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Una Europa agobiada por la crisis económica global, los estruendos de la guerra civil en Siria, la protesta ciudadana en Egipto contra un gobierno islamista, el atentado de Al Qaida en Bulgaria y otros aconteceres de este vasto mundo apenas si han dejado una flaca rendija al conocimiento del informe de la misión internacional de la ONU sobre los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este (www.ohchr.org, 31-1-31). Creada por la Resolución 19/17 del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presidida por la eminente jurista francesa Christian Chanet e integrada por otros tres jueces, su tarea consistió en averiguar la situación creada por los asentamientos israelíes ilegales en esos territorios.
El gobierno israelí no permitió el acceso del grupo a Cisjordania, pero a lo largo de seis meses sus miembros registraron los testimonios de palestinos habitantes de esa zona que limita con Jordania. La conclusión central de la misión: Israel comete una serie de violaciones de los derechos humanos que “se caracterizan sobre todo por la negación del derecho a la autodeterminación y la sistemática discriminación contra el pueblo palestino que se producen cada día”. El periódico israelí Ha’aretz calificó el informe de “la más dura condena de la política de Israel en Cisjordania desde 1967” (www.haaretz.com, 5-2-13). Es, de hecho, el primero de una misión de la ONU que sugiere la imposición de sanciones a Israel.
La doctora Chanet presentó las conclusiones de la misión en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Ginebra y subrayó que los asentamientos israelíes violan el artículo 49 del Convenio de la ONU relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra. Preguntada si las acciones de Israel constituyen crímenes de guerra, contestó que estaban contempladas en “el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional atinente a los crímenes de guerra. Esa es la respuesta”, remató (www.nytimes.com, 31-1-13).
El informe detalla las medidas que obedecen a “un patrón general de contravenciones” al derecho internacional y revela un aspecto poco conocido: el de los beneficios económicos que entraña la construcción de asentamientos en territorio palestino, cuyo número se estima en 200, habitados por 520.000 israelíes. Indica, por ejemplo: la compañía nacional del agua Mekorod y la agroindustria privada Mehadrin vienen perforando el territorio cisjordano para alcanzar las napas profundas de ese tesoro escaso en el país, el agua. Esto ha provocado el agotamiento de los pozos de agua palestinos, con las consecuencias humanas y agrícolas previsibles.
El informe indica que los asentamientos israelíes consumen el 80 por ciento de toda el agua extraída en esta zona y nunca sufren cortes, como ocurre con la población palestina. La Organización Mundial de la Salud estima que cada persona debe tener acceso al uso de 100 litros de agua por día. Los colonos asentados en Cisjordania –anota el informe– consumen 400 litros, los palestinos sólo 73 y los beduinos apenas 10.
La misión de la ONU reunió además información demostrativa de que las compañías privadas israelíes han alentado y aprovechado, directa o indirectamente, la construcción y el aumento del número de asentamientos. Menciona las actividades rendidoras para las empresas: suministro de equipos y materiales a los asentamientos y para la construcción del muro israelí, equipos de vigilancia e identificación incluso para los retenes militares, equipos para la demolición de casas y la destrucción de granjas, cosechas y olivares, palestinos, desde luego. La lista sigue.
La misión de la ONU detectó una variedad de operaciones bancarias y financieras destinadas a expandir y mantener los asentamientos, tales como préstamos para la construcción de viviendas y negocios, el uso de recursos naturales, en particular el agua y la tierra, con fines económicos y un hecho notorio: los mercados económicos y financieros palestinos son cautivos de Israel.
El grupo de jueces entrevistó académicos, diplomáticos, representantes de organizaciones civiles y palestinas, y demanda el cese de la instalación de más asentamientos y el retiro de los existentes. El informe se dio a conocer dos días después de que Israel no asistiera a una reunión convocada para evaluar su situación en materia de derechos humanos. Es la primera vez que un país no participa en un proceso acordado por 193 naciones de la ONU.
Ygor Palmor, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que el CDH “sistemáticamente trata a Israel de manera injusta” y defendió así la decisión de no cooperar con la misión de la ONU: “Si las cartas están marcadas, ¿se espera de nosotros que juguemos de todos modos?”. Tenía razón, pero olvidó decir que es Israel el que las marca.
