Por: Pedro Andrango
La Reforma Democrática del Estado es uno de los objetivos del Plan del Buen Vivir. Se han impulsado ya algunas acciones para la Descentralización y Desconcentración del Estado ecuatoriano, dando cumplimiento al marco normativo vigente, por parte del gobierno de Correa y el Consejo Nacional de Competencias (CNC), instancia responsable de la aplicación. Mediante resolución N0 00001-CNC-2011, los miembros del CNC aprobaron el Plan de
Trabajo del 2011 y establecieron una hoja de ruta para la construcción participativa del Plan Nacional de Descentralización en todas las provincias.
El art. 107 de la COOTAD, acerca de los recursos, establece: “La trasferencia de las competencias irá acompañada de los talentos humanos, recursos financieros, materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales, en ningún caso, podrán ser inferiores a los que destina el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias”.
Mediante resolución 0008- CNC-2011 del 14 de julio del 2011, se transfiere la competencia de riego y drenaje a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, en los términos previstos en dicha resolución; pero para varios conocedores del tema esta transferencia siembra dudas sobre la efectividad del proceso, considerando la forma como los gobiernos de turno manejaron clientelarmente esta competencia y sin un inventario real se entregaron a los gobiernos provinciales elefantes blancos, que necesitan mantenimiento y la inversión no representa el real beneficio, pues no existen estudios que tomen en cuenta los bajos niveles de agua de riego establecidos para las comunidades, manteniéndose así el usufructo de los grandes empresarios que se beneficiaron de la mejor tierra y de altos caudales para riego.
En temas ambientales, la contraposición de leyes, que como lo anuncia el gobierno se entrega permisos ambientales, específicamente en áreas o territorios de interés prioritario del gobierno central, como minas y petróleo, donde priman intereses políticos sobre la aplicación de la misma normativa y en perjuicio de los pueblos ancestrales, en donde se genera conflicto por la tenencia de la tierra.
Se han facilitado permisos de explotación a determinadas empresas, muchas veces obviando requisitos establecidos por ley y reprimiendo a dirigentes de organizaciones que denuncian dichos atropellos, como ejemplo casos como Rio
Grande, Intag.
El modelo de desarrollo extractivista actual se contrapone al Buen Vivir, el derecho de la naturaleza y la ausencia de las consultas previas a las comunidades involucradas. Haciendo un análisis desde el ámbito de las capacidades institucionales de los GADS para asumir dicha competencia, el art 151 de la COOTAD establece el fortalecimiento institucional con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que los GADS puedan asumir dichas competencias.
Hasta la presente fecha ya se ha entregado riego, vialidad y falta por entregar fomento productivo y ambiente, pero se enfrenta una realidad: las capacidades técnicas y operativas de los GADS, que en algunos casos son limitadas o sencillamente no las tienen, la reflexión va por el hecho de cómo se manejaba o se siguen manejando las competencias desde el Estado central, ¿hubo la suficiente experticia y eficiencia para el manejo de dicha competencia o sencillamente se volverá a replicar las viejas prácticas de la burocracia, reproducida ahora a nivel local? Nos preguntamos desde la
ciudadanía, ¿existe un estudio preliminar del estado real de la competencia a descentralizar?, ¿se ha considerado el estado actual de la infraestructura existente?
En los debates recién se topa el tema de generación de tasas por conservación del recurso, esto implica a mediano plazo la generación de nuevas tasas y tributos hacia la ciudadanía, sin considerar la calidad del servicio. Si bien es cierto es saludable establecer un plan de descentralización participativo para retroalimentar la propuesta del Ejecutivo y sus prioridades al momento de descentralizar progresivamente las competencias en el corto y mediano plazo, eso no le quita la responsabilidad al Estado frente a la rectoría de las competencias a ser entregadas, con la oportuna entrega de los recursos económicos, a la par también pediríamos, desde Estado y los deberes que tienen las instituciones del Estado de rendir cuentas de sus acciones, ¿cómo avanza el proceso de desconcentración en el país?, pues seguimos hablando de un Estado cada vez más centralizado. Junto a lo que establece la Constitución, para tener una mayor participación de la ciudadanía, Correa y su gobierno mediante decretos, resoluciones ministeriales la limitan, le ponen trabas y cuando se habla de mayor participación solo se refieren a las voces de Alianza País.
La Descentralización y la desconcentración van de la mano, y para hacerla efectiva se necesita de la voluntad política para que se generen dichos cambios, porque se volvería un ejercicio meramente teórico si las condiciones concretas ni siquiera se generan desde y dentro del mismo Estado. Si hablamos de la desconcentración, el 2012 como pilotaje se propusieron desconcentrar salud, educación y el Mies, lo cual poco o casi nada se ha cumplido. La burocracia del país, al servicio del capitalismo y la burguesía, se resisten a perder su poder, pues siguen en los cargos de alto nivel, la presencia de ciertos personajes que manejaron a diestra y siniestra los ministerios.
