LÍMITES DE TENENCIA DE LA TIERRA Y LA NECESIDAD DE UN PROYECTO RURAL CON PERSPECTIVA SOCIAL. por Diego Carrión Sánchez

LÍMITES DE TENENCIA DE LA TIERRA Y LA NECESIDAD DE UN PROYECTO RURAL CON PERSPECTIVA SOCIAL.

 Diego Carrión Sánchez[1]

El estudio de la diversidad agraria rebasa y trasciende el análisis de la microdiversidad de los comportamientos y elecciones individuales. Se lo debe llevar a unas escalas temporales, sociales y espaciales mayores…

Hubert Cochet

En el Ecuador se mantiene una alta concentración de la tierra en pocas manos, pero a diferencia de las décadas anteriores, hoy la frontera agrícola ha llegado a su límite[i], haciendo inviables los procesos de colonización. Esto quiere decir que la salida encontrada en los 60 y 70 para atenuar la presión sobre este recurso (GONDARD & MAZUREK, 2001, p. 16) es hoy impracticable, pues solo quedan sin intervención humana zonas con escasa vocación agrícola o cuya utilización tendría grandes impactos ecológicos. Es el caso de la Amazonía, zonas de páramo en la Sierra o la selva tropical norte de Esmeraldas.

 Por esta razón amplios sectores sociales coinciden en que la única salida para el problema es la redistribución de la tierra. Incluso varios documentos legales o de planificación oficial reconocen esta necesidad[ii].

 Actualmente el gobierno parece más interesado en procesos indirectos: vía mercado e impuestos, antes que asumir la responsabilidad de un cambio efectivo y profundo en la estructura de propiedad de la tierra (CARRIÓN, 2012). Sin embargo, varias propuestas de ley, entregadas a la Asamblea Nacional y puesta al debate, siguen planteando el tema de la afectación de la tierra con fines redistributivos.

 Aquellas propuestas de ley que buscan una mayor precisión al definir el latifundio han procurado fijar límites máximos de tenencia, rebasados los cuales podría procederse a la afectación. La ley auspiciada por Red Agraria y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) propone como límite de tenencia para Costa y Amazonía 500 ha. y para la Sierra 200 ha. (Art. 25). La propuesta de ley del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE), plantea 250 ha. como límite en la Sierra, 500 ha. en la Costa y 750 ha. en la Amazonía (Art. 28). El Movimiento Popular Democrático (MPD), propone 100 ha. para la Sierra, 200 ha. para la Costa y 300 ha. para la Amazonía (Art. 44). La propuesta de ley construida por MAGAP durante la gestión de Stanley Vera, aventuraba como límite de tenencia 1000 ha., sin diferencias regionales (Art. 115)[iii].

 La fijación de estos límites es sumamente problemática, depende de las intensiones de cada proyecto de ley. Aquellas con objetivos redistributivos fijan límites relativamente bajos, aquellas a las que no les interesa la afectación de la gran propiedad, definen límites altos (MAGAP), o no los definen, buscando afectar solo al latifundio improductivo (Cámaras, Fernando Cáceres, Jaime Abril). La ausencia de información catastral y censal actualizada, y la falta de consideración de las realidades locales, ha conducido incluso a los bien intencionados, a fijar límites que parecen demasiado altos.

 En un ejercicio grueso con la última información disponible sobre concentración de la tierra, se obtiene algunas luces. Si se afectaran los predios mayores a 1000 ha., solo el 0,001% de las propiedades podría ser sancionada (SIPAE, 2011, p. 16). Si se afectara a las propiedades de más de 200 ha. se liberaría un millón ochocientos treinta y ocho mil hectáreas, descontado ya bosques, páramos y montes^[iv], que podrían repartirse entre las familias con menos de diez hectáreas a razón de 2,8 ha por cada una.

 Una primera pregunta es si esta cantidad potencial de tierra repartible por familia sería suficiente para solucionar el problema del minifundio, y para superar la pobreza rural. La siguiente inquietud se refiere a la ubicación geográfica de las tierras afectables. Se sabe que en la Sierra la extensión de las propiedades es menor que las de la Costa. En un promedio simple (que no reconoce los problemas de concentración de la tierra), se observa que en la Costa el tamaño promedio de la propiedad es 21 ha, y en la Sierra de 8 ha. Es decir, en la Sierra existe menos tierra por unidad productiva. Si se considera que la población rural es mayor en la Sierra que en la Costa, se puede observar que uno de los problemas a enfrentar es la escasez de tierra repartible en la región interandina. Sin embargo esta información sigue siendo muy general y no da cuenta de la realidad en las localidades.

 Al utilizar los datos de PRAT-MAGAP, que hace un estudio catastral en ocho cantones representativos de la situación nacional en 2006 y 2007 (PRAT, 2008), se puede observar que si se afecta solo las haciendas de más de 200 ha., buena parte de los cantones estudiados no dispondrían de superficie suficiente para solventar los problemas de acceso a la tierra, ni siquiera de aquellos productores que tienen menos de 5 ha.

 De los ocho cantones catastrados, cinco no disponen de superficie suficiente para solventar el problema del minifundio. El problemas es más notorio en la Sierra: se podría repartir solo 0,9 ha. en Saraguro; 0,3 ha. en Chillanes, y 0,3 ha. en Chaguarpamba. En Pimampiro la afectación de haciendas de más de 200 ha. permitiría entregar 2,8 ha por unidad productiva con menos de 5 ha. Esto se debe a que Pimampiro es un cantón con alta concentración de la propiedad donde menos del 1% de la población (0,58%) controla el 60% del territorio.

En la Costa, la afectación de haciendas de más de 200 ha. permitiría en Palenque entregar aproximadamente 2 ha. a las familias que hoy disponen de menos de 5 ha, porque su número es menor en relación a los medianos propietarios^[v]. Pero en Baba se podría entregar 0,7 ha. y en Salitre  solo 0,2 ha.

 En la Amazonía, representada por el cantón Joya de los Sachas, la situación es diferente. Las propiedades superiores a 200 ha representan el 32% de la superficie disponible, y el número de campesinos con menos de 5 ha es relativamente menor en comparación a los demás cantones, debido a la mayor presencia de medianas propiedades. Esto permitiría entregar 7,1 ha. por familia campesina si se llegan a afectar propiedades mayores de 200 ha.

 Si los cantones escogidos son efectivamente representativos de la situación nacional, se puede concluir que se necesita estrategias de distribución diversas para dar cuenta de las realidades locales. Pero además, que las salidas a la concentración de la tierra no pueden ser convencionales.

 En principio parece necesario pensar en límites de tenencia de la tierra por debajo de lo hasta ahora planteado. Algo que sin duda resultará polémico y nuevo en el país.

 Quizá otra alternativa sea la recolonización de las tierras concentradas. Si no existen grandes latifundios afectables en zonas de minifundio, podría ser una salida el traslado de la población que voluntariamente quiera realizar actividades de colonización hacia tierras recuperadas por el Estado para su redistribución.

 Una tercera alternativa que no excluye a las dos anteriores, es dar vía libre a la propuesta hecha por el MPD (Art. 11), en el sentido de fijar un mínimo vital de tierras para las familias campesinas: en la Sierra, 10 ha.; en la Costa, 20 ha. y en la Amazonía, 50 ha. Para las periferias urbanas en un radio de 15 km un mínimo vital de 1 ha. en la Sierra, 2 ha. en la Costa y 3 ha. en la Amazonía. Esto obligaría a una mayor y decidida afectación de la gran propiedad para cumplir con las metas propuestas. Y si bien estas podrían resultar inviables por los límites antes mencionados, al menos constituyen una buena posición de partida para negociar.

 Un proceso redistributivo benéfico a nivel local necesita considerar el recurso tierra como un bien nacional, que debe servir a los intereses colectivos y no solo a los particulares. Para pensar el agro, pero también para transformarlo, se hace necesario romper con la idea de que la elección individual es el único mecanismo razonable de organización de la sociedad. Para incidir concretamente en la realidad, es necesaria una visión que mire la totalidad y priorice el beneficio colectivo. Los cambios necesarios en el Ecuador rural, requieren menos la visión del hombre que administra negocios y más el de mujeres y hombres preocupados de la Economía, es decir, de la gestión consciente y deliberada de lo público con miras en el bien común.

BIBLIOGRAFIA

LARREA, C. (2006). Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuesta para el debate. Quito: Coorporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Eco Ciencia.

GONDARD, P., & MAZUREK, H. (2001). 30 años de reforma agraria y colonización en el Ecuador (1964-1994). In C. d. Ecuador, & C. E. Nacional (Ed.), Dinámicas Territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venzuela. Estudios de Geografía. Quito, Pichincha, Ecuador: Corporación Editora Nacional, IRD, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

SENPLADES. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. In SENPLADES (Ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: SENPLADES.

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador 2008. (R. O. Ecuador, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Ecuador.

Asamblea Nacional República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. (R. O. Ecuador, Ed.) Quito, Pichicha, Ecuador: Registro Oficial Ecuador.

CARRION, D., & HERRERA, G. (2012). El Ecuador rural del siglo XXI. Soberanía Alimentaria, Inversión Pública y Política Agraria. Quito, Ecuador: IEE, CEDES, OXFAM, FIAN, Fundación Rosa Luxemburgo.

CARRIÓN, D. (2012). La palabra en nuestra orilla. Estructura agraria y modelo de acumulación rural en el Ecuador: información para el debate político. Quito, Ecuador: Instituto de Estudios Ecuatorianos, Fundación Rosa Luxemburgo.

SIPAE, E. T. (2011). Atlas. Tenencia de la tierra en el Ecuador. Quito, Ecuador: SIPAE.

PRAT. (2008). La Experiencia del Programa de Regularización y Adminsitración de Tierras Rurales. Quito, Pichincha, Ecuador: MAGAP, BID.