21 Mayo 2014
Es difícil no estar de acuerdo con Correa sobre las exageraciones que a voluntad se ha dado a la idea de plurinacionalidad en Sarayaku, yendo más allá de los derechos reconocidos para los pueblos ancestrales según las normas del Ecuador. Y al inverso, mal puede uno aceptar, sin más, el despliegue de recursos del Estado y condenas del gobierno a las razones que los Sarayacu invocan, por infundadas sean en parte, sobre su visión de autonomía indígena. Sarayacu es un emblemático espacio amazónico de un pueblo que ha sabido defenderse ante la imposición que antes hizo el Estado para la explotación petrolera sin consultarlo.
Aunque, ahora, ante un desplante o desafío hecho a la autoridad del Estado tanto por los tres condenados por la justicia ecuatoriana (el asambleista K. Jimenez y sus asesores F. Villavicencio y C. Figueroa) como por el dirigente de la comunidad, pueda entenderse que el gobierno considere que no admite el precedente de pretender que Sarayacu sea territorio con soberanía, al punto de otorgarles refugio. Pero es claro que los perseguidos por la justicia ecuatoriana también tienen razón al disponer de una decisión de protección de una instancia internacional (CIDH) que ha sido desde siempre reconocida por el Estado. Demasiadas contradicciones y acumulación de sin razones. Se requiere intermediarios para negociar una salida respetable para cada cual.
A fuerza de darle más dimensiones de la que tiene a la plurinacionalidad se acaba por devaluarla a los ojos de la mayoría y se da pretexto a que se lo cercene con precisiones innecesarias o precedentes de control e intervención del gobierno con policía, justicia y ejercito. De Sarayacu muchas lecciones se deben sacar.
Hay la idealización de estas culturas y el uso político que se les da que contribuyen a enceguecer las mentalidades y a no asumirse a sí mismos y a la condición actual, cuando partir de la realidad es indispensable para construir un camino propio de la convivencia de varios pueblos y culturas que puede ser la plurinacionalidad, ese principal derecho a vivir según su cultura y a optar por algún “buen vivir” que uno priorice. Lo cual incluye a la inevitable necesidad de modernización –no de asimilación- y de afirmación cultural. La TV, la radio y las imágenes urbanas ya no son lejanos referentes de vida de estos pueblos, al contrario ya hacen parte de la vida diaria y crean potentes polos de atracción de metas a lograr; y, al inverso, la vida de la selva o del campo se borran y no es raro que para muchos sean más bien referentes discursivos de vida ante la velocidad con que en sus vidas entra la necesidad del dinero, la escuela o la la religiosidad con parámetros no propios sino ajenos, y los modos de vida de los “otros”. Es una carrera a contrareloj para defender esas culturas y darles el tiempo a que definan su propio futuro, un “desarrollo” económico a su manera.
Las idealizaciones hechas sobre lo que serían los indígenas inciden en los que dirigen y en los que en principio les ayudan. Todos tienen un indígena ideal en la cabeza, pocos los comprenden como seres concretos con historia y, por lo mismo, susceptibles del cambio del tiempo o de pertenecer a su tiempo. Unos los ven por ejemplo ecologistas por naturaleza, otros la encarnación misma de alguna religiosidad perdida, hay inclusive otros que pomposamente les hacen seres ontológicos portadores de alguna salvación y cambio radical del mundo que, de otro modo, estos creadores de ficción no pueden concebirlo. El ser concreto no existe para ellos, cuenta su proyección de lo que quisieran. Lo que se hace o se podría hacer de nada sirve pues esperan las condiciones ideales para que se cumpla el sueño ideal, mientras tanto la asimilación y la destrucción de esas culturas avanzan. ¿Cómo entonces asumir su realidad y partir de ella para definir lo que conviene en ese siglo XXI que arrasa con ideas y condiciones diversas para integrarnos en un mundo y razones que desconocemos el sentido?
La integración política, una ventaja y un derecho, es a la vez una aceleración de asimilación y de pérdida de esas culturas. Una visión de ciudadanía uniformizadora predomina en detrimento de lo diferente y alternativo. Se borran procesos de decisión ancestrales, se cambian los modos de vida sin ser un referente para la renovación y para la reinvención cultural lo que es indispensable en este acelerado proceso de cambio que estos pueblos viven.
Los políticos de todos los colores se erigen en redentores de esas culturas pero en función de su deseo del momento. No ofrecen apoyo para que haya tiempo y espacio para crear y definir sus propios destinos en este mundo actual, no en alguno que ya no existe o peor en esos paraísos del buen salvaje, útil para buenas conciencias no para resolver la trágica asimilación de culturas tan diversas.
En Sarayacu, en la Amazonía ecuatoriana, se vuelve a pretender que en Ecuador, los pueblos y culturas ancestrales, llamadas nacionalidades, tienen un espacio que es un territorio para ejercicio de plena autoridad sobre recursos y personas. Pero esta opción no fue la que ha hecho Ecuador, y mal funcionaría para pueblos que son, unos menos de mil personas, otros pocos cientos, en medio de una país con la mayor densidad del sur del continente.
Si hay algo indispensable a hacer es consolidar el espacio ganado en las normas constitucionales para que la idea de cierta autonomía de gestión, de autoridades propias, de justicia ancestral, de construcción cultural que conjugue afirmación del pasado y renovación con la vida contemporánea tome forma y se enraíce. Es un proceso, no un milagro que se hace de un día para otro y una vez logrado esa consolidación puede haber otras circunstancias a definir. Se trata de un proceso de renovación y afirmación colectiva para las diferentes culturas y pueblos ancestrales, pues ninguno de ellos está en la dinámica de regresar a algún pasado, al contrario, falta de un proyecto propio a los tiempos actuales, viven una simple asimilación a la cultura dominante. Lo decisivo podría ser que definan una vida para los tiempos contemporáneos construida a partir de sus culturas, y puedan conservar lo que del pasado les conviene.
Sarayacu invita a todo el país a precisar lo que en la Constitución hecha en Montecristi no se lo quiso hacer, al decidir que Ecuador era plurinacional, contaban más los votos de algunos indígenas, o encarnar alguna revolución decidiendo algo que se pretende es radical, sin saber por qué ni menos precisarlo al nivel institucional. Es momento de construir dar sentidos o significados a decisiones apresuradas, tomadas más por emociones que con debate real que hubiera permitido construir sentidos y acuerdos colectivos, un camino indispensable para ahondar en la renovación y no otra vez perdernos en innecesarios conflictos. Fuera de la declaratoria de plurinacionalidad, la Constitución también dio medios prácticos para que los derechos colectivos tengan espacios privilegiados para concretarlos como son las Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas. Una opción política que es una línea intermedia entre pueblos con tierra (Amazonía) y otros que no la tienen, y define una vía diferente a la que otros países nos muestran con las “Reservas”, una autonomía que termina siendo la peor cárcel mantenida por uno mismo para una lenta asimilación y folklorización. Defender el territorio con una gestión propia debería ser otra cosa, pero conviene construirla y definirla asumiendo lo que el país es; una vía ecuatoriana a la plurinacionalidad o convivencia de varias culturas está en espera.
