24 Abril 2014
En el marco de la lógica desarrollista que manifiesta la disyuntiva entre lo “involutivo” y lo “evolutivo”, entre lo “no deseable” y lo “deseable”; organismos de crédito como el Banco Mundial incentivaron la minería en el Ecuador en la década de los 90, a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), que tenía como función crear el ambiente necesario para que las transnacionales operen con mayor libertad, en detrimento de la ecología del país.
El caso de Intag es una muestra de resistencia y lucha frente a las constantes arremetidas de las transnacionales mineras, cuyos primeros impactos se hicieron visibles en 1995, cuando la empresa Bischimetals, subsidiaria de japonesa Mitsubishi, contaminó el río Junín y destruyó vastas extensiones de bosques nublados. Las mismas políticas de flexibilización legal para la inversión extrajera a costa del medio ambiente, viabilizaron la operación extractiva de Bischimetals sin un estudio de impacto ambiental previo. Algo similar ocurrió una década después, con la canadiense Ascendant Cooper, que operó entre 2003 y 2008 sin consentimiento de la comunidad.
La deforestación masiva, los impactos a decenas de especies de mamíferos y aves en peligro de extinción, la contaminación de ríos con metales pesados, el aumento de la delincuencia y la reubicación de cuatro comunidades; son los males que aquejan a una población dedicada a la agricultura, ganadería, turismo ecológico, entre otras actividades donde convergen el respeto a la naturaleza y el bienestar de sus habitantes.
Después de la salida de Ascendant en 2008, la actividad minera se re-activó en 2012 a raíz de la firma de un convenio- sin consultas con gobiernos locales o comunidades- entre los gobiernos de Ecuador y Chile, para que la empresa minera pública Codelco (la más grande productora de cobre del mundo), coopere con la Empresa Nacional Minera (ENAMI) para la exploración y explotación de cobre en Intag. Sin embargo, a pesar del creciente rechazo de la población de esta comunidad al extractivismo, el Gobierno del Presidente Correa, luego de la firma del convenio con la empresa Codelco, difundió el proyecto Llurimagua[1], ubicado en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en Imbabura.
En este sentido, bajo la lógica centro/periferia, el Gobierno manifiesta dos aspectos a destacar: el primero tiene que ver con la entrega de USD 5 millones que realizó el Vicepresidente Jorge Glas a la comunidad de Intag, el pasado 16 de febrero de 2014, por concepto de regalías anticipadas para infraestructura. De esta manera, el dinero es visto como un mecanismo clientelar para que los inteños se adhieran a las políticas extractivas impulsadas por el Estado[2]. Algo similar ocurrió en 2004, cuando la canadiense Ascendant creó la Corporación para el Desarrollo de García Moreno (CODEGAM), la misma ofreció USD 16, 5 millones para proyectos de desarrollo comunitario en áreas como educación, salud, vialidad, entre otras. La única condición para la entrega de recursos era aceptar la actividad minera.
Sin embargo, la entrega de los mismos con o sin condiciones para los inteños, no deja de ser más que un problema de forma que se circunscribe al tipo de imagen que busca posicionar el Gobierno Central- en la comunidad- frente a las transnacionales que operaban en la zona. Lo contrario implicaría consultar a la población, y respetar su posición política sobre el extractivismo, tal como lo expresa la Constitución vigente[3] aupada por el Presidente Correa.
Un segundo aspecto tiene que ver con la incapacidad del Gobierno para cooptar a la comunidad de Intag al extractivismo impulsado por la ENAMI y Codelco, esto se refleja en el uso de la coerción y la violencia, factores que demuestran cómo el régimen del Presidente Correa deslegitima a los actores sociales que se muestran contrarios a la actividad minera. De esta manera, se crean voces disidentes, desde la periferia, que son perseguidas y reprimidas por un Estado que castiga las acciones y discursos que no forman parte de su centralidad económica y política.
Un ejemplo de ello es el caso del dirigente campesino, Javier Ramírez, quien fue arrestado- sin orden de prisión- a las afueras de Quito, mientras regresaba de una reunión convocada por el Ministro del Interior, José Serrano. Los cargos que le imputaron al dirigente anti-minero son: rebelión, sabotaje y terrorismo; procesos legales que se activaron por el enfrentamiento entre comuneros de Intag y funcionarios de la ENAMI, el pasado 6 abril de 2014. Cabe destacar que horas después de su detención apareció la orden de arresto. ¿Cuál fue la participación de Ramírez en el enfrentamiento del 6 de abril? En esa fecha, uno de los empleados de la ENAMI fue golpeado por una mujer del sector de Chalguayaco Alto. El motivo del conflicto fue el exceso de velocidad del trabajador de la estatal minera que estuvo a punto de atropellar a dos moradores del sector. Nadie resultó herido; no obstante, durante el enfrentamiento, el parabrisas del vehículo de la ENAMI fue roto. Ese mismo día Javier Ramírez, por órdenes médicas, guardaba reposo en su domicilio.
La misma persecución y represión política la vivió Carlos Zorrila, representante de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag, cuando operaba Ascendant Cooper. A Zorrilla se le acusó del robo de una filmadora a una extranjera en 2006, que registraba una manifestación de los inteños, al acusado no se le informó de la denuncia. De esta manera, se realizó el allanamiento del domicilio y se extendió la orden de prisión contra el activista. Solo en 2007, un año antes de que fuera expulsada la transnacional canadiense, se interpusieron más de 10 juicios penales contra dirigentes anti-mineros.
Finalmente, no puede quedar desapercibido cómo en la década de los 90 y en los primeros años del nuevo siglo, desde el Estado, se legitimaron unas formas de violencia, por ejemplo, a través del uso de las leyes para que las transnacionales operen con la mayor libertad posible para “garantizar” la inversión extranjera y perseguir a los dirigentes anti-mineros. De igual manera, ante la ausencia de un Estado fuerte, empresas mineras como Ascendant Cooper financiaron la presencia de grupos paramilitares que, según indica el informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), en 2006 incursionaron en la zona de Intag utilizando armas de fuego, bombas lacrimógenas y perros adiestrados[4]. En este ámbito el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares recibían provisiones en materiales y víveres[5].
Por ello, si en la época de la inversión extranjera el Estado entregó simbólicamente a las transnacionales su capacidad para reprimir y hacer uso de la violencia. Con la Revolución Ciudadana, el Estado recuperó su facultad innata para perseguir y reprimir a las voces disidentes constituidas desde la periferia, a través de la coerción ejercida por sus fuerzas represoras (Fuerzas Armadas y Policía Nacional). Ahora, Intag sigue en pie de lucha…
[1] Para el proyecto minero Llurimagua se van a realizar estudios de exploración que pueden durar hasta 4 años, posteriormente la ENAMI y Codelco analizarán si es factible la explotación. Sin embargo, junto con esta información, vienen ofrecimientos informales de trabajo y “desarrollo” para la comunidad.
[2] Antes, el 7 de noviembre de 2013, el Gobierno realizó un gabinete itinerante en la parroquia García Moreno, donde los funcionarios de la empresa pública Ecuador Estratégico ofrecieron un total USD 28 millones para el mismo fin.
[3] Constitución de la República del Ecuador. Capítulo IV. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Art. 57. Núm. 7. 2008.
[4] Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Grupos armados de empresas mineras y poblaciones locales, la situación de Intag – Ecuador. Documento preparado para Relatora Especial de la ONU, Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios. 26 de enero 2006. Citado en informe sobre la situación de derechos humanos y de las personas de pueblos, en el marco de las actividades mineras y petroleras en el Ecuador. pp. 24 – 25.
[5] Ibíd., p 25.
