LA REVOLUCIÓN CIUDADANA CONFRONTADA AL TEMA DE LA TIERRA. Por Miguel Herrera

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA CONFRONTADA AL TEMA DE LA TIERRA

Por Miguel Herrera

9 de mayo de 2012

Cuando, en la tercera semana de marzo, las organizaciones agrupadas en la Red Agraria[1] entregaron a la Asamblea las 41 000 firmas de respaldo para una Ley de Tierras, mientras que las organizaciones de la Marcha por la Vida, entre las cuales la todavía poderosa CONAIE[2], culminaron su marcha de doce días desde el sur del país hacia la capital reclamando “una ley de tierras y territorios”, lograron un resultado que cinco años de discursos sobre la “revolución agraria”[3] no habían obtenido: pusieron el tema de la tierra en la agenda política.

No está de más recordar que esta preocupación por la actual estructura de tenencia de la tierra por parte de las organizaciones representativas de campesinos e indígenas, obedece no solamente a la estructura todavía fuertemente inequitativa de la tenencia de la tierra en el Ecuador, con un índice de Gini de 0,8, sino también por una tendencia a la reconcentración de la propiedad, acelerada en los últimos años por la instalación de grandes plantaciones de palma aceitera, que en algunos territorios arrincona a la agricultura familiar campesina.

Cinco años de gobierno han hecho poco por cambiar esta situación, pese a las declaraciones de los diferentes ministros de agricultura en el sentido de una “revolución agraria”. Incluso las tierras controladas de una u otra manera por el Estado (merced a la recuperación de los activos de bancos y empresas incautados después de operaciones de ‘salvataje bancario’) han sido tratadas con mucha opacidad[4], entregadas en ciertos casos a grupos campesinos, y en un caso emblemático, a un consorcio liderado por una empresa extranjera[5].

El gobierno ha sido el primero en reconocer esta “deuda agraria”, y el nuevo Ministro de Agricultura posesionado a fines de abril tiene como misión el “distribuir tierras y mejorar la productividad”[6].

Sin embargo, el mes de marzo marca un hito en la historia agraria del país, ya que, por primera vez desde que entró en vigencia la Constitución del 2008, se presenta una iniciativa de democracia directa en el tema agrario, donde un sector de la ciudadanía respalda con sus firmas un proyecto de ley.

Este proyecto de Ley de Tierras y Territorios, logrado por la movilización ciudadana de las organizaciones campesinas ya citadas, debe mucho también al trabajo de concertación entablado por la Conferencia de Soberanía Alimentaria, la cual invirtió prácticamente dos años, desde 2010 hasta octubre de 2011 (aunque una parte del trabajo del 2010 lo hizo sin fondos), en construir el proyecto de ley a partir de los aportes recolectados en los talleres realizados en todo el país. Aunque este proceso puede ser imperfecto (nunca faltará una organización que pueda argumentar que no fue consultada porque no participó en dichos talleres) constituye en sí una innovación importante, si se toma en cuenta que la norma en el país es la de encomendar la elaboración de las leyes a unos expertos, y luego proceder a su “socialización”. El resultado de este proceso es un proyecto de ley con visos redistributivos.

Esta legitimidad social no exime al proyecto de ley de contenidos discutibles (como la distinción entre “latifundio productivo” y “latifundio improductivo”) ni tampoco de contenidos incompatibles con la Constitución actual: el proyecto de ley propone por ejemplo la creación de un nuevo ministerio de Soberanía Alimentaria al cual estaría adscrita la autoridad de tierras, o la instauración de impuestos progresivos sobre la tierra[7], donde el que tiene más tierra paga proporcionalmente más impuestos, todas estas potestades exclusivas del Ejecutivo (Art 135 de la Constitución). Sin embargo, al apropiarse de la propuesta de ley preparada por la Conferencia de Soberanía Alimentaria antes de su entrega al Ministerio de Agricultura (el cual debía teóricamente corregir y validar la propuesta de Ley antes de presentarla a la Asamblea) y empezar el proceso de levantamiento de firmas de respaldo, las organizaciones de la Red Agraria asumieron esas contradicciones, juzgando seguramente que era preferible llevar esos temas a debate nacional antes que permitir su desaparición en alguna esfera tecnocrática.

El contexto político es de todas maneras incierto: por un lado, a menos de un año de un proceso de elecciones presidenciales y legislativas, es evidente que un tema como el de la tierra pudiera suscitar divisiones en la alianza de gobierno, donde algunos sectores pudieran sentirse amenazados por una redistribución de la tierra. Por otro lado, la presentación casi simultánea, en la segunda quincena de marzo, de cuatro otros proyectos de leyes de tierras, por diferentes asambleístas, causa perplejidad: ¿hubiera habido tal entusiasmo sin la iniciativa de la Red Agraria y sin la Marcha por la Vida?

En todo caso, el tema de tierras se ha impuesto en la agenda nacional como un tema ineludible, con todas las posibilidades de convertirse en un tema de la campaña electoral naciente. El tratamiento que este tema tenga ahora en la Asamblea, donde, por tratarse de una iniciativa ciudadana, los proponentes tienen ahora derecho a participar en las discusiones de la Comisión de Soberanía Alimentaria que deberá tratar estas propuestas, estará ciertamente en la mira de los diferentes actores políticos del país….y de los sectores campesinos e indígenas que se consideran acreedores de la deuda agraria.