16 Junio 2013
La Jornada <www.jornada.unam.mx>
La muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla y el enjuiciamiento fallido de otro, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, nos retrotraen a una de las etapas más negras de la historia de América Latina: la guerra contra la subversión, el socialismo-marxista y el comunismo. Para llevarla a cabo se fortaleció la alianza cívico-militar entre las clases dominantes y las fuerzas armadas, convirtiendo a la institución castrense en el partido político de la burguesía. Ya no se trataba simplemente de reponer a las viejas oligarquías en el sillón presidencial. Se buscaba asegurar el proceso de acumulación de capital dentro de una nueva versión del capitalismo trasnacional, cuya esencia suponía desarticular los partidos políticos de izquierda, los sindicatos de clase, los movimientos sociales y también a las burguesías de corte nacionalistas. Quienes pensaron en esta perspectiva tenían claro que se trataba de inducir una revolución para refundar el orden político. Era obligado soltar lastre, deshacerse del sobrepeso contenido en el discurso seudodemocrático de las burguesías desarrollistas de corte keynesiano y, sobre todo, quebrar la ciudadanía, fomentando la despolitización y persiguiendo a militantes, sindicatos de clase e intelectuales de la izquierda política y social. En esta guerra se declararon ilegales las formaciones políticas de ideario marxista y socialista. De esta forma se profundizó el combate hasta el exterminio, si era posible, o en su defecto hasta conseguir una derrota total de todo cuanto oliese a socialismo. La doctrina de la seguridad nacional sirvió de anclaje y la geopolítica del fascismo dependiente le facilitó el encuadre teórico.
El Estado, cuerpo vivo, se encontraba amenazado por fuerzas que buscaban su destrucción bajo la égida de una ideología, el marxismo y el comunismo, cuyo objetivo era esclavizar a los pueblos y convertir los estados latinoamericanos en satélites de la Unión Soviética. Identificado el problema, se procedió a depurar el cuerpo social de sus “enemigos internos”. Gustavo Leigh, general de las fuerza aérea chilena, miembro de la junta militar constituida el 11 de septiembre de 1973, fue muy gráfico al señalar el motivo que inspiró el golpe: “Había que extirpar el cáncer marxista de raíz”. Y Videla, en Argentina, habló de una acción de “salubridad pública”. Así, las fuerzas armadas se transformaron en actores relevantes, ocupando el sitio político que les cedía, de buen grado, una timorata burguesía, que prefería lavarse las manos ante la represión y pasar a un segundo plano, no importándole en absoluto los métodos que se debían utilizar para llevar a cabo la tarea. Las fuerzas armadas eran la institución idónea para tal función quirúrgica. Constituyen una organización jerárquica, tienen el monopolio “legítimo” de la violencia y gozan de superioridad en las maneras de emplear la fuerza.
La guerra contra la subversión y el socialismo marxista fue definida como una guerra global y permanente. El general brasileño Golbery do Couto Silva, ideólogo de la geopolítica latinoamericana, fue claro al señalar que “de estrictamente militar, la guerra se ha convertido en una guerra total, una guerra económica, financiera, política, sicológica y científica…, de la guerra total a la guerra global y de la guerra global a la guerra indivisible, y, por qué no reconocerlo, a la guerra permanente”.
Sin embargo, las fuerzas armadas no actuaron por decisión propia. Fueron avaladas por los partidos conservadores, liberales y democristianos. No se sublevaron contra el poder civil en abstracto, lo hicieron contra los gobiernos populares que afectaban los intereses de las burguesías, las multinacionales y el imperialismo. Bajo su paraguas impusieron el orden neoliberal. Pinochet, será explícito: “No hay plazos, hay metas”. Todos los ministros de Economía, Hacienda, Trabajo o Justicia fueron civiles. Ellos manejaban los hilos de las transformaciones económicas, las reformas constitucionales y las políticas de ajustes.
No es posible entender el actual orden político neoliberal sin desentrañar el papel que cupo a los civiles en la elaboración del nuevo orden neoligárquico. La labor de “limpieza política”, genocidio y exterminio contó con su inestimable colaboración. Videla no se ruborizó al señalar que el asesinato de miles de ciudadanos argentinos, a manos de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, fue confeccionado por empresarios, ejecutivos, profesores universitarios, jueces, dirigentes sindicales y funcionarios adscritos a la derecha peronista y las organizaciones anticomunistas. Durante la transición, los civiles tomaron distancia y se alejaron de los militares. Videla captó su alejamiento al señalar cómo “los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. Cuantas veces me dijeron: ‘se quedaron cortos, tenían que haber matado a mil, a 10 mil más’”.
Los conspiradores civiles, entre otros la Iglesia católica, cuyos sacerdotes actuaban en la sesiones de tortura buscando confesiones y los empresarios de medios de comunicación que ensalzaban las razias cubrían los hallazgos de los cuerpos torturados, negando su existencia o los trasformaban en delincuentes comunes. En Chile, salvo excepciones, no hay civiles detenidos o encausados. Me refiero a ex ministros y altos cargos que durante la dictadura estuvieron vinculados con los crímenes de lesa humanidad y a la represión. La ministra de Justicia Mónica Madariaga declaró, en una especie de mea culpa, “haber vivido en una burbuja y no haberse enterado de la violación de los derechos humanos”. Igualmente, el primer portavoz de la junta militar, Federico Willoughby, coautor del libro blanco de la junta militar que justificó la matanza de miles de chilenos bajo un supuesto plan Z elaborado por la Unidad Popular para instaurar una dictadura comunista, lo encontramos, años más tarde, en las listas como candidato en la concertación, junto a los socialistas. Willoughby será reciclado por el presidente Aylwin como asesor de imagen. Todo un despropósito que deja a las claras la impunidad de quienes participaron en las tramas civiles de los golpes de Estado.
Y qué decir de aquellos países donde sin recurrir a la técnica del golpe de Estado, como México, Venezuela y Colombia, sus fuerzas armadas se cebaban contra la población campesina en la guerra contrainsurgente. En Centroamérica, el genocidio se convirtió en práctica habitual en Honduras, Guatemala o El salvador. Efraín Ríos no fue el primero ni el último en cometer genocidio en el país centroamericano. Sólo su saña, tanto como el silencio de sus aliados civiles, marca la diferencia. Fueron miles las personas que sufrieron la saña de militares y fuerzas paramilitares. Les cortaban las orejas, les quitaban los dientes, los mutilaban con una crueldad enfermiza y luego podían darse el lujo de jugar futbol con las cabezas, obligando a los sobrevivientes a presenciarlo. Guatemala es un caso de extrema violencia y de genocidio amparado por la trama civil. El mejor ejemplo es que sus fuerzas armadas siguen intactas. Al dejar sin efecto la condena por genocidio a Efraín Ríos, el poder político y el poder judicial mandan un claro mensaje: no van a permitir ningún juicio que ponga en cuestión su papel durante la guerra contra el socialismo-marxista y la subversión. Civiles y militares marcharon juntos. En eso no se diferencian de ningún otro país de América Latina.
