Por Ela Zambrano y Jorge Basilago*

Desde 2018, en América Latina se han registrado varios triunfos de fuerzas de izquierda y/o progresistas: Andrés Manuel López Obrador en México, seguido por Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y, en este año, Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

Cada proyecto político llegó al poder con sus propias condiciones políticas que no suelen ser muy evidentes como la falta de mayorías parlamentarias, sociedades profundamente divididas, poderes fácticos que mandan por sobre cualquier gobierno y que no están dispuestos a perder un milímetro de poder, menciona Raúl Zibechi, en un especial publicado en la revista digital El Salto. A estos factores, se debe agregar que son gobiernos que tras más de dos años de pandemia, el gran confinamiento y la guerra del gobierno de Rusia contra Ucrania, llegan a administrar la escasez.

Las izquierdas que ahora están en el poder son más pragmáticas y se ubican en lo que ciertos académicos denominan “la izquierda posible”, considerando los procesos anteriores, los errores y las fuerzas a las que deben enfrentarse.

Adam Isacson, director nacional de veeduría de Defensa de la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, hace un análisis generacional de las izquierdas. En un podcast de Conectas, el pasado 18 de agosto, menciona que “el idealismo de izquierda de Petro está cargado de más realismo que de solidaridad, vienen de dos tendencias bastante distintas de la izquierda. Petro y Boric hablan más de la protección ambiental, de los derechos de los sectores minoritarios, de las mujeres, LGBTI, de legalizar la droga. Mientras Maduro y Daniel Ortega son de una izquierda bastante más vieja, en algunos casos casi Leninista”.

Esta irrupción de gobiernos de izquierda en un mundo multipolar, ha requerido también de un cambio de estrategia: “si no dialogamos con Petro, China y Rusia, lo harán; no queremos dejar ese vacío”, menciona Isacson. “En el departamento de Defensa de los Estados Unidos, la doctrina global ya no habla de la guerra contra el terrorismo, habla de la competencia de grandes poderes mundiales rivales como Rusia y China”.

Ante las diferentes izquierdas en el poder en América Latina, el pensador ecuatoriano Alejandro Moreano hace algunas precisiones: el progresismo no es anticapitalismo, el progresismo no es socialista y nunca lo fue; en nuestros países la clásica revolución burguesa tiene connotaciones distintas porque se encuentra inmersa en la expansión imperialista, dominada por el capital mundial que le frena y porque hay estructuras precapitalistas que se mantienen y limitan la posibilidad de cambios radicales; los nuevos gobiernos de izquierdas se enfrentan a un mundo multipolar extractivista en competencia representados por los gobiernos Estados Unidos y China, cualquiera de los dos modelos “se deben rechazar”.

Cuando las izquierdas llegan al poder, las calles se vacían y ese constituye uno de los errores. Desde la óptica de Moreano, la movilización social es determinante y se debe mantener tanto para exigir al gobierno a cumplir su agenda como para apoyar sus aciertos y ayudarle a gobernar.

“La movilización tiene que ser permanente para que sea efectiva, no movilizaciones como el paro de Octubre o 18 días como el de junio. La movilización como fuerza tiene que tener permanencia y presencia”, recalca Moreano. Así lo han entendido en Colombia, en el diálogo mantenido con sectores políticos justamente señalaron a la movilización como una estrategia.

Las izquierdas que ahora están en el poder son más pragmáticas y se ubican en lo que ciertos académicos denominan “la izquierda posible”, considerando los procesos anteriores, los errores y las fuerzas a las que deben enfrentarse.

Colombia: Petro y el triunfo a 200 años de gobiernos de derecha

“Hoy empieza la Colombia de lo posible y estamos acá contra todo pronóstico (…) No podemos fallar”, afirmaba Gustavo Petro, en su juramento como nuevo presidente de Colombia, el pasado 7 de agosto frente a cientos de personas y mandatarios de la región en la plaza de Bolívar en Bogotá.  Desde entonces, el primer presidente de izquierda en la historia republicana de Colombia ha reiterado como un mantra en varias ceremonias de Estado: “no podemos fallar” y lo hace con la seguridad de que ni él ni Francia Márquez, la primera vicepresidenta mujer y afrodescendiente, pueden perder la oportunidad de corregir las profundas desigualdades en Colombia.

“Gustavo Petro y todas las organizaciones que conforman el Pacto Histórico (integrado en febrero de 2021) sabe que no puede fallar ni en las formas ni en el fondo, sabe que no puede cometer los errores de los otros progresismos, sabe que se puede enfrentar a una guerra económica de los grupos de extrema derecha, y que tiene que negociar una agenda para el país a largo plazo”, afirmó en una entrevista con La Línea de Fuego, el defensor de los derechos humanos, Camilo Molina, quien es docente en Ecuador y cercano a las organizaciones que respaldan a Petro.

La analista Sandra Borda, excandidata del nuevo liberalismo al Senado, integrante del Pacto Histórico, en un retrato que elabora Conectas, considera que Petro tiene un pie en la izquierda moderna progresista y otro en la izquierda del siglo XX, más populista y que tiene que ver con su versión exguerrillera: el M-19.

Han pasado algunas semanas desde que Petro ­–el segundo exguerillero en la región en asumir una Presidencia, después de Pepe Mujica– y Francia Márquez ocuparan la Casa de Nariño y algunas alocuciones como acciones han llamado la atención por no estar enmarcadas en el discurso de izquierda, entre ellas, la oferta de “nosotros vamos desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, tenemos que superar la premodernidad, el feudalismo” y el nombramiento de Álvaro Leyva Durán, del Partido Conservador, como ministro de Relaciones Exteriores o a Henry Armando Sanabria, como director de la Policía, aunque en la ceremonia de posesión de este último, el Primer Mandatario recordó a la fuerza pública que “su función de ahora en adelante es la protección de los ciudadanos, no su asedio”.

Alvaro Leyva Durán será nuestro ministro de relaciones exteriores.

Será una cancillería de la Paz.

Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar al crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 25, 2022

Tiene que ser “pragmático, ese pragmatismo le permitió encontrar los votos y construir una agenda más allá de los partidos de izquierda clásicos”, rescata Molina, tras asegurar que esa invocación a “desarrollar el capitalismo” tiene que ver con un reconocimiento de que “hay fuerzas mayores a la nacional y una realidad económica en la que nos desenvolvemos. Hay que pensar en un capitalismo más inteligente, menos dañino”, aseveró.

Desde las organizaciones sociales hay un as bajo la manga, un ancla en las propuestas de izquierda, ecologistas, feministas, antiextractivistas, esa esperanza de que Petro no se perderá en el camino se llama Francia Elena Márquez, líder social, activista medioambiental y vicepresidenta de Colombia desde inicios de agosto.

Francia es una activista de los derechos humanos, “ella es nuestra hermana, nuestra amiga, con quien hemos luchado en el territorio del Cauca”, recuerda Marylen Serna, del movimiento de mujeres Por la Vida en el Cauca, primero comenta que los movimientos sociales hacen parte del gobierno de Petro y “que no se van a entregar a la derecha”; sin embargo, menciona que como organizaciones y movimientos sociales han distinguido tres campos de acción simultáneos: el legislativo donde se pueden generar leyes y cambios en políticas del país (Pacto Histórico tiene la bancada en el Senado más numerosa, pero no mayoría); el segundo es el de la gobernabilidad, esto supone pensar “cómo ayudamos al gobierno”; y, el tercero la construcción del “cuerpo popular” lo que se traduce en fortalecer y afianzar a las organizaciones en el territorio; no abandonar las calles.

“No solamente estamos aquí para respaldar al gobierno, sino para exigir que los cambios que se ofrecieron en campaña se cumplan. Somos conscientes de que hay un gran campo de la sociedad colombiana que no está con el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que no cree en lo que propusieron, que está en el sistema financiero, que forma parte de la oligarquía colombiana empotrada en el poder y de una clase política emergente identificada con el uribismo”.

Preservar la vida

Desde las organizaciones y movimientos sociales una de las prioridades de Petro, debe ser parar la persecución y asesinatos de líderes y lideresas sociales, “es una de las expectativas más concretas que tenemos”, asevera Serna. Según cifras de la Defensoría del Pueblo en Colombia, entre enero y julio de 2022, fueron asesinados 122 líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos.

La propuesta de movimientos sociales es que se coloque un equipo de emergencia que estudie los casos de alto riesgo para establecer algún tipo de protección, “planteamos un cuidado colectivo”, es decir de los mismos organismos de derechos humanos, la comunidad (guardias campesinas, afros, indígenas, populares) y el acompañamiento internacional.  “Lo que queremos es dar procesos de protección concretos para quienes ya están identificados con alto riesgo”. Por lo pronto, el gobierno inauguró el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Cauca, para preservar la vida de los activistas por los derechos humanos. Se colocarán 65 PMU en los territorios más violentos de Colombia.

“Hemos instalado el PMU, que es un puesto de mando para lograr la seguridad rápida en modo prevención, no en modo tristeza (como) cuando recibimos la noticia de la muerte de los líderes sociales”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Acercamiento con Venezuela y las dos visiones de izquierda

Otro de los aspectos que ha levantado interés por parte de la comunidad internacional es el rol que Petro podría ocupar en la región y cómo será el restablecimiento de las relaciones con la vecina República Bolivariana de Venezuela, considerando que es una decisión diplomática que podría molestar a los Estados Unidos, país que ha sido un socio y aliado histórico de Colombia.

“Él (Petro) conoce muy bien las repercusiones de una guerra económica, lo que le pueden hacer a Colombia y que algunos sectores ya estarán preparando”, comenta Molina. No obstante, la reapertura de la frontera constaba en las agendas de Petro y de su contendor en la segunda vuelta electoral, Rodolfo Hernández, –originario de esa zona–. Su cierre supuso grandes pérdidas económicas para esa parte del país y postergó la atención de la afluencia de migración y refugiados de origen venezolano.

“Todos los candidatos tenían en agenda el desconocimiento al señor Guaidó”, asevera Molina. Una vez en el poder, así lo hizo Petro, lo tildó de “inexistente”, pues “no tiene control en Venezuela”, al referirse sobre el líder de la oposición venezolana, reconocido por algunos países como el Presidente interino del país llanero.

Muchos analistas consideraban que Petro se demoraría en dar este paso. Aún no terminaba su primer mes de mandato y ya ambos países nombraron a sus embajadores y los empresarios buscan retomar sus negocios. Los pasos iniciales se centran en el tema económico. Se espera que los intercambios alcancen los 10 mil millones de dólares (según Venezuela) o de 4 mil quinientos millones de dólares (según Colombia).

Tras la reactivación económica, los asuntos más complejos en la agenda de integración son los de seguridad debido a que las disidencias de las FARC y ELN supuestamente gozan de la protección Venezuela; y, el tema migratorio.

Serna entiende que Colombia podría jugar un papel importante en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en la apertura de la frontera y el intercambio comercial, “nos beneficia a nosotras y al pueblo venezolano, abogamos también por una política migratoria, que quienes quieran retornar a su territorio lo hagan con seguridad. Es muy doloroso ver millones de personas deambulando por las carreteras, por las calles, en las ciudades”.

La esperanza está intacta

Consciente de los bemoles de Petro y esas incómodas presencias de actores y sectores de derecha, Serna cree que Petro “es la esperanza para América Latina” y destaca que él y Márquez tienen la posibilidad de articular varias experiencias alternativas de América Latina. “Para nosotros es motivo de orgullo no ser más ese país ultraderechista, que apoya a Estados Unidos en sus intervenciones, en los atentados a la soberanía de los países, en los golpes de Estado, ya nos hemos quitado ese lastre; hoy somos un país que se ve con esperanza y no con tristeza”, concluye.

En tanto, Molina se queda con la victoria sobre 200 años de gobiernos de derecha; el aprendizaje de Petro sobre las fallas de los otros progresismos; y, la posibilidad de un poder popular. Y resume sus anhelos en una frase usada por el Primer Mandatario:  “Si no lo hacemos bien, pueden venir las tinieblas”. 

Petro tiene un pie en la izquierda moderna progresista y otro en la izquierda del siglo XX, más populista y que tiene que ver con su versión exguerrillera: el M-19.

–SANDRA BORDA, integrante del Pacto Histórico

Perú: “más allá del imaginario del profesor rural, Castillo no es progresista”

“Considerar al gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre) como parte de la nueva corriente progresista en la región, le hace mucho daño a las izquierdas en América Latina”, afirmó tajantemente el abogado constitucionalista y docente en Ciencia Política y Derecho, Carlo Magno Salcedo. “La elección de Castillo no fue el triunfo de una tendencia política, cualquiera que hubiera estado de contrincante contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), habría ganado. Fue el triunfo del antifujimorismo, una constante en Perú desde el 2011”, aseveró Salcedo.

Durante los primeros meses de su mandato, Castillo gobernó en alianza con el partido de izquierda Nuevo Perú, pero “tuvo que tragarse muchas piedras de molino y no supieron deslindarse a tiempo y ha terminado arrastrado por un gobierno conservador y sobre todo corrupto”, consideró Salcedo. La historia de Castillo empieza a parecerse a la del coronel Lucio Gutiérrez en el Ecuador, quien llegó con un discurso y acompañado de movimientos de izquierda, pero cumplió una agenda de derecha y terminó rodeado de casos de corrupción en los que muchos de sus familiares estaban involucrados.

Salcedo reconoce que alrededor de Castillo se construyó un imaginario: el docente rural de origen humilde que desafiaba al establishment, sin embargo, “es alguien quien siempre estuvo en las segundas filas de la política, fue parte de Perú Posible junto a Alejandro Toledo, vinculado al sindicalismo corporativo, en realidad es un personaje bastante pragmático en la política”. El ascenso al poder de Castillo, a quien justamente se apreciaba por no formar parte de la élite política, se entendía como un ingreso de una alternativa de izquierda en un país donde –al igual que Colombia– no había gobernado nadie de este sector político.

Nuevo Perú se separó del gobierno en febrero de 2022 y Perú Libre, el partido al cual se pertenecía Castillo, se pasó a la oposición en junio de este año. La defensora de derechos humanos y ex primera ministra, Mirtha Vásquez, en una entrevista publicada por la revista Análisis y Debate de la Fundación Rosa Luxemburg, menciona las dificultades de mantenerse en un gobierno al que se le descubren varios indicios de corrupción y “yo no sé si llegan directamente hasta el propio Presidente, pero es su administración y, por tanto, su responsabilidad”, señala Vásquez, quien permaneció cuatro meses de legislatura, después de la cuestionada salida de Guido Bellido.

Entre los temas que más lamenta Vásquez es que al tener a Castillo defendiéndose de las acusaciones de corrupción, “ya no quiere hacer nada que responda a los objetivos de cambio a los que se había comprometido” bajo el eslogan de “No más pobres en un país rico” y en su cercanía a la derecha conservadora, ha perjudicado y “retrocedido al Estado”.

Salcedo menciona que en un principio se aceptó la excusa sobre la inexperiencia de Castillo, “pero ya han pasado más de 12 meses, y yo estoy cada vez más convencido, él de manera profesa y deliberada entró a levantarse en peso el Estado. Es trágico para el país porque al ser un hombre de origen humilde que viene gobernando como lo está haciendo, les sirve a los conservadores para decir que la gente del campo no está preparada para gobernar”.

Castillo enfrenta cinco investigaciones judiciales por presunto tráfico de influencias, corrupción y colusión agravada, plagio en su tesis doctoral, delitos contra la administración pública, obstrucción a la justicia en los múltiples cambios en el ministerio del Interior. Adicionalmente, se entregó a la justicia el ex secretario general, Bruno Pacheco, bajo la figura de “colaboración eficaz” y sus primeras declaraciones involucran al Primer Mandatario.

 De la destitución al “Que se vayan todos”

La última década para Perú ha estado marcada por la inestabilidad de sus mandatarios quienes no logran completar los períodos para los que fueron electos: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018); Martín Vizcarra (2018-2020); Manuel Merino (2020); Francisco Sagasti (2020-2021); y, Pedro Castillo (2021) sobre quien el Congreso analiza utilizar la figura de la vacancia.

“Hace unos meses era la derecha peruana la que no quiso reconocer el triunfo electoral y legítimo de Castillo en las elecciones, pero progresivamente otros sectores peruanos y el propio Parlamento creen que Castillo tiene que salir. No obstante, en el Perú el problema no es solamente el gobierno de Castillo el problema también es del Parlamento”, sugiere Salcedo, quien establece que entre el Ejecutivo y el Legislativo existe “un pacto de sobrevivencia”.

De acuerdo con la explicación de Salcedo, si Castillo es vacado –la destitución presidencial es una figura prevista en la constitución y que la aplica el congreso dando paso a la sucesión legal– , el Congreso también tendría que irse, por la baja aprobación de ambos poderes del Estado. “El presidente que tenemos es bastante malo, pero el Congreso es aún peor”, menciona  Salcedo.

La aprobación a Castillo alcanza el 29% y la del Congreso el 8%. En el sur del Perú, donde obtuvo el respaldo para llegar al Palacio de Pizarro, mantiene un apoyo del 47% según el Instituto de Estudios Peruanos, una recuperación de 10 puntos en relación con junio y que obedece a reuniones que ha mantenido en las últimas semanas con las organizaciones de base que le respaldaron en su ascenso al poder.

Si el congreso “vaca” a Castillo, hay dos opciones que el parlamento siga hasta el 2026 o que también se vaya. De acuerdo con el temperamento ciudadano, dice Carlo Magno Salcedo, “si el congreso no se va, lo van a sacar con un nuevo desborde ciudadano cuyas consecuencias son impredecibles”. En todo caso, asevera Salcedo, “en el Perú no es tanto si Castillo debe caer o no, sino cómo debe caer”.

Las críticas desde la izquierda

Las organizaciones sociales y sectores de izquierda que se han desencantado ante el rol jugado en este primer año por Castillo cuestionan el deterioro de la carrera docente; falta regulación de la calidad del sistema universitario público; el desmontaje de los avances en las reformas educativas. Además lamentan los retrocesos en políticas de equidad de género; la injerencia de los grupos conservadores en los materiales educativos; la afectación a la profesionalización del sector público; entre otros aspectos.

A su ex aliado, Nuevo Perú, le preocupa la ruptura de las relaciones con el pueblo Saharaui; la negación a la firma del Acuerdo de Escazú, el primer Tratado Regional Ambiental de América Latina y el Caribe; el proyecto de ley para la unión civil que discrimina a las diversidades sexo genéricas. Finalmente, repudian el “plan golpista de la derecha”, aunque al mismo tiempo reconocen “los graves errores de un gobierno que ha abandonado las banderas del cambio”.

En una reciente entrevista a Pedro Castillo por parte de la Asociación Cultural Agora Plaza Martín menciona que el desprestigio de su gobierno es provocado “desde los medios de comunicación tradicionales y empezó en la segunda vuelta electoral”, en la que se le vinculaba con grupos terroristas y se lo situaba cercano a organizaciones criminales.

“No estoy preocupado por el tema de las encuestas porque yo sé de dónde vienen, porque yo las sufrí en el marco de esta campaña. Ahí están los resultados y vamos  seguir trabajando”, afirma Castillo, en un medio digital afín a su línea política.

En ese mismo sentido, la vicepresidenta Dina Boluarte, ante la prensa extranjera acreditada en Perú, afirmó que está dispuesta a asumir la presidencia en caso de que Castillo sea destituido; sin embargo, recordó que “no nos aceptan, no nos quieren y harán todo lo posible por traerse abajo este gobierno del presidente Pedro Castillo”, reseña la revista Semana.

Finalmente, Magno reconoce que los medios de comunicación tradicionales jugaron desde el inicio un papel desestabilizador, no reconocían los resultados electorales, pero a su criterio ahora en el espectro de medios, incluidos los alternativos y digitales,  hay dos tendencias: los que respaldan una salida constitucional y otros que van por la vacancia pura, desde el golpismo.

En el Perú es difícil establecer si Castillo logrará cumplir su mandato. La crisis convocó a  varios representantes de la política de distintas tendencias a un diálogo abierto transmitido en directo por redes sociales para pensar “¿Cómo salimos de esta?”, el pasado 31 de agosto. No hubo una sola respuesta, pero empezó el camino de buscar alternativas.

“Hace unos meses era la derecha peruana la que no quiso reconocer el triunfo electoral y legítimo de Castillo en las elecciones, pero progresivamente otros sectores peruanos y el propio Parlamento creen que Castillo tiene que salir. en el Perú el problema no es solamente el gobierno de Castillo el problema también es del Parlamento, entre el Ejecutivo y el Legislativo existe “un pacto de sobrevivencia”.

–CARLO MAGNO, ANALISTA

Chile: de un proceso de tres años a la incertidumbre

La semilla de la nueva historia de Chile empezó a germinar en las protestas callejeras como la revolución pingüina de 2006, las protestas universitarias de 2011 y el estallido de octubre de 2019, que se se sostuvo de manera impensable  –octubre de 2019 fue el mes de las protestas en varios países de América Latina–. Ni el excesivo uso de la fuerza del gobierno del conservador y empresario Sebastian Piñera, ni las centenas de lesionados en los ojos fueron suficientes para detener el descontento frente a la desigualdad. El estallido social en la que los estudiantes fueron la fuerza centrífuga a la se sumaron feministas, pensionistas, ecologistas, pueblos indígenas, entre otros, confluyó en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución , en noviembre de ese mismo año. El resultado del proceso constitucional y el inicio de un cambio en las reglas democráticas de juego, lejos de la Constitución de Pinochet, se debía evidenciar el domingo 4 de septiembre, pero el “Apruebo”  perdió con el 38.1% frente a una votación importante del “Rechazo” que alcanzó el 61.9%, en unos comicios donde la participación electoral fue obligatoria para todas y todos lo chilenos.

“El ‘Rechazo‘ es una derrota de los movimientos populares y de la izquierda chilena”, señaló para La Línea de Fuego, Pierina Ferretti, socióloga, feminista e integrante de la Fundación Nodo XXI. “Hay muchos rechazos en el rechazo, hay que reconocer que lo que llegó al debate público no logró convocar claramente a la mayoría, no sintieron que podrían mejorar sus condiciones de vida”, analizó.

Entre otras razones que fundamentan el rechazo, según Ferreti, se pueden citar: un voto de rechazo a la Convención (Asamblea Constituyente), “ese órgano se fue convirtiendo en un congreso 2.0, en el que no ponían en el centro lo que pasaba y sentían las mayorías sociales”.

Añade que “hubo miedos, cuestiones –mentiras– instaladas como la angustia de la casa que no la van a poder heredar, sobre la propiedad, que los indígenas van a ser privilegiados. Hay que verlo con complejidad, no solo tiene que ver con las fake news, hay un amplio sustrato cultural en el que estas mentiras prenden como en pasto seco. Metieron sustos y terminaron afectando los resultados de una elección”.

La diferencia con la que el “Rechazo” se impuso en el referendo del 4 de septiembrefue “sorpresiva”, según indicó el comando del “Apruebo” en Chile, más si se recuerda que el 78% de la población voto a favor de un cambio constitucional[1] y para lo cual –como sucedió en Ecuador– se nombraron constituyentes con una mayoría de integrantes (103) que provenían de las protestas de octubre y las 52 curules restantes se repartían entre las fuerzas tradicionales.

Para el editorialista Noam Titelman, las fuerzas progresistas pasarán años intentando explicarse el resultado, pero desde su análisis hay tres razones: 1) El rechazo a la política del espectáculo en la Convención; 2) La homologación de la convención con la política tradicional; 3) La reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.

La primera razón la explica de la siguiente manera: “Varios de los convencionales habían alcanzado notoriedad y legitimidad social por sus performances callejeras, que incluían disfraces y declaraciones provocativas sobre aspectos identitarios tradicionales. Desde la protesta callejera habían sido frecuentes las denuncias a la autoridad entre gritos y cánticos. Sin embargo, las mismas actitudes que en la calle se percibían como una rebeldía ante el abuso, expuestas en la Convención, y desde el seno del poder, se veían con otra luz. Además, persistía un ethos de la movilización social que teñía de un sentido testimonial varias de las acciones que se veían en la Convención. Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios amplificaron estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales. En coherencia con esto, videos de algunas de estas declaraciones aparecieron frecuentemente en la campaña y franja televisiva del Rechazo. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo terminó por generar desasosiego”.

En el segundo caso, Titelman reseña que “es posible que, paradójicamente, el uso y abuso de la política del espectáculo y las trifulcas testimoniales asemejaran más a los convencionales al Congreso y a la política tradicional, donde también abundan estas prácticas. En cualquier caso, ciertamente los alejaban de la imagen de representantes más eficaces que los políticos tradicionales en llegar a acuerdos y sacar adelante demandas ciudadanas”. Entre ellos el caso más connotado fue el del constituyente, Rodrigo Rojas Valde, conocido como Pelao Vade, producto del estallido social, que mintió sobre su diagnóstico médico de cáncer y lo usó como bandera de lucha para lograr una curul.

Y en el tercer punto, lo resume en un rechazo a la plurinacionalidad y al sistema de justicia indígena, de acuerdo con una encuesta de Espacio Público – IPSOS. “El sector del ‘Rechazo‘ logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionadas con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. Si bien estas posiciones no se expresaron en el texto constitucional, sirvieron de municiones para la campaña del ‘Rechazo‘”.

Concentrado más en la propuesta de texto para nueva Constitución, el doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Sergio Grez, menciona que “la propuesta constitucional chilena debió ser la que más derechos nominales inscritos en el mundo, lo que hace que en la inmensa mayoría de casos no se puedan hacer realidad porque los derechos sociales garantizados necesitan de financiamiento, que no fue asegurado por la Convención Constitucional, pues esta se negó a adoptar normas que hicieran posibles medidas tales como las nacionalizaciones, para disponer de los recursos necesarios”.

Además, a varios sectores de izquierda les decepcionó el procedimiento mediante el cual se establecía la entrada en vigencia de la Constitución,  cuya fecha final estaba prevista para el 11 de marzo de 2026, tiempo en el que el Parlamento debia ir ajustando las normas y en el que se prolongaban los poderes constituidos. “Como han dicho algunos analistas, la Convención Constitucional capituló, se hizo el harakiri, se negó a sí misma”, asevera Grez.

En redes sociales circularon muchas noticias falsas sobre el alcance de normas relacionadas con los derechos colectivos como la plurinacionalidad y  la justicia indígena, los derechos de la naturaleza, derechos digitales, derechos de las mujeres sobre su cuerpo, el derecho colectivo del agua, entre otros.

Uno de los puntos álgidos, según reseñan varios analistas, fue el de reconocer a Chile como un “estado plurinacional e intercultural”, tal como lo hacen otras naciones andinas como Ecuador y Bolivia. “Hay un racismo estructural muy fuerte no solo en las élites, también en el campo popular y la plurinacionalidad con autonomías territoriales y reconocimiento a la justicia indígena generó un racismo muy fuerte en todas las escalas. Los indígenas, ni los mapuches son privilegiados de la sociedad. Es el pueblo viendo a otra parte del pueblo como amenaza”.

En el referéndum, el “Acepto” pierde incluso en territorios considerados bastión de la izquierda y de los constituyentes como el territorio Mapuche, donde el problema pasa más por la sostenida represión, aunque el presidente sea ahora el izquierdista Boric.

Ferretti comenta que cuando Boric asumió el gobierno retira el Estado de emergencia en el territorio del Wallmapu, pero “se produce una escalada de actos de violencia, no todos atribuibles al pueblo Mapuche. La situación se complejizó con grupos que trafican, por ejemplo, madera, narcotráfico, crimen organizado. Sin duda es una medida contradictoria sobre lo que siempre hemos dicho. No tiene una respuesta fácil, es inevitable recurrir a la fuerza pública para generar condiciones de seguridad, se requiere un diálogo profundo para conseguir una solución duradera”.

Pocas horas después del triunfo del “Rechazo”, Boric se pronunció en un mensaje a la nación: el resultado “exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos”.

Chile se enfrenta a una “paradoja constitucional” y es que quiere una nueva Constitución, pero “la que les propusieron, no les convence”, menciona Cristian Ascencio, editor de Conectas para Chile. “La propuesta no genera el mismo consenso original: acabar con la Constitución de 1980, la del dictador Pinochet”, por lo que es posible que el Parlamento sea el encargado de presentar un nuevo texto.

Las fuerzas progresistas pasarán años intentando explicarse el resultado, pero desde su análisis hay tres razones: 1) El rechazo a la política del espectáculo en la Convención; 2) La homologación de la convención con la política tradicional; 3) La reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.

–Noam titelman, editorialista

[1] El sufragio del 4 de septiembre fue una convocatoria única y obligatoria. Las elecciones anteriores son voluntarias para los ciudadanos en capacidad de votar.

Este especial cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg – Ecuador

*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.

*Ela Zambrano, comunicadora y periodista-feminista (en construcción). Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego.