¿Cómo la impugnación para que una persona no acceda a la Corte Constitucional por su falta de probidad, al haber sido acusado de una grave violación a los derechos humanos, se convirtió en un ataque a los impugnadores, quienes ahora han sido tildados de delincuentes y defensores del terrorismo? La respuesta es simple, la Comisión Calificadora no entendió su labor en la etapa de impugnaciones.
¿Existió favoritismo de esta Comisión hacia Herrería? Nunca lo sabremos, pero su doble postulación (del presidente Lenín Moreno y la del Consejo de Participación), las revelaciones de la ex comisionada Amanda Páez, las elevadas calificaciones a alguien que no tenía ni la formación ni la producción académica de las otras candidaturas seleccionadas, una evaluación oral mucho menos rigurosa que a las otras candidaturas, nos hace sospechar que Enrique Herrería ya estaba ungido desde una alianza de la derecha con las fuerzas políticas del presidente Lenín Moreno, que sobrevive al vaivén de la agenda de los “recaderos de la oligarquía”, como tildó Jaime Roldós a los social cristianos.
Analicemos todos los escenarios que confluyeron en este escandaloso sinsentido:
La Comisión Calificadora
La elección de Herrería para la Corte Constitucional desentona en un proceso que fue sin duda uno de los más rigurosos y transparentes de los últimos 10 años. La Corte Constitucional tendrá una conformación de primer nivel, con juezas y jueces seleccionados de entre las y los juristas más importantes del país. Es ahí donde salta a la vista la enorme distancia entre las candidaturas seleccionadas e incluso la lista de suplentes y Herrería.
La lista está integrada por profesoras y profesores de larga trayectoria sin pasado partidista, personas con PhD y maestrías de universidades mundialmente reconocidas, entre ellas y ellos cuentan con cientos de libros y artículos científicos publicados, a los que poco o nada aporta Herrería. Ya fue una sorpresa que llegara a la fase final, sin embargo, no parecía posible que sobreviva a una impugnación por falta de probidad basada en el Informe de la Comisión de la Verdad. La impugnación levanta muchas dudas.
Durante la impugnación el aburrimiento de los comisionados era demasiado evidente. Bostezos, expresiones de hastío, el uso de celulares y tablets durante la audiencia marcaron la tónica de una diligencia que se realizó por pura formalidad, total la resolución sobre Herrería ya estaba hablada casa afuera, como lo denunció oportunamente Amanda Páez.
Herrería no respondió cabalmente los argumentos de las impugnaciones, en lugar de eso se dedicó a descalificar a quienes las presentaron. Trató a los impugnadores como un par de abogados imberbes que no sabían nada de historia y, sobre todo, no sabían que una lucha contra el estatus quo está perdida desde el inicio.
Sin embargo, es Herrería quien no sabe de historia o solo sabe de la historia política en donde los intereses borran la memoria. La militancia en derechos humanos no olvida una violación que ha quedado en la impunidad y sigue luchando por hacer realidad esa utopía llamada justicia. La militancia en derechos humanos se basa en la memoria y esa memoria es transmitida desde las viejas generaciones de luchadores y los nuevos estudios en los que embarcan los jóvenes militantes. El desprecio a los jóvenes conduce a los dinosaurios a morir sin ton ni son y sin la mínima posibilidad de ser recordados con honor.
Para completar, impidió que Clara Merino, presidenta del Comité de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, hable a nombre de su organización y lo haga solo a título personal. ¿Acaso la Comisión Calificadora no sabe que en el país hay organizaciones de hecho? Con esta resolución, la Comisión Calificadora restó importancia a las voces de las víctimas y desconoció a una organización que ha vendido luchando por tener verdad y justicia. La actitud de la Comisión Calificadora fue una bofetada a los cientos de familias y víctimas que aún creen en que en este país se puede alcanzar justicia.
Cualquier observador imparcial llegaría a la conclusión de que Herrería no se defendió. Es más, demostró su falta de probidad con la audiencia misma: reconoció su participación en el caso de María Banchón, trató de desviar la atención hacia la discusión populista sobre la seguridad en los ochentas, hizo acusaciones fantásticas sobre una conspiración el seno de la Comisión de la Verdad sin el conocimiento de los Comisionados que firmaron el informe y quiso desviar la atención hacia los juicios de corrupción en contra de los ex funcionarios del correato. Finalizó su intervención diciendo que había presentado una denuncia al Consejo de la Judicatura buscando la destitución de María Banchón, no le bastó con legitimar su detención y tortura, con la ejecución de sus compañeros, con los años de cárcel que cumplió por sus crímenes, quería seguir persiguiéndola 30 años después. Ese es el nuevo juez de la Corte Constitucional.
Un zorro de la política
Herrería es un zorro de la política, inició como Intendente General de Policía del Guayas y se mantuvo en ese cargo durante toda la administración de Rodrigo Borja gracias a un “acuerdo de gobernabilidad” con los social cristianos y a su cooperación con los sistemas de seguridad implementados durante el gobierno de León Febres Cordero.
Después, ya con su redil, fue electo asambleísta con el apoyo de los social cristianos y luego se transformó en asambleísta independiente para poder servir mejor a los intereses de la oligarquía guayaquileña.
Para oponerse políticamente a Rafael Correa se mimetizó como defensor de derechos humanos en una organización, de la cual salió porque era más rentable políticamente ser adherente de “Compromiso Ecuador”, la plataforma electoral de Guillermo Laso. Con la salida de Herrería, la organización en cuestión ganó mucho en independencia, credibilidad y profesionalismo.
No podríamos decir que ha sido un bailarín de la política, pero si ha sido el comodín de la derecha para incrustarse en la institucionalidad y desde ahí defender los intereses de estos grupos de élite. Su llegada a la Corte Constitucional es simplemente eso, usar la institucionalidad para bloquear cualquier demanda de derechos que vayan en contra de los intereses de las grandes oligarquías.
Pero Herrería también fue juez del Tribunal Constitucional (el antecesor de la Corte Constitucional) que fue descabezada ilegalmente por Lucio Gutiérrez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su separación del cargo en 230.000 dólares por los sueldos no recibidos, 5.000 dólares por daño moral y 60.000 dólares porque según el Estado no se lo podía reintegrar a un cargo similar al perdido, ya que el único que sería equiparable sería el de juez de la Corte Constitucional. Al final, el Estado logró reintegrarlo a su antiguo cargo. Un problema jurídico que la Contraloría General del Estado debería resolver ya que cualquier funcionario que ha sido indemnizado y vuelve a su cargo debe devolver el dinero recibido.
La farándula de los correístas
Los correístas se metieron en esta impugnación para hacer bulla, no para hacer cargamontón sobre Herrería, como interpretó Diario Expreso. Su rol estuvo lejos de ser un trabajo profesional, basado en la protección de derechos humanos y usaron la ocasión como tarima para mantener su muletilla: “la inocencia de Glass” y la persecución política contra Rafael Correa. Un discurso que cayó como anillo al dedo para el sainete de Herrería.
Las verdaderas impugnaciones sostenidas por el Comité de Víctimas, a través de Clara Merino, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), fueron opacadas por las barras correístas y esto permitió que Herrería meta en mismo costal a todos, pues resultó que todas las impugnaciones son de correístas y pobrecito el Herrería tuvo que soportar tamaña afrenta. Esta idea se manejó en los medios de comunicación con gran éxito.
¿Cómo se metieron los correístas en este embrollo? Tampoco es un misterio, pues Inredh fue la primera organización que presentó la impugnación y colgó el texto en su página web. El último día y a último momento los correístas presentaron tres impugnaciones con estructura y contenido muy similar a lo presentado por Inredh. Así tuvieron vela en este entierro y le hicieron el juego a Herrería, pues le dieron el discurso apropiado para cuestionar todas las impugnaciones.
Silencio en la Comisión de la Verdad
Frente a todo esto ¿qué dice Julio César Trujillo? Él fue parte de la Comisión de la Verdad y lo que se está cuestionando es su trabajo y el de los demás integrantes de esta Comisión. Otro de los miembros que sobreviven, Pedro Restrepo fue claro: rechaza la presencia de Herrería porque lo mira como un golpe a su lucha y las luchas de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En la impugnación realizada por Inredh se pidió que se invite a Julio César Trujillo a la audiencia. ¿La Comisión Calificadora lo invitó? Y si lo invitó ¿por qué no asistió Trujillo. Y si no se lo invitó, ¿qué temía la Comisión Calificadora con su presencia?
La nueva libertad de los medios
Los medios de comunicación recogieron la intervención de Herrería como verdad absoluta y aseguraron que el Inredh es defensor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de Raúl Reyes. ¿Los medios de comunicación debían contrastar estas declaraciones con las personas y organizaciones aludidas? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Acaso no lo hicieron porque tenían la consigna de defender a Herrería? Entonces la carga montón no fue contra Herrería sino contra los impugnadores a quienes los medios ni siquiera le dieron el derecho a dar su versión de los hechos. Pero lo más grave es que los medios le hayan seguido el juego a Herrería: reproducir acusaciones fantásticas y llevar el debate hacia la existencia o no de corrupción en el régimen de Correa, cuando lo que se discutía en la audiencia era si los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre la participación de Herrería en un caso de tortura y ejecución extrajudicial era motivo suficiente para calificarlo como falto de probidad para ejercer el cargo.
Derogada o reformada la Ley de Comunicación anterior ¿vamos a volver a la libertad que tenían los medios de decir cualquier cosa sin que nadie pueda refutarlos?
* (Tabacundo – Ecuador, 1961). Poeta, periodista y activista de derechos humanos y desmilitarización. Actualmente es coordinador general de Inredh y corresponsal de varias revistas internacionales especializada en derechos y geopolítica.
