LA LUCHA POR LA TIERRA, UN CAMPO MINADO
Stalin Herrera*
La lucha por la tierra a principios del siglo XXI aparece como un debate anacrónico que debió resolverse en los setenta, finalmente hubo dos leyes de reforma agraria (1964 y 1973) y un Decreto Supremo 1001 (1972) que tenían como intención eliminar las relaciones “precapitalistas”, reconocer los huasipungos, distribuir la tierra y “modernizar” la agricultura. ¿Por qué volver al debate 40 años después?
En los sesenta y setenta, se produjo un contexto de presión para la distribución de la tierra compuesto fundamentalmente por: la presión interna en las haciendas y movilizaciones indígenas campesinas por la tierra; la presencia de varios sectores terratenientes que encontraban en la modernización de su producción un buen negocio para la exportación y la producción de alimentos; el sentido común de la sociedad que aspiraba una sociedad “industrial” y veía a la gran propiedad como límites de sus aspiraciones; las demandas por una reforma agraria de los movimientos de izquierda en América Latina que inspirados en la revolución cubana de 1959 presionaban por un cambio radical del modelo; y, el mismo Estado Unidos fomentó reformas agrarias en América Latina como estrategia de contención del comunismo.
Aún así, las élites terratenientes no estuvieron dispuestas a la afectación de sus tierras. Reforzaron los mecanismos de control de la propiedad local, se resguardaron en las instituciones locales (parroquias, municipios, gobernaciones, tenencias políticas, etc.), presionaron desde los espacios de representación civil (cámaras de la agricultura), usaron todo su poder para bloquear la distribución de tierra, permearon con sus representantes los espacios de formulación de las leyes y las instituciones que se crearon (el INDA, Ministerio de Agricultura, etc.) e incluso usaron sus mecanismos de control social para movilizar las lealtades de la población y movilizarlos en defensa de la hacienda.
El poder económico de los terratenientes, su control político sobre el Estado y la estructura de control de la sociedad les permitió, sin eliminar la gran propiedad, contener la presión social y aprovechar el contexto para “modernizarse”; desprenderse de las tierras improductivas, aprovechar los recursos estatales para su capitalización y diversificación productiva es así que pasaron de grandes propietarios a reforzar otras esferas de la economía en las que ya participaban como la comercialización, finanzas, importación, exportación, industria, etc.
En ausencia de un estado fuerte y autónomo, así como la falta de sectores industriales y de una “burguesía” fuerte que llevara a delante la tarea de romper con el viejo régimen; fueron las movilizaciones campesinas indígenas en alianza con el movimiento sindical las que levantaron grandes procesos de resistencia e impulsaron la lucha por la tierra, pero tampoco tuvieron la fuerza suficiente para enfrentar el poder terrateniente. En tal contexto las leyes no afectaron la gran propiedad, favorecieron la distribución vía colonización de tierras baldías o la afectación de tierras en manos del Estado; y, ahí donde las organizaciones tuvieron la fortaleza para mantener la presión por la tierra, se negoció la propiedad de hacienda. Es decir que, a pesar de la leyes y el contexto de presión, el conflicto se traslado a la disputa local o al interior de la misma hacienda, sin resolver el problema de la gran propiedad.
En 1994, durante el periodo neoliberal, a pesar de la presencia y movilización del movimiento indígena, las élites terratenientes lograron contener la presión, desplazar el problema de la tierra a políticas de “fomento y desarrollo” y se emitió la Ley de Desarrollo Agrario que eliminó las causales de expropiación; blindaron la propiedad privada y la gran propiedad, marcando una derrota de las organizaciones indígenas campesinas en la lucha por la tierra. Este hecho se convirtió en un cerco ideológico para la disputa legal y local de la tierra, del cual parecen despertar las organizaciones.
Dieciocho años después, las organizaciones indígenas vuelven al debate en un contexto más complejo. En los sesenta y en los noventa la cancha estuvo marcada por el hacendado y el neoliberalismo respectivamente, y así, la confrontación era más clara. Hoy, a partir de la llegada de Rafael Correa, con las promesas de un Revolución Agraria y las conquistas constitucionales (Soberanía Alimentaria, Buen Vivir, derechos de la naturaleza, etc.), se vuelve a poner la Reforma Agraria como centro de la transformación del agro. Sin embargo, el viejo hacendado ha mutado hacia agro-negocios, el gobierno se reviste de discursos progresistas sin cambiar las políticas que sostienen el viejo modelo y la ley respaldada por las organizaciones indígenas campesinas nace de la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), un mandato constitucional que surgió en el 2008 como apuesta de los movimientos sociales para ampliar la participación social en la organización del Estado.
Este cambio en el escenario deja poco espacio para la acción política de las organizaciones. Primero los agro-negocios no están dispuestos a perder la tierra, el incremento del precio de los alimentos y el agotamiento de los recursos productivos en el mundo, hacen de la agricultura un negocio muy rentable, de hecho la propuesta de ley de la Cámara de Agricultura define al latifundio como las propiedades por encima de 1000 ha. Segundo, aunque algunos intenten encontrar en el gobierno avances progresistas, su agenda hacia el campo es de las más conservadoras: las declaraciones del mismo presidente muestran que duda de las posibilidades de una agricultura a pequeña escala, las políticas de gobierno reafirman un modelo primario agroexportador trasladando a la economía familiar campesina a políticas de “inclusión económica” (Carrión y Herrera, 2012), los proyectos de ley presentados por miembros de la bancada de gobierno y el Ministerio de Agricultura están en plena sintonía con la propuesta de la Cámara de Agricultura (Carrión, 2012). Tercero, aunque la COPISA es un ensayo de nueva gobernanza, esta no es garantía de sostener las propuestas de las organizaciones indígenas campesinas: en un espacio de debate y participación donde las organizaciones están obligadas a “negociar” sus propuestas; enfrentan el sentido común desarrollista de la población y el gobierno; enfrentan los intereses de los agronegocios y hacendados que disponen de los recursos necesarios para ocupar las esferas de debate; y, carecen de una alianza interna que les permita contener los dos primeros. Por eso no debe sorprendernos que la ley de la COPISA tenga límites y contradicciones internas –el límite de propiedad de 500 ha. es uno de ellos.
Han pasado cinco años de la promesa de Revolución Agraria del actual gobierno y el Estado ecuatoriano sigue teniendo una gran deuda con el agro. Pensar que por sí sola la posición del gobierno frente al desarrollo rural pueda cambiar es una ingenuidad, el Estado y el gobierno no tienen la fuerza, la autonomía y la voluntad política para asumir un propuesta de soberanía alimentaria para transformar el modelo de acumulación primario agroexportador. En un contexto en el que crecen los precios de alimentos y los recursos productivos son escasos, los hacendados, los agro-negocios y la agroindustria no van a torcer su brazo, van a estar y están bien representados en la Asamblea y van a disputar la formulación de leyes.
Del lado de las organizaciones indígenas y campesinas, la recolección de las 40 mil firmas como parte de la estrategia de “iniciativa popular legislativa” que acompaña la entrega de la Ley; la Marcha por el agua, la tierra y la dignidad de los pueblos; ocupar un lugar como colegisladores y asumir el debate legislativo son muestra de capacidad organizativa, la fuerza y capital político que tienen las organizaciones. Así, considerando que la Asamblea no es el mejor escenario, nuestra esperanza es fortalecer la alianza indígena campesina para recuperar la iniciativa en la acción política popular, ocupar el debate público, cambiar la relación de fuerzas, mejorar nuestra posición y poner como prioridad los intereses del campo en el debate.
* Sociólogo graduado en la Universidad Central del Ecuador; investigador en el Instituto de Estudios Ecuatorianos.
