La Hora www.lahora.com.ec
Imbabaura
24 Mayo 2014
*Jomar Cevallos asumió la alcaldía de Cotacachi la semana anterior. Durante su gobierno tendrá que manejar uno de los temas más controversiales a nivel nacional: la explotación minera en Íntag.
El burgomaestre conversó con La Hora sobre la situación actual del lugar, los avances en la exploración y la posición de los grupos a favor y en contra de la extracción de minerales de la reserva de Junín.
Usted estuvo en Íntag hace pocos días. ¿Cuál es la situación en el lugar?
Se vive un estado de sitio, particularmente en García Moreno y, en especial, en Junín. Hay alrededor de 150 policías, 75 en la comunidad de Junín, una comunidad de 150 habitantes. Para ingresar uno debe pasar cuatro controles. Uno de ellos tiene su singularidad ,el de Chalguayacu Alto. Ahí, uno debe registrarse con una firma y con una foto. Eso ha generado temor en la población, sobre todo, por la captura de Javier Ramírez, que es el presidente de Junín, pese a que no tiene nada que ver con los incidentes de los que se le acusa. En el tema social se vive una polarización: unos a favor de la minería y otros en contra. Eso hay que reconocer, pero no podemos ponernos a favor de uno de los sectores. Todos son cotacacheños. Como autoridad estoy abierto a que si a un prominero se lo encarcela de manera injustificada, se reclamara. Soy el alcalde de los dos grupos, de toda la ciudad.
¿Cuál es el objetivo de este estado de sitio?
Esta muy claro. Es parte de un plan de atemorizar a la gente, sobre todo a sus dirigentes. Parte de la polarización es que, según los promineros, hay más gente a favor de la minería. Y, desde el punto de vista ambientalista, la mayoría no está de acuerdo con la minería.
Hay que decir que en los medios de comunicación se lee que se ha socializado, pero en realidad esas socializaciones no responden a como debe hacerse. Para que sea completa, hay que dar a conocer los pros y los contras, pero se limitan a decir que van a dar las escuelas del milenio, que van a dar hospitales, que van a generar trabajo. Eso no es una socialización. Nosotros debemos saber qué impacto va a causar eso.
En la zona siempre hemos apostado al turismo, a las pequeñas hidroeléctricas, al aprovechamiento de los bosques, a ser responsables, no solo pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Eso asumimos con responsabilidad y frontalidad.
¿Por qué se dio esa polarización?
Creo que el Gobierno recibe información de Codelco-Enami y esa información no se ajusta a la realidad. Por ello, seguimos planteando diálogos y una consulta popular. La idea es llegar a consensos de forma directa, sin intermediarios, porque Codelco tiene su plan y sus intereses y no le importa el diálogo. Eso es lo que a uno le hace cuestionarse: ¿Por qué les interesa que la gente se polarice?, ¿por qué le interesa que se genere violencia? ¿Acaso eso es un paso para poder entrar con la extracción?…
¿Cuál es la posición del nuevo Gobierno de la ciudad?
La posición es de fomentar el diálogo, de fomentar la consulta popular, de llegar a consensos, de hacer entender que los mecanismos que se están utilizando no son los adecuados. Apostamos a actividades más sustentables con la naturaleza. Lo ideal sería que se hagan esas actividades extractivistas en lugares donde no haya ríos, bosques, animales. Incluso donde no hay seres humanos. Esto, porque desde que hicieron el estudio los japoneses, se determinó que había que reubicar comunidades; si no me equivoco, eran unas cuatro. Entiendo que el Gobierno necesita recursos económicos, pero creo que se puede ver otras opciones. Una prueba de ello es que se pudo dialogar con el tema de la hidroeléctrica Mandariyacu. No hubo conflictos y se llegó a acuerdos.
Nuestra posición se basa en que se cumplan los acuerdos. No es posible que un día estemos dialogando y al otro día incursiona la Policía o al otro día le meten preso a un dirigente.
Se lo hemos dicho al vicepresidente: hay que bajar los niveles de violencia, hay que crear un clima de confianza.
¿Qué respuesta han recibido del vicepresidente?
Que vamos a seguir conversando, pero me parece que hay un cronograma en el Ministerio de Recursos No Renovables. Al otro día, o a los dos días de que conversé con el vicepresidente, entró la Policía. No se cumplió. Fui franco en decirle que ahí quedan las conversaciones, porque uno no puede prestarse para ese tipo de cosas.
Es decir que se cortaron los diálogos…
Así es. Yo ya no hablé. Nos escribimos por correo electrónico y le dije que no va más. Y ya no me respondió nada.
Las autoridades electas de la provincia y ciudades enviaron una carta al ejecutivo a principios de mes. ¿Qué respuesta recibieron?
Ninguna. Al día o a los dos días de lo que se entregó esa carta ingresaron a Íntag con la Policía.
¿Cree que esa carta aceleró el ingreso de la Enami?
Claro. Veo que no hay voluntad política para el diálogo y eso complica todo.
¿Esa carta fijó alguna posición política de las autoridades de Imbabura respecto a la minería?
De ninguna manera. Era una carta que llamaba a la paz por la violencia que se está generando y que se veía venir.
Usted hablan de la polarización, pero cuál es la realidad ¿Íntag quiere la minería o no?
Es muy difícil responder eso. Por eso planteamos la consulta popular. Está tan polarizada la cosa que en una misma familia hay personas a favor y en contra de la minería. Lo que sí está claro es que no ha habido tal socialización, como ellos plantean, no hay la socialización como la ley lo exige. En Junín están socializando un técnico con tres policías.
¿Quiénes deben ser los voceros de este proyecto?
Yo creo que no deberían ser los voceros los encargados de la Enami, porque tienen un interés. Y lo mismo del otro lado. Si le pregunta a un ambientalista sobre el tema, el va a decir: no quiero.
Por eso planteamos la consulta popular. En el caso del gerente (Santiago Yépez), creo que está asumiendo funciones que no le corresponden. Él no es el presidente de una junta parroquial. A él no le corresponde decir quién está a favor o en contra. Él debe sujetarse a su labor, a socializar, a hacer los estudios. Quienes deberían dar los argumentos somos nosotros, las autoridades, los dirigentes de Juntas Parroquiales, concejales. Lo mismo por parte de los ambientalistas.
Por ejemplo, antes de posicionarnos en los cargos, tuvimos una asamblea. Tenían conocimiento tanto el vicepresidente como el ministro de Recursos no Renovables (Pedro Merizalde). La Enami, se ha convertido en el brazo técnico de la Junta Parroquial de García Moreno, invitó a una junta paralela el mismo día y a la misma hora. El vicepresidente tuvo toda la voluntad de dejar sin efecto esa asamblea, pero ya estaba convocada.
La labor de la Enami no es estar ganando adeptos a la minería y ellos están muy claros y saben que lo que estoy diciendo es así, a tal punto que ellos tienen una persona técnica, que ellos llaman relacionadora comunitaria y lo primero que hace es identificar a las personas que tienen influencia y los contratan para que trabajen, aunque el trabajo consista en no hacer nada.
¿Además de la consulta popular, qué más propone la comunidad como alternativa?
El tema de la socialización conjunta. Nosotros no decimos que no se socialice. La idea es que ambas partes socialicen en todos los sitios que sean necesarios. En el Concejo Municipal estamos abiertos a recibir las dos visiones y que sea la población la que tome las decisiones.
Se habla de una inversión de 5 millones de dólares sin siquiera haber comprobado, según la Enami, que exista el material minero en la zona. ¿Eso no beneficia a la gente?
Claro, en la obra física. Pero es más una forma de convencer a la gente de que la minería es buena. Hablan de que no se sabe ni la cantidad ni la calidad de cobre que existe, pero quieren invertir ese dinero de regalías anticipadas. Son cosas que uno no entiende. La inversión debería llegar cuando sea real.
La otra es por qué no ver los planteamientos de la agricultura y la ganadería. El Gobierno ha hecho muy buenas carreteras en otros sitios, por qué no hacerlo en este sector.
He estado cerca del problema desde 1995 y nunca he visto tan deterioradas las carreteras en Íntag. Ahora se habla de una ausencia del Estado, pero ellos son los que han estado siete años con todas las mayorías. De las seis Juntas Parroquiales en Íntag, Alianza PAÍS tenía cinco. Esa franqueza hay que asumir y no es que estoy en contra del Gobierno, yo reconozco muchos de los aspectos buenos que han hecho.
Usted dice que eso es parte de una estrategia…
Claro. Es parte de una estrategia, de posicionar el discurso. Lo otro es estigmatizar a los extranjeros y que no pueden opinar. Nosotros también podemos decir: Santiago Yépez no es de Íntag, ¿por qué tiene que estar opinando en nuestro territorio? Hay que decir que ninguna de las personas que viven en Íntag es oriunda de ahí y si una persona vive ya 30 años en el lugar… Hay que sacar esas estigmatizaciones de que las ONGs, de que son cuatro pelagatos, de que para sentarse a conversar hay que ganar las elecciones. Hemos ganado la prefectura, en alianza con Avanza, hemos ganado cuatro alcaldías. De las ocho juntas parroquiales hemos ganado seis, en dos perdimos la presidencia, pero tenemos mayoría.
Todos los discursos, que han sido un poco para excluir del diálogo, hemos cumplido. Creo que hay que ser más respetuosos, más francos y no estar posicionando que son extranjeros y que están viviendo de las ONGs. A nosotros nos acusaron que teníamos financiamiento de alguna ONG y nunca hemos tenido un centavo…
En una entrevista con este Diario, Santiago Yépez dijo que son los extranjeros los que quieren detener el progreso, que han estado mucho tiempo, que no han hecho nada por el desarrollo de Íntag y que son contratados por ONG ¿Usted puede comprobar que los extranjeros que residen ahí no son pagados por alguna ONG?
Conozco a Carlos Zorrila, que es contra el que van, a José Cueva, a Denis Laporta, a José de Coux, los conozco desde 1995. Nosotros trabajábamos para fundaciones, pero los sueldos no son grandes. Cómo se puede pensar que con el decreto 16 que puso el Gobierno, que sacó a la USAID con sus justificativos, y con la Seteci controlando los recursos de las ONGs que vienen acá, va a ser posible que estén pagados por una ONG. Ellos son habitantes como uno, cotacacheño, que ya se han radicado, pero no para luchar contra la minería, si no para luchar en apoyo a la ganadería, a la agricultura, a las hidroeléctricas. Cuando uno trabaja para una ONG, no gana sueldos grandes. Cuando yo trabajaba ahí ganaba 428 dólares.
Yo creo que Santiago Yépez ni conoce Íntag, nunca ha tratado con Carlos Zorrilla, nunca ha ido a la casa de Denis Laporta o de José Cueva. Dicen que Polibio Pérez tiene casas de dos o tres pisos y es una casa de cualquier campesino. Viven de eso.
Es contradictorio, porque se acusa a los extranjeros de ser quienes promueven la resistencia minera. Sin embargo, a Carlos Zorrilla y a José Cueva los llevó el Estado a Canadá para que lo defiendan contra la Ascendant Copper. Entonces, cuando son necesarios, los extranjeros son buenos… Eso sucedió a principios de este año o por noviembre o diciembre del año anterior.
¿Cómo va el proceso en contra de Javier Ramírez?
Le ratificaron la prisión preventiva por 90 días. Su detención no es jurídica, él no tiene nada que ver en el tema en que se lo vincula. Se aplicó para conseguir la medida de sustitución y fue negada. Estamos conversando con el abogado para ver qué opción tenemos.
Codelco-Enami interfiere, a través de los Ministerios, para que se mantenga esta situación mientras ellos pueden hacer los estudios que deben hacer, para que se mantenga el temor entre la gente.
Es una forma de amedrentar. Hay pruebas médicas que indican que él no estaba en el sitio que se le culpa. Él estuvo con reposo médico. La misma Secretaría de Gestión Política se entrevistó con él dos días antes y estaba en reposo con su pierna inflamada.
Este es un mecanismo que Codelco y de todas las mineras. Él es un campesino simple al que se le acusó de terrorismo en primera instancia, luego aparece con la figura de sabotaje. Aquí en Íntag no existen terroristas.
También hay boleta de captura para Víctor Hugo Ramírez, que es hermano de Javier. También tengo entendido que hay boletas en blanco, listas para salir cuando sea necesario contra Polibio Pérez, José Cueva, Denis Laporta. Entiendo que si va por ahí debe estar la de Carlos Zorrilla. Son formas de atemorizar.
La lucha de Íntag en contra de la minería lleva cerca de dos décadas. ¿En alguna otra ocasión se vivió el estado de sitio?
No. Incluso con la Ascendant Copper, que contrató paramilitares, no llegó a esos extremos. Nunca hubo un estado de sitio. Ellos agredieron, si no me equivoco en el 2005, a la población, pero haber metido tantos policias, nunca.
Ahí uno entiende que la Ascendant Copper era una empresa privada, por eso era más fácil. Hoy, detrás de Codelco está el Gobierno como auspiciante, a través de Enami y se cobijan en la Ley Minera, que dicen que el interés general es el que debe primar y lo reconocemos. Pero la ley también establece el derecho a la resistencia. Para no estar en esos conflictos, lo mejor es el diálogo.
En un diálogo con los medios, usted enseñó fotografías de niños que fueron utilizados como parte de la campaña a favor de la minería ¿Qué se va a hacer al respecto?
Nosotros somos pasivos y pacientes, por lo que no se ha planteado ningún juicio. Tengo entendido que las comunidades de Íntag sí están emprendiendo uno contra Enami, porque no respetaron la paz. Recién quitaron esas fotos de la página web. Eso puede tener consecuencias terribles. Esperemos que Santiago Yépez no sea el principal responsable de eso.
¿Conoce en qué fase de la exploración está el proyecto?
Ayer vino personal de la empresa que contrataron para el estudio del impacto ambiental a conversar con los técnicos. Fueron contratados por Codelco y dijeron que ya acabaron. Es otra cosa que no entendemos: si ya acabaron, por qué sigue la Policía en el lugar.
Extraoficialmente se escucha que quieren poner un UPC, como en Sarayacu. Habrá que esperar. Para nosotros lo más importante es que se regrese al estado de derecho a Íntag. Si no se da por el diálogo, deberemos optar por otras medidas de presión nacional o internacional. Queremos evacuar este clima de intereses y de caprichos incluso, de que esto va porque va.
FRASES
“Detrás de Codelco está el Gobierno como auspiciante, a través de Enami y se cobijan en la Ley Minera”
“Si ya acabaron, por qué sigue la Policía en el lugar”.
“Incluso con la Ascendant Copper, que contrató paramilitares, no llegó a esos extremos. Nunca hubo un estado de sitio”.
“Es contradictorio, porque se acusa a los extranjeros de ser quienes promueven la resistencia minera. Sin embargo, a Carlos Zorrilla y a José Cueva los llevó el Estado a Canadá para que lo defiendan contra la Ascendant Copper”
“La idea es que ambas partes socialicen en todos los sitios que sean necesarios”.
“En la zona siempre hemos apostado al turismo, a las pequeñas hidroeléctricas, al aprovechamiento de los bosques, a ser responsables, no solo pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”
“Veo que no hay voluntad política para el diálogo y eso complica todo”
[…] Via La Hora 24/05/2014*Jomar Cevallos asumió la alcaldía de Cotacachi la semana anterior. Durante su gobierno tendrá que manejar uno de los temas más controversiales a nivel nacional: la explotación minera en Íntag.El burgomaestre conversó con La Hora sobre la situación actual del lugar, los avances en la exploración y la posición de los grupos a favor y en contra de la extracción de minerales de la reserva de Junín. Usted estuvo en Íntag hace pocos días. ¿Cuál es la situación en el lugar?Se vive un estado de sitio, particularmente en García Moreno y, en especial, en Junín. Hay alrededor de 150 policías, 75 en la comunidad de Junín, una comunidad de 150 habitantes. Para ingresar uno debe pasar cuatro controles. Uno de ellos tiene su singularidad ,el de Chalguayacu Alto. Ahí, uno debe registrarse con una firma y con una foto. Eso ha generado temor en la población, sobre todo, por la captura de Javier Ramírez, que es el presidente de Junín, pese a que no tiene nada que ver con los incidentes de los que se le acusa. En el tema social se vive una polarización: unos a favor de la minería y otros en contra. Eso hay que reconocer, pero no podemos ponernos a favor de uno de los sectores. Todos son cotacacheños. Como autoridad estoy abierto a que si a un prominero se lo encarcela de manera injustificada, se reclamara. Soy el alcalde de los dos grupos, de toda la ciudad. […]