Por Gabriela Molina*
La memoria colectiva es ambivalente porque conlleva la fragilidad del olvido. En Ecuador, una vorágine de muerte va pasando día a día, va dejando atrás las historias, los por qué y las personas.
Mientras se desarrolla este trabajo, al menos tres actos criminales han impactado al país, cada vez con distancias más cortas, un suceso violento cubre a otro, con el consecuente riesgo de que se convierta en costumbre y se ignore. Tras el feriado, ya no se rinden cuentas sobre los problemas de siniestralidad, sí sobre las muertes violentas.
Entre enero y septiembre de 2021, el país registra 1.742 homicidios intencionales, media que se ubica 3,6 puntos por encima del promedio mundial y 14 puntos por debajo de la media regional. Según datos oficiales del ministerio de Gobierno, el 61%, de ellos han sido clasificados como de carácter “criminal”, es decir que el motivo fue el lucro por parte de los perpetradores.
Estos índices no contemplan el reciente asesinato del velocista olímpico Alex Quiñónez, ni del menor de 11 años que murió en un restaurante a la vista de sus padres, así como tampoco los siete “suicidios”, en la penitenciaría del Litoral.
El gobierno ha declarado que en las calles de Ecuador “el único enemigo” causante de la ola de criminalidad es el narcotráfico, y como ya expusimos en el especial anterior, este discurso en el trasfondo deslinda la responsabilidad del Estado en problemas estructurales que están en la génesis del fenómeno, incluso como un gestor de violencia, a través del abandono de sectores vulnerables, de la reducción de su rol en la protección social y de la falta de políticas públicas que apunten a soluciones integrales y estructurales.
Aclarado este punto, es innegable la presencia del crimen organizado en el país. ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde llega? ¿Estamos ya, ante lo que se ha denominado como “mexicanización del Ecuador”?
Ecuador en la red global del crimen
Cuando un conjunto de hechos delictivos sobrepasa lo que una sociedad puede tolerar, este fenómeno tiende mediáticamente a asemejarse a realidades de otros países como las de Colombia o México, explica Fernando Carrión, investigador y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
En el 2010, Ernesto Samper escribía sobre “La colombianización de México” y hacía sus advertencias: “la dialéctica de la plata o el plomo que a través de la corrupción o de la intimidación utilizan los carteles para comprar o conseguir protección jurídica y política frente a sus crímenes, termina produciendo un efecto anestesiante en la opinión nacional que no se da cuenta de que, de esta forma, las organizaciones criminales van destruyendo progresivamente las instituciones que deberían derrotarlos”.
Por su parte, Carrión cree que nominar como “mexicanización” a la situación de violencia que atraviesa Ecuador “no ayuda”, porque la proximidad entre México y Estados Unidos pone al país centroamericano ante otras circunstancias, que también conllevan la aplicación de medidas distintas. Aún así, el autor del artículo “La Cartelización en América Latina”, no niega la parte de verdad que existe en esa premisa, y es el nexo con la dinámica del negocio del narcotráfico y el proceso de exportación que realizan los carteles mexicanos, y que se ejecuta a través del corredor del Pacífico del cual forma parte Ecuador.
El país, con una posición geográfica privilegiada, puertos marítimos y otra serie de condiciones como, por ejemplo, la vigencia de la dolarización, se ha convertido en un territorio óptimo para las actividades de expansión del crimen organizado.
En contraste con Carrión, el penalista y analista político Ramiro Aguilar es enfático cuando asegura que “Ecuador es un narco estado que está mexicanizándose” y analiza cinco elementos característicos de este tipo de jurisdicciones que este país andino cumpliría.
- La transformación de una economía ciudadana en una economía informal, cuya fuente de alimentación del dinero en efectivo es el narcotráfico y sus negocios satelitales, es un primer elemento para el experto. Esta dinámica abarca desde la economía del ciudadano común, el de sectores empobrecidos, hasta la economía financiera de empresas inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, joyas y demás.
- El siguiente factor que detalla el jurista es la penetración de esta economía informal del narcotráfico en la institucionalidad del Estado, corrompiendo organismos de justicia, Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, sistema penitenciario.
- La cadena se amplifica cuando luego de permeadas las fuerzas de seguridad como la Policía y las Fuerzas Armadas, estas se convierten en organismos que brindan seguridad a los grupos narcotraficantes, lo mismo que ocurrió en México, durante la presidencia de Felipe Calderón, recuerda.
- El cuarto eslabón es la negación, tanto porque se lo expone como “un elemento exógeno a la realidad ecuatoriana”, como porque su poder alcanzó a permear la estructura política, llegando a financiar campañas electorales en las zonas influyentes, porque a las organizaciones “les interesa mantener cierta relación con el poder político”, detalla Aguilar.
- La impunidad y la violencia constituyen el quinto elemento de un “narco estado”, dentro del esquema que el especialista describe como un sistema dinámico, cuyo centro es “la actividad del narcotráfico”.
Fernando Carrión no hace referencia a una “mexicanización”, pero sí a una “red global del crimen”, caracterizada por una “presencia multiforme” en todos los países, y que cumple una de las condiciones arriba explicadas por Aguilar: ha permeado en las instituciones del Estado como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sistema judicial.
La red global del crimen es un concepto que ha superado por mucho al que le dio al crimen organizado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Territorial, en el año 2000, en Palermo. Antes se concebía como la suma de tres o más personas que se asocian temporalmente para delinquir, hoy, el crimen organizado actúa como “la integración de cárteles, mafias o bandas criminales en un sistema de nodos y redes que se expresa como una red global” (Carrión 2015, 6).
El histórico juicio en Nueva York del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, en 2019, confirmaría la presencia de las organizaciones mexicanas en nuestro territorio. Para el investigador de la Flacso, sus declaraciones de que operaba en Ecuador a través de empresas vinculadas a la pesca, aerolíneas de avionetas y otras “empresas privadas legalmente reconocidas” lo demuestran. Opina que la intervención en el mercado es relevante ya que “el cartel de Sinaloa tiene presencia en 3.700 empresas a nivel mundial, que son legales y es donde lava los recursos económicos y les hace cumplir funciones específicas”.
Pero estas organizaciones delictivas también actúan en la sociedad civil, según el análisis del catedrático. “En el caso de Guayaquil se ha descubierto que hay algunos programas de vivienda, todavía aislados… que entrega gratuitamente a determinadas personas”, siguiendo la línea de lo que hacía Pablo Escobar. También detalla que luego del terremoto de abril de 2016, que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, “los pescadores que salían a hacer pesca, salen ahora a dejar droga en altamar”.
¿Y en la política? “Es clara la presencia no solo de recursos económicos que se utilizan en campañas electorales, que tienen fines de lavado, por un lado, y de influencias en los resultados, por otro”, sino que además, “si en Colombia se ha detectado que el 14% de los municipios, alrededor de 140, estarían vinculados a estos grupos, extrapolamos a Ecuador el 7% o 10% , y aquí podríamos pensar en 15 o 18 municipios que estarían en esa lógica”, concluye.
Entre enero y septiembre de 2021, el país registra 1.742 homicidios intencionales, media que se ubica 3,6 puntos por encima del promedio mundial y 14 puntos por debajo de la media regional. Según datos oficiales del ministerio de Gobierno, el 61%, de ellos han sido clasificados como de carácter “criminal”, es decir que el motivo fue el lucro por parte de los perpetradores.
Todos los caminos conducen a Roma…
Si fuera cierto, como dice la popular frase, que todos los caminos conducen a Roma, ya sea a través de la red global del crimen que describe Carrión o del narco estado que avanza hacia la mexicanización explicada por Aguilar, Ecuador estaría inscrito en un circuito internacional.
La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, describe también los síntomas sociales de la expansión de estas organizaciones en un país:
“Cuando la delincuencia organizada echa raíces puede desestabilizar a países y regiones enteras… Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia… Las pandillas violentas también pueden convertir los cascos urbanos en zonas peligrosas y poner en peligro la vida de los ciudadanos”.
Dicen que todo parecido con la realidad es pura coincidencia, pero en el caso de nuestro país, va más allá de una suma de hechos inconexos, como admitió la propia autoridad.
Los desafíos que el gobierno enfrenta en la actualidad están “relacionados con la presencia de grupos de delincuencia organizada en determinados territorios de la geografía nacional”, especialmente en aquellos donde existe, “pobreza, inequidad, débil institucionalidad del Estado, incremento de violencia”, reconoció hace pocas semanas la ministra de gobierno, Alexandra Vela. Lo hizo durante su comparecencia a la Asamblea Nacional, para explicar la situación de las cárceles, luego de la masacre del 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 119 privados de libertad asesinados y 79 heridos.
Allí expuso la genealogía de los líderes y las vinculaciones entre grupos de delincuencia organizada nacional con organizaciones transnacionales y su nexo con la disputa dentro de las cárceles del país.
Genealogía del delito
El funcionamiento de los centros de privación de libertad como centros de mando y operación de acciones delictivas por parte del crimen organizado, es algo que históricamente ha sucedido, según la ministra Vela. Sin embargo, es desde 2010, cuando el protagonismo de la banda delincuencial “Los choneros” empieza a remontar, logrando un protagonismo y dominio en las cárceles, en 2019. Así se explica desde la versión oficial, la operación en los centros de privación de libertad.
Telmo Castro, alias “El capi”, estaba a cargo del envío de grandes cantidades de droga hacia Centro y Norteamérica, usaba “avionetas de propiedad del cártel de Sinaloa”, y fue detenido en 2013, en la vía Lago Agrio-Quito, con 500 kilos de cocaína, dijo Vela. Murió en 2019 en la penitenciaría de Guayaquil.
Edison Prado, alias “Gerald”, tomó el control de la ruta del narcotráfico y se convirtió en el “responsable de coordinar directamente” con ese cártel mexicano, expuso la ministra. Fue detenido por tráfico ilegal de personas, tráfico ilícito de drogas y asesinato. “Mantenía relaciones con “Los choneros” para controlar el paso de drogas por las costas de Manabí y Guayas y otorgaba seguridad para los cargamentos de droga que provenían de Tumaco”, en Colombia. Murió en el mismo centro de detención, contó la funcionaria.
Le siguió Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. En 2013 se fugó de la cárcel regional de Guayaquil “La Roca” con alias Fito, quien actualmente está detenido. Brindaba apoyo logístico al cartel de Sinaloa “para seguridad, transporte y envío de droga a países de Centroamérica”, usando lanchas rápidas, desde Manabí. Fue asesinado en 2020, luego de salir en libertad por un polémico fallo judicial, relató Vela.
También se refirió Humberto Poveda, alias “el cubano”, quien, al igual que otros líderes fue asesinado en 2019, en un episodio violento en el que su cuerpo fue incinerado y decapitado.
De todos estos personajes, afirmó que fueron líderes vinculados al tráfico de drogas y “mantuvieron sus operaciones criminales desde dentro del centros de privación de libertad”, por lo que con su desaparición se produjo “una secuencia de asesinatos dentro de los centros penitenciarios”, por captar el poder.
Plan Colombia, el punto de partida
Si bien hacia finales de los 80, Ecuador ya tenía dos funciones en el circuito internacional de las drogas, el rol protagónico lo efectuaban dos grandes productores mundiales como Colombia y Perú. Nuestro país, en cambio, se articulaba como zona de tránsito y proveedor de precursores químicos (Páez 1991, 158).
Al evocar los inicios del fenómeno de expansión del crimen organizado en Ecuador o al menos su explosión, los expertos confluyen en un mismo punto de partida: El Plan Colombia, acuerdo suscrito en 1999 entre Estados Unidos y el vecino país del norte, enmarcado en la lucha antidrogas del primero.
“La política diseñada por los gobiernos norteamericanos para combatir el narcotráfico prioriza la extinción de los cultivos, es decir, presentar la batalla en los países fuente”. (Bonilla 1991)
Sobre la base de este principio que no perdió vigencia, el Plan Colombia que incluía 10 estrategias para combatir el narcotráfico y propiciar la paz, en ese territorio exclusivamente, terminó afectando al Ecuador (Arandi 2004,55).
“Esto hace que las zonas de producción de cocaína tiendan a desplazarse a las fronteras”, tanto a Ecuador como a Venezuela, generando lo que Carrión denomina como “el efecto globo”, un desplazamiento de ciertas funciones de la nación productora a otros países, con lo que el nuestro “empieza también a ser un productor”.
En 2008, la disminución del consumo de alcaloides en Estados Unidos, gracias a una política del entonces presidente Barak Obama, hizo que la distribución de esas drogas se modifique y empieza a haber “una globalización del consumo de la cocaína”, en Ecuador, Argentina, Brasil, diversificándose así los roles de nuestro país en el negocio, señala Carrión.
Aguilar coincide con él, en cuanto a que el desplazamiento de los grupos ilegales a las zonas pobres de la frontera, hicieron que la economía que primara fuera la del narcotráfico. Añade que, con la desarticulación de los carteles colombianos, son los mexicanos “quienes se apoderan del negocio” y encuentran en Ecuador las puertas adecuadas para sacar la droga por el Pacífico. La desinstitucionalidad, la debilidad en la Policía, pobreza y ausencia del Estado hicieron que esta nación sea fácilmente permeable, comenta el penalista.
Cárceles: pobreza y violencia
Gráfico 19 tomado de “Diagnóstico del sistema penitenciario en Ecuador”. Kaleidos-UDLA. 2021.
Cuando Aguilar menciona la expansión del modelo mexicano y la economía política del narcotráfico en el Ecuador, pone como ejemplo lo que, con mucha cautela señala, está sucediendo en una ciudad “que se volvió centro urbano” de esta actividad delictiva”.
“Aquí hay un bum narcótico”, sentencia, pero además hace una dura aseveración: “las bandas criminales ecuatorianas son sencillamente carne de cañón de los carteles mexicanos” y explica que en la economía del narcotráfico “sigue poniendo, la gente más pobre, los muertos y la violencia”. Así entiende el analista a los enfrentamientos entre bandas delictivas al interior de las cárceles y fuera de ellas, donde actúan como “soldados” de los carteles mexicanos defendiendo territorios.
“Aquí hay gente que está viviendo de la cuestión inmobiliaria, financiera, pero quienes siguen poniendo los muertos son los más vulnerables, los más pobres, los que necesitan un escape rápido a su pobreza y a su modo de vida que es complejo y viene del tema de las pandillas y de servir de brazo armado del cartel”, recalca.
Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, ratifica que alrededor de este fenómeno existe “un contexto de desigualdad socioeconómica”.
Chiriboga se refiere a los estallidos de violencia que han ocurrido en las cárceles del país, “hay una criminalización de la pobreza”. Dice que la mayor cantidad de gente está detenida por delitos relacionados con drogas, “y no son quienes manejan los carteles, sino mulas y microtraficantes, que no afectan al sistema del narcotráfico, “son los peones de este mercado”, concuerda con Aguilar. “La gente que esta ahí es por ser pobres”, sostiene.
Un reciente informe sobre el “Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador”, presentado por el Centro de Etnografía Interdisciplinario Kaleidos, conjuntamente con la Universidad de las Américas, UDLA; establece que, entre la población carcelaria, unos 10928 internos están detenidos por delitos relacionados con drogas. Esta es la facción mayoritaria con el 28.1%, seguida por los delitos contra la propiedad con el 26.1%.
En cuanto a la población penitenciaria femenina, también predominan con el 54,8% (1409) los delitos relacionados con droga, y entre los hombres ocupa el segundo lugar con el 26.2% (9519).
Gráfico 8 tomado de “Diagnóstico de la Situación Penitenciaria del Ecuador”. Kaleidos-UDLA. 2021.
En Ecuador, se han decomisado en 2021, 132 toneladas de droga: 118,5 estaban destinadas al tráfico internacional y 13,59 al mercado interno, todo esto valorado en 241 millones de dólares, el incremento depende del destino. Si va a Estados Unidos, el kilo de clorhidrato de cocaína podría alcanzar los 28.000 dólares, si es a Europa podría ser de 40.000 dólares, según los datos del ministerio de Gobierno.
El retorno
La sensación de que los ecuatorianos estamos acorralados ante la inminente expansión del narcotráfico y todo su catálogo de delitos conexos, podría erróneamente extenderse en la sociedad para inmovilizarlos, para infundir el terror y el miedo, que fortalecen y engrandecen el poderío de las organizaciones del crimen. De eso se alimentan, esa es su estrategia. No solamente amasar millonarias fortunas que extienden sus dominios en un circuito global del delito, sino paralizar y neutralizar a los Estados y sus ciudadanos.
Este breve análisis, ha puesto marcadores de alerta sobre como está actuando el crimen transnacional, más allá de si usted lector o lectora, coincide o no con una mexicanización o red global del crimen, un narco estado, un estado fallido o un estado víctima.
Lo que es claro es que la institucionalidad del Estado ecuatoriano ha fallado, se ha debilitado, y adoptar políticas “reduccionistas” como los estados de excepción, solo podrán tener un efecto de cierta “legitimidad” a corto plazo, que no solucionarán los problemas de fondo. Es necesario, asegura el cientista social e investigador Fernando Carrión, que se abandone la “lógica del Estado mínimo”, y que se reinstitucionalice, a través de organismos que diseñan políticas públicas integrales para afrontar el flagelo del crimen transnacional.
Hay tres elementos, según Carrión que, aún en la perspectiva más austera del Estado, no se pueden abandonar: educación, salud y seguridad, a riesgo de que, al hacerlo, todos los recursos que se evitan en burocracia, se pierdan en violencia. Por ejemplo, “si tuviéramos cárceles que rehabiliten, no tendríamos personas que cometan 15, 16, 20 veces el mismo delito”, lo cual resulta más costoso a la Policía, las cárceles van a tener que volver a intervenir el mismo número de ocasiones, reflexiona.
El experto penalista Ramiro Aguilar pone la mira en aquello que el gobierno no ha visto y enumera tres aspectos de absoluta esencialidad para una lucha efectiva contra los carteles de la droga:
-El primero es “depurar” a los organismos de seguridad, como la Policía y las Fuerzas Armadas, “cueste lo que cueste”, ante su inminente porosidad.
-El segundo es establecer una política soberana de lucha antidrogas, manteniendo acuerdos de cooperación y formación con las agencias norteamericanas y europeas, pero estableciendo “cuadros nacionales con políticas antidrogas nacionales”, pues cada país tiene un objetivo geopolítico y económico distinto.
-Y el tercero es “mejorar la economía del país”, a través de políticas públicas de empleo, educación, salud pública, deportes. En la medida que Ecuador sea un país “pauperrizado”, con “una realidad económica tan brutal” será imposible salir del problema porque el narcotráfico inyectará sus recursos haciendo que funcione “una economía subterránea”.
Repensar en esta dirección un plan de acción es urgente desde el Estado, tanto como en abandonar el discurso de la limpieza social.
Con un absoluto abandono, sin posibilidades de sobrevivir, sin salud ni comida, no existe un incentivo para dejar el delito, la persona se deshumaniza porque se ha jugado tanto con sus condiciones mínimas “que se perdió”, concluye la activista por la defensa de los derechos humanos Pamela Chiriboga.
Hay tres elementos, según Carrión que, aún en la perspectiva más austera del Estado, no se pueden abandonar: educación, salud y seguridad, a riesgo de que, al hacerlo, todos los recursos que se evitan en burocracia, se pierdan en violencia.
*Gabriela Molina, comunicadora-periodista. Licenciada en Comunicación por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha laborado en medios nacionales e internacionales.
ILUSTRACIÓN: Chucuri
Bibliografía
Asamblea Nacional. Sesión 730. Comparecencia ministra de Gobierno, Alexandra Vela. https://www.youtube.com/watch?v=6g_bL6FBmiw
Carrión, Fernando. 2015. La Cartelización de América Latina. Revista Perfil Criminológico Nº 21 https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8241/1/BFLACSO-PC21-03-Carrion.pdf (Consultado 26 de octubre 2021).
Páez, Alexei y Adrián Bonilla, 1991. La economía política del narcotráfico. El caso ecuatoriano. FLACSO https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45018.pdf
Proaño, A. Francisco, 2004. El Plan Colombia, génesis, realidad e hipótesis. Tendencias revista ideología política. Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5254/1/RFLACSO-LT01-06-Proa%c3%b1o.pdf
