18 junio 2013
La reciente aprobación de la Ley de Comunicación por la Asamblea Nacional del Ecuador ha provocado diversas reacciones en el mundo periodístico de la región latinoamericana. Dichas reacciones apuntan esencialmente a que, según los editoriales en periódicos y medios audiovisuales, esta ley se presenta como una afrenta a la libertad de prensa: llamándola “Ley Mordaza.”
Sin embargo, la mayoría de los exponentes evaden comentar que dicha ley fue aprobada varios años después de iniciado su trámite ordenado por la Constitución de 2008, y que su aprobación no es el resultado de una improvisación, muy por el contrario. Los medios de comunicación, que históricamente han estado ligados a las lógicas empresariales, usaron sus tabloides y medios audiovisuales para poder incidir y defender sus postulados frente a los ciudadanos/as, y muy a pesar de ellos (los medios) la ciudadanía se manifestó en contra de esta práctica en la consulta popular en Mayo del 2011. Una de las preguntas del referéndum tenía que ver con que si los ciudadanos estaban de acuerdo en que “Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición”. La respuesta de la ciudadanía fue la siguiente: SI: 47% y No: 41% (aprox.). Enunciándose de esta manera en contra de que “El sector privado controle 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según indica la Superintendencia de Telecomunicaciones”.
Hoy los ciudadanos observan que la nueva ley establece una “nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro”. Además, ésta nueva legislación de medios instaurará un Consejo de Regulación, que delimitará la transmisión de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios respetando a lectores, oyentes y televidentes que buscan en sus programaciones contenidos de calidad.
Sobre esta breve panorámica histórica se podría preguntar lo siguiente: ¿Qué significa entonces para los grupos mediáticos la denominación Mey Mordaza?
¿Cuáles de estas organizaciones ligadas al mundo de las comunicaciones se atreve a denunciar los oligopolios, como es el caso chileno en que los medios pertenecen a dos familias y que además sus negocios están vinculados a la grave crisis de la educación que se vive en Chile?
Finalmente, cabe preguntarse cuál es la razón que tienen los medios de comunicación asociados a organizaciones mundiales de periodismo que hablan de una supuesta ley Mordaza, si en los propios principios fundacionales de sus medios o agrupaciones dictaminan que la democracia y el acceso a la información es un derecho que no les pertenece, sino más bien es a la ciudadanía a quién le corresponde decidir que va a leer, mirar o escuchar.
No hay que olvidar que la democratización de los medios ya no sólo existe en Ecuador, también está en Argentina, Venezuela y pronto se sumará Bolivia.
Es evidente que los medios y asociaciones unidos a monopolios no están protegiendo esos derechos; más bien desalientan el ejercicio ciudadano que hoy más que nunca desea participar de la democracia basada en Derechos y nuevas formas de percepción y compresión de los fenómenos de la Comunicación.
Al parecer la denominación Ley Mordaza tiene que ver con defender los viejos esquemas liberales y monopólicos.
Ojalá sea oportunidad para que los medios de comunicación también difundan asuntos productivos que a las sociedades conviene y provenientes de la misma ciudadanía que interactúa en directo con ello, como son las ideas y propuestas solución a los problemas que los aquejan, tipo: nuevas fuentes de trabajo, anticorrupción, salud, ecológicos, profesionales, teorías, etc., en fin, talento humano que dinamizaría la establecida inercia.
Lo cierto es que si la organización no provee de los elementos necesarios como para que fluya la vida saludable -en lo que tiene que ver el uso del talento, los derechos y los valores-, el asunto repercute negativo para lo social y con el paso del tiempo el problema tiende a agravarse hasta llegar a extremos en verdad tristes y lamentables.
[…] Fuente: lalineadefuego.info […]