LA COMISION ANTICORRUPCION. Por Germán Rodas Chaves

07 de Octubre 2015

1.- La ausencia de fiscalización en el país

Desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio del régimen actual, el Ecuador se ha quedado sin los espacios necesarios para la fiscalización y el control. En la Asamblea Nacional las tareas que le competen a esta función del Estado –de manera particular a la comisión de fiscalización- respecto del control público han quedado vacantes debido a una particular forma de servir al gobierno.

A tanto ha llegado la situación que aún en el supuesto de haber fiscalización y de encontrarse responsables de una política determinada que pudiera afectar los intereses del Ecuador, las normas expresas vigentes no contemplan la destitución del funcionario responsable de esas políticas y la suspensión de las medidas que hubieran provocado el acto de la fiscalización. La fiscalización en la Asamblea Nacional es pues una entelequia, una tomadura de pelo.

Se dirá que para el efecto se constituyó la cuarta función del Estado –algunos lo llaman el cuarto poder, sin darse cuenta que no hay poder si este no emana del pueblo- en cuyo contexto el Consejo de Participación Ciudadana posee –por lo menos en nombre- la obligación de fiscalizar. Frente a estos señalamientos es indispensable recordar que la mayoría de los miembros de tal institucionalidad han sido nombrados a dedo –mediante concursos organizados con un libreto que ha dado por resultado que la presencia de los amigos del régimen se encuentren en mayoría plena- garantizado la impunidad.

Otros espacios fiscalizadores y de control, como la propia Contraloría General del Estado han omitido su función central y se han quedado en el control de temas no relevantes, en momentos en que el Estado ha manejado como nunca antes en la historia del país, recursos de norme magnitud. Tal comportamiento ha sido una forma de no hacer fiscalización, particularmente a los entornos del poder.

Todo lo afirmado ha llevado a la ciudadanía y a los diversos sectores sociales a la conclusión de que en el Ecuador no hay fiscalización y que por lo tanto los tentáculos de la corrupción puedan asaltar los diversos espacios públicos, entre otros.

2.- Una Comisión Nacional Anticorrupción

Frente a todo lo señalado, es obvio suponer, como queda dicho, que la ausencia de fiscalización trae consigo conductas de corruptela. Tal circunstancia, de otra parte, debe ser perseguida por todos los medios y con la frontalidad que aquello requiere. Los sectores populares, los trabajadores, los campesinos e indígenas, las amas de casa, los gremios profesionales, entre otros, así lo han comprendido. De allí que su lucha para impedir que el Estado afecté a sus intereses –asunto expresado en la movilizaciones de todo el año 2015- no dejó de atender ese valor intangible propio de los pueblos rebeldes y de la ciudanía que enarbola sus luchas con trasparencia: la ética social y la confrontación decidida para “barrer la corrupción”.

Bajo esta perspectiva, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y de Organizaciones Sociales –que agrupa al FUT, a la Conanie, a la Une, a los trabajadores autónomos, entre otros- en su encuentro del 30 de mayo del 2015 realizado en la ciudad de Riobamba se planteó como una de sus luchas el llevar a cabo una cruzada nacional contra la corrupción. Para tal efecto instituyó la Comisión anticorrupción constituida por Julio Cesar Trujillo, Jorge Rodriguez, Isabel Robalino, Ramiro Román, María Arboleda, David Rosero, Bayron Celi, Fernando Vega, Simón Espinosa y Germán Rodas, quienes en representación de la sociedad, y amparados en la Constitución de la República, asumieron una frontal responsabilidad.

3.- La primera denuncia: la hidroeléctrica de Manduriacu.

En el curso de los últimos días con absoluta seriedad y conforme los estudios previos, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció sobre graves irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, ubicada en la zona fronteriza entre las provincias de Pichincha e Imbabura.

De la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, suceso ocurrido el 7 de octubre de este año, la Comisión Nacional Anticorrupción ha establecido varios hechos, entre otros:

1. En el año 2008 el Gobierno de la Provincia de Pichincha retomó los estudios de 11 proyectos de la Cuenca del Rio Guayllabamba, incluido el de Manduriacu. En este contexto se creó la empresa pública HIDROEQUINOCCIO, de cuyo directorio fue Presidente el Prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, entidad que a su vez contrató los servicios del Consorcio TRACTABEL-CAMINOSCA para que efectué los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Estos estudios, que fueron entregados a la Corporación Eléctrica del Ecuador, posteriormente estuvieron sometidos a cambios y ajustes que, como dice contraloría “tenían la finalidad de mitigar las deficiencias que contenía el estudio de factibilidad avanzada” y que obligó a que se firmaran tres contratos complementarios, provocando por todo ello perjuicio económico al Estado.
2. En el año 2011 fue contratada la empresa ODEBRECHT para que realizara la construcción de la Hidroeléctrica. Esta empresa retornó así al país, pese a que fue literalmente botada del Ecuador en el año 2008, toda vez que fue invitada a participar para esta contratación a propósito del crédito conferido por el Gobierno del Brasil al del Ecuador para la construcción de esta “obra emblemática” -calificada así por el régimen nacional- y habida cuenta la “necesaria” participación de empresas del país prestamista.
3. El monto inicial del Contrato fue de alrededor de 124 millones de dólares. La obra a su finalización tuvo un valor de 227 millones de dólares. Esta diferencia de costos merece una explicación al país.
4. Para que se iniciará la construcción de la Hidroeléctrica, era indispensable que se contara con la respectiva licencia ambiental. Aquello no ocurrió así, conforme lo señala uno de los informes de la Contraloría General del Estado.

En suma, todo el modelo de contratación y ejecución del “emblemático” proyecto hidroeléctrico Manduriacu, arroja serias presunciones de que no hubo un proceso regular. Corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado promover todas las indagaciones que demanda la Comisión Anticorrupción en su denuncia y es indispensable que el régimen, particularmente el Vicepresidente de la República, suspenda, en todas sus formas, las amenazas públicas a los miembros de la Comisión Anticorrupción y, por el contrario, transparente el enorme gasto que se ha desencadenado a pretexto de cambiar la matriz productiva, en el entorno de la construcción de un modelo desarrollista por el cual ha sido llevado el país y que por ello, precisamente, avanza con pasos absolutamente identificados en la construcción del “capitalismo del siglo XXl”.

Foto: La Hora

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