Telesur
14 Abril 2014
14 Abril 2014
Días atrás finalizó, en Barbados, la reunión semestral convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa para dar cuenta del papel de los medios de comunicación en la realidad que vive América Latina. La SIP, una asociación de empresarios propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias de información, condenó nuevamente a leyes que, en países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, se proponen redistribuir las licencias de los medios. ¿Cuáles son los intereses –mediáticos, económicos y políticos- que defiende la SIP? ¿Por qué se opone férreamente a regulaciones democráticas que puedan ampliar las voces en nuestros países?
La SIP, nacida en 1943 en La Habana, Cuba, bajo esquemas del “viejo panamericanismo y en tiempos de enfrentar al nazismo”, tal como recordara la periodista Stella Calloni, vió rápidamente tergiversada su finalidad con el ingreso al lobby del organismo de oficiales de los servicios de inteligencia estadounidense, como Jules Dubois y Joshua Powers. Así, en una reunión en Nueva York en 1950, con cambio de estatuto mediante, se convirtió a la SIP en un “cártel” de los dueños de las empresas periodísticas, y a partir de ese momento jugó un rol en defensa de los poderes económicos concentrados en nuestros países –llegando al punto de legitimar golpes de Estado contra gobiernos constitucionales, tal como ha sucedido durante la década del 70 en la región-.
En su última reunión en Barbados, este organismo “editorializó” contra las regulaciones estatales a los medios, poniendo especial énfasis en la situación de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, países que han implementado –o se encuentran en vías de hacerlo- nuevas legislaciones contra los monopolios mediáticos. En lo respectivo a la Argentina, la SIP instó al sector privado “a ser consecuente con los principios de libertad de expresión y libre competencia”, demostrando que la equiparación de ambos conceptos resulta razonable para estos dueños de empresas periodísticas, que rehuyen a cualquier intervención estatal en este ámbito. La conclusión parecería ser: para que haya libertad de expresión, debe haber libre competencia, lo que constituye una apología poco sutil a la concentración mediática.
Un reciente análisis del escritor venezolano Luis Britto García sirve para desmontar la manipulación mediática de los medios privados de su país, quienes acudieron a la SIP denunciando una supuesta ausencia de la libertad de expresión y una hegemonía estatal en el ámbito periodístico. Afirma Britto García que en Venezuela operan, en la actualidad, 2.896 medios, de los cuales el 65% es privado, el 31% comunitario –emisoras que han avanzado desde la llegada de Chávez al poder-, y sólo un 3% estatal. El caso de la radio es paradigmático: hay 1.598 emisoras privadas, 654 comunitarias y 80 estatales. En la TV sucede algo similar, ya que el país caribeño cuenta con 55 canales privados, 25 comunitarios y sólo 8 de propiedad estatal. Por estos datos –poco divulgados, justamente, por los medios de comunicación masivos de la región- es que Britto García afirma que “casi todos los medios privados son opositores” en su país. ¿Se puede, tras esta enumeración, hablar sin sonrojarse de una supuesta ausencia en la libertad de prensa en Venezuela, tal como se plasmó en la reunión de Barbados? ¿Cómo es posible, tras la divulgación de estas cifras, seguir intentando plasmar una “hegemonía estatal” en el ámbito comunicacional, tal como pretende la SIP respecto al caso venezolano?
Sin lugar a dudas una de las más perversas acciones de estos sectores es la generación de información especulativa, buscando esparcir generalizaciones en amplios sectores de la población, tanto a nivel local como internacional, con la finalidad de construir una matriz informativa específica que no se condice con la realidad. El papel desplegado por la SIP es, ni más ni menos, que la legitimación de la construcción de esa “realidad falseada”. ¿Cómo opera esa legitimación? A través de la cooptación empresarial, lo que permite difundir masivamente el mensaje a través de los grandes medios que esos empresarios controlan, y también mediante el férreo rechazo que el organismo hace sobre aquellos países que han enfrentado con mayor tenacidad a los monopolios mediáticos informativos en la región –justamente aquellos que aparecen en la “lista negra” del organismo-.
* Juan Manuel Karg, Licenciado en Ciencia Política UBA, Investigador del Centro Cultural de la Cooperación – Buenos Aires.
