La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2019 fue presentada en días pasados y su consigna es clara: ajuste. Es necesario ajustar las cuentas, realizar recortes, reducciones del gasto, etc. En ese sentido, el debate se centra en qué tan rápido el gobierno está realizando el ajuste.
Desplazando el análisis de cómo la programación del presupuesto no depende solamente de las condiciones externas, como el crecimiento del precio del petróleo, sino de las características del gobierno que lo formula. Develando de esa manera el rol que el gobierno va a tener en la economía y sus principales ejes de preocupación: los sociales ligados a las grandes mayorías como salud, educación o aquellos ligados a una minoría dotada de privilegios. Este breve análisis muestra que el crecimiento del PGE no siempre fue determinado por el precio del petróleo. [1] y la variable clave era el carácter del gobierno en tanto interventor en la economía del país.
La evidencia empírica da cuenta de una determinada tendencia de los diferentes gobiernos sobre el rol del Estado en materia de política económica y social. De esa manera, en ciertos periodos el precio del petróleo aumentaba y el PGE no lo hacía al mismo ritmo. En otros periodos, el precio del petróleo se deterioraba pero el PGE se mantenía constante o disminuía a ritmos menores.
En ese sentido, entre 2002 y 2006 la tasa de crecimiento anual promedio del PGE devengado fue del 11.87% mientras que en el caso del precio por barril de petróleo se acercó al 22.24%. Por otro lado, entre 2007 y 2017 el precio del barril disminuyó en un 2,69% promedio anual pero el PGE aumentó en un 13.23%.
El aumento del PGE en determinadas áreas a pesar de que las condiciones externas o exógenas sean restrictivas devela ele eje de preocupación del gobierno. En ese sentido, se observa que el gasto social realizado por el gobierno en 2009 cuando se experimentó una crisis financiera mundial estuvo dirigida a mantener las condiciones para que el desarrollo social tuviera lugar.
A pesar del desplome del precio del barril de petróleo el peso del PGE devengado en materia social se sostuvo, incluso incrementando su peso en el PIB en 7.20 puntos porcentuales (pasa del 22.90% al 30.10% entre 2008 y 2009).
En esa misma línea, una caída más importante se observa en 2015 y que no se recupera hasta 2018 cuando el precio de barril de petróleo pasa de $ 32.25 a $62.22 entre 2016 y septiembre de 2018.[2] Sin embargo, el peso devengado del PGE no decrece al mismo ritmo y se mantiene (considerando la existencia de otros shocks externos como el terremoto de abril de 2016, devaluación de la moneda de los socios comerciales, apreciación del dólar, entre otros) como una manera de sostener el gasto social. Un gasto que permite matizar las desigualdades producidas en la esfera distributiva vía acción estatal.
Esa posibilidad de maniobra para sostener el gasto social en un momento de disminución del precio del barril tenía como condicionante el cambio en la forma de contratos petroleros de participación a prestación de servicios. [3] Eso operacionalizó la recuperación de la renta petrolera de compañías privadas al Estado para la implementación de procesos redistributivos. Eso no implica que la variable petróleo no sea importante pero es la acción estatal la que permite que su rendimiento sea de beneficio para el país.
No obstante, esta situación se transforma en 2018 y se retorna a los contratos de participación. Dicha situación termina de concretarse con la Ley de Fomento Productivo que en su artículo 45 cambia el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos y establece que “la participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y el volumen de producción”, es decir, a las fluctuaciones del mercado y no establece un piso mínimo como en el artículo 55 en la que se aseguraba que de existir excedente en el precio del petróleo el Estado tenía una participación de al menos el 50%.
Sin embargo, la mencionada Ley de Fomento Productivo no solo incide en el caso del petróleo, también afecta la otra fuente de ingresos del Estado que son los impuestos: con la remisión de deudas [4], eliminación de ISD, el anticipo al impuesto a la renta, fomento a paraísos fiscales, etc. se configuró una autoemboscada en la que el gobierno se queda sin ingresos y de esa manera legítima la necesidad de deuda así como la austeridad del PGE para el 2019.
En ese sentido, se plantea una reducción del 10.14% en comparación a la proforma del año 2018 a pesar de un incremento en el precio del petróleo que se encuentra en promedio a septiembre del 2018 en $62.20 por barril en comparación a 2017 que se encontraba en $ 45.8. Por lo que no se comprenden las reducciones en ciertas áreas trascendentales para el bienestar de las personas con menores recursos –aún, como ya se demostró, que la variable petróleo puede ser solventada-. Uno de ellos es la educación que se reduce su gasto en un 0.21% y trae a la memoria aquellos periodos en que más allá del crecimiento del precio del petróleo, la educación no era un eje importante para los gobiernos de corte neoliberal y su peso en el PIB era insignificante.
En el caso de la educación superior su reducción de $ 145.10 millones para su presupuesto. Una cifra abrumadora pero alentadora al mismo tiempo, considerando que al momento de transferir los recursos esta puede ser todavía menor. Así como lo demuestra la ejecución presupuestaria de más bajo nivel en el periodo 2012-2018 en lo que a inversión pública se refiere. Solo se ha ejecutado un 23% lo que muestra una desaceleración de la inversión pública y devela nuevamente el carácter del gobierno actual.
En conclusión se demuestra que las posiciones tomadas por el actual gobierno en lo que respecta a su conducción económica tienen un claro sesgo hacia el rol que el Estado tiene en la economía y cómo configuró la legitimidad de la austeridad. Es necesario recuperar el debate sobre esta temática y observar cómo las acciones del mismo permite sostener su ejercicio y más importante aún, su incidencia en los procesos redistributivos vía gasto social para matizar la desigualdad.
*Economista, maestrante en Sociología FLACSO-Ecuador. Autor de investigaciones sobre temas de desigualdad, concentración, mercado laboral, y grupos económicos. Miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD).
Contenido publicado originalmente en: ISIP
[1] El coeficiente de correlación entre 2001 y 2017 es de tan solo 0.23
[2] Se refiere al cálculo de la cesta de los crudos Oriente y Napo exportados por EP Petroecuador, los precios son ponderados, sin que signifique que los petróleos se mezclen para su exportación. Su venta externa se efectúa por separado.
[4] “Los 50 mayores deudores de deudas impugnadas y en firme se podrán acoger al perdón de $1344,7 millones de dólares” en https://bit.ly/2NLKtVy
