Abundantes recursos naturales
Concentración de biodiversidad
Por el territorio continental de Ecuador atraviesa la Cordillera de los Andes que divide en tres regiones naturales Costa, Sierra y Oriente, donde se registra diversidad de pisos climáticos y como consecuencia de ello posee variedad de especies de flora, fauna y sistemas ecológicos. Además, forma parte del territorio nacional el Archipiélago de Galápagos que constituye la cuarta región.
La alta concentración de biodiversidad se considera como un recurso estratégico que puede convertirse en un elemento clave para el desarrollo sustentable del país. La mayor parte de los alimentos, medicinas, materias primas para la industria son de origen vegetal. El 18% del territorio nacional está constituido por áreas protegidas, con el propósito de preservar la biodiversidad y la diversidad de paisajes y bellezas escénicas.
Ecuador, hasta hace pocos años atrás, se ubicaba en el puesto “…diecisiete entre los países megadiversos … y el más biodiverso de todos si se relaciona el número de especies que posee con su extensión geográfica… Esta riqueza significa que el país cuenta con las más variadas formas de vida expresadas en su flora, fauna y microorganismos, en su diversidad genética y en su variedad de ecosistemas” (Atlas geográfico, 2013).
En el territorio nacional existe como áreas protegidas: 9 reservas ecológicas, 5 refugios de vida silvestre, 3 reservas de producción faunística, 3 reservas biológicas, 1 reserva geobotánica y 11 parques nacionales (Ibidem). Entre los parques nacionales se destacan Galápagos, la joya de la corona en turismo y Yasuní, con una de las mayores concentraciones de flora y fauna en el mundo y la presencia de pueblos no contactados, los tagaeri y taromenani.
Reservas de Petróleo
En la Península de Santa Elena, en 1911, se inició la exploración de petrolero con la perforación del pozo Ancón 1 que arrojó crudo con 32° API y confirmó la existencia de importantes reservas de petróleo. Décadas más tarde, en 1967, en la región amazónica se perforó el pozo Lago Agrio 1 que arrojó una producción de 2.610 barriles diarios de crudo liviano, hecho que marca el inició de la época petrolera, con lo cual el país empieza explotar el crudo en volúmenes relevantes y luego a partir de 1972 se convierte en importante exportador de hidrocarburos.
La explotación y exportación del petróleo ha desempeñado un rol relevante en la economía nacional por su participación en la generación del Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en el financiamiento del presupuesto general del Estado. La producción de petróleo se situó, en 2018, en promedio en 517.000 barriles diarios, cuya explotación se origina el 96,5% en la región amazónica y el 0,5% en la Costa. El 72,5% de la producción de crudo corresponde a Petroecuador y el 27,5% a compañías privadas.
Según el Informe de Gestión-Rendición de Cuentas 2018, Petroecuador obtuvo ingresos por $11.647 millones, registrando un crecimiento de 22,4% respecto al año anterior. Las exportaciones de petróleo y derivados se ubicaron en $7.707 millones, venta interna de derivados $3.890 millones, venta de gas natural USD 37 millones, entre los ingresos más importantes de la empresa pública.
Ecuador, en 2017, se ubicó en la décima octava posición entre los países con mayores reservas de petróleo en el mundo y a nivel de Suramérica en el tercer lugar con 8.273 millones de barriles, por encima de México 7.640 millones, Argentina 2.162 millones, Colombia 1.665 millones, Perú 434 millones, entre otros. Igualmente, Ecuador tiene importantes reservas de gas natural, registra 10.900 millones de metros cúbicos.
Potencial Minero
En Ecuador la explotación de minería metálica, no metálica y materiales de construcción se ha realizado a nivel artesanal, pequeña minería y minería a gran escala que se utiliza como insumos para la producción de cerámica, joyas, cemento, construcción y actividades que demanda gran cantidad de mano de obra tanto calificada como no calificada.
La minería como material de construcción participa con un 27% en el componente pétreo, 20% en enlucidos, 25% en mampostería y 18% en el costo de construcción de vías. En los últimos años se han constituido y fortalecido varias empresas nacionales y extranjeras en el ámbito de la minería. Hasta el año 2009, el número de concesiones mineras llegaba a 2.051, cuya superficie abarcaba 1.062.867 hectáreas (Atlas Geográfico del Ecuador, 2013).
Los descubrimientos de las compañías mineras estiman que los recursos de oro, cobre y molibdeno ascenderían a más de $200.000 millones que podrían generar su explotación, pero para entrar en producción requerirían de 3 a 4 años y demandarían inversiones superiores a los $2.000 millones. El potencial del recurso oro primario se estima en 93,9 millones de onzas, equivalente a $83.559 millones a precio del oro a junio de 2009 (Ibidem).
La potencialidad de la minería metálica ha atraído a importantes empresas extranjeras que actualmente se hallan en fases de exploración. En la provincia de Zamora Chinchipe está el proyecto Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold que construye la mina subterránea para la extracción de oro y plata, prevé entrar en la fase de extracción a fines de año y se estima en promedio genere 300.000 onzas de oro al año.
También en la provincia de Zamora Chinchipe, el proyecto Mirador, a cargo de la empresa china Ecuacorriente S.A. tiene planificado entrar en la fase de extracción de cobre, oro y plata a cielo abierto a fines del presente año. En la misma provincia, el proyecto San Carlos Panantza, a cargo de la china Explorcobres, tiene una concesión de cerca de 14.000 hectáreas, dentro de las cuales se halla la población Shuar-Arutam, ubicado en la provincia de Morona Santiago. El proyecto Panantza por incumplimiento de normas ambientales fue suspendida sus actividades.
El proyecto Quimsacocha, situado entre los 3.600 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, a 35 kilómetros del sur de Cuenca, a cargo de la empresa canadiense INV Metals, tiene un yacimiento estimado en 3,3 millones de onzas de oro, 22,7 millones de onzas de plata y 143,3 millones de onzas de cobre.
En la consulta popular que se realizó el 24 de marzo en el cantón Girón, el 86,7% de los votantes se pronunció en contra de la extracción de la minería en el páramo de Quimsacocha. En la provincia del Azuay, el proyecto Río Blanco a cargo de la empresa china Ecuagoldminig, está paralizada por enfrentamientos con grupos antimineros.
La inversión directa extranjera en 2018 superó los $1.400 millones, en su mayor parte correspondió al crecimiento de actividades de minas y canteras, $742 millones y la diferencia a créditos entre matrices y filiales de empresas extranjeras. En los últimos años se ha dinamizado las actividades de exploración de la minería metálica y no metálica a gran escala, pero con los resultados que arrojaron la consulta popular realizada en Quimsacocha que se prevé replicar en otros sectores del país, en alguna medida podría frenar el dinamismo de estas actividades.
Recursos hídricos
Ecuador por su ubicación geográfica y su topografía -la Avenida de los Volcanes, donde sobresalen el Cotopaxi y Chimborazo considerado el más alto del mundo desde el centro de la tierra- tiene importantes recursos hídricos que se considera un recurso estratégico para las actividades económicas y humanas actuales y futuras. El cambio climático ha determinado una sustancial reducción de los glaciales y de los páramos, hechos que también han contribuido la ampliación de la frontera agrícola y las actividades humanas.
Las zonas con altos caudales de agua corresponden a la región amazónica y al noroccidente del país, mientras que las zonas con menor caudal se sitúan en la región Sierra y hacia el oeste de la Costa. Existen dos grandes cuencas hidrográficas que recogen el agua de las lluvias: la vertiente del Río Amazonas formada por varios ríos que nacen en la cordillera Oriental de los Andes y la vertiente del Pacífico formada por ríos que surgen de la cordillera Occidental de los Andes (Atlas Geográfico, 2013).
Según la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), el 70% de los ríos en el país tiene contaminación con cargas orgánicas, sustancias tóxicas, microorganismos patógenos y derrames de hidrocarburos que son los más perjudiciales porque afectan la calidad del agua y la belleza paisajista. Además, porque las actividades de recuperación son largas y costosas (Ibidem).
Ecuador tiene 1.500 kilómetros de ríos navegables. En 2017, los proyectos hidroeléctricos generaban el 54% de total de la electricidad producida a nivel nacional a través de turbinas impulsadas por agua. En Suramérica, el país se ubica en el cuarto puesto en generación de electricidad mediante centrales hidroeléctricas, después de Paraguay, Colombia y Brasil (The World Factbook, 2012).
Abundantes recursos naturales, pero económicamente pobres
Ecuador, en los últimos decenios, registró tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) realmente anémicas y en ciertos años (1999, 2016) ingresó y se estima que va a entrar en recesión (2019) atribuida por las inadecuadas políticas económicas, cartas de intención, corrupción, evasión de impuestos, caídas de los precios del petróleo en los mercados internacionales, entre otros factores.
Perú, Ecuador y Colombia, en 2006, se encontraban entre los seis países con menor PIB per cápita, en dólares corrientes, en Suramérica, cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente. En 2019, Perú y Colombia salieron de este grupo y es probable que Paraguay abandone en poco tiempo por las altas tasas de crecimiento económico que viene registrando.
Venezuela, en 2019, se sitúa en el primer lugar del ranking de los países más pobres de Suramérica como resultado del colapso de su economía, registra un PIB per cápita de $3.100; seguido de Bolivia, $3.940; Guyana, $4.940; Paraguay, $6.230; Ecuador $6.280 y Surinam $6.880.
Ecuador, después de trece años, con todo el auge de los precios del petróleo en los mercados internacionales, se mantiene en el quinto puesto entre los países más pobres de Suramérica.
En el país, los niveles de pobreza, segmento de la población que no tiene los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar, bajaron de 55,3% en 2001 a 39,9% en 2006 y se ubicó en 31% en 2014 (Cepalstat). A diciembre de 2018 la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanzó al 23,2% de la población, de este porcentaje la pobreza rural correspondió al 40% y la pobreza urbana al 15,3% (INEC, 2019).
La indigencia, considerado al segmento de la población que no tiene los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, en Ecuador bajó de 31,3% en 2001 a 12,8% en 2006 y se situó en 9,9% en 2014. A diciembre de 2018, la pobreza extrema se ubicó en 8,4%, de este porcentaje la pobreza en el área rural fue de 17,7% y en el área urbana de 4,1% (Ibidem). Si bien bajaron los niveles de pobreza y extrema pobreza, siguen siendo porcentajes altos comparados con otros países de América Latina.
De más de 1 millón de venezolanos que ingresaron a Ecuador sin mayor control, en 2018, se estima que alrededor de 250.000 personas se han quedado en el país (El Comercio, 2019), de ellos un segmento importante han pasado a engrosar las filas del sector informal en las principales ciudades, toda vez que el aparato productivo nacional no tiene capacidad para demandar mano de obra, lo que ha agudizado la situación económica y social del país.
Resulta inaudito que Ecuador que posee importantes recursos naturales como la alta concentración de biodiversidad, petróleo, gas natural, recursos hídricos, pesca y minería metálica (oro, cobre, plata) se ubique entre los países más pobres de Suramérica.
¿Ecuador, un país pequeño?
En los últimos decenios se implementó diversas modalidades de políticas económicas, desde neoliberales hasta estatistas, sin embargo, no se consiguió un crecimiento sostenido de la economía. Hay varios factores que pueden atribuirse al pobre desempeño de la economía.
Los empresarios no incrementaron la producción de bienes debido al limitado tamaño del mercado nacional, esto es, a la baja capacidad de demanda de amplios segmentos de la población. No se plantearon como objetivos estratégicos incorporar la generación de bienes a los procesos de globalización de la economía, esto es, a los mercados internacionales.
Ecuador tiene una extensión territorial de 283.561 kilómetros, uno de los países más pequeños a nivel de Suramérica. En 2018, el PIB se sitúo en $107.266 millones y una población de 16,5 millones de habitantes. En el imaginario nacional ha habido una especie de complejo por el tamaño territorial del país.
Corea del Sur registra una superficie de 99.720 km2. La guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos provocó la devastación de las economías en las dos coreas, Norte y Sur, que finalizó en 1953. A mediados de los años 60, las condiciones económicas y sociales eran similares a las de Ecuador. Sin embargo, en pocos años Corea del Sur se convirtió en una potencia industrial y tecnológica. En 2018, el PIB era equivalente a USD 1,6 billones y registra una población de 51,4 millones de habitantes.
Taiwán tiene una extensión territorial de 35.980 km2. Al igual que Corea del Sur, en pocos años se transformó en una economía industrializada, uno de los países llamados “tigres asiáticos”. En 2018, registra un PIB de USD 602.678 millones y una población de 23,5 millones de habitantes.
Singapur posee una extensión territorial de 719 km2. A fines de los años 60 tenía indicadores económicos y sociales similares a los de Ecuador; no obstante, en poco tiempo se convirtió en un país altamente desarrollado. En 2018, el PIB superaba los USD 346.600 millones, mayor que los PIB de Colombia, Chile y Perú. El pequeño estado registra una población de 5,9 millones de habitantes.
No se promueve grandes proyectos de infraestructura
Las elites empresariales y políticos neoliberales han criticado la intervención del Estado en la economía como el causante de todos los males. Desde el Ejecutivo en actos de contrición se reiteraba que se equivocaron y que no es el momento de construir “obras faraónicas”.
De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española el término faraónicas tiene dos acepciones, relativo a los faraones y que es enorme, fastuoso, lujoso. La palabra “obras faraónicas” se ha usado como término peyorativo de parte de los críticos de las grandes obras públicas por ser sobredimensionadas, demandan gigantescos costos económicos y de cuestionada utilidad.
El consultor español Eduardo Echeverría afirma:
“… se ha descubierto recientemente que las Pirámides de Egipto fueron construidas por hombres libres del propio Egipto, y no por esclavos extranjeros como se creía hasta ahora. Dichas pirámides se llevaron a cabo en las épocas en los que las sequías, y las malas cosechas consecuentes, aumentaban el desempleo… Los faraones las usaron para mantener a la población empleada y, por tanto, la paz social, durante estos periodos de crisis… ¿fueron las pirámides unas obras “faraónicas” al estilo actual? Es muy probable que los egipcios de la época así lo considerasen, y por eso no siguieron construyendo… Pero a cambio legaron una de las maravillas del mundo a las generaciones posteriores, con un valor artístico incalculable, pese a su limitada utilidad inicial”.
Hoy en día, una de las fuentes más importantes de ingresos de Egipto es el turismo y las pirámides, construidas como inmensos templos funerarios de los faraones, son uno de los principales atractivos. En China, el Estado ha jugado un papel esencial en el desarrollo de su economía, a través de la planificación estratégica ha desarrollado megaproyectos como el hidroeléctrico “tres gargantas”, el más grande del mundo por su extensión, y la “Nueva Ruta de la Seda”, que se encuentra en proceso de desarrollo e involucra a decenas de países de Asia, Europa y América Latina.
Históricamente, las grandes obras públicas siempre han sido criticadas acerbamente por diversos sectores que tienen una visión limitada del desarrollo económico. En el ámbito nacional, en su momento, también se criticó la construcción de grandes proyectos como el hidroeléctrico Paute, Petroecuador, Emetel -luego CNT-, proyecto Coca Codo Sinclair y Metro de Quito que han estado envueltos en grandes escándalos de corrupción, sin duda, -no todos- porque los organismos de Estado encargados de auditar, investigar, administrar justicia y sancionar no cumplieron sus funciones a cabalidad.
Limitada cultura de trabajo
El desarrollo de un Estado está determinado por su ubicación geográfica estratégica, recursos naturales, cultura, nivel de educación, desarrollo económico, valores éticos y morales, entre otros factores.
En el ámbito de la cultura se puede afirmar que en Ecuador no se ha desarrollado una cultura de trabajo como existe en los países asiáticos, especialmente Corea del Sur, Taiwán, Japón. En el “país del sol naciente”, en una encuesta realizada por el gobierno, en la que participaron 10.000 empleados reveló que más del 20% decía estar trabajando al menos 80 horas extras al mes (Semana, 2018).
Otra encuesta realizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en 2016, reveló que las empresas japonesas ofrecieron a sus trabajadores una media de 18,1 días de vacaciones pagadas al año, pero los trabajadores solo utilizaron una media de 8,8 días, el 48,7% del total. Entre las causas que atribuían los trabajadores de no acogerse a las vacaciones pagadas eran “no me atrevo hacer vacaciones porque mis compañeros tampoco lo hacen”, “el ambiente de mi empresa no invita a pedir vacaciones, …” (Nippon, 2018).
En Japón la jornada habitual de trabajo es de 40 horas semanales, no obstante, empleados y trabajadores laboran muchas más horas que las establecidas en la ley laboral. El Parlamento de Japón aprobó una reforma de la ley que pone límites de 100 horas extra mensuales y 720 al año, destinada a poner fin a las excesivas jornadas de trabajo, pero exime a los profesionales con altos cargos y mayor cualificación de esos límites (El Observador, 2018).
En un artículo titulado “El lunes festivo japonés plantea la reducción de la jornada laboral” se dice: “Japón es un país con una cultura de trabajo especial, donde hacer huelga es trabajar más para que las empresas tengan un exceso de mercaderías en el almacén…” (La Vanguardia, 2018).
Japón tiene una extensión territorial de 377.915 km2 y una población de 126,2 millones de habitantes. Sin embargo, el “país del sol naciente”, en 2018, registró un PIB de USD 5,1 billones, la tercera mayor economía del mundo, y un PIB per cápita de USD 40.943. Japón lidera la fabricación de robots a nivel global que utiliza para la automatización de los procesos productivos orientado a aumentar la competitividad.
En Japón la puntualidad es parte de la identidad de la población, por lo que un minuto de tardanza es una falta grave, por lo general en las reuniones de trabajo los participantes deben estar 10 minutos antes. Los metros, trenes de alta velocidad, líneas aéreas, son de los más puntuales comparados con los de otros países. En contraste, en Ecuador predomina la impuntualidad en todas las actividades.
Cultura empresarial
La cultura empresarial se considera como un conjunto de normas, valores, creencias, formas de actuar, pensar y sentir que comparten los miembros de una organización. Dentro de la cultura empresarial entra también el estilo de dirección, imagen de la empresa, atención al cliente, trato con los proveedores (EIPE).
En Ecuador no se ha desarrollado la cultura empresarial orientada a incrementar la productividad, innovación, incorporación a los mercados internacionales y gestión de calidad en la generación de productos. Un segmento importante de las empresas mantiene una estructura de capital cerrada, básicamente familiar, por este motivo no se ha desarrollado el mercado de capitales.
En Ecuador el valor de mercado de acciones que se cotizaban en bolsa, esto es, el último precio por acción multiplicado por el número total de acciones en circulación, al 31 de diciembre de 2017, llegaba USD 6.838 millones, por encima de Paraguay que registraba un valor de USD 962 millones, pero por debajo de Bolivia, cuyo valor era de USD 12.800 millones (The World Factbook, 2017).
La cultura tributaria en el país, igualmente, no se ha desarrollado, por el contrario, las leyes que permitieron las cinco remisiones de intereses, multas y recargos lo han debilitado aún más. Actualmente, después de la última Ley que dio luz verde a la remisión de deudas de los contribuyentes, especialmente de grandes grupos económicos y filiales de empresas multinacionales, supera los 2.500 millones. Lo mismo se puede decir de la atención al cliente en el país, que registra deficiencias comparada con la de Colombia.
La “viveza criolla”
Es frecuente la actitud de conductores que no respetan las colas en el tránsito vehicular, rebasan y se ubican en los primeros lugares; ingresan a los carriles exclusivos de buses públicos para adelantar a otros vehículos; se estacionan en lugares no permitidos; las carreras que realizan los buses para recoger pasajeros.
Son reiteradas las actitudes de ciertos habitantes de sacar la basura en los días que no corresponde, dejar en la noche en los parterres, esquinas, calles, avenidas, plazas. Grafiteros que en medio de la noche embadurnan las paredes de casas, edificios, iglesias o lugares públicos, sin que tenga nada que ver con elementos de arte o estética.
En el ámbito educativo en sus diversos niveles es conocido, en no pocos casos, la filtración de exámenes, pruebas, trabajos copiados, tesis elaboradas irregularmente, que incluso han sido mencionadas en los medios de comunicación.
Los concursos de méritos y oposición que realizaba el cesado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con anticipación se sabía quién iba a ganar. El ex Contralor General del Estado obtuvo más del ciento por ciento en las pruebas cuando participo en el concurso para ocupar ese cargo, porque presuntamente le pasaron las respuestas, hoy se halla prófugo de la justicia.
El ex Gerente General del Banco Central firmaba como magíster cuando no tenía el título de cuarto nivel, igualmente, hoy se halla prófugo de la justicia. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil resolvió anular el título de posgrado de la ex vicepresidenta de la República por comprobarse irregularidades en el proceso. También destituyó a trece funcionarios.
Los hechos descritos se reproducen en diversas formas en los ámbitos políticos, sociales y económicos como parte de la “viveza criolla”, la misma que debilita la motivación que debería existir entre los diversos actores sociales para salir de la compleja situación económica en la que se halla el país.
Incumplimiento de las leyes
El incumplimiento de los mandatos constitucionales, leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas de los GAPS, que establecen derechos y obligaciones a los ciudadanos, es frecuente tanto en el ámbito del sector privado como en el público.
La Constitución de 2008 establece varias disposiciones destinadas a proteger los derechos de la naturaleza y de las personas. El artículo 397 dispone: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas”.
Sin embargo, la contaminación ambiental en ciudades, como Quito, causada por el transporte vehicular con motor a diésel sigue creciendo en forma imparable, causando miles de muertos y enfermos, en los hechos el mandato constitucional se ha quedado como simple letra muerta. Las autoridades competentes, local y nacional, no han hecho nada para mitigar el problema.
Tres ex jueces de la Corte Constitucional, cuya función es velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, se hallan investigados por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos, previa denuncia que presentó la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El Código Orgánico Tributario establece coactivas, embargos de bienes, prisión por defraudación tributaria. Entre 2010 y 2017, más de 800 empresas fantasmas vendieron facturas falsas por más de USD 2.200 millones, perjudicando al Estado en USD 655 millones, de los cuales se recuperó USD 367 millones, pero no se conoce y si se logró recaudar la diferencia y qué sanciones recibieron los autores del delito tributario (El Comercio, 2017).
La Ley de Transporte Terrestre determina distintos niveles de velocidad para circular en vías, avenidas, autopistas, en la ciudad o en carretera, sin embargo, no se aplica a cabalidad por desconocimiento de la ley o falta de voluntad política. El 8 de abril de 2019, la vía Panamericana fue cerrada en el cantón Huaca, provincia del Carchi, por una protesta de los transportistas contra el funcionamiento de dos fotoradares, días después las autoridades decidieron retirarlas por notificación del Ministerio de Transporte (El Comercio, 2019).
El número de fallecidos por accidentes de tránsito en 2018 subió a 2.151 personas, de ellos 511 en la provincia de Guayas, 357 Pichincha, 197 Los Ríos, 142 Manabí; una de las tasas de mortalidad más altas en América Latina. No obstante, no hay una cultura para acatar las disposiciones legales vigentes.
- ¿Qué hacer?
El equipo económico del “gobierno de todos” que gestiona el frente económico lo hace como aquel chofer que conduce su vehículo por el carril izquierdo, va despacio deteniendo a los vehículos que le siguen atrás, por más que le pongan luces o piten sigue indiferente.
Determinados analistas hablan de que el gobierno se halla en un proceso de transición luego del régimen de la revolución ciudadana que no dejó “la mesa servida”, aunque van a ser dos años de transición, todavía no se ha generado una agenda o proyecto nacional viable orientado a conseguir el crecimiento económico sostenido.
El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Finanzas y la Gerente del Banco Central del Ecuador, firmó la Carta de Intención con el FMI, cuyo contenido tiene el propósito de reducir el tamaño del Estado en la economía, vía reducción de gastos, especialmente de la masa salarial. Las élites empresariales y políticas conservadoras atribuyen los déficits fiscales al excesivo tamaño y regulación del estado.
La formación bruta de capital, inversión pública, descendió de USD 10.292 millones en 2016 (equivalente al 10,3% del PIB) -cuando la economía estaba en recesión- a USD 8.648 millones en 2017 (8,3% del PIB) y cae a USD 6.455 millones en 2018 (5,9% del PIB) (BCE, 2019). El FMI establece como meta que la formación bruta de capital baje hasta el 1% del PIB, lo que representaría un “harakire” para la economía nacional.
El sector privado no va a reemplazar las inversiones en infraestructura que tradicionalmente ha realizado el sector público. Los USD 9.000 millones que se comprometieron a invertir los gremios empresariales en cuatro años, más de 2.000 millones por año, no hay evidencias que lo hayan hecho hasta el momento, a pesar de los incentivos que se establecieron en la Ley de Fomento productivo.
En periodos de recesión económica, el estado debe realizar inversiones en infraestructura – carreteras, puentes, alcantarillado, telecomunicaciones, soterramiento de cables en las ciudades, suministro de energía eléctrica y agua potable-, donde se genera mano de obra, tanto calificada como no calificada, para estimular la demanda agregada, es decir, el consumo de bienes y servicios que genera el propio sector privado. Sin embargo, el equipo económico está haciendo todo lo contrario, y la economía, como ya lo prevé el FMI, va inexorablemente camino a la recesión, al igual que Argentina.
La gestión del burgomaestre en la capital de la República es un ejemplo de lo que no debería hacerse, estableció una política de “dejar hacer y dejar pasar”, como consecuencia de ello los informales se tomaron calles, avenidas, plazas, parques, espacios públicos, transformando en un gigantesco mercado informal.
Los grafiteros tuvieron luz verde para embadurnar el Patrimonio Cultural de la Humanidad. El transporte vehicular con motor a diésel sigue generando gran cantidad de gases tóxicos que provocan miles de muertos y enfermos cada año. Se prepara y vende alimentos con cocinetas y tanques de gas, en condiciones precarias, en diversos sitios de la ciudad. El problema de la basura sigue siendo tema de primera plana en los noticieros matutinos de televisión. En espacios públicos prolifera la mendicidad. En marzo de 2019, el desempleo se ubicó en 9,7% de la población, frente al 3,7% de la ciudad de Guayaquil (INEC, 2019). Sin embargo, la millonaria publicidad en los medios de comunicación del burgomaestre reiteraba que “hemos trabajado para cimentar el Quito del futuro”.
El profesor de la Universidad de Harvard, Michael Sandel, considerado el filósofo más popular del mundo, autor de varios libros como “Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales del mercado”, traducidos a 27 idiomas, defiende “… una justicia orientada al bien común, en la que los gobiernos puedan intervenir para evitar los excesos de la economía de mercado y las desigualdades sociales” (BBCMundo, 2018).
Sandel también sostiene “Un capitalismo sin regular genera desigualdad, destruye las comunidades y despoja de su poder a los ciudadanos. Fomenta una ira de la que acaba siendo víctima la democracia como hemos visto con la elección de Trump, con el Brexit o con el auge de nacionalismo xenófobos en Europa” (El País, 2018).
Francis Fukuyama en la antesala de la caída del muro de Berlín, en 1989, escribió el ensayo titulado el “Fin de la Historia”, donde destacaba el triunfo de la “democracia liberal” y de la “economía de mercado” frente al colapso de la Unión Soviética. Fukuyama sostenía que ante la ausencia de alternativas a la democracia liberal la sociedad ha llegado al “fin de la historia”, a la etapa final de la evolución de la humanidad.
No obstante, en los últimos años, Fukuyama ha evolucionado en su pensamiento, hoy en día sostiene:
“Lo que está pasando en EE.UU. y en Reino Unido es en gran medida una versión del capitalismo de libre mercado sin restricciones. Las empresas americanas están dispuestas a exprimir a sus trabajadores por cada céntimo usando su dominio del mercado. Eso es cierto incluso con empresarios de pensamiento liberal como Jeff Bezos en Amazon, que es terrible para sus trabajadores. Creo que es porque no se ve una alternativa de izquierdas realista y la gente cree que se puede salir con la suya.” (El País, 2019).
En Ecuador las élites empresariales siguen pregonando la “economía de libre mercado” sin mayores regulaciones. Se benefician de la infraestructura generada por el Estado, de los subsidios de los servicios públicos, del precio del diésel, de las sistemáticas remisiones de intereses, multas y recargos. Y, por el contrario, se resisten a pagar las deudas que tienen con el Estado, más de $2.500 millones con el SRI y $1.400 millones con el IESS.
Una propuesta alternativa a la del FMI debería empezar por la definición del país que queremos alcanzar largo plazo, objetivos estratégicos, políticas y metas, con la participación de los principales actores sociales: empresarios, trabajadores, sectores sociales, academia, medios de comunicación.
El país tiene el potencial de recursos naturales para convertirse en una potencia turística: biodiversidad, montañas, lagos, ríos, lagunas, playas, variedad de clima, culturas, varias nacionalidades. Desarrollar la minería metálica -oro, plata, cobre- minimizando el impacto ambiental al máximo, estableciendo observatorios con la participación de gremios profesionales y la academia.
Previamente se debería empezar con cuestiones básicas que constituyen verdaderos obstáculos para el desarrollo y transformación del país.
- Establecer una política de cero tolerancias a la impuntualidad, “viveza criolla”, corrupción, evasión tributaria. Si Ecuador no logra superar estos problemas, continuará quedándose rezagado con relación a otros países de América Latina, en los ámbitos económicos, políticos y sociales.
- Priorizar el cobro de deudas que tienen los grandes contribuyentes con el SRI e IESS.
- Reubicación de las personas que realizan actividades informales en calles, avenidas, plazas, espacios públicos a determinados sitios de la ciudad, dotándoles de una infraestructura adecuada, suministrando microcréditos, asistencia técnica y un ambiente de seguridad.
- Como política de estado se debería establecer multas para aquellas personas que botan basura y restos de materiales de construcción en calles, avenidas, ríos, lagunas, playas, espacios públicos. Igualmente, a las personas que realizan grafites que nada tiene que ver con elementos básicos de arte o estética que contribuyen a la contaminación visual.
- En todas las oficinas públicas que prestan servicios a los usuarios se debería instalar dispositivos electrónicos para se califique el servicio brindado, como tiene en determinados sitios el SRI.
- Exigir que se publique en los medios de comunicación los estados financieros auditados en todas las empresas públicas y mixtas del Estado, incluyendo las empresas de los GADs. Si en dos años consecutivos registran pérdidas automáticamente debería ser sustituidos los administradores.
- Institucionalizar la planificación por procesos a fin de eliminar la duplicación de funciones y reducir los trámites burocráticos en el sector público.
- Reactivación de las inversiones públicas en grandes obras de infraestructura con el propósito de que generen fuentes de empleo, dinamice la demanda agregada y fomente el desarrollo de la economía. Es imperativo construir nuevas refinerías para evitar seguir importando combustibles y las incesantes salidas de recursos financieros.
*Economista, docente universitario, ex asesor del Consejo Nacional Electoral, ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
Bibliografía:
- Atlas Geográfico de la República del Ecuador, segunda edición 2013, Ministerio de Defensa, SENPLADES, IGM, pág. 245
- The World Facebook, 2012. Versión electrónica disponible en: https://bit.ly/2PQmzqw
- Atlas Geográfico de la República del Ecuador, segunda edición 2013, Ministerio de Defensa, SENPLADES, IGM
- CEPALSTAT: versión electrónica disponible en: https://bit.ly/2JnQC7y
- INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2019. Versión disponible en: https://bit.ly/2HDsAop
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