Por Ela Zambrano y Jorge Basilago*
El aluvión de La Comuna-La Gasca motivó una serie de discusiones sobre las condiciones en las que se encuentran las laderas pero también toda la ciudad de Quito. El monopolio inmobilliario, la falta de estímulo a la participación ciudadana desde el mismo Municipio, la posibilidad de pensar en el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad, entre otros temas, confluyen sobre la mesa de debate, a la espera de una discusión seria y una toma de decisiones adecuadas.
Paulina Cepeda, arquitecta y magíster en Estudios Urbanos, investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Ecuador), nos da unas luces sobre cómo se ve, analiza y entiende a la ciudad.
P: El aluvión de La Gasca y La Comuna develó muchos aspectos desatendidos de la planificación de nuestra ciudad: el uso de sus laderas, la expansión urbana, los “permisos” municipales ¿Cómo catalogas el crecimiento de Quito y qué modelo ha seguido, si es que puede hablarse de tal cosa?
R: Creo que todos lo sabemos y es evidente: el crecimiento de Quito es desordenado. En el discurso, varias alcaldías han señalado que iban a controlar la ciudad tanto territorial como socialmente, pero al final las políticas y las planificaciones son todo lo contrario, son incoherentes frente al discurso que se presenta. No hay un proyecto ni una idea de ciudad claros, se nota en el desorden y en la falta de control.
¿Cómo diferencias entre las distintas manifestaciones de la informalidad urbana? Entendemos que una cosa es la gente que llega y se toma terrenos, pero otra es la informalidad en la reforma de leyes según el poder económico de quien lo proponga. Es decir, la informalidad vs. la informalidad.
Las políticas y la planificación de la vivienda en Quito han sido completamente incoherentes con la realidad y el contexto nacional. Las zonas más densas de la ciudad son las menos costosas y las zonas costosas son las menos densas y las que más han generado construcción.
Lo que provoca la falta de políticas de planificación de la ciudad es que la gente busque estos espacios menos costosos en zonas de riesgo, entendiendo que el riesgo y la vulnerabilidad son cosas separadas. La vulnerabilidad socioeconómica de habitabilidad, que nosotros generamos y afecta a las personas que tienen menos capacidad de responder al riesgo, la podemos evitar de cierta manera y no lo hemos logrado.
La informalidad en Quito es del 70%, según un estudio de 2017, y de este porcentaje el 45% está en zona de riesgo. Esa informalidad no solo responde a los asentamientos que se hicieron fuera de la norma, sino también a los que se construyeron como vivienda de interés social, que al final no responden a lo que la gente necesita. No se ve el déficit cualitativo en la ciudad: la adecuada habitabilidad, localización, servicios y riesgos.
Si analizamos las encuestas de percepción ciudadana, la gente no confía en los políticos, no confía en el alcalde actual ni en el concejo. Hay un total descrédito. Mientras todo esto sucede, los ciudadanos no se conectan con lo que ocurre en su entorno porque necesitan seguir produciendo. Es responsabilidad del municipio integrar a la ciudadanía, crear planes con los que la mayoría esté conforme.
En el marco de este análisis, ¿qué sucedió en La Gasca y La Comuna?
Lo que sucedió en la Gasca era algo que se podía evitar y me refiero al desastre. Se justifican el Municipio, las empresas responsables, pero creo que el problema es que no tenemos alertas tempranas que habrían evitado la pérdida de vidas humanas.
Y en cuanto a las viviendas construidas en las laderas, ¿qué análisis se podría hacer?
No solo hay un problema de vivienda nueva y de relocalización, debemos agregar los procesos de regularización de barrios, que son altamente criticados. Si nos ponemos a ver, por cada asentamiento irregular que se aprueba o se legaliza, aparece uno nuevo. En las alcaldías de Paco Moncayo (2000-2009) se anunció la regularización de 300 asentamientos humanos consolidados, y al final de su gestión ya eran 700. Lo mismo pasó con Augusto Barrera, que empezó regularizando 400 y al final de su mandato tenía casi 900. Esa lógica de regularización de asentamientos informales no funciona, nos está generando una dinámica que circula ahí mismo, como un incentivo: mientras más legalizo, más barrios aparecen.
En la práctica, ¿cómo se desarrolla esa lógica?
Se produce una invasión, hay una sanción mínima y luego de 5 años se pueden legalizar. Para la población con necesidad de vivienda es el camino más cómodo y hasta lógico para acceder al suelo. La falta de producción de vivienda de interés social no les permite generar cooperativas para hacerlo de manera legal y segura.
De hecho, muchos barrios tradicionales en Quito fueron resultado de planes como los que mencionas…
El camino más seguro para acceder al suelo debería ser el de las cooperativas de vivienda, pero estas necesitan primero establecerse, tener un terreno y luego poder acceder a los créditos. Al mismo tiempo, la Administración Pública debería permitir la organización de este tipo de colectivos y el acceso al suelo, pero ahora la Ley de Cooperativas les restringe un poco. En ese contexto, si tengo que elegir entre organizarme para acceder al suelo o invadir, es más rápido buscar la legalización del asentamiento irregular.
Luego necesitamos planes de relocalización, porque se asientan o invaden zonas de riesgo…
Y eso tampoco responde a una planificación. No hay una política de relocalización de asentamientos: ni siquiera funciona en emergencias. Después del desastre del aluvión, deberíamos ver que se ejecuta la relocalización, pero eso no está pasando. Las acciones deberían darse de manera adecuada y a tiempo.
¿Qué tan cerca –o lejos- de lograrlo estamos?
Las ciudades cambian, mutan muy rápidamente y nosotros no respondemos a eso: hoy intentamos resolver problemas de hace 10 años. No vamos al ritmo que la ciudad va. Necesitamos un plan y una estrategia, un camino claro, que la ciudadanía sepa cuál es la idea y el proyecto que tienen las autoridades, y a eso adaptar soluciones reales.
¿Cuál sería el nivel de compromiso deseable por parte de la ciudadanía, para apuntar a ese objetivo?
Yo creo que en las ciudades siempre hay tres actores fundamentales: gobierno local (público), sector privado y ciudadanía, a la que siempre le han dejado al margen. La apatía ciudadana se genera por la falta de conocimiento de los planes para la ciudad.
A partir del destape de la corrupción en el cabildo quiteño, hay encuestas que señalan que a más del 50% de la población en Quito no le interesa saber qué está sucediendo. Vive al margen de todo. Mientras se solucionaba el conflicto de poder entre Yunda y Guarderas, hasta teníamos dos ciudades paralelas: una que estaba dentro, estancada en el aparato municipal; y, otra que actuaba, que necesitaba comer y salir del encierro.
En esta apatía por los problemas de Quito, hay una fuerte responsabilidad del gobierno municipal, que ha perdido toda su credibilidad, ha mantenido a ciertos sectores sociales fuera de la toma de decisiones y se ha sometido a un monopolio inmobiliario que manda en el desarrollo urbanístico.
Después del desastre del aluvión, se buscó hacer una mesa de trabajo con ciertos sectores específicos, representativos, pero no se contempló a toda la ciudadanía.
No sé si esto se conecta con el concepto de “urbicidio” que vienes desarrollando en tu trabajo. ¿Se trata de un crimen o de un suicidio?
Esto surge de una investigación que estamos realizando (en Flacso). El “urbicidio” es la ciudad que se muere, pero no porque se suicide sino porque nosotros generamos un asesinato, un momento violento, una carga fuerte contra la ciudad. Nosotros tenemos derecho a la ciudad, bien; ahora, la pregunta es, ¿la ciudad tiene derechos?
A partir de la Constitución de Montecristi, la naturaleza es sujeto de derechos. Ahora, en Ucrania, se destruyen ciudades a partir de una acción humana, ¿quién se hace cargo de eso? Hay dos derechos coexistiendo: el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad. Lo que pasó en La Comuna y La Gasca es una vulneración a los derechos de la naturaleza y a los derechos de la ciudad.
Lo que pasa en Quito es un camino hacia la muerte de la ciudad. Ahora se generó una crisis que nos puede llevar a una salida positiva si pensamos a la ciudad como el centro de desarrollo, de convivencia y de interacción social. El fin último de la investigación es proponer un cambio en el sentido de producción de la ciudad: de verla como un bien privado, para el mercado, a transformarla en un bien de todos los habitantes.
Comentabas hace un momento que el gobierno de Quito trabaja en función de las grandes constructoras: son ellas las que imponen el modelo de ciudad a seguir, en lugar del municipio… ¿dónde queda entonces el bien común?
El sector inmobiliario es el que puede adaptarse al marco institucional de la ciudad. Si cambia hoy, este sector se va a adaptar, su capital siempre fluctúa, está garantizado. La especulación que se genera en ciertos sectores ya les da ganancia, aunque no vendan los departamentos.
En Quito hay un monopolio que especula en varias zonas de alta rentabilidad y da la pauta de hacia dónde debe ir la ciudad. Si, al menos, hubiera competencia entre inmobiliarios, este negocio podría ser un poco más justo. En cierto momento hubo inmobiliarias que generaban viviendas de interés social, pero el mismo sistema no lo permitió y se “comió” a los actores más pequeños.
La ciudad de Quito está atrapada en esta lógica de un gran monopolio inmobiliario, que además se apoya en un marco institucional que le permite actuar sin pérdida y seguir creciendo.
¿No debería ser el Municipio el que fije las reglas, para estimular la competencia y evitar este urbicidio del que veníamos hablando?
En el caso específico de Quito, el municipio flexibiliza tanto las reglas que es fácil actuar (en contra de las normas). El Plan Urbanístico Arquitectónico Especial les permite hacer lo que no se puede: darle algo a la ciudad, como intercambiadores, a cambio de permisos; o añadir pisos extra en un edificio por un pago especial.
Por un lado, el mercado privado tiene que seguir funcionando y generando empleo. Pero quien pone los límites es el Municipio, que por ejemplo debería triangular para impedir que todo se concentre en la misma zona: si ya invertí en La Carolina y los negocios inmobiliarios toman ventaja de eso, no voy a volver invertir allí mismo. Me llevo esos recursos para dotar de servicios a otros barrios. De lo contrario, ¿están primero los barrios o primero los inmobiliarios?
Eso es el ejemplo de una ciudad solidaria…
La economía circular, solidaria, da pautas a estas nuevas lógicas de producciones sociales, para entender que no sólo vamos al son del capital, sino que generamos una redistribución. Nos ayuda a entender la gobernanza de bienes comunes, no solamente de bienes privados. La ciudad es un bien común, pero se está manejando como un bien privado.
Esa desigualdad, en Quito, se ve claramente en las laderas del Pichincha: los asentamientos informales, luego legalizados, colindan hoy con zonas de alta plusvalía como el Quito Tenis, el Bosque o el Pinar Alto, barrios con mejores cimientos, edificios pensados para ser vecinos de laderas y quebradas. Pero esto no sucede más al norte o más al sur ¿Qué nos revela esta característica?
Justamente este ejemplo evidencia la diferencia entre la vulnerabilidad y el riesgo. Todos están en zonas de riesgo, pero unos pueden responder mejor a esa circunstancia y disminuyen su vulnerabilidad. Otros sólo la aumentan, porque no pueden generar muros de contención, canales de desfogue ni dar mantenimiento a las zonas cercanas a sus conjuntos.
No sirve de mucho que los expertos sigan haciendo mapas de riesgo si no sabemos cómo actuar, o si los barrios más vulnerables no tienen una salida para eso. Alguna vez se planteó que el Colegio de Arquitectos haga una inspección a estos barrios y les asesore técnicamente para que puedan disminuir su vulnerabilidad. Pero solo seguimos a la expectativa de lo que pueda suceder. Hemos construido sobre las quebradas.
La Cooperativa Alianza Solidaridad, en Quitumbe construyó con un sentido técnico, respetando el ecosistema y la ciudad; ese es un referente muy importante de lo que está pasando aquí en las zonas de las quebradas. A la semana del aluvión de La Gasca-La Comuna se mostraron imágenes de casas que no se fueron, pero que están al borde. La acción preventivadebe salir del municipio, necesariamente es del Municipio. Aunque no veo que se estén tomando acciones: el presupuesto del municipio está destinado al Metro.
A su vez, las urbanizaciones bien construidas se benefician de la mano de obra que les aportan los barrios informales que las circundan; y mientras eso sucede, no hay molestias ni acusaciones.
Tienen que localizarse cerca del lugar donde sus habitantes prestan servicios. El Botánico es otro gran proyecto, que genera una expectativa altísima: si llega a consolidarse vamos a tener un sinnúmero de asentamientos informales alrededor. El sector privado genera las centralidades que debería provocar el gobierno de la ciudad. La Carolina es otra centralidad en manos privadas.
Se supone que a lo largo de la Ruta Viva no se iban a desarrollar proyectos de vivienda, pero como se flexibiliza la norma, ya se empezaron a hacer grandes conjuntos inmobiliarios, grandes infraestructuras, colegios, centros comerciales. El Cenizario de Urkupamba fue también así: tenían la licencia y luego le dieron de baja.
Hay también una propuesta para gestionar y nombrar a las laderas del Pichincha como “Parque Nacional Pichincha”. El promotor, Othón Zevallos, docente de la Politécnica Nacional, señala como ejemplo que cuando se puso el Parque Metropolitano al servicio de la ciudad, para evitar que se lo lotizara, cesaron los intereses inmobiliarios ¿Esto puede ser una alternativa? ¿Qué medidas deberían tomarse en cuenta para hacerlo viable?
Puede ser una salida nombrar el Parque Nacional Pichincha, y que quienes estamos en sus faldas nos demos cuenta de que arriba nuestro tenemos una gran diversidad de la que debemos cuidar. Para generar un parque de esa magnitud debe haber una fuerte negociación con el gobierno nacional para seguridad, mantenimiento, cuidado de los incendios forestales en verano… Es una acción para proteger esa zona y evitar más invasiones. Yo el inconveniente que le veo es el presupuesto, el municipio solo tiene plata para elMetro.
La campaña para la alcaldía de Quito ya empezó, ¿qué cualidades o conocimientos debería tener la persona encargada de administrar los destinos de la capital?
La falta de conocimiento de los alcaldes, en ciertos momentos, nos ha llevado a donde nos encontramos. Hay unos temas políticamente usados, que se debaten un tiempo y luego se diluyen. No hay quién nos informe lo que sucede en las arcas municipales.
Es necesaria una persona con conocimientos de lo que vemos a diario: las zonas de inseguridad, el desempleo, las condiciones de las zonas de riesgo. La mayoría de exconcejales no han hecho nada; hay candidatos que ven hacia la Presidencia y usan a la alcaldía como escalón; y, otros están pensando en sus negocios privados.
Es sumamente importante que este voto sea con conocimiento, con un plan que se pueda hacer y responda a las necesidades. Que sea un técnico y profesional para la ciudad. Se debe dejar de planificar Quito para el arquetipo de hombre joven y pensarla para la diversidad.
Yo creo que en las ciudades siempre hay tres actores fundamentales: gobierno local (público), sector privado y ciudadanía, a la que siempre le han dejado al margen. La apatía ciudadana se genera por la falta de conocimiento de los planes para la ciudad.
–Paulina Cepeda, arquitecta y magíster de Flacso-Ecuador
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
*Ela Zambrano, comunicadora y periodista, feminista en construcción. Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego.
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