La Jornada <www.jornada.unam.mx>
19 octubre 2013
El jueves de esta semana, en un país del continente americano, el gobierno envió policías federales y francotiradores para desplazar a las comunidades indígenas y locales que protestaban de manera predominantemente pacífica en contra de las pruebas sísmicas para extraer gas esquiso o shale gas, lo que se realiza a través de la fracturación hidráulica o fracking. Lo anterior derivó en el arresto de 44 personas, quienes se expresaban en contra de este proyecto de explotación de recursos naturales, los cuales tienen importantes efectos negativos en la salud y el medio ambiente.
La descripción de tal escenario pareciera encontrarse en algún lugar de un país latinoamericano donde existe una larga tradición de represión en contra de la protesta social y violaciones a las libertades políticas y civiles. Sin embargo, esto ocurrió en la provincia de New Brunswick, localizada al este de Canadá, país que ha sido considerado modelo de democracia y líder en cuestiones de seguridad humana en la agenda internacional.
El análisis de este caso nos lleva a las siguientes reflexiones respecto de cuestiones medioambientales y derechos sociales y civiles. Por un lado, las comunidades locales del este de Canadá están preocupadas por los efectos negativos de la extracción del gas de esquiso o shale gas a través de la fracturación hidráulica. Este método extrae el gas acumulado en poros y fisuras de ciertas rocas a través de la perforación de cientos de pozos que ocupan áreas extendidas, y en ellos se inyecta millones de litros de agua (entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos por pozo) cargados de un cóctel químico y tóxico. Los efectos de esta explotación son la contaminación de las aguas subterráneas, la emisión de gases, como el metano, y terremotos, entre otros. Estos efectos ya se han sentido en diversas partes de Estados Unidos donde se ha utilizado ese método de extracción. Sus consecuencias se han visto en parte del estado de Pensilvania, donde el agua que sale de las tomas domésticas en cientos de hogares contiene metano, gas inflamable que ha causado no sólo daños a la salud, sino hasta explosiones. En el estado de Texas lugares de ese territorio que no eran sísmicos se han convertido en zonas de terremoto después de que se ha realizado la extracción de gas por fracking.
Debido a la reciente promoción de extracción de este recurso a través de dicho método en México, es importante conocer los efectos negativos del fracking y concientizar a la sociedad de sus desventajas e impacto social. Según la página de Internet de la Secretaría de Energía (Sener) de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los trabajos exploratorios de shale gas-oil a principios del año 2010; identificando cinco zonas geológicas con potencial para producir hidrocarburos contenidos en el gas shale: 1) Chihuahua, 2) Sabinas-Burro-Picachos, 3) Burgos, 4) Tampico-Misantla y 5) Veracruz. La página de la Sener justifica la extracción de ese tipo de gas basada en argumentos sobre la creación de empleos. No obstante, el Centro para la Investigación de Políticas y la Economía (CEPR, por sus siglas en inglés), ubicado en Washington, asegura que este sector genera muy pocos empleos, de ahí que los costos en salud y medio ambiente, especialmente los costos de contaminación de agua, son demasiado altos en relación con sus beneficios.
Por otra parte, desde el ámbito de los derechos civiles la experiencia de represión de la protesta social en la provincia canadiense de New Brunswick pone de manifiesto la expansión de la criminalización de la protesta social en países que han sido considerados modelos de democracia. Esto pone en evidencia la forma en que la agenda neoliberal, apoyada por el poder gubernamental, privilegia las ganancias de unos cuantos conglomerados a expensas de los derechos civiles de la libertad de expresión y los derechos sociales como el de la salud. A pesar de que ello refleja una panorama pesimista, la expansión de la criminalización de la protesta social en cualquier tipo de régimen, presenta a los movimientos sociales con experiencias comunes que les permitan formular estrategias de colaboración internacional que avancen la defensa de los derechos civiles y sociales y del medio ambiente.
(*) Profesora del Departamento de Historia Política de la Universidad de New Brunswick
