están sucediendo en la actualidad y que es responsabilidad del actual gobierno ofrecer soluciones creíbles, es querer tapar el sol con un dedo. La diatriba anticorreísta en este momento no sirve más allá de una excusa superficial que resta credibilidad a Moreno y su equipo. En otras palabras, estamos ante un problema transgubernamental que exige no politizar el tema y se hace necesario acercarse a todos los grupos políticos –incluido el correísmo– para pedir su activa colaboración. No es tiempo de sacar el dedo acusador haciendo gala de politiquería ni caer en la queja inútil.
4.Las negociaciones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Ecuador no tienen relación con los eventos terroristas en nuestra frontera norte; por eso, el hecho de suspenderlas de manera tan abrupta como lo hizo el presidente ecuatoriano es un error geoestratégico que puede significar la expansión de ese conflicto a nuestro territorio. Es extremadamente necesario no perder de vista que la violencia que se sufre en el norte de Esmeraldas es resultado de aquellos grupos o sectores que se oponen a los procesos de paz con las guerrillas, no de quienes los apoyan.
5.El gobierno ecuatoriano debe tener una posición firme frente a su par colombiano reclamándole la ausencia de soberanía en amplias zonas de su territorio que limitan con nuestro país –áreas sembradas, además, con extensos cultivos de coca– y recordarle de paso que la obligación de un buen vecino es cuidar su lado de la frontera; sin embargo, con argumentos baladíes y maniqueos, se busca posicionar la idea de que la violencia que estamos experimentando está relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los supuestos “negocios” que este grupo guerrillero “mantenía” con el gobierno anterior. ¿Acaso la retirada de las FARC de los territorios que ocupaba y en donde –se puede afirmar sin temor a equivocarse– ejercía plena soberanía no dejó un vacío de poder? ¿No es evidente que diferentes grupos irregulares se disputan los territorios dejados por las FARC y que hasta ahora el Estado colombiano ha sido incapaz de ocuparlos?
El gobierno ecuatoriano, en su desorientación y como reacción a los trágicos sucesos de la frontera norte, tiende a subordinarse al discurso uribista contra el proceso de paz en la hermana república caracterizado por una campaña de desinformación sobre las FARC después de su desmovilización y por una política eminentemente militar/policial que históricamente ha fracasado en lo relacionado con la droga o el narcotráfico.
6.Para terminar, Moreno nombra como ministro del interior a una persona que viene del campo de la economía y los negocios, quien ha estado alejado de los tejes y manejes en el mundo de la política y que, además, por su hoja de vida, demuestra que no tiene un conocimiento adecuado en temas de seguridad ni del funcionamiento institucional de la Policía Nacional. Si a esto le sumamos que el ministro recién nombrado reconoce que su nombramiento le tomó por sorpresa, ¿estamos ante otro signo de la falta de una estrategia clara y una cadena interminable de improvisaciones?
* Whittier College
