A través de la historia se conoce que los estados han cometido excesos en contra de las personas y organizaciones. Ha existido la imposición abierta o camuflada para legitimar la violencia del estado y la mutilación de las libertades y derechos. Este comportamiento político es propio de gobiernos que tienen como misión el sostenimiento del sistema capitalista, por esta razón, es que, la opinión crítica, la propuesta de los que no quieren someterse a la “disciplina” autoritaria, los que se oponen a la política que sostiene el modo de producción vigente, es cuestionada, negada y condenada.
Ha sido recurrente en el gobierno del presidente Rafael Correa que a cada expresión de resistencia o denuncia el mecanismo de defensa con el que actuado es el uso desproporcionado de la fuerza verbal y jurídica contra los hombres y mujeres que han ejercido su legítimo derecho a pensar, transitar, movilizarse, opinar, cuestionar, criticar, proponer y luchar.
Si se hace un breve análisis en el periodo reciente, la resistencia empleada por las organizaciones sociales y populares en Ecuador ha tenido un carácter pacífico, propositivo y de denuncia a los atropellos a la vida y la naturaleza, sin embargo, al gobierno le molesta que las fuerzas organizadas de las izquierdas, opuestas, al “maquillaje revolucionario” que sostiene el régimen, se expresen, exijan, explicación a los casos de impunidad y corrupción, por esta razón, escoge el camino más fácil, enjuiciar y condenar, violentando normas constitucionales, el derecho internacional y los jueces interpretan al gusto del “cliente” los artículos de la ley penal.
Los enjuiciados y condenados al evidenciar que no existen garantías jurídicas en el país, recurren al sistema internacional para denunciar y demandar al estado por la violación a las normas jurídicas y los derechos humanos.
Varias son las denuncias de los afectados por la aplicación desproporcionada de la ley, así como, 57 recomendaciones ha hecho la Relatoría de la Libertad de Expresión, de la CIDH, en el año 2012, cuestión que ha resentido la sensibilidad del mandatario porque golpea, según sus aduladores, la conducta omnímoda que posee.
De esta manera, al sentirse obligado a responder por las injusticias y excesos cometidos, aplica la vieja técnica que dice “la mejor defensa, es el ataque”, incluido, la amenaza con desconocer los tratados firmados y retirando al Estado ecuatoriano del Comisión Interamericano de Derechos Humanos.
La forma de expresar la “osadía” de la CIDH por cuestionar al gobierno por la violación a los derechos humanos, ha sido la de siempre, agresividad, palabras subidas de tono e insultos, algo común, en un régimen que no admite sugerencias y pero aún puntos de vista críticos a su gestión.
Cierto parece ser que la Comisión ha servido a menudo para proteger a los medios por justas condenas a sus excesos. Y este es el argumento central del gobierno de Correa para desautorizarla. Pero, lo esencial es que el proyecto de “modernización ” del capitalismo en Ecuador y la emergencia de una nueva burguesía, no repara el métodos para llevarlo adelante. Especialmente, cuando se trata de perseguir a los dirigentes populares que se oponen a su política extractivista, tan arduamente defendida por el mandatario. La comedia de consultar a los pueblos ancestrales no es más que eso: comedia. Pues el negar el carácter vinculante que debería tener la opinión de esas comunidades la convierte en farsa. Y si, por ello, los pueblos se manifiestan, llega la represión, calificada por los obsecuentes servidores del gobierno, como legítima, pues dizque combate el terrorismo y la subversión. El miedo, la amenaza, es la forma de “democracia” que estamos viviendo. Y si hay un ente regional capaz de frenar esa arbitrariedad, hay que condenarlo. Vivimos, ni más ni menos, que el ingreso a formas fascistoides de gobernar.