GOBIERNOS PROGRESISTAS, CONFLICTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ANULACIÓN DEL DEBATE DE IDEAS por Decio Machado

 <www.deciomachado.blogspot.com>

20 septiembre 2012

La actual tensión que se desarrolla en diversos países de América Latina entre gobiernos y medios de comunicación privados, así como la conformación de un aparato de comunicación pública muy potenciado por el Estado en estos países, conlleva a una reflexión sobre el estado de la libertad de expresión, el debate de ideas y la calidad de la información a la que están teniendo acceso hoy en día las y los ciudadanos de los países con gobiernos progresistas del subcontinente.

Momentos previos a la llegada de gobiernos posneoliberales en América Latina

En plena expansión del neoliberalismo (1)  por lo que se conocía como el mundo occidental, llegaría a la secretaría general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) Mijaíl Gorbachov, poniendo en marcha un proceso de reformas basado en cierta apertura al espíritu de empresa e innovación que pretendió abrir, de manera controlada, la iniciativa privada en la economía soviética. Dicho proceso, denominado Perestroika (término que en ruso significa restructuración) vino acompañado de cierta democratización de la política interna, lo que conllevó consecuencias tanto a nivel económico como social, provocando la caída del Muro de Berlín en 1989, el desmembramiento de la URSS y la dimisión del propio Gorbachov en 1991.

Este proceso marcó el fin de la denominada “Guerra Fría” y el mundo bipolar conformado tras la Segunda Guerra Mundial, generalizándose la expansión del neoliberalismo hacía países que hasta entonces se habían mantenido bajo la órbita soviética.

El pensamiento único, aunque definido conceptualmente por primera vez en El mundo como voluntad y representación (2) de Arthur Shopenhauer, volvió a la actualidad de la mano de Ignacio Ramonet cuando dicho término fue reinterpretado en un afortunado editorial del Le Monde Diplomatique ya en el marco de la globalización económica capitalista. Ramonet, definía el pensamiento único como “la traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital internacional” (3).

Entre otros muchos, el difunto periodista español Javier Ortíz profundizaría sobre el tema unos años más tarde, indicando que “aunque sus consecuencias principales se expresen en los planos económico y social, el pensamiento único no sólo tiene recetas económicas: es toda una concepción del mundo, que entroniza el individualismo más exacerbado y recela de cualquier planteamiento colectivo” (4).

El editorial del Diplo aparece tres años después de la publicación El fin de la Historia y el último hombre (5) del politólogo neoconservador Francis Fukuyama en 1992. En dicha obra, Fukuyama desarrolla su tesis: la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido, comienza un mundo basado en la política y economía neoliberal, la cual se ha impuesto a las “utopías” tras el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la antigua Unión Soviética. Para el autor, las ideologías habían dejado de ser necesarias y su lugar había sido sustituido por la economía. Este gurú del neoliberalismo político llegaba a decir que, “el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas”. Apenas seis años más tarde, este “nuevo pacifista” firmaba junto a otros neocons como Robert Kagan, Richard Perle, William Kristol o John Bolton, una carta al presidente Clinton solicitando una segunda invasión de Irak, deseos que vieron cumplidos en 2003 de la mano de George W. Bush.

En lo que respecta a América Latina, el neoliberalismo llegaría unos años antes, teniendo como país pionero al Chile de la Junta Militar del general Augusto Pinochet. Le seguiría Bolivia, con el “Decreto Supremo 21060” (6) de Paz Estensoro en 1985; después México durante el gobierno de Salinas de Gotari, la Argentina de Menen, el Perú de Fujimori, la Venezuela del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; extendiéndose por todo el subcontinente hasta llegar a Ecuador de la mano del gobierno de Sixto Durán y su vicepresidente Alberto Dahik (7).

A pesar de que América Latina era el tercer territorio regional en el que se implementaba el neoliberalismo, desde entonces, siempre fue el primer laboratorio de esta doctrina, lógica que tiene que ver con el asesoramiento económico de Milton Friedman al dictador chileno Pinochet y en general, de los Chicago Boys (8) a los distintos gobiernos de la región.

Es en la década de 1990, a la par del derrumbe del socialismo real y como consecuencia de los impactos negativos del neoliberalismo en América Latina, cuando se consolidan algunas organizaciones ya existentes y emergen nuevos actores que protagonizarán los procesos de luchas sociales en cada país, siendo referenciales entre otros el movimiento indígena andino, el neo zapatismo mexicano, los “Sem Terra” brasileños o el movimiento piquetero argentino. Estos nuevos y en ocasiones no tan nuevos movimientos sociales surgen a partir de la pérdida de centralidad del movimiento obrero “clásico”, y son quienes con mayor entereza conformarán el frente de resistencia a las políticas neoliberales implementadas en los diferentes países latinoamericanos (en especial sectores campesinos, muchos de ellos indígenas).

La mayoría de estos “nuevos” movimientos partían del principio de que la nueva sociedad a construirse no podía ser creada por nadie en particular, y debería emerger de los pueblos en su acción de lucha, generándose una nueva subjetividad, nuevas formas de pensar y planteándose nuevas formulas para la solucionar de los problemas.

De esta manera, sectores sociales oprimidos y clases medias afectadas enfrentaron al neoliberalismo propiciando a través de su acumulado de lucha, el ascenso al poder de fuerzas políticas que diseñaron programas nacionalistas como alternativa al fracaso neoliberal en el subcontinente.

Los actuales gobiernos progresistas del subcontinente son el fruto de esta resistencia social: la resistencia contra el ALCA, la crítica al Consenso de Washington, la lucha contra la voracidad de las transnacionales, el reclamo de tierra y vida digna, las aspiraciones de equidad e igualdad, así como la defensa de los servicios públicos y la naturaleza.

Un ex ministro de Educación del gobierno de Alejandro Toledo en Perú, Nicolás Linch, definiría de forma simplista y eximiéndose de responsabilidad, que la “tendencia izquierdista” en desarrollo es “una consecuencia casi mecánica de que la economía neoliberal, impuesta por los Estados Unidos”, la cual “estaba condenada a explotar y está explotando” (9).

Las gigantescas movilizaciones de Seattle en rechazo a la Cumbre de la OMC y el arribo de fuerzas políticas y líderes anti neoliberales a determinados gobiernos de América Latina marcaron la llegada de nuevos tiempos. La conformación de un movimiento internacional conformado por un amplio elenco de movimientos sociales integrados por activistas de distintas corrientes políticas en el marco de la antiglobalización y el ascenso al Palacio de Miraflores del teniente coronel Hugo Chávez, sepultaron en 1999 las tesis del pensamiento único de Fukuyama y las iluminadas teorías ideológico-futuristas de los neocons estadounidenses.

Neopensamiento único de la izquierda gubernamental vs diversidad ideológica de las izquierdas.

Partiendo de que el mismo pensamiento de Marx estuvo claramente influenciado por método dialéctico de Hegel (aplicado a la materia y no al espíritu), el materialismo ateo de Feuerbach, y las ideas económicas de Saint Simon y Proudhon; que decir de lo que podríamos definir de manera amplia, como el pensamiento político de la izquierda diversa actual.

En sí mismo, el debate sobre la “izquierda” como concepto actual es interminable, aunque podríamos partir de cierto consenso entre muy diferentes pensadores sobre que no existe una sola izquierda. Estas izquierdas son diversas y diferentes, en función de sus tácticas y estrategias para reformar el capitalismo o de superarlo como sistema social, así como respecto a sus distintos grados de radicalidad. En este sentido, citando a Adolfo Gilly, “izquierda puede ser un término equivoco. Me parece preferible usarlo en plural: no la izquierda, sino las izquierdas. Tendríamos así al menos cuatro izquierdas: una izquierda democrática, liberal, burguesa, connatural al sistema capitalista; una izquierda socialdemócrata, que quiere mejorar las condiciones sociales dentro de los marcos de ese mismo sistema; una izquierda social, que es critica del capitalismo, pero no le ve una alternativa, representada sobre todo por los movimientos sociales, y una izquierda socialista opuesta al capitalismo, que propone una nueva organización de la sociedad” (10).

Si hablamos desde el punto de vista ideológico, su diversidad no es menor. Desde las aportaciones ideológicas del marxismo en sus diferentes vertientes y escuelas (leninismo, maoísmo, trotskismo…), pasando por teorías vinculadas al  anarquismo (mutualismo, colectivismo, comunismo libertario…) hasta llegar a su transversalización por actores de nuevo perfil organizativo (ecologismo, pacifismo, feminismo, teología de la liberación, comunitarismo, altermundismo…).

En países como Argentina, Brasil, Perú, y especialmente en Bolivia y Ecuador (estos dos últimos, procesos que se definen así mismos como “revolucionarios”), se mantienen fuertes conflictos con la izquierda alternativa y los movimientos sociales. Paradigmático son en este sentido las reiteradas declaraciones del mandatario ecuatoriano Rafael Correa, definiendo como los principales enemigos de la Revolución Ciudadana a los ecologistas, la “izquierda infantil” y los indígenas adscritos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) -el movimiento social más importante del país-.

Dichas acusaciones, vienen acompañadas de un fuerte aparato de propaganda que entre otras funciones busca el descrédito de dicha oposición, cerrándose las puertas a cualquier posible diálogo y consenso entre lo que podríamos definir de forma amable como “diferencias entre las izquierdas”.

Con el apoyo de una reforzado aparato mediático de capital público no funcional a los intereses de sus respectivas sociedades, sino al de los gobiernos y partidos oficialistas, así como de una intelectualidad orgánica poco analítica y carente de sentido crítico, se lanzan graves acusaciones sobre el financiamiento de las organizaciones sociales, pretendiendo hacer entrever que están al servicio de intereses extranjeros.

Un ejemplo reciente de este hecho ha tenido lugar en Ecuador, donde tras campaña gubernamental que busca el desprestigio –entre otros- del movimiento indígena, los medios de comunicación oficialistas ocultan que el mayor receptor de fondos USAID son proyectos que tienen como contraparte instituciones del propio gobierno: Plan Ecuador (secretaria técnica dependiente del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa) receptora de fondos estadounidenses que son implementados en territorio de frontera norte con claro contenido político o el Ministerio del Ambiente, receptor también de notables partidas ayudas principalmente dedicadas a potenciar al país en el ámbito del mercado de carbono.

De esta manera, los actuales gobiernos progresistas que llegaron al poder como fruto de las luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo, distorsionan la realidad sobre las organizaciones sociales que les auspiciaron, llegando incluso a criminalizarlas enjuiciando líderes sociales, provenientes en su mayoría del movimiento indígena, con acusaciones de sabotaje y terrorismo en países donde no existen grupos que utilicen el uso sistémico del terror o acciones de guerra como estrategia para conseguir sus objetivos políticos.

El conflicto entre gobiernos y medios de comunicación, la construcción de alternativas y el debate de ideas.

Gran parte de los gobiernos progresistas existentes hoy en América Latina se enfrentan con los medios de comunicación privados, entendiendo que estos ejercen un rol protagónico en el conflicto existente entre viejas oligarquías, actuales gobiernos y nuevos sectores del capital emergentes.

Es innegable que los medios de comunicación deciden qué es noticia y qué no, la importancia de una noticia y el espacio que va a ocupar, decorándola, eligiendo la foto, ilustración o efecto de sonido que la acompaña. Deciden en definitiva, el impacto de la noticia, en muchos casos no de acuerdo a su importancia, sino desde sus intereses ideológicos, es decir, los intereses económicos e ideológicos de los grupos económicos propietarios del medio.

Citando a Prieto Castillo, “en retórica (léase comunicación) nada hay gratuito, los mensajes, sus elaboradores y sus emisores persiguen algo muy concreto. En el caso de la publicidad se trata de promocionar mercancías, de asegurar su venta; en el caso de los mensajes políticos hay que asegurarse la adhesión a tal idea o partido, en el caso más general de la ideología hay que reafirmar el apoyo a un sistema de vida, aun, y por lo tanto, cuando el mismo esté perjudicando de alguna forma a quien lo adquiere mediante una suerte de automatismo. La monopolización del sentido implica otras monopolizaciones: la de los medios de producción, la de la educación, la de los mayores beneficios sociales, la de la fuerza… En síntesis: el monopolio del poder” (11).

Desde esta perspectiva, siguiendo las tesis de Noam Chomsky, los medios de comunicación son herramientas de adoctrinamiento de las élites sobre el conjunto de la población, elemento que se demuestra en la amplia existencia de sesgos sistemáticos en los medios a favor de las clases dominantes.

El marketing, la publicidad, las industrias de las relaciones públicas y los institutos de opinión son usados sistemáticamente para reforzar los intereses de las élites empresariales, influyentes lobbies religiosos y el adoctrinamiento político, los cuales usan con frecuencia el sistema educativo y las comunicaciones electrónicas centralizadas para influir sobre la opinión pública.

En resumen, no han dejado de tener vigor las palabras del viejo Marx, cuando indicaba que: “las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante” (12).

Siendo así, el conflicto entre gobiernos reformistas -los cuales en muchos casos responden a lógicas e intereses económicos no tradicionales en sus respectivos países- y la prensa tradicional, como elementos de oposición, está asegurado. La cuestión no es baladí, en el caso del Ecuador, el presidente Correa ha calificado a los periodistas trabajadores en la prensa privada como “sicarios de tinta” (13), recordando el término acuñado en los inicios de la prensa cuando los primeros periódicos fueron definidos como “balas de papel” por los poderosos de la época, dado que ponían en sus objetivos a personas que ejercían el poder.

Por lo tanto, queda claro que el control de la fabricación y distribución de la información es el intento de control de las conciencias y por lo tanto, de las conductas.

En América Latina el ejemplo por definición se dio en 2002 en Venezuela, donde los medios de comunicación desarrollaron una estrategia para crear una atmósfera pre-golpista. En la víspera del golpe la prensa ya no desarrollaba trabajo informativo. Los periodistas y editorialistas más importantes ejercían como portavoces de la oposición política, generando un escenario donde la ética profesional se vio reducida a la inexistencia.

A pesar de ello, la mayor responsabilidad de los medios de comunicación privados no está por lo general en el marco de la información de difunden sobre los actuales gobiernos, elementos por los cuales en algunos casos han sido sancionados o atemorizados, sino en lo que no difunden: negociados de la banca y grandes grupos económicos, despojo de tierras a comuneros y pequeños propietarios, vinculaciones de los grupos de capital emergentes con altos funcionarios públicos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico en determinados sectores productivos, excesos cometidos sobre comunidades locales por parte de transnacionales extractivas, consecuencias de la ingestión de productos transgénicos o del uso de fitosanitarios en zonas rurales, etc. Es rol, tampoco pasa a ser desarrollado por los medios de comunicación públicos, preocupados estos en ensalzar las acciones gubernamentales y contrarrestar, dando relevancia a figuras públicas, vinculadas a casos de corrupción que con frecuencia aparecen en los distintos gobiernos. La propia aquiescencia de estos gobiernos progresistas con los desmanes de las transnacionales y otros asuntos referidos con anterioridad, hace de los medios de comunicación públicos, se vean obligados a corre un vergonzoso velo sobre temáticas en las cuales no se desarrolla ningún tipo de periodismo investigativo ni altavoz para vocerías que denuncian dichos casos.

Por lo tanto, este enfrentamiento entre determinados gobiernos y la prensa privada, no está significando que se den plataformas mediáticas independientes que eviten una dualidad de monopolios donde se concentra el poder absoluto sobre el control de la información. El Estado ha potenciado, definiéndolos equivocadamente como medios de comunicación alternativa, a los medios públicos, los cuales lejos de guardar autonomía, funcionan como aparatos de propaganda oficial de los distintos regímenes políticos.

La alternativa a los medios de comunicación privados dista mucho de ser instrumentos creativos al servicio de la sociedad -informando veraz y éticamente al conjunto de la población-, ni ejercen como herramientas para expandir nuevas iniciativas o exponer al poder a otra forma de crítica diferente a la realizada desde los medios de comunicación tradicionales.

Así, los medios de comunicación privados confrontan, por lo general, mediante un “mal periodismo” a los gobiernos reformistas, mientras estos, a través del poder del Estado, ponen en riesgo la continuidad de emisión o publicación de varios de ellos, intentando con amenazas atemorizar a sus periodistas y operarios. Lo que resulta de tal conflicto no es otra cosa que la puesta en peligro de la libertad de expresión. Ni los medios privados, ni los medios de comunicación oficiales llevan a la práctica la famosa cita de James Franklin (14) en el editorial de su periódico New England Courant (15)  en 1721, decía: “Por la presente, invito a todos los hombres que tengan tiempo libre, voluntad y talento a decir lo que piensan con libertad, sensatez y moderación, y sus artículos tendrán un lugar en mi periódico” (16).

En Ecuador y otros países de la región, los medios comunitarios en muchos casos están siendo cooptados a través de políticas de revisión de frecuencias y otras lógicas clientelares, habiendo un proceso acelerado de cierre de los más hostiles al oficialismo. Mientras los medios de comunicación privados se perpetúan -en tanto el cuerpo y los fondos aguanten- al servicio de los intereses de determinadas élites políticas y económicas; los medios públicos potenciados y multiplicados por los gobiernos progresistas, desarrollan un rol propagandístico que les aleja de cualquier posición crítica al ejercicio del poder. Dicha situación viene acompañada de un fuerte aparato de propaganda estatal al servicio del partido oficialista y gobierno en el poder, financiado a través del erario público, es decir, incluso a costa de la parte de la ciudadanía que cuestiona sus ideas y prácticas.

Lejos de posiciones progresistas y de la defensa de la libertad de pensamiento, la propaganda oficialista revive a los pensadores antifascistas Horkheimer y Adorno, cuando indicaban que: “la propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos” (17).

Algunos de los actuales presidentes progresistas de la región, se han convertido en una especie de Tomás de Torquemada o de Cotton Mather, amenazando y golpeando sin cesar a los medios de comunicación privados en aras a eliminar cualquier crítica de difusión masiva a sus correspondientes regímenes. En el caso del Ecuador, el presidente Correa a la par que se vanagloria de tener un mayor nivel de credibilidad que los diarios nacionales, ha roto públicamente en varias ocasiones periódicos mientras los define como “prensa corrupta”, lo que ha generado que sus seguidores en más de una ocasión se hayan manifestando quemando diarios en un ceremonial que recuerda a los “camisas pardas” la noche del 10 de mayo de 1933 en la Bebelplatz de Berlín.

Si bien es cierto, como dice el presidente Correa, que la credibilidad de los medios de comunicación va en descenso, es un hecho que dicha situación no solo sucede en el Ecuador sino en el mundo entero, igual que se disminuyen sus índices de lectura y su difusión en función de que aumenta la cobertura del internet. En este sentido es interesante leer un estudio publicado hace un par de años por la Sacred Heart University, en el cual se concluye que solo el 20% de los estadounidenses dice creer “todo o la mayor parte” de lo dicho por la prensa, una cifra que cinco años antes era 7% mayor. De igual manera, según el empresario periodístico norteamericano Alan Mutter, los periódicos que cotizan en Bolsa de Wall Street han perdido el 42% de su valor de mercado (18) en los últimos tres años (datos 2009). Algunas proyecciones que hasta pretenden ser optimistas indican que el último periódico será leído en 2043 (19).

Reflexiones finales

Si como se indicaba al principio de este texto, el neoliberalismo conllevó una reactualización -en versión libre- de las tesis de Shopenhauer. Pero también es verdad que el accionar político de los actuales gobiernos posneoliberales en América Latina han reactualizado al filósofo y sociólogo alemán Herber Marcuse, quien sin utilizar el término pensamiento único, definiría en 1965 el pensamiento unidimensional de la siguiente manera: “Por ejemplo, ‘libres’ son las instituciones que funcionan (y que se hacen funcionar) en los países del mundo libre; otros modos trascendentes de libertad son por definición el anarquismo, el comunismo o la propaganda. «Socialistas» son todas las intrusiones en empresas privadas no llevadas a cabo por la misma empresa privada (o por contratos gubernamentales), tales como el seguro de enfermedad universal y comprensivo, la protección de los recursos naturales contra una comercialización devastadora, o el establecimiento de servicios públicos que puedan perjudicar el beneficio privado. Esta lógica totalitaria del hecho cumplido tiene su contrapartida en el Este. Allí, la libertad es el modo de vida instituido por un régimen comunista, y todos los demás modos trascendentes de libertad son o capitalistas, o revisionistas, o sectarismo izquierdista. En ambos campos las ideas nooperacionales son no-conductistas y subversivas. El movimiento del pensamiento se detiene en barreras que parecen ser los límites mismos de la Razón” (20).

Así, de igual manera que en el “socialismo real”, los gobiernos progresistas latinoamericanos -en la actualidad- intentan controlar lo máximo posible la distribución de la información, a la par que descalifican todo pensamiento contestatario e insumiso desarrollado desde las izquierdas alternativas, movimentistas y sociales, siendo estos calificados como colaboracionistas con los intereses imperiales estadounidenses en la Región, así como cómplices de la oligarquía en sus respectivos países. Mismo argumento por cierto, que el utilizado en las famosas “purgas de Moscú” por el stalinismo en la década de los 30, para eliminar la disidencia política interna en la izquierda y a los que cuestionaban el culto a la personalidad construido sobre la figura  de Iósif Stalin (21).

Sin duda, el asilo concedido recientemente a Julian Assange por parte del gobierno ecuatoriano es un hecho de debe avalarse y aplaudirse, pero esta acción no debería opacar una realidad cada vez más problemática en el ámbito de la discusión de ideas, el ejercicio del libre periodismo, la libertad de expresión y la calidad de la información tanto en Ecuador como en el conjunto de la región.

A nivel mundial, en los últimos treinta años hemos asistido a un creciente interés por parte del gran capital privado al control de los medios de comunicación, lo que se ha manifestado a través de absorciones o fusiones entre grandes grupos, provocado también el interés de otras muchas empresas dedicadas a sectores diferentes o paralelos. Junto a los mercados financieros, la comunicación se convirtió en uno de los grupos más dinámicos de la economía global. Durante los ochenta y noventa el sector creció de forma importante, y a principios de siglo tan solo en Europa -ignorando el gran imperio norteamericano de la comunicación- cinco holdings mediáticos entre las que se encontraban Sogecable, Canal Plus y Mediaset, duplicaron su valor.

Las comunicaciones pasaron a ser un sector donde invertir, sobre él afluyen múltiples empresas que van desde el sector armamentístico hasta la banca, siendo claramente constatable la influencia del poder económico sobre el contenido, además de la censura que de por sí conlleva formar parte de un grupo empresarial.

La respuesta de los gobiernos progresistas latinoamericanos no se ha articulado en base a la conformación de medios independientes que racionalicen la calidad y distribución de la información, sino que se ha reproducido un formato cual “negativo fotográfico” que si bien cambia los tonos, no aporta ningún elemento nuevo a la comunicación e información. A los dos lados de la “barricada” se posicionan medios de comunicación con lógicas tan perversas los unos como los otros.

La independencia, valor esencial del periodismo y de la libertad para el debate de ideas, base de la legitimidad de su poder, desaparece ante la incuestionable libertad de empresa en el ámbito de la comunicación de masas; de igual manera que desaparece también cuando es manipulada desde el poder político y el Estado, siendo utilizada como una herramienta para el adoctrinamiento de consciencias y limitación de la información.

Recordando a Rodolfo Walsh, aquel periodista y dramaturgo revolucionario asesinado a manos de los esbirros de la dictadura militar argentina: “el periodismo es libre o es una farsa”. Lo que traducido a términos políticos casi sesenta años antes por Rosa Luxemburgo, también asesinada por expresar y luchar por sus ideas de emancipación, venía a significar que: “La libertad solamente para seguidores del gobierno, solamente para miembros de un partido – por más numeroso que fuere – no es libertad. La libertad siempre es libertad de quienes piensan distinto. No por el fanatismo de la ‘justicia’, sino porque todo lo vital, lo curativo y depurativo de la libertad política depende de este carácter, y su efecto falla cuando la ‘libertad’ se convierte en un privilegio”.